Introducción

Entendemos que el Foro de Convergencia Empresarial, en adelante FCE, representa la forma institucional corporativa en que se traduce, en el caso de la Argentina, la conformación de una coalición interburguesa, que actúa al mismo tiempo como vehículo de universalización de sus intereses y de posibilidad de materialización de un vínculo orgánico con quienes ejercen el gobierno del Estado. Para el caso del Brasil, la Confederacão Nacional da Indústria, en adelante CNI, da cuenta del viraje del empresariado industrial desde la coalición productivista que sustentó, junto con los sindicatos, el proyecto desarrollista encarado durante los gobiernos de Lula (2003-2010) e inicios del primer mandato de Dilma Rouseff (2011-2014) hacia un frente único, en conjunto con otras fracciones del capital, recordando que el período analizado en ambos casos fue de coyuntura electoral.

Consideramos, en este mismo sentido, que si bien se trata de entidades diversas en cuanto a inserción en la estructura productiva de cada uno de los países, historia y peso relativo dentro de la política nacional, así como grado de formalidad y organización interna, la delimitación del período en cuestión propone, a priori, una comparación pertinente en cuanto a las representaciones y concepciones respecto de la sociedad, el Estado y la política en general, plasmadas en producciones discursivas escritas y audiovisuales difundidas públicamente por diferentes medios. El FCE es un espacio que, según el documento fundante del mismo, comienza a gestarse en 2013, paulatinamente y de manera informal, aunque con un importante grado de difusión mediática e inserción en la coyuntura política a través de reuniones con diferentes referentes de la oposición al gobierno nacional, aglutinando a entidades de los tres sectores de la economía argentina así como a organizaciones profesionales y fundaciones. La CNI, por su parte, data de 1938. Creada por iniciativa de las federaciones industriales de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro, comporta hoy la cabeza de un sistema confederal de 27 federaciones, ejerciendo de interlocutor de los intereses de los industriales con el gobierno nacional a través de su sede en Brasilia, además de la que se encuentra en São Paulo.

Tanto uno como otro caso, entendemos, versan sobre una pugna entre un modelo de Estado con la voluntad política de mantener un espacio de autonomía relativa para intervenir en la distribución de la renta social, y otro cuya concepción del mismo es meramente instrumental. Los proyectos que expresan ambos actores corporativos bajo análisis, son exponentes de éste último, sobre la base de la característica más saliente de las burguesías en nuestra región desde el retorno de la democracia y la crisis de la deuda: la utilización del Estado como herramienta de apropiación del excedente del producto social (Abeles, 1999; Basualdo, 2002; Castellani & Schorr, 2004; Gaggero & Wainer, 2006).

Postulamos, asimismo, que el análisis de ambos contribuye a realizarse preguntas pertinentes orientadas a explicar la renovada capacidad que parecen evidenciar las clases dominantes en el ejercicio de la dirección (hegemonía) del conjunto de la sociedad, luego del hiato que representaron los gobiernos populares en el Estado (Sader, 2009; 2014; Laclau, 2005; 2006; Toer, et. al., 2012; Chávez, et. al., 2008; Paramio, 2006). Durante los mandatos de Cristina Fernández (2007-2015) y Dilma Rousseff (2010-2016), se produjo un viraje que, por un lado, evidencia las crecientes fracturas de intereses que sustentaron dichos proyectos, y por otro, demuestran el potencial movilizador de acciones colectivas encaradas por coaliciones interburguesas construidas sobre la base de la oposición a los gobiernos en ejercicio y ubicadas a la derecha del espectro ideológico, a saber: los conflictos en torno a la implementación de la resolución Nº 125 (2008) en Argentina, y las movilizaciones de junio del año 2013, en Brasil.

Crisis y recomposición de los bloques de poder durante el cambio de siglo

Hugues Portelli (1977) puede ser señalado como el responsable de destacar la centralidad articuladora del concepto de bloque histórico dentro del cuerpo teórico del marxista italiano Antonio Gramsci, pese a su escasa mención explícita. El autor propone su estudio desde tres dimensiones: la primera de ellas, la relación entre estructura y superestructura. El aspecto central de esta dimensión radica en el vínculo que realiza la unidad dialéctica de los términos de esa relación; de manera que el bloque histórico puede definirse, en lo esencial, como la unidad de ambos. Dicho vínculo no es un concepto abstracto, sino que tiene un observable empírico concreto y determinable: el accionar de los intelectuales orgánicos de las clases fundamentales en el nivel estructural. Esto es así porque, aún operando en el plano superestructural, su carácter orgánico reside en la solidaridad que los liga a las clases de las que son, a su término, representantes.

El segundo aspecto tiene que ver con el sistema de valores (ideología) que vincula nuevamente ambos términos de la relación. Un sistema de valores se torna hegemónico en la medida en que logra integrar al conjunto de la sociedad bajo la dirección de una clase fundamental (dominante en el plano estructural), mediada por los intelectuales. Finalmente, el tercer aspecto alude al quiebre de la hegemonía de la clase dirigente, y la formación de un nuevo bloque histórico. El bloque histórico, como construcción histórica de un orden social resultante de conflictos desplegados en tiempos y espacios precisos, como señalan Ansaldi y Giordano (2012), “se realiza mediante la confrontación de diferentes propuestas de orden, cada una con sus valores, sus normas, sus fundamentos y sus sujetos sociales fundamentales” (2012: 37).

En Argentina, la salida de la convertibilidad en 2001 por la vía de la devaluación de la moneda fue el producto histórico de una profunda escisión en las clases dominantes, posibilitada por la venta de los grupos económicos de su participación accionaria en las empresas privatizadas a empresas de capital extranjero, la remisión de sus beneficios al exterior, y la concentración en el sector exportador de bienes transables. Esto alteró y desarticuló la comunidad de negocios (Abeles, 1999) que había desde el retorno de la democracia en 1983. En el plano superestructural, se clausuró la etapa de consolidación hegemónica transcurrida desde comienzos de la década de 1990, posibilitada por el consenso generado en torno a las consecuencias de una posible repetición de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, concomitante con el proceso de descentralización estatal y privatización de las empresas públicas encarado por el menemismo. Esta crisis se plasmó, finalmente, en la disputa por lograr el consenso en la generalidad de la sociedad en torno a una de las dos estrategias para reimpulsar la acumulación de capital en pugna: la devaluacionista y la dolarizadora (Basualdo, 2002; Castellani & Schorr, 2004; Gaggero & Wainer, 2006). La primera de ellas, logró constituir una fuerza social que se viabilizó políticamente, integró al sector formal de la clase trabajadora y logró su victoria definitiva al incorporar a una parte del capital financiero, frente a una crisis de gobernabilidad (la cual finalmente se manifestó en las jornadas de diciembre de 2001) que, por definición, afectó a todos los capitales, ofreciendo además como “prenda de paz”, con posterioridad al estallido de la convertibilidad, las compensaciones (en bonos) que recibieron los bancos por la pesificación asimétrica. De esta manera logró trascender la instancia del lobby a través de un discurso nacionalista, recreando de un modo novedoso la alianza social propia del modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI)[1] (O’ Donnell, 1977; Portantiero, 1977) y, en definitiva, haciendo pasar sus intereses sectoriales por los del conjunto social, revirtiendo una correlación de fuerzas que se planteaba, inicialmente, desfavorable al interior mismo de las clases dominantes.

El período que siguió a la crisis de 2001 y su transición puede ser dividido en dos sub-etapas: la primera, entre 2003 y 2007, coincidente con el gobierno de Néstor Kirchner, evidencia como ejes centrales un crecimiento extraordinario del PBI y un consenso general en la opinión pública respecto de la dirección de la economía (CENDA, 2010). Distintos autores se han referido a la misma de diferentes maneras, de entre las que aquí tomamos la denominación de aquellos como etapa rosa. Durante su transcurso, se produjo la irrupción de un nuevo patrón de acumulación, sobre la base de la intervención estatal, garantizando un tipo de cambio alto. Ello actuó como una protección de hecho a la industria local, a lo que se sumó la existencia de capacidad productiva ociosa y de mano de obra disponible a muy bajo costo debido a los años de desocupación precedentes, permitiendo revertir la tendencia a la desindustrialización propia del período anterior, aunque sin alterar estructuralmente la matriz productiva nacional (CENDA, 2010). Respecto del comercio exterior, el gravamen a través de retenciones a los commodities permitió morigerar el crecimiento interno de los precios, mientras el tipo de cambio alto benefició al sector agroexportador, potenciado por los altos precios globales[2]. Al mismo tiempo, financió la intervención del Estado en el mercado de divisas para evitar la apreciación cambiaria. A partir de 2008, coincidiendo con los inicios del mandato de Cristina Fernández, esta inestable convergencia de intereses se quebró por el curso de las mismas variables. La industria excedió la capacidad productiva instalada, requiriendo nuevas inversiones en bienes de capital importados, al tiempo que el salario se recompuso, rehabilitando la puja distributiva (Diamand, 1973). Junto con el constante aumento de los commodities, la apreciación del tipo de cambio real esterilizó los reducidos costos de producción y desata la carrera inflacionaria. El punto culminante fue la movilización de la burguesía agroexportadora ante la disposición del gobierno de aplicar una escala de retenciones móviles a través de la Resolución N° 125 del Ministerio de Economía.

Se puede trazar un paralelo, por lo demás tentativo, entre la etapa rosa argentina y los mandatos presidenciales de Lula (2003-2007 y 2007-2010), que discurre por los ejes del crecimiento macroeconómico y por un cierto consenso respecto de la necesidad de introducir reformas en el modelo neoliberal (Martuscelli, 2013), en un contexto de franco desgaste en cuanto a su legitimidad luego del período de Fernando Henrique Cardoso en la presidencia (1995-2002), aún cuando ello no se manifestó en una crisis de la magnitud de la de Argentina en 2001[3]. En Brasil se produjo, luego de los años iniciales del PT en el gobierno, la irrupción de una nueva matriz económica, cuyos rasgos centrales apuntaron a la materialización de un ensayo desarrollista (Singer, 2009; 2012; 2015). Con una reindustrialización integral del Brasil como meta, la intervención estratégica del Estado se concentró en la expansión del gran potencial del mercado interno a través de la recuperación del salario real, sobre la base del salario mínimo establecido por la universalización de programas tales como el Bolsa Família, y la inversión de manera directa y a través de la disponibilidad de crédito. Durante esta etapa, se revirtió parcialmente la pérdida de poder político que las corporaciones locales, en particular las entidades representativas de la industria, habían experimentado como fruto del abandono durante la década de 1990 de la estrategia nacional desarrollista precedente, con efectos sobre los procesos de concentración del capital y extranjerización de la economía. La CNI, que había sido junto con la Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), la corporación industrial que se manifestó más vehementemente a favor de la adopción de las reformas pro mercado emanadas del norte, viró paulatinamente hacia el consenso general en torno a la identificación del fracaso de dichas políticas en lograr la estabilidad macroeconómica, promoviendo en cambio la vulnerabilidad externa y la concentración de la renta en el sector financiero, sobre todo a partir de los cambios políticos en la región. Estos cambios políticos se tradujeron en la victoria electoral de proyectos de tenor nacionalista con la voluntad de lograr un espacio de autonomía relativa para la consecución de objetivos propios (Diniz, 2000 [1997]; 2004; Boschi & Diniz, 2004; Bresser Pereira & Diniz, 2009). Más allá de estas rupturas, existieron continuidades en lo que hace a los aspectos fundamentales de la estructura productiva y e inserción en el mercado mundial del Brasil, en particular, el proceso en curso de reprimarización de la economía (Arceo & Basualdo, 2006; Arceo, 2011).

Sea como fuere, las transformaciones en el patrón de acumulación de capital redundaron en la compatibilidad momentánea entre crecimiento y distribución de la renta, reconocido por los propios industriales en el documento “Brasil do Diálogo, da Produção e do Emprego” (2011). Este documento contó, de manera inédita, con las firmas de la Fiesp, así como de la Central Única de Trabalhadores (CUT) y Força Sindical, las mayores entidades representativas de la clase obrera. Se destacó, no obstante, la ausencia de la CNI. Sin embargo, luego de la destrucción del tejido industrial durante los años 1990, la Fiesp comenzó a ocupar nuevamente un lugar prominente en la política, representando los intereses de los industriales paulistas que, con todo, retuvieron el primer lugar en cuanto a extensión y dinamismo en el sector. Con este documento, se consumó la construcción de una coalición productivista, integrada por los industriales y la fracción organizada de la clase obrera, cuyo antagonista, el bloque rentista (integrado por el capital financiero y la clase media tradicional) resultó inteligible a partir de las demandas esbozadas en el mismo (Singer, 2015)[4]. En él, coincidente con los inicios del primer mandato de Dilma (2011-2014), se sintetizaron en la “aceleración del desarrollo con justicia social”, sobre la base de “los resultados ya alcanzados [que, sin embargo,] no son capaces de garantizar la continuidad de un proceso de desarrollo virtuoso”. En este mismo sentido, se reconoció con preocupación “un proceso de reducción de la participación de la industria de transformación en el PBI brasileño”, a partir de ciertos indicadores que evidenciaban el

déficit comercial del sector manufacturero, la reprimarización de la pauta de exportación, el creciente proceso de sustitución de la producción doméstica por productos finales e insumos industriales importados, la manifiesta caída del contenido nacional en la producción industrial, entre otros

Las demandas concretas de la coalición se concentraron en torno a dos ejes: por una parte, la reducción de la tasa de interés a niveles equiparables a los internacionales, la reducción de los spreads bancarios[5], el aumento de la alícuota del IOF[6] sobre la entrada de inversiones de cartera con renta fija (destinada justamente a morigerar la elevación de la tasa de interés), y la facilidad de crédito para la inversión y la pequeña y mediana empresa a través del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Todas estas medidas se encontraron en abierta contradicción con los intereses del bloque rentista. Por entonces, el gobierno presionaba a lo baja los spreads en el mercado financiero a través de la reducción de los del Banco do Brasil. Como complemento, la propia Dilma y el Ministro de Hacienda, Guido Mantega, pusieron en evidencia públicamente la diferencia entre la tasa de captación de los bancos, por entonces de alrededor del 9,75% al año, y la de préstamo, que superaba el 30%, llegando incluso al 80%. No sería éste el único guiño del gobierno del PT hacia los industriales. El otro bloque de demandas giró en torno a la intervención estatal de perfil proteccionista, y a la reducción de los costos de producción. Entre ellas, desgravaciones tributarias para la adquisición de materias primas y componentes utilizados en la producción nacional de máquinas y equipamiento, adopción del concepto de “contenido nacional” como directriz de las políticas industriales, a fin de recomponer los encadenamientos productivos, y preferencia de los productos nacionales en las compras estatales. La respuesta del gobierno fue el “Plano Brasil Maior” (2011), mediante el cual se daba respuesta a las demandas sobre el sistema impositivo, y la reducción de la tarifa de electricidad, en enero de 2013. Por la conformación misma de la coalición, esto es, las fuerzas sociales que la componían, era esperable que no se hiciera referencia en aquel documento al costo de la fuerza de trabajo. La etapa que se abre a partir de aquí, tendrá a éste como eje de la disputa.

El inicio de esta nueva fase está marcado por la realización del “7° Encontro Nacional da Indústria” (ENAI), celebrado en diciembre de 2012. En aquel se lanzan las “101 propostas para modernização trabalhista” y la tradicional “Carta da Indústria” correspondiente al mismo año, documento que reúne las demandas del sector año a año. En éste último se reconocía que

[el] año 2012 fue marcado por iniciativas relevantes volcadas al aumento de la competitividad [...] reducción del costo de la energía eléctrica, descenso de la tasa de interés, concesiones en proyectos de infraestructura y un tipo de cambio más competitivo. Esos efectos no se hicieron sentir y el desempeño de 2012 fue decepcionante.

Remarcaba la necesidad de persistir con dichas iniciativas “a modo de permitir el planeamiento a largo plazo de las empresas”. No obstante, la prioridad resultaba ahora la “agenda de competitividad”, enmascarada hasta entonces por el aumento de las commodities, y centrada en torno a la inseguridad jurídica. Esta última, generada por “decisiones de tribunales que generan incertezas sobre el pasado, en leyes y reglamentaciones que escapan al buen sentido y en marcos regulatorios imprecisos o deficientes”. Las líneas de resolución, esbozaba el documento, radicaban en avanzar en concesiones y marcos regulatorios capaces de atraer inversión privada, al tiempo que “desarrollar un ataque frontal al nivel excesivo de burocracia”. Los contornos dentro de los que el gobierno del PT tenía capacidad de movimiento se reducían drásticamente, en la medida en que la agenda de los industriales comenzaba a divergir de la de su base de sustentación política, la clase obrera organizada y el subproletariado o nuevo proletariado (Singer, 2015): trabajadores, en general jóvenes que salieron al mercado de trabajo durante la década anterior, con bajas remuneraciones, malas condiciones de trabajo y alta inestabilidad laboral. Las 101 propostas, consumarían ese divorcio[7]. El documento identifica 101 problemas o “irracionalidades” y ofrece 101 soluciones, cuyo análisis amerita un mayor espacio, pero que “se pueden resumir en costos, burocracia, inseguridad jurídica, restricciones a la productividad”, sobre la base del diagnóstico “ampliamente reconocido” de que

el régimen laboral del país no atiende a las necesidades de la sociedad brasileña contemporánea. Montado en un régimen legal rígido y con poco espacio para la negociación, la regulación tiene escasa conexión con la realidad productiva. Reflejo de ello, el trabajo formal en Brasil tiene un alto grado de conflicto e inseguridad jurídica, es excesivamente gravado y configura una barrera al crecimiento de la productividad.

Queda claro a partir de lo antedicho, que los ejes vertebradores del documento fueron la flexibilización de la legislación laboral, y el “problema” del costo de la mano de obra. Empecemos por éste último. La reducida productividad de la mano de obra ha sido identificada como el principal limitante de la competitividad de la industria brasileña. Según investigaciones propias, la CNI señaló una divergencia entre la evolución de los salarios del sector, cuyo crecimiento acumulado en el período 2001-2011 fue de 101,7%, contra el de la productividad, que de por sí se ubicó en el nivel de un tercio de la coreana, y se mantuvo prácticamente estancada, alcanzando un 3,7%. A partir de estos datos, se estima que el costo unitario de la mano de obra en dólares subió cerca del 95% en el período. No obstante, el hincapié estuvo puesto en las relaciones laborales, cristalizadas en una legislación que data “de la década del 40 del siglo pasado”, a la que se adjudicó un papel decisivo en dicho estancamiento:

La inseguridad jurídica asociada a cuestiones de equivalencias y diferencias de función, por ejemplo, limitan el establecimiento de sistemas de remuneración estratégicos coherentes con las nuevas realidades y desafíos. Donde quien hace mucho y mejor tiene una remuneración semejante a la de quien hace menos y peor, hay un severo desestímulo a las ganancias de productividad.

Otro aspecto que limita la ampliación de los niveles de competitividad en Brasil es el gravamen excesivo del empleo formal.

Resulta inteligible el viraje paulatino hacia la identificación del Estado como antagonista y principal escollo para la reivindicación de los intereses de clase del sector. Éste se materializó en ocasión de las jornadas de junio de 2013, abriendo una nueva etapa en el conflicto. Una caracterización acabada de dichas movilizaciones excede, con mucho, las pretensiones de este trabajo. Tomemos la hipótesis de Singer (2013) acerca de la composición social de los acontecimientos. Según ésta, las movilizaciones fueron la expresión de la clase media tradicional, ubicada en la derecha del espectro ideológico, que terminó por desbordar las iniciales manifestaciones del nuevo proletariado portador de una identidad de nueva izquierda. Teniendo en cuenta estas consideraciones, podríamos comprender la pérdida por parte del gobierno de un importante aliado cuyo desencanto desestabilizó definitivamente la correlación de fuerzas sociales, y lo colocó crecientemente a la defensiva. Sea como fuere, ante los eventos los industriales mostraron un entusiasmo que llegó a manifestarse simbólicamente cuando la Fiesp iluminó la fachada de su sede en San Pablo con los colores de la bandera nacional, adoptados por los movilizados. Lo cierto es que los eventos de junio 2013 parecen haber contribuido a completar el viraje del empresariado industrial, y señalan la fecha de inicio de la conformación del frente contra el gobierno del PT, identificado por todas las fracciones del capital como su antagonista.

Las demandas de los industriales comenzaron a tener un plazo perentorio cuando, en 2014, tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Brasil. Ese año, la Carta da Indústria inició su texto con la siguiente frase: “La industria tiene prisa”. El crecimiento del sector, estancado desde 2010 y por debajo del nivel pre crisis de 2008, volvió a ser, junto con la retracción en su participación en el PBI global, el lugar común de las preocupaciones. Frente a este panorama, los industriales presentaron su agenda a través de 42 propuestas para los candidatos a las elecciones de 2014, las cuales fueron “la guía de [su] acción para los próximos años”, cayendo sobre la órbita de la CNI “el monitoreo de la evolución de esas propuestas”. Con ello, la industria esperó “abrir un diálogo permanente y profundo” con la fuerzas sociales y los tres poderes de gobierno. En consonancia, presentó la intención de resolver un conjunto de dificultades, hacia 2018, que emanaron, una vez más, del problema de la competitividad del sector. Sus intereses se presentaron como los del conjunto social, en tanto el rol de la industria se considera fundamental en la creación de empleo “de calidad”, la generación de divisas, la tracción del PBI, la expansión de la clase media y sus nuevas demandas y el desarrollo en general. Ante los mismos, la expansión del mercado interno sobre la base de la mano de obra y el comercio a través del Mercosur no serían suficientes sin una apertura “global”, la cual, nuevamente, dependía de la competitividad. Respaldando este diagnóstico apareció la participación de los productos manufacturados importados en el mercado interno, que aumentó del orden del 12% en 2005 a 22% en 2013. Otro ítem destacado fue la apreciación del tipo de cambio que limaría la ganancia de competitividad producto de la devaluación del Real del orden del 30% en los dos años anteriores. Ello redundó en un costo unitario de la mano de obra superior al de los principales competidores, lo cual, junto con los de energía, transporte, burocracia, tributación y tasa de interés convirtieron a Brasil en un país “caro”. Para referirse a este fenómeno, de aquí en adelante, utilizaron el término acuñado en este documento: “el costo Brasil”.

El punto distintivo fue, no obstante, el rol asignado al Estado:

[la] agenda de un Estado eficiente y profesional es una prioridad para la sociedad y la industria. El Estado precisa ofrecer servicios públicos de calidad [...] aumentar la eficiencia en la ejecución de proyectos - en especial de infraestructura -, garantizar la seguridad jurídica necesaria para la acción de los emprendedores y tener capacidad de conducir las reformas necesarias para que Brasil crezca más y mejor

Se trató de que “el desarrollo económico se conecte con el desarrollo político”, a través del “perfeccionamiento de las instituciones” y del “crecimiento del capital institucional” para el resguardo y continuidad de las propuestas cuyas demandas estén centradas, en continuidad con las Cartas de años anteriores, en el sistema tributario. Este sistema, su gravamen excesivo, de inversión y exportación al mismo tiempo, y alta complejidad resultó “incompatible con los patrones internacionales”; en las relaciones del trabajo, mediadas por una legislación desconectada del mundo moderno, con exceso de burocracia e inseguridad jurídica, abogando en cambio por el reconocimiento de la negociación; y, por primera vez, en el ajuste fiscal[8], en orden a propiciar un ambiente macroeconómico estable, una política comercial activa, y mayor presupuesto para elevar la tasa de inversión e infraestructura.

En la Carta del año 2015, la perentoriedad se volvió urgencia[9], y la agenda del desarrollo dio paso a evitar la profundización de la crisis de gobernabilidad a través de la “modernización” económica, política e institucional, muy a tono con los reclamos de la clase media tradicional del año 2013 y del arco opositor al gobierno petista. El foco del problema radicó en un Estado “grande que no hace lo que debe ser hecho, y que hace lo que no necesita ser hecho”, a través de, entre otros, el crecimiento continuo de sus gastos corrientes, con presión sobre las cargas tributarias; la inseguridad jurídica; falta de eficiencia y parálisis decisoria; “regulaciones excesivas e ineficientes” con atención a procedimientos burocráticos que redundan en una deficiente provisión de servicios y son “fuentes de estímulo a la corrupción”. La incompatibilidad de un Estado “patrimonial” con la sofisticación del país, y la consecuente necesidad de uno “profesional, meritocrático y que genera resultados” fue un diagnóstico cuyo consenso se encontró ya en la generalidad de la sociedad. En el proceso de cambio, el sector privado se concibió con un rol fundamental.

En Argentina, si bien el diálogo entre las entidades empresarias data del 2013, se puede considerar al denominado “La hora de la convergencia”, de enero de 2014, como el documento fundante del espacio y sobre el cual se asentó su acuerdo programático. En aquel se remarcó, fundamentalmente, que “es hora de que los distintos actores productivos aprendan a verse como partes de un todo y a dejar de proceder como si cada parte fuera un todo. Sólo así podrá contribuirse, desde el área empresarial a ratificar el valor de un proyecto nacional perdurable en el tiempo”. Respecto de este proyecto nacional “[no] hay urgencia en concluir, sino en dar inicio a la búsqueda de las ideas adecuadas para lograr el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible de nuestra república”. Es decir, que la tarea fundamental consistió en conformar “un cuerpo unificado por el espíritu de convergencia en torno a los valores republicanos y utilizando como guía del desarrollo del país a la Constitución Nacional [...] capaz de ir más allá de los intereses sectoriales y económicos de cada una de sus partes constitutivas”. Sobre estos valores muy generales el paso indispensable a seguir fue “perfilarse” con propuestas ante la dirigencia política y “trabajar junto a todas las fuerzas políticas presentes y futuras para consensuar un acuerdo de cumplimiento programático en este mismo año de 2014”. Acuerdo que, de concretarse, “Argentina ingresaría en un ciclo de profunda distensión y pacificación”.

En las “Bases para formulación de políticas de Estado”, de julio del mismo año, se avanzó en varios sentidos. Por una parte, se definió su papel directivo del conjunto de la sociedad en el proyecto propuesto:

[el] rol esencial e indelegable del empresario es el de crear valor, organizando ideas, trabajo y capital, de una manera eficiente. Riqueza que se traduce en puestos de trabajo, en actividad económica y progreso para las comunidades en las que operamos, en rentabilidad para los propietarios de las empresas que ponen su capital a riesgo y en impuestos para que el Estado pueda asegurar la educación, la salud y la seguridad e invertir en infraestructura [...] El respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio son objetivos genuinos y válidos del empresario y constituyen parte fundamental del engranaje que permite el funcionamiento pleno de este motor del desarrollo sostenible en su aspecto tanto ambiental como social y económico

Por otro lado, se buscó establecer un vínculo orgánico con un eventual gobierno, legitimándose en distintos criterios (desarrollo, contexto internacional, racionalidad técnica) que se derivan de dicho rol y se ubican por sobre el plano político-partidario:

[las] propuestas de políticas de Estado en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país. Se trata de propuestas de políticas que están vigentes en gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarrollo, llevadas adelante con éxito por gobiernos de diferente signo ideológico [...] Es parte de la responsabilidad social del empresariado la elaboración de propuestas que reflejen su visión de lo que debería hacerse y que puedan ser presentadas a la sociedad en general y a los partidos políticos que tienen la responsabilidad de conducir el país, para que, en un proceso de diálogo franco y abierto, pueda llegarse al consenso

Más aún, a partir de asumir tal responsabilidad, contribuirá, sostiene, a

precisar los contenidos sociales, institucionales, culturales y económicos que integren las respectivas fuerzas políticas [...] Complementará con esa labor insoslayable las iniciativas de los equipos profesionales que, en cada una de esas áreas, integren las respectivas fuerzas políticas para la construcción de las mejores políticas públicas.

El vínculo orgánico apareció plenamente explicitado, a través de los cuadros profesionales de “las respectivas fuerzas políticas” encargados de elaborar las políticas públicas. No obstante, se legitimó a partir de la racionalidad técnica y la “separación” entre economía y política. En consonancia, finalmente, se precisó el rol del Estado, sobre la base de “un compromiso de los partidos políticos de mantener, gobierne quien gobierne, la institucionalidad, previsibilidad y certidumbre política y económica [que] tendría como contrapartida, sin lugar a dudas, una mayor inversión y generación de fuentes de trabajo y riqueza”.

De los anteriores se desprenden los ejes centrales en torno a los cuales girarían la conferencia “Compromiso de los empresarios para una Argentina posible”, realizada el 27 de noviembre de 2014 y, posteriormente, el más reciente “Rol del Estado y el Buen Gobierno Republicano”, de mayo de 2015. Ya en las “Bases para formulación de políticas de Estado”, se explicitaron las demandas de los firmantes del documento, agrupándose en tres vectores: institucional, económico y social. El primero redundó en ciertas generalidades, de entre las que se destacó una demanda específica: “una nueva ley de coparticipación federal dando cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional del año 1994”. Entre las económicas, se contaron medidas macroeconómicas destinadas a lograr una baja tasa de inflación que posibilitase la previsibilidad de las inversiones privadas, la abstención de intervenciones distorsivas en la formación de precios, las exportaciones y el “abastecimiento fluido de la producción”, así como una reforma fiscal y tributaria orientada en la misma dirección que, a la vez, reduzca la presión sobre el sector formal de la economía “y coadyuve a la formalización de la economía sobre la base de equidad y progresividad”, sin mayores precisiones a este respecto. De manera algo más difusa se enunció como propuesta la “integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales y la participación en bloques regionales”. Finalmente, en la última de las dimensiones aludidas, los nodos centrales fueron: la mejora de la “calidad educativa”, fundamentalmente vinculándola a la inserción en la “actividad productiva”; la “erradicación de la pobreza y la exclusión”, sobre todo a través de la generación de empleo en el sector privado; y la de desarrollo de políticas “integrales” en los ámbitos de la salud y la seguridad.

Éstas, a su vez, obraron como “las condiciones para la creación de 3.000.000 de puestos de trabajo en 10 años”, transmutadas así en intereses universales. Asimismo, se destacó que “[la] circunstancia preelectoral que transita el país [...] es el tiempo propio para la reflexión profunda sobre el papel que le cabe a cada ciudadano, sector u organización y al propio Estado”. Éste, por su parte, se concibió “recordando que Estado y Gobierno no son sinónimos. Y que la ciudadanía no debe permitir que los Gobiernos [...] se apropien del Estado”.

Consideraciones finales

Dedicamos este último espacio a trazar algunos puntos convergentes durante la exposición de los dos casos anteriores. Existen dos elementos principales que pueden ser resaltados. En primer lugar, la conformación de coaliciones interburguesas necesariamente produce una reducción de la particularización de las demandas sectoriales al interior del conjunto, redundando en una mayor generalidad o vaguedad de las mismas. Esto es bastante más explícito en el caso de la Argentina, dada la conformación heterogénea de origen del FCE. No obstante, la nota distintiva en ambos casos es la homogeneidad en las demandas en lo que respecta a las incumbencias del Estado y la política en el mercado. Entre ellas se destacan la garantía de un ambiente macroeconómico estable que permita la previsibilidad de la ganancia, absteniéndose de intervenciones distorsivas en la formación de precios, gravámenes “excesivos” sobre el sector formal, y una integración al mundo mediante una política comercial y financiera más “activa”. En cuanto al propio Estado, en ambos casos se propugna una modernización y perfeccionamiento institucional, sobre la base de la eficiencia y el “profesionalismo”, eufemismo para referirse al saber técnico-experto desideologizado. El rol del Estado se centra en la previsibilidad jurídica y “certidumbre económica” que propicien las inversiones privadas, así como la prestación de servicios de calidad y mejoras infraestructurales que no son rentables para el capital; independientemente del “gobierno de turno”.

El segundo elemento tiene que ver con el vínculo orgánico que se pretende establecer con el Estado en uno y otro caso, y el rol que le cabe a las entidades en cada proceso. Más allá de la diferente inserción estructural de estas instituciones corporativas, el papel directivo a desempeñar y la legitimidad de sus demandas se sustenta, en ambos casos, en el “rol esencial e indelegable” de “crear valor”. Este se traduce en empleo “de calidad” y progreso en las comunidades donde operan, satisfacción y expansión de las demandas de consumo, atracción de divisas y crecimiento económico nacional en general, todo lo cual redunda ulteriormente en las condiciones de gobernabilidad. Asimismo se propone crear un vínculo orgánico con las fuerzas políticas, presentes y futuras, y los poderes de gobierno para consensuar un acuerdo programático sobre la base de las demandas explicitadas que, a la vez, abra la posibilidad de un canal de monitoreo y diálogo continuo. Ante ello, la coyuntura electoral comportaba un momento propicio, a la vez que se insistía en su legitimidad a partir de que las políticas de Estado propuestas podrían ser implementadas por cualquiera de estas fuerzas en virtud de su vigencia en “el mundo desarrollado y en vías de desarrollo”, más allá del “diferente signo ideológico” de los gobiernos que las impulsan.

Referencias

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Notas