La problematización de la violencia de género como práctica del terrorismo de Estado en la Argentina: consideraciones genealógicas y análisis de sus modos recientes de formalización jurídica

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La reapertura de los procesos penales por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, tras las declaración de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 2003, y de la inconstitucionalidad de los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem, en 2006, abrieron espacios testimoniales, dotados de legitimidad estatal, en los que los relatos de los crímenes padecidos pudieron disponerse a nuevos modos de discursividad social y formalización jurídica. Esto se producía en un momento novedoso desde el punto de vista de las políticas de la memoria. No solo estaban dadas las condiciones para la investigación, enjuiciamiento y sanción penal de los crímenes cometidos, sino también para la problematización de aquellos que durante las primeras décadas de la posdictadura no habían sido considerados en su especificidad, como lo fueron las diferentes formas de violencia sexual perpetrada contra las mujeres. Pero, además, esta reapertura se producía en un contexto en el que las transformaciones a nivel global, regional y local de las formas de tematización de la violencia de género en la historia reciente prestaba las condiciones para que ello sucediera.

En este artículo se abordan, justamente, ciertas transformaciones recientes de la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina, específicamente aquellas vinculadas con problematización de la especificidad de la violencia de género como práctica del terrorismo de Estado. Esta novedad ha comenzado en los últimos años a ser objeto de investigación académica, la cual ha desempeñado también un papel fundamental en el impulso de estas transformaciones. Así, se han indagado diferentes aspectos, tales como cuestiones normativas y de jurisprudencia a nivel global, regional y local, la situación de la temática en los Juicios sobre crímenes de lesa humanidad en la Argentina, las características de las formas de “invisibilización” de la temática, la especificidad de los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención y cárceles, las experiencias testimoniales de víctimas, etc. (Aucia et al., 2011; Bacci, Capurro, Oberti & Skura, 2014; Barlardini, Oberlin & Sobredo, 2010; Bilbao, 2012; Cánavez, 2011; D´Antonio, 2011; Fries, 2008; Memoria Abierta, 2012; Tornay & Álvarez, 2012;Sonderéguer, 2012; Sonderéguer & Correa, 2009 y 2010; entre otros)[1]. Teniendo en consideración este estado de la cuestión, en este artículo se plantea, en una primera instancia, introducir elementos de una reconstrucción genealógica de una serie de procesos involucrados en dicha problematización. Estos serán desplegados considerando y destacando acontecimientos y transformaciones sucedidos en diferentes planos. Por un lado, aquellos involucrados en la emergencia regional y global de formas variadas de tematización de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual y su tematización como un problema atinente a los derechos humanos, e inclusive el establecimiento de ciertas formas como delitos de lesa humanidad. Por otro, las transformaciones culturales que en nuestro país han permitido una integración de los relatos sobre la violencia sexual a los modos de rememoración de la violencia dictatorial y las modalidades de formalización jurídica posibilitadas a partir de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Dicha reconstrucción es considerada esencial para poder, en una segunda instancia, analizar en detalle dos documentos que forman parte de estos procesos, que constituyen acontecimientos recientes que dan cuenta de un modo paradigmático de las transformaciones reconstruidas y que aún no han sido objeto de investigación en profundidad: el documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, producido por la Procuraduría General de la Nación y publicado en 2012; y los fundamentos de la sentencia dictada en diciembre de 2014 por el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “El Vesubio”.

Desde un punto de vista teórico-metodológico, se parte de un enfoque “pragmático” de la memoria social en el que se la considera desde la perspectiva de sus modalidades de “ejercicio”, es decir, de construcción de formas de narrar el pasado y criterios de “utilización” de ese pasado en el presente, lo cual configura un espacio abierto a la intervención de múltiples y diversos actores sociales y un escenario de confrontación entre diferentes formas de dar sentido al pasado (Jelin, 2002; Ricoeur, 2008; Traverso, 2011). En este sentido, se consideran a las políticas de la memoria como “las narrativas más generales, que proponen marcos institucionales (y están implícitas en ellos), que construyen temporalidades diferentes y de ese modo contribuyen a marcar continuidades y rupturas (…) [y que] no son sólo las políticas de Estado, aunque estas tengan mayor capacidad de brindar marcos colectivos para la sociedad en su conjunto, sino también aquellas que los diferentes actores despliegan en el espacio público” (Rabotnikof, 2007, p. 261). Por su parte, las narrativas jurídicas integran las políticas de la memoria estableciendo formas características del establecimiento de una “verdad” sobre el pasado y de criterios legítimos de veridicción, en la medida en que se le reconoce una especial eficacia performativa (Foucault, 2007). Un modo de abordaje de este tipo considera, además, las transformaciones a lo largo del tiempo de las formas de la rememoración desde la perspectiva de la historia del presente (Díaz Barrado, 1998), en la medida que asume que los procesos indagados continúan en constante devenir y en un desarrollo inconcluso, y considera nodal sus efectos en la morfología de las políticas de la memoria contemporáneas y futuras. Por último, cabe destacar en el caso del presente trabajo que se enfoca a la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género. Esto último implica que la inteligibilidad del fenómeno requiere del reconocimiento, en primer lugar, de las relaciones asimétricas de poder que se dan entre los géneros[2]; en segundo lugar, de la conformación social e histórica de dichas relaciones y de su imbricación en la conformación de identidades y subjetividades; y, en tercer lugar, del modo en que ellas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales (Lamas, 2000; Segato, 2010).

1. La violencia de género: derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

En la historia reciente, a través de una genealogía que abarca acontecimientos y procesos que se han desenvuelto a nivel local, regional y global, la violencia contra las mujeres no solamente ha transitado un recorrido que la ha llevado de considerarse una cuestión “privada” a transformarse en una problemática “pública” (Nuño Gómez, 1999; Bolles, Lebon & Maier, 2006), sino que también ha pasado a ser reconocida como un problema de derechos humanos y algunas de sus modalidades como crímenes de lesa humanidad. Estas formas de problematización de la violencia de género tienen incidencia en el establecimiento de contextos diferentes desde el punto de vista de la inclusión del problema en las políticas de la memoria relativas a la última dictadura cívico-militar.

Si bien excede a las posibilidades del presente artículo, cabe destacar, la incorporación de la violencia de género en la agenda de los organismos internacionales en el ámbito de los Derechos Humanos, a partir de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 1993 y a instancias del intenso activismo desarrollado por el movimiento feminista a nivel global. Así, constituye un hito al respecto la aprobación en ese año por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en la que se la reconoce como un grave atentado contra los derechos humanos (Guerrero, 2002; UN, 2006), iniciativa seguida por la Asamblea General de la OEA con la sanción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada Convención de Belém Do Pará, en 1994 (OEA, 1994; Guerrero, 2002).

Ahora bien, más importante a los fines del presente trabajo es el modo en que se produjo la formalización de ciertas manifestaciones de la violencia de género como delitos de lesa humanidad. Es cierto que desde 1945 la violencia sexual en conflictos armados formaba parte de las legislaciones vinculadas a los crímenes de guerra y contra la humanidad, por lo menos a partir de la Ley nro. 10 del Concejo de Control Aliado promulgada en Berlín luego de los juicios de Núremberg que incluyó específicamente a la violación como delito de lesa humanidad en su artículo II. Por su parte, los Convenios de Ginebra de 1949, piedra angular del derecho internacional humanitario contemporáneo, incluyen en el artículo 27 del Convenio IV como crímenes a la violación, la prostitución forzada y “todo atentado contra el pudor” de las mujeres.

Sin embargo, su consideración como crimen de lesa humanidad en el presente tiene como hitos paradigmáticos la jurisdicción producida por los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, establecidos en 1993 y 1994 respectivamente. Estos reconocieron el carácter sistemático de la violación de mujeres y la incluyeron junto con otros delitos como la tortura y el exterminio como crimen de guerra y de lesa humanidad. La primera sentencia al respecto, emitida el 2 de septiembre de 1998 por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (en el caso Fiscal vs. Jean Paul Akayesu), definió a la violencia sexual como “cualquier acto de naturaleza sexual que se comete contra una persona bajo circunstancias coactivas”. A su vez, estos constituyen delitos de lesa humanidad en la medida en que se los cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático”, “contra una población civil” y “bajo ciertas bases catalogadas como discriminatorias” (nacionales, étnicas, políticas, raciales o religiosas). A lo cual hay que agregar que estableció el deber de considerar a la violencia sexual como genocidio cuando se la comete “con el propósito específico de destruir, en parte o por completo, un grupo particular”, como es el caso de las violaciones perpetradas contra las mujeres tutsi que contribuyeron a la destrucción del grupo Tutsi en su totalidad. La misma perspectiva sería adoptada luego por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Este reconoció numerosas formas de violencia sexual, como los embarazos forzados, las violaciones sistemáticas y los abusos sexuales de diferente tipo, las cuales fueron juzgadas como crímenes específicos y en relación con los cuales se consideraron modos de responsabilidad mediata e inmediata. Además, se establecieron los criterios para otorgarles a los testimonios de las víctimas de violencia sexual “la misma presunción de fiabilidad que a las declaraciones de víctimas de otros delitos”, no exigiéndose la corroboración de su testimonio, y para impedir la utilización del consentimiento de la víctima como defensa del perpetrador cuando ésta “ha sido sometida o amenazada con la violencia, la coacción, la detención u opresión psicológica, o tiene alguna razón para temerle”, o “si se cree razonablemente que si la víctima no se sometía (…) pondría en peligro a otra persona, así como sancionó que “la conducta sexual previa de la víctima no debe admitirse como evidencia”[3].

Es con estos antecedentes que en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, de 1998, se formaliza este abordaje al considerar crimen de lesa humanidad a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, etc., cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Perspectiva que recientemente fue incorporada en la resolución 1820 del Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del año 2008, en la cual en otras cosas, además de señalar la persistencia de las formas generalizadas y sistemáticas de violencia sexual en conflictos armados, pone un acento particular en la dimensión de la justicia en tanto destaca la necesidad de que los Estados, “cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales actos (…) y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos”.

En el caso de Latinoamérica también se produjeron procesos y acontecimientos encaminados a la problematización de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad por las Comisiones de Verdad establecidas en diferentes países de la región (Sondereguer, 2012). Entre ellos fueron paradigmáticos, en primer lugar, la experiencia de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, formada en 1993 para indagar las violaciones a los Derechos Humanos producidas en el marco del conflicto armado interno de ese país. Esta publicó en 1999 un informe en el que se establecía no solamente que las fuerzas armadas habían llevado adelante un genocidio, sino que reconocía que éste incluyó a la violación sexual sistemática como parte de sus métodos. Por otro lado, la experiencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en el año 2001 para investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos ocurridas en el conflicto armado interno peruano. En este caso, si bien en una primera instancia la Comisión no contemplaba entre sus objetivos esclarecer sucesos de esa índole, terminó incluyendo en su informe final de 2003 un capítulo sobre un análisis de género del conflicto y otro sobre la violencia sexual ejercida en ese marco. Por su parte, en Chile, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech), formada en el año 2003, incluía en su informe de fines de 2004 un capítulo especial respecto de la violencia sexual sufrida por la totalidad de las mujeres que brindaron testimonio.

En los dos primeros casos, estas consideraciones fueron luego refrendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en la sentencia del caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, del 25 de noviembre de 2006, se recogieron las conclusiones de la Comisión de Verdad y Reconciliación relativas a la práctica de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado por parte de agentes estatales con el objetivo de castigar, intimidar, presionar, humillar y degradar a la población. Por su parte, en el caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, la Corte consideró, en el año 2009, que las violaciones sexuales debían considerarse delitos de lesa humanidad y que, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la violación sexual de las mujeres fue una práctica de Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual.

Teniendo en cuenta esta genealogía no es de extrañar que, como hemos mencionado, durante durante el Juicio a las Juntas, la consideración de la especificidad de la violencia sexual quedara obturada de diferentes maneras, a pesar de la existencia de testimonios recabados por la CONADEP y brindados durante el proceso mismo, que daban cuenta de su existencia como parte de las prácticas del terrorismo de Estado. Además, se trataba de un momento en el que las políticas de la memoria se encontraban enmarcadas por la necesidad de “refundación” del Estado de derecho y en el que, desde el punto de vista de la justicia, primaba el objetivo de probar la existencia de un plan sistemático de represión ilegal. Por esta razón se relegaron a un segundo plano las características específicas de ciertas formas de victimización bajo la determinación de la amplitud del proceso de desaparición y exterminio que encontró su cifra en la figura del detenido-desaparecido (Rabotnikof, 2007; Balardini, Oberlin & Sobredo, 2010). Así, la sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones Federal en el año 1984 estableció las características centrales del funcionamiento del plan clandestino de detención, tortura y desaparición de personas, pero también consideró que el contexto de impunidad que estableció y en el que funcionó dicho plan hizo posible que se cometieran otros delitos. Sin embargo, no los consideró como formando parte del mismo porque no habían sido directamente ordenados por las autoridades, sino que en todo caso eran una consecuencia de ese marco de impunidad. Entre ellos se encontraba, junto con la sustracción de menores y la apropiación extorsiva de bienes, la violación y otras formas de violencia sexual. De esta manera, mientras ciertas formas de abusos sexuales fueron considerados como parte de los prácticas tipificadas como “tormentos” o “vejaciones”, la violación sexual fue excluida como práctica del terrorismo de Estado, quedando en uno como en otro caso obturada la problematización de su especificidad como delito de lesa humanidad.

Ahora bien, una consecuencia derivada de este criterio fue que esos delitos quedaron excluidos de la presunción de haber sido cometidos en virtud de obediencia debida, conforme a lo establecido por la Ley 23.521, justamente porque no se consideraron como el resultado de órdenes trasmitidas por la cadena de mando, sino favorecidos por el marco de impunidad establecido, no podían ser calificados como “actos de servicio” (Duffy, 2012). Sin embargo, y a pesar de no estar amparados por las leyes de impunidad, en el caso de los delitos sexuales no se presentaron denuncias ni se iniciaron acciones penales, como sí sucedería en relación con la sustracción de menores, la cual sería uno de los principales ejes de avance de la prosecución de justicia hasta la reapertura de los Juicios en los años dos mil.

Este hecho habla de otro tipo de obstáculos vinculados con las formas de problematización de la violencia de género que debieron ser derribados para que ésta pudiese ser plenamente integrada a la memoria, el reconocimiento y el juzgamiento del terrorismo de Estado, y hace necesario considerar una genealogía de las formas de problematización de la violencia de género en la historia argentina reciente. Esta última excede las posibilidades del presente trabajo, pero cabe destacar que, en efecto, la recuperación democrática de 1983 fue un momento de renovación del activismo feminista que incluyó la introducción del tema de la violencia contra las mujeres en la agenda pública bajo el marco de los Derechos Humanos (Maffía, 2002; Gil Lozano, 2004) y de emergencia de organizaciones civiles dedicadas específicamente a la temática o que la incluyeron entre sus prioridades (CECYM, 1996; Barrancos, 2012). Siguiendo una tendencia global, fue la cuestión de la violencia doméstica la primera forma que cobró preeminencia público-política y sería, además, el primer objeto de formalización jurídica con la sanción de la Ley Nacional sobre Protección contra la Violencia Familiar (L.N. 24.417) en diciembre de 1994 (Rodríguez, Staubli & Gómez, 1997). Eso sucedía en un momento en el que el país adecuaba sus marcos normativos en conformidad con los instrumentos internacionales introduciendo el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación a las mujeres y se creaban y desarrollaban instancias o mecanismos para el tratamiento del problema (Leonor Brown, 2008).

Sin embargo, fue recién a fines de la década de los noventa cuando la violencia sexual se introdujo en la agenda público-política como objeto de problematización jurídico penal, lo cual conduciría a la reforma del Código Penal en lo relativo a los Delitos contra la Integridad Sexual de las Personas a través de la Ley Nacional 25.087. Es importante destacar que este hito forma parte de una serie de transformaciones culturales de las formas de problematización de la violencia sexual en la medida en que eliminó la anacrónica figura de “delitos contra la honestidad”, pasando a ser éstos considerados como delitos contra la “integridad sexual de las personas” (Motta y Rodríguez, 2001). Esto es significativo respecto de las formas de problematización de la violencia de género durante la última dictadura cívico-militar, dado que uno de los obstáculos para su tematización había sido justamente la cultura sexista que asocia las agresiones sexuales a las ideas de pureza, castidad y honor y que hace recaer la responsabilidad de la violencia en la víctima. En el caso particular de la memoria del terrorismo de Estado, esta perspectiva asoció esa responsabilidad con la idea de traición, lo cual operó inclusive al interior mismo del conjunto de los sobrevivientes y constituyó un obstáculo a las posibilidades de las víctimas de brindar testimonio de la violencia sexual padecida.

En ese sentido, se ha afirmado correctamente que:

^{los vínculos sexuales entre torturadores y secuestradas han sido tratados reiteradamente de modo escandaloso, peyorativo y sensacionalista, tanto en libros testimoniales como en notas periodísticas. Las víctimas fueron calificadas de “traidoras” y con un particular componente sexual se las estigmatizó como “putas” […]. Tampoco se habla en ellos de forzamiento sexual sino de la escabrosa seducción en la que la culpa se vuelve sobre las prisioneras. Su sometimiento es tratado en términos de traición, seducción, estigma o destino inmodificable de su género (Barbuto & Moreyra, 2008).}

Los documentos testimoniales de mujeres víctimas de violencia sexual durante la represión, tales como Ese infierno(Actis, Aldini, Gardella, Lewin & Tokar, 2001) y Putas y guerrilleras (Wornat & Lewin, 2014), así como el documental Lesa humanidad (2011), además de dar cuenta de la violencia padecida ponen el foco en las dificultades planteadas para su rememoración y su integración a la memoria del terrorismo de Estado. Encontramos un ejemplo de ello en “Mártires y prostitutas”, la introducción de Miriam Lewin a Putas y guerrilleras, donde afirma que

^{el peso de esa probable condena operó entre nosotras demasiado tiempo. Ni siquiera pudimos hablar del tema abiertamente entre nosotras, porque no comprendíamos lo que nos había ocurrido, ni después ni durante nuestro cautiverio. […] No discerníamos que no había en ese contexto posibilidad alguna de ejercicio de una sexualidad libre, sin condicionamientos ni coerciones. Aún ahora escuchamos una voz, interna o exterior, que nos dice que había elección, que había margen para la resistencia o el consentimiento dentro del campo. Que había opción, que no éramos presas inermes de nuestros captores en el marco de un sistema de terror, dentro de una sociedad donde el poder lo detentaban los varones. Y dónde, por añadidura, nuestros pares […] seguramente nos calificarían de prostitutas y traidoras si hablábamos” (Wornat & Lewin, 2014: 21-22).}

En efecto, estas afirmaciones forman parte de un estado de la cuestión en lo que se refiere a la complejización en términos de género de las formas de problematización de la violencia contra las mujeres, que se ve reflejado también en la más reciente formalización jurídica integral de la temática. Es el caso de la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que constituye una ley de segunda generación en la que se busca dar cuenta de manera exhaustiva de las diversas formas, modalidades y ámbitos de violencia contra las mujeres. La Ley no solo establece una definición de la “violencia contra la mujer” entendiéndola en base a “una relación de poder desigual” (art. 4), sino que también hace suyo el objetivo de “La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” (art. 2).

En lo que respecta al tratamiento de la violencia de género en el contexto de los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última década, evidentemente el año 2010 es un momento significativo, pues en junio se produjo la primera condena por delitos sexuales ocurridos durante el terrorismo de Estado a través del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la causa “Molina”. En este se consideró por primera vez como delitos de lesa humanidad las violaciones sexuales cometidas contra mujeres en un centro clandestino de detención y exterminio (La Cueva), al mismo tiempo que los consideró como delitos independientes del delito de tormentos.

Esta sentencia tenía como antecedentes inmediatos el fallo del Tribunal Oral de Santa Fe, de abril de 2010, en la causa “Barcos”, que consideró en su argumentación por primera vez en una instancia de esa naturaleza a la violencia sexual cometida en un centro clandestino de detención como delito de lesa humanidad, aunque incluyéndola en la categoría de tormentos. En este caso, se puso, además, en evidencia lo anteriormente señalado respecto de las dificultades para la visibilización de la violencia sexual, ya que la víctima del caso, si bien en declaraciones judiciales previas había referido haber padecido abusos, recién en este juicio y ante los jueces del Tribunal pudo testimoniar por primera vez el hecho de haber sido violada, situación que incluso fue recogida en el fallo que refiere a la dificultad de “superar la vergüenza y humillación que implica haber sido sometida a semejante práctica degradante”. En este caso, además, en el alegato de la fiscalía se recogía el antecedente que significó la presentación realizada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), en calidad de “amicus curiae” en la causa “Riveros”, tramitada en el Juzgado Federal N.2 de San Martín, en febrero de 2010. Allí, se realizaba una argumentación jurídica respecto de los fundamentos para considerar a la violencia sexual como parte del plan sistemático de represión y, por lo tanto, como delitos de lesa humanidad.

A ello hay que agregar, a su vez, los autos de procesamiento dictados por el Juzgado Federal N. 1 de Tucumán emitidos en diciembre de 2010 (en las Actuaciones complementarias de la causa “Arsenales Miguel de Azcuénaga CCD s/ secuestros y desapariciones”), así como los de mayo de 2011 (en la causa “Fernández Juaréz, María Lilia y Herrera, Gustavo Enrique s/ su denuncia por privación ilegítima de la libertad”), las cuales se dictaron procesamientos en calidad de “partícipes necesarios” –en el segundo caso de Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi– por la violencia de género perpetrada contra todas las mujeres detenidas en un centro clandestino de detención que funcionó en el penal de Villa Urquiza.

Justamente en agosto de 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres de las Naciones Unidas incluyó en sus observaciones finales relativas a la Argentina una mención específica al estado del enjuiciamiento de la violencia sexual perpetrada durante la última dictadura cívico-militar. Al respecto afirmaba, que si bien era encomiable “el empeño del Estado parte por enjuiciar a los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura lamentaba que “no se hayan impuesto penas a los autores de delitos de violencia contra mujeres perpetrados por aquella época en centros clandestinos de detención” (punto 25) y por ello afirmaba en el punto 26 que “El Comité recomienda que se adopten medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura”.

A lo largo de este trabajo hemos procurado, en primer lugar, aportar elementos que consideramos cruciales para poder abordar en profundidad dos documentos de reciente aparición que constituyeron acontecimientos clave en la problematización de la violencia de género como práctica del terrorismo de Estado perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. Estos forman parte de dos genealogías diversas: por una lado, aquella perteneciente a la historia reciente de las formas de discursividad social sobre la violencia contra las mujeres y su tematización como un problema de derechos humanos y algunas de sus manifestaciones como delitos de lesa humanidad; y, por otro, aquella relativa a las políticas de la memoria y a las formas de enjuciamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina.

En segundo lugar, nos hemos detenido en el análisis detallado de esos dos documentos, procurando situarlos en dichas genealogías y recalcando sus aportes a los procesos involucrados. Visto desde esta perspectiva, queda claro que el documento “Consideraciones…” es fundamental a la hora de sistematizar y establecer las bases de una perspectiva de problematización técnico-jurídica de la violencia sexual que permita sobrepasar los obstáculos que han obturado su consideración como crimen de lesa humanidad en el marco del juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Así mismo, como se ha destacado, la sentencia dictada en el Juicio El Vesubio II reproduce muchos de los elementos argumentativos tratados por el primero. En ambos casos, es posible fundamentar fuera de toda duda el modo en que dichos delitos forman parte integral del plan sistemático de represión implementado por el último gobierno de facto y que por ello constituyen delitos de lesa humanidad, independientemente de su recurrencia específica. Por la misma razón, en el enjuiciamiento de estos crímenes cobra un rol fundamental el testimonio de las víctimas como forma de perforar el manto de impunidad que fue una de las características centrales de dicho plan. Ahora bien, lo que es más importante desde el punto de vista de las novedades que estos documentos plantean es el modo en que se establece y se implementan las condiciones para reconocer formas de coautoría en crímenes habitualmente sujetos a un régimen de mano propia, es decir, la posibilidad de sancionar penalmente en calidad de coautores a quienes formaron parte del establecimiento de dicho plan sistemático de represión y, por lo tanto, de las condiciones de posibilidad para que dichos crímenes fueran perpetrados, independientemente de que hayan cometido abusos o violaciones sexuales por sí mismos.

A pesar de dichos avances, perviven todavía los problemas derivados de que los delitos sexuales continúen sometidos a un régimen de acción penal dependiente de instancia privada, es decir, que únicamente pueden ser indagados a partir de la denuncia efectuada por la víctima, como lo establece el Código Penal. Esta condición no fue modificada por la reforma de 1999 relativa a los delitos contra la integridad sexual y es una rémora de la cultura machista que sigue considerando a estos delitos como asuntos privados o domésticos y sobre los cuales, por lo tanto, el Estado no tiene injerencia directa. Ello no solo va en detrimento de todo el movimiento que ha impulsado el reconocimiento de la extensión y gravedad de las diferentes formas de violencia sexual contra las mujeres sino que entra en franca contradicción con el significado mismo de la categoría de crímenes de lesa humanidad y con la legislación internacional que obliga a todos los Estados a juzgarlos. Además, garantiza la impunidad de los crímenes perpetrados contra todas aquellas víctimas que no sobrevivieron y que su voz siga condenada al silencio y su sufrimiento al olvido.