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Introducción

Las transformaciones políticas, sociales y económicas ocurridas en América del Sur desde el 2000 a la actualidad, indican que la realidad regional está cambiando a un ritmo tan acelerado que seguramente al momento de concluir este escrito ya se habrá producido un nuevo acontecimiento que merecerá ser analizado en posteriores investigaciones.

Hacia fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, el cuestionamiento a la doctrina neoliberal imperante desde la década de los '80 en los países sudamericanos y el cambio en la “orientación política-ideológica de la mayoría de los gobiernos de la región” (Rossa, 2011: 2) generó la reconfiguración de los escenarios políticos nacionales y regionales.

La aplicación de políticas públicas orientadas a la reactivación de la economía, la disminución de los niveles de desocupación, pobreza e indigencia y el reforzamiento de los vínculos de cooperación e integración entre los Estados, permitió a los representantes políticos pensar la región en forma conjunta, atendiendo a los problemas y a las necesidades de la sociedad, con el objetivo de lograr una mejor inserción en el sistema internacional. Nos referimos a una época en la que predominaron los gobiernos progresistas, entendiendo como tal aquellos que con ciertas divergencias en la izquierda y los partidos políticos tradicionales, vivieron los embates de la desindustrialización, el desempleo, la pobreza y la desigualdad y emergieron en la arena política como una alternativa al neoliberalismo. El progresismo sudamericano se caracterizó por agrupar un conjunto de líderes políticos con cierta afinidad ideológica, que colocaron al Estado en un lugar central e impulsaron una agenda común en temas como la resolución de controversias, el horizonte de la integración regional y el distanciamiento hacia la hegemonía ejercida por los grupos de poder económicos y las potencias capitalistas occidentales. Una de sus falencias, ampliamente criticada por ciertos sectores de la sociedad, ha sido la profundización de la matriz extractiva-primario-exportadora, que acentuó aún más la dependencia externa, así como también considerar al progreso como el “elemento central para organizar el desarrollo, la economía y la apropiación de la Naturaleza” (Gudynas, 2013: 1).

Hacia el año 2013 ante un contexto económicamente desfavorable para la región, marcado por la reorganización política partidaria -de cara a las elecciones presidenciales- y la insustentabilidad de ciertas decisiones gubernamentales que desembocaron en protestas laborales y sociales, se hicieron evidentes las dificultades del progresismo para continuar con sus proyectos. Este quiebre ha sido el inicio de una nueva coyuntura política regional, caracterizada por lo que algunos denominaron como el “fin del ciclo progresista” (Sader, 2015, Gudynas, 2013) y la “restauración conservadora” (Sader, 2015: 1), vinculada al ascenso de la “nueva derecha sudamericana”.

Se suma a este escenario regional cambiante, la destitución de los regímenes democráticos en Paraguay en el año 2012 y en Brasil en 2016, mediante lo que se denominó “golpes institucionales” o “parlamentarios”; el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina; la derrota de Evo Morales en el referéndum constitucional de Bolivia; la conflictiva situación social e institucional en Venezuela (Natanson, 2016); el estancamiento de las economías primario-exportadoras por la desaceleración del crecimiento chino -principal comprador de materias primas y alimentos-, la disminución de los precios internacionales de los commodities; indicios de retorno del “neoliberalismo” y la reaparición protagónica de Estados Unidos en el escenario hemisférico.

Cabe remarcar que, a pesar de las divergencias estructurales entre el progresismo y la “nueva derecha”, ambos han compartido la lógica económica impuesta por la práctica extractivista, cuyo estilo de desarrollo basado en la apropiación neocolonial de la naturaleza, priorizó la exportación de “commodities, concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)” (Svampa, 2013: 31), y la importación de bienes industriales. Esta forma de producción si bien generó “ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico” (Svampa, 2013: 30), profundizo la inserción dependiente y subordinada de los Estados a los vaivenes del mercado mundial y a la recepción de inversiones extranjeras directas. En esta coyuntura reaparecieron las asimetrías regionales, los conflictos socio-ambientales, económicos y político-culturales, así como también los movimientos de resistencia (Svampa, 2013; Gudynas, 2009).

Hacía mucho tiempo que el escenario regional no se transformaba rotundamente. Los actores sociales se han renovado, los líderes progresistas fueron desplazados y con ello sus proyectos políticos, la sociedad se ha dividido ideológicamente, adquirieron mayor protagonismo los grupos de poder hegemónicos y el Estado se ha convertido en el ámbito de disputa entre las facciones con proyectos socioeconómicos divergentes. En esta nueva etapa, serán los territorios los escenarios privilegiados de aquellas disputas por el poder, porque en ellos quedaran plasmadas las estrategias de apropiación de la naturaleza que han impuesto los capitales financieros, así como la reaparición y fortalecimiento de los movimientos de resistencia ante los avatares de la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005: 1).

Este marco de reconfiguración del mapa político sudamericano ha dejado entrever la existencia de al menos dos formas de pensar el regionalismo: una que aboga por la reivindicación de las cuestiones identitarias, que lucha por alcanzar una mayor autonomía política, que anhela la emancipación económica e impulsa el cambio social. En el cual lo “estratégico” se define como la forma que encontraron los países sudamericanos para reforzar los vínculos intra-regionales y la cooperación Sur-Sur, con el fin de alcanzar un mejor posicionamiento en el sistema económico y decisorio internacional. Y otra, alineada a un regionalismo de carácter económico, internacionalista y comercial (Tussie y Trucco, 2010), vinculado a la firma de tratados de libre comercio y megaproyectos como el Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP) (Dieter, 2015),[1] donde la cuestión social queda por fuera de toda discusión.

Teniendo en cuenta este panorama, el propósito del texto será aproximarse a la realidad de la integración regional sudamericana, a la luz de los cambios políticos ocurridos durante el período 2000-2017. Para su abordaje será fundamental el análisis desde un enfoque interdisciplinario, en el que se entrecruzaran los aportes teóricos-conceptuales de las ciencias políticas, la geografía, la historia, las relaciones internacionales y la economía, tales como: Estado, poder, política, territorio, integración regional y tratados de libre comercio.

El diseño metodológico consistirá en un análisis de tipo descriptivo-explicativo asentado en la lectura crítica de la bibliografía elaborada por referentes teóricos de los procesos integracionistas sudamericanos, así como también de los acuerdos, tratados, reuniones anuales y artículos periodísticos.

El trabajo se estructuró de la siguiente manera. En el primer apartado, se realizó una breve mención sobre las implicancias del neoliberalismo en Sudamérica y cómo hacia fines de los '90 y principios del 2000, la ruptura con el orden económico y político establecido -por más de 20 años- permitió la construcción de un nuevo escenario político regional caracterizado, mayoritariamente, por el ascenso al poder de los gobiernos progresistas.

En el segundo apartado, partiendo de la idea de que la integración regional “pendula” entre dos modelos de regionalismos: a) identitario, estratégico y emancipatorio; b) económico, internacionalista y comercial, se describirán los lineamientos generales de tres proyectos integracionistas: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza del Pacífico (AP).

Por último, se presentarán las reflexiones finales, buscando entender las dificultades que tuvo el progresismo para mantenerse en el poder y como esto impacto en el escenario político y el regionalismo sudamericano. Y pensando en perspectiva, tal vez a desarrollarse en futuras investigaciones, ¿qué influencia tendrán en el regionalismo sudamericano los cambios ocurridos en el sistema internacional asociados a la asunción de Donald Trump y el Brexit?

Una mirada al escenario político sudamericano: ¿continuidad, ruptura o reconfiguración?

Resulta prácticamente imposible no hacer referencia a lo acontecido en la década del 90 en América del Sur, porque fueron sus consecuencias adversas las que marcaron el nuevo camino que emprendieron gran parte de los países de la región en los años posteriores. Recordemos que, durante el período 1990-2000 la doctrina neoliberal penetró intensamente en el subcontinente. Fue una década de continuidad de las políticas liberales que se venían implementando desde los años 70, en relación a los privilegios al capital transnacional, el redireccionamiento del gasto público, la liberalización del mercado, la privatización de las empresas estatales, entre otras medidas. Respecto a la política exterior, se privilegiaron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la integración regional se conceptualizó como un instrumento económico-comercial.

Las crisis de México en 1994, de Brasil en 1999 y la Argentina en 2001, posibilitaron la emergencia de nuevas formas de politización y la ampliación de las esferas públicas a través de las luchas sociales, encarnadas por movimientos de resistencia que agruparon a: pueblos originarios, campesinos, defensores de los derechos humanos, minorías sexuales, a los que se sumaron las clases medias urbanas, los trabajadores informales, las organizaciones sindicales, los nuevos líderes políticos emergentes y los intelectuales críticos (Borón y Klachko, 2016). Todo ello indicó la crisis de legitimidad del modelo neoliberal, la crisis de representación política y la necesidad de emprender un camino diferente “a aquel establecido e impuesto por las élites económicas mundiales y la clase política que las representa” (Brito y Lewit, 2015: 15).

Hacia inicios del siglo XXI se gestó la reconfiguración del escenario político sudamericano. El ascenso al poder de gobiernos progresistas, como paradigma alternativo al neoliberalismo significo, unas veces, un modelo económico nacional e inclusivo como en Néstor Kirchner; otras, un desarrollo nacionalista con base en una economía solidaria como en Lula da Silva, en ocasiones un socialismo con reminiscencias indigenistas como el de Evo Morales, o una tercera vía que supere los fracasos del capitalismo y el comunismo, la cual es llamada, economía humanista por Hugo Chávez (Lazo Cividanes, 2007: 110-111) o “socialismo del siglo XXI” (Borón, 2014: 237).

La recuperación del rol, la presencia y la función del Estado en la creación y aplicación de las políticas públicas, la redefinición del tipo de acumulación capitalista, la reafirmación de la democracia como valor fundamental y el establecimiento de nuevas alianzas en el sistema-mundo, serán los puntos de coincidencia de los gobiernos “progresistas”. Paralelamente se producirá al interior de estos países la “revitalización de la derecha sudamericana” (Orjuela, 2007: 24).

Sin embargo, no puede advertirse claramente un punto de inflexión respecto a las políticas liberales y conservadoras en países como Chile, Colombia y Paraguay. Con un breve período de “aparente progresismo” en Chile con el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), la derecha como fuerza política ha logrado consolidarse sobre el resto de los partidos. Muestra de ello fueron los mandatos presidenciales de Sebastián Piñera (2010-2014) y su aparente “vuelta” en 2018 para Chile, y en Colombia los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002- 2006, 2006-2010). Respecto a Paraguay podemos decir que ha sido gobernado históricamente por la Asociación Nación Republicana-Partido Colorado (ANR-PC), un partido político de tendencia conservadora y nacionalista. La continuidad de este gobierno en el poder solo fue interrumpida en 2008, cuando asumió la presidencia Fernando Lugo como representante de la Alianza Patriótica para el Cambio, hecho que duro hasta 2012, momento en el cual se produjo la destitución presidencial.

En lo que respecta al proceso de cooperación e integración regional, quienes fueron considerados los principales referentes políticos del progresismo: Chávez, Da Silva y Kirchner, no acordaron completamente con el “regionalismo abierto” imperante en la década de los '90 (Bernal y Massera, 2005). Por considerar que solo apuntaba a la integración regional como una estrategia económica tendiente a insertar competitivamente a las regiones en el sistema internacional, dejando en un segundo plano o ni siquiera considerando, los aspectos sociales, ambientales y políticos. Fueron exponentes de este período el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, como así también el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Estados Unidos.

El año 2005 será recordado por muchos como aquel que marcará un hito importante en la historia de los pueblos de América Latina. La no aceptación del ALCA en la IV Cumbre de las Américas, sumado a la creciente movilización y resistencia popular, dejo al descubierto la verdadera intencionalidad de Estados Unidos de establecer un modelo de integración económica, liberalización y flexibilización comercial (García Delgado, 2001) que le permitiría posicionarse estratégicamente en el continente americano, al tiempo que profundizaría la inserción económica dependiente y subordinada del resto de los países.

En esta coyuntura, la conjunción de factores endógenos, como “gobiernos electos con amplio apoyo popular y de orientación progresista; creciente rol del Estado en la regulación de los mercados y en la implementación de políticas sociales, y significativo crecimiento económico” (Serbin, et al., 2012: 10), con factores exógenos: asociados al cuestionamiento a la doctrina norteamericana, el reordenamiento de la estructura jerárquica del poder mundial, el aumento en la demanda de productos primarios ante el crecimiento económico de China y la revalorización de los territorios periféricos funcionales a la lógica del capital transnacional, permitió a los gobiernos sudamericanos diseñar una nueva estrategia de inserción internacional y la forma de pensar el regionalismo. Se trató de un regionalismo identitario, estratégico y emancipatorio, agrupado en los proyectos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y más recientemente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Sin embargo, no puede ignorarse que al interior del subcontinente ha persistido un regionalismo de carácter económico, internacionalista y comercial (Tussie y Trucco, 2010), que dejó fuera cuestiones que excedan los puntos anteriores y ha estado vinculado a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la configuración de la AP.

Sin consenso en la comunidad científica-académica pero con una clara distinción en función de las especificidades de los actuales procesos regionales (Serbin et. al., 2012), algunos autores denominaron este nuevo período como “regionalismo post-liberal” (Serbin et. al., 2012; Sanahuja, 2008, 2010, 2012; da Motta Veiga y Ríos 2007); “post-hegemónico o post-neoliberal” (Riggirozzi y Tussie, 2011; Riggiorozzi, 2012 apud Briceño, 2014), tópico que será presentado a continuación.

Regionalismo sudamericano: aproximación conceptual e ¿indicios de “regionalismo abierto”?

No pretendemos realizar un análisis epistemológico de las denominaciones regionalismo post-liberal, post-hegemónico o post-neoliberal, solo nos aproximaremos a la identificación de las principales características y daremos algunos indicios sobre el “regionalismo abierto” que parecería re-surgir actualmente.

Acorde con los cambios políticos ocurridos hacia el 2000 en Sudamérica, el regionalismo ha recibido varias denominaciones. Da Motta Veiga y Ríos (2007) han llamado a este proceso como “regionalismo post-liberal”, aduciendo que ha conllevado el desplazamiento de los temas comerciales y económicos, como ejes privilegiados del proceso integracionista, por temas meramente políticos. De esta forma, se ha producido la politización de las agendas regionales, el despliegue de una lógica endógena de crecimiento económico y “el fomento de acuerdos centrados en cuestiones de equidad y desarrollo” (Briceño, 2014: 28). Por su parte Sanahuja (2009) coincide con Da Motta Veiga y Ríos al considerar que el regionalismo post-liberal le ha dado mayor protagonismo al Estado y ha dejado en un segundo plano las cuestiones económicas-comerciales, para enfocarse en la dimensión social y la corrección de las asimetrías regionales, la elaboración de políticas comunes e institucionales, el mejoramiento de la infraestructura para lograr una mayor articulación intra y extra-regional, el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, el establecimiento de instrumentos para garantizar la seguridad energética y avanzar hacia la búsqueda de fuentes alternativas de energía, la instauración de programas de paz y seguridad, la reaparición de la “agenda de desarrollo”, así como la incorporación de los actores no estatales en los procesos de negociación regionales. Será Serbin (2012) quien resumió el regionalismo post-liberal a partir de los tres “retornos”: el retorno del Estado, el retorno de la política y el retorno de la agenda del desarrollo

El regionalismo “post-neoliberal” intento construirse como un proyecto orientado a “mitigar los efectos negativos de la integración neoliberal, la desregulación económica y la excesiva permisión del mercado” (Falomir, 2013: 102). Su estrategia se orientó hacia el incremento de las exportaciones, el crecimiento económico, la inversión pública, la redistribución de la riqueza y el fomento al consumo interno. Si bien pretendió reforzar la cuestión política, el eje económico continuo predominando en este regionalismo y la agenda del desarrollo e inclusión social queda prácticamente desdibujada (Falomir, 2013).

Por último, los aportes al “regionalismo post-hegemónico” provienen de Riggirozzi y Tussie (2012). El rasgo distintivo ha sido la re-politización de la región, “dando a luz nuevas políticas regionales en la cual los Estados, los movimientos sociales y líderes interactúan y construyen nuevas formas de entender y ejercer el espacio regional” (Riggirozzi, 2012: 132-133). Aprovechando el reordenamiento de la estructura del poder mundial, se ha reconfigurado la estrategia de integración regional, a partir de un regionalismo de carácter más “ofensivo”, el cual “pugna por su propia gobernanza y que define las reglas de interacción, tanto al interior de la región como hacia el exterior, en relación con otras regiones y actores” (Falomir, 2013: 105).

Independientemente de su denominación, el regionalismo en sus tres versiones: post-liberal, post-hegemónico o post-neoliberal permitió explicar las iniciativas de integración que se dieron en el subcontinente desde el 2000 a la actualidad. Pero no podemos obviar que desde mediados del siglo XX, varios países de América del Sur han celebrado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Si bien es cierto que han tenido menor intensidad, permitieron mantener vigente la idea de “regionalismo abierto”. Aunque la coyuntura actual es diferente a la de los 90, se estaría imponiendo un tipo de regionalismo en el cual lo económico y comercial parece predominar sobre lo político, en el que las cuestiones sociales pasarían a un segundo plano, en el que la activación de los procesos de integración parece depender de la capacidad para “insertarse al mundo”. Un regionalismo que vuelve a mirar a Estados Unidos y la Unión Europea por sobre las relaciones intra-regionales y que hace suponer que el “pendulante” destino de la integración sudamericana estaría vinculado al cambio en el mapa político desde el 2015. Nos interroga la idea de saber si la integración regional se dirime entre dos modelos de regionalismo, intentaremos aproximarnos a una respuesta en el siguiente apartado.

Hacia la construcción de un regionalismo identitario, estratégico y emancipatorio: ALBA-TCP y UNASUR

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)

Inspirados en las ideas de Simón Bolívar de “ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria” (Bolívar, 1815) y de José Martí de agrupar a los pueblos de «“Nuestra América” para diferenciarla de la otra América, expansionista y de apetitos imperiales» (Martí, 1891 apud Lamnari, 2015), los entonces Presidentes Hugo Chávez (Venezuela) y Fidel Castro (Cuba), impulsaron la creación de la ALBA-TCP. Surgió como proyecto “contrahegemónico” (Benzi, 2016: 77) con un contenido ideológico “antisistémico, antiimperialista y anticapitalista” (Briceño, 2014: 31), y un intento por avanzar hacia una “integración alternativa” y “de los pueblos” (Benzi, 2016: 78). Fundada sobre los principios de cooperación, complementariedad y solidaridad internacional (Benzi, 2016) pretendió fortalecer la soberanía, reforzar la especialización productiva, concertar políticas destinadas a la preservación de la diversidad cultural y los bienes comunes, así como la búsqueda de soluciones conjuntas para combatir la pobreza y la exclusión social (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 2015).

En el marco de la III Cumbre celebrada el 29 de abril de 2006 en La Habana, se constituyó el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). Con el ingreso de Bolivia al bloque se incorporó la propuesta de complementar la alianza a partir de la incorporación de “tratados de intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los pueblos [sustentados] en los principios de solidaridad, reciprocidad, transferencia tecnológica, aprovechamiento de las ventajas de cada país, ahorro de recursos, incluyendo convenios crediticios para facilitar los pagos y cobros” (www.alba-tcp.org).

A doce años de su creación la ALBA-TCP ha logrado consolidarse institucionalmente como un espacio de diálogo y concertación política. En su interior se elaboraron mecanismos tendientes al aprovechamiento de las ventajas cooperativas y la creación de fondos compensatorios, con el objetivo de disminuir las asimetrías existentes entre los países miembros y mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Serrano, 2015).

El trabajo político coordinado entre los Estados signatarios ha permitido diagramar proyectos de interés común que le dan identidad a la alianza, entre ellos: el Espacio Económico ECOALBA-TCP, el Banco del ALBA, el Fondo ALBA-Caribe, proyectos de inversión productiva y programas de carácter social.

El Fondo ALBA-Caribe fue el primer instrumento de cooperación creado en el año 2005 con la finalidad de ejecutar proyectos productivos tendientes al desarrollo económico, a partir de la conformación de cooperativas, pequeñas y medianas industrias e iniciativas orientadas a garantizar a la población el acceso a la salud, la educación y la vivienda (SELA, 2015).

La necesidad de emanciparse económicamente de las entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, llevó al bloque regional a la creación del Banco del ALBA (Serrano, 2015). La función fue asignar y canalizar los fondos hacia el financiamiento de las empresas y proyectos denominados “grannacionales”. Hasta el momento, el Banco del ALBA cuenta con nueve (9) proyectos financiados por fondos propios, por la cantidad de USD 44.252.007,13; mientras que los fondos administrados suman 33 proyectos por un monto de USD 300.608.273, para un total de 42 proyectos por el monto de USD 344.860.280,13.)” (SELA, 2015: 11-12).

Esta iniciativa fue acompañada por el Sistema Unitario de Compensación Regional de pagos (Sucre), considerado la unidad de cuenta común para realizar los intercambios económicos entre sus participantes (Serrano, 2015).

El advenimiento en febrero del 2012 del Espacio Económico ECOALBA-TCP, permitió el ordenamiento y la dinamización de las relaciones económicas entre los Estados miembros de la Alianza, potenciando las posibilidades de encadenamiento productivo y comercial de manera complementaria, así como la diversificación productiva (SELA, 2015).

Por último, los “Proyectos de inversión productiva y los programas de carácter social” se enmarcaron y se desarrollaron en áreas prioritarias -alimentación, ambiente, ciencia y tecnología, comercio justo, cultura, educación, energía, industria y minería, salud, telecomunicaciones, transporte y turismo- bajo la concepción política de la “Grannacionalidad”. Esta iniciativa involucró a las Empresas Grannacionales (EG), cuya dinámica de funcionamiento estuvo orientada a privilegiar la producción de bienes y servicios intrarregionales, para satisfacer las necesidades humanas y romper con la lógica de la reproducción y acumulación del capital (Portal oficial ALBA-TCP). Se incluyeron además los Proyectos Grannacionales (PG), definidos como “todo programa de acción dirigido a cumplir con los principios y fines del ALBA, que haya sido validado por los países integrantes y cuya ejecución involucre a dos o más países, para beneficio de las grandes mayorías sociales” (http://alba-tcp.org, 2017a). Algunos ejemplos de los avances de proyectos de inversión productiva pueden observarse en “sectores como la pesca (Transalba), la minería, el transporte, las telecomunicaciones (Albatel) y agricultura; también la creación de empresas como Puertos del ALBA, S.A., empresa para la construcción de puertos en Cuba y Venezuela; otra es Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), empresa petrolera mixta entre Nicaragua y Venezuela” entre otros (Serrano, 2015: 222).

Respecto a los programas de carácter social, destacaron los proyectos en el área de educación, salud, deportes, trabajo, ciencia y tecnología. El más importante, por los resultados alcanzados, es el “Proyecto Grannacional de Educación (ALBA-EDUCACIÓN): Alfabetización y Postalfabetización”. Fundado sobre la experiencia educativa de Cuba, ha permitido alfabetizar a 3.815.092 de personas (http://alba-tcp.org, 2014) y ha desempeñado un papel importante en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que junto a Cuba y Antigua y Barbuda son considerados territorios libres de analfabetismo (Consejo Ministerial del Área Social ALBA-TCP, 2011).

En lo referente a la salud, se avanzó en la firma del tratado constitutivo de Empresas Grannacionales como el Centro Regulador y Registro Único de Medicamentos (ALBAMED) y el Centro de Distribución y Comercialización de Productos Farmacéuticos (ALBAFARMA) y el Proyecto Grannacional para la Elaboración de Prótesis para los Discapacitados (ALBAPROR) (SELA, 2015), creados para instrumentar un sistema estandarizado de precios para los medicamentos comercializados dentro de la Alianza, entre otras cosas.

En el área de Trabajo y Empleo se buscó consolidar e impulsar la Empresa Grannacional de Seguridad Social y Laboral, así como la elaboración de una base de datos que reúna información detallada sobre las cuestiones socio-laborales de los países miembros (SELA, 2015).

En el área de Ciencia y Tecnología se impulsó la Empresa Grannacional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ALBATEL) y el Proyecto ALBA-SATÉLITE para el uso del Satélite Simón Bolívar en servicios de telefonía rural e internet de banda ancha satélite, así como el establecimiento de Nodos Científicos y Tecnológicos y Soberanía Comunicacional del ALBA (SELA, 2015).

Más allá de las disparidades socio-económicas existentes entre los países miembros y su grado de vinculación económica-comercial con Estados Unidos, la iniciativa integracionista ALBA-TCP ha permitido pensar en horizontes políticos y económicos alternativos al paradigma neoliberal dominante durante varias décadas. Pero fundamentalmente, ha generado el marco propicio para la construcción de un renovado espacio de articulación regional, en el que las ideas de unidad, emancipación económica y autonomía política cobraron un nuevo significado en el camino hacia la segunda “independencia de los pueblos de la América”, tal como lo manifestó Hugo Chávez en el discurso de Clausura de la III Cumbre de los Pueblos de América.

Sin embargo, la dependencia al “rentismo petrolero” de Venezuela, la institucionalidad escasamente consolidada, el “carácter centralizador y burocrático de los gobiernos del ALBA” (Benzi, 2016: 82), la deficiencia en los mecanismos de participación ciudadana, así como la baja adhesión del resto de los países de América Latina y El Caribe, demostraron la debilidad de este proceso integracionista. A todo esto se sumó el reposicionamiento de Cuba tras el desbloqueo de Estados Unidos, la caída del precio del petróleo y la compleja situación política, económica e institucional que actualmente atraviesa Venezuela, cuestión que le impidió continuar ejerciendo el liderazgo dentro del bloque. Tal como afirma Malamud (apud La Tercera, 2014: Mundo), sin Chávez ni Castro, “la plataforma carece de liderazgo claro y no hay nadie capaz de ejercerlo”. Este último punto nos lleva a repensar la forma en que la integración ha surgido, es decir a la luz de gobiernos “contestatarios” a la hegemonía norteamericana, al neoliberalismo y a la globalización dominante a escala mundial, pero que carece de continuidad en ciertas coyunturas políticas. Habrá que estar atentos a la evolución política de los países miembros, para ver si continua vigente la idea de formar una gran unión de naciones soberanas, la denominada Patria Grande (Serrano, 2015) o simplemente será una iniciativa más que carecerá de sustentabilidad política en el tiempo.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): del auge a la incertidumbre

En el punto anterior trabajamos el ALBA-TCP, por ello aquí intentamos aproximarnos a otro ejemplar de lo que denominamos regionalismo identitario, estratégico y emancipatorio, nos referimos a la UNASUR y el papel que tuvo el gobierno brasileño en la concreción de dicho proyecto.

La necesidad de revisar las estrategias de integración regional sudamericana, el creciente rol protagónico de Brasil como una potencia emergente y el cambio en la orientación de la política exterior durante el gobierno de Lula da Silva, le permitió a este país fortalecer la capacidad de negociación en los foros económicos y políticos mundiales e impulsar la profundización del esquema de alianzas con los países del Sur Global (Mejía, 2012). En este contexto, en el año 2004 se impulsó la iniciativa brasileña de conformar la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), cuyo propósito central ha sido “aglutinar a los esquemas subregionales y a los países no miembros de ellos (Chile, Guyana y Surinam), en una estructura de alto perfil político y no limitada a la coordinación de acuerdos comerciales” (Mejía, 2012: 64), otorgándole a la región un papel protagónico en el escenario internacional y priorizando las cuestiones políticas, sociales, de seguridad y defensa sobre la integración económica y la dimensión comercial (Sanahuja, 2009’).

En abril de 2007, durante la Cumbre Energética Suramericana celebrada en Isla Margarita (Venezuela) los Jefes y las Jefas de Estados acordaron sustituir la denominación Comunidad Suramericana de Naciones por Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En lo formal, el 23 de mayo de 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo de la UNASUR, cuya entrada en vigencia ha sido el 11 de marzo de 2011. El propósito de esta alianza ha quedado plasmado en el artículo n° 2 de dicho Tratado:

los países deberán construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados (www.unasursg.org, 2008: 2).

En lo concreto, la UNASUR constituyó un foro de discusión, diálogo de intereses y lugar en el cual los gobernantes han buscado soluciones conjuntas ante las crisis político-institucionales en algunos países. Por ejemplo, “la Unión ha intervenido en varias ocasiones, como la crisis boliviana de agosto de 2008; el golpe de Estado en Honduras de junio de 2009; y la revuelta policial (intento de golpe de Estado, según el Gobierno) de septiembre de 2010 en Ecuador” (Sanahuja, 2009: 52) y el rechazo a la destitución del Presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012, por nombrar algunos.

Al igual que el resto de los procesos integracionistas de esta parte del continente, ha sido un espacio de coordinación política con fuerte sesgo presidencialista y con abundancia de la “diplomacia de las cumbres”, pero también el sitio en el cual confluyeron los avances del Mercosur y la Comunidad Andina.

Es importante remarcar que la cuestión económica no ha sido el núcleo central de este tipo de proyecto integracionista, sin embargo, ocupó un lugar destacado en la agenda política oficial. En este espacio se diseñó la denominada Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) (Castiglioni, 2013: 1), asentada sobre tres pilares: “un banco de desarrollo de nuevo tipo, un fondo de reservas regional y un sistema de compensación de pagos en perspectiva a una moneda regional” (Castiglioni, 2013: 1- 8). Esta herramienta fue pensada como alternativa al sistema financiero internacional e intentó disminuir los riesgos de los países miembros ante las sucesivas crisis económicas mundiales, así como también avanzar hacia la reducción del financiamiento externo y alcanzar la soberanía financiera de la región.

El primer elemento diseñado en la NAFR se corresponde con la firma del Acta Fundacional del Banco del Sur en 2007 y en 2009 se concretó el Tratado Constitutivo del Banco del Sur. En el Capítulo II-Artículo 2 de dicho Tratado se establece el propósito de la creación:

el banco tiene por objeto financiar el desarrollo económico, social y ambiental de “Países Miembros”, en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y extra regional; fortalecer la integración; reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre los Países Miembros (www20.iadb.org, 2009)

Para ello fue necesario contar con un capital inicial disponible, cuya suma ascendería a los USD 7 mil millones, siendo Argentina, Brasil y Venezuela los mayores aportantes con USD 2 mil millones cada uno, seguido por Ecuador y Uruguay con 400 millones de dólares y Bolivia y Paraguay con 100 millones de dólares (Racovschik, 2010; Ortiz y Ugaterche, 2009).

Un rasgo que distinguió al BANSUR por sobre el resto de las instituciones financieras internacionales, es que el directorio se formó con todos los países miembros del Banco. En él, cada Estado ha tenido igualdad de condiciones al momento de tomar decisiones, independientemente del capital aportado para el funcionamiento de la institución (Racovschik, 2010). En perspectiva, el Banco del Sur pretendió convertirse en el principal instrumento para alcanzar la soberanía financiera y la autonomía económica de la región sudamericana, tarea que requirió sortear las diferencias que existen al interior de los países y a nivel regional.

Otro de los ejes en los cuales Brasil puso énfasis ha sido la defensa. La propuesta del gobierno brasileño de crear el Consejo Suramericano de Defensa (CSD) data del año 2008, momento en el cual no logró el consenso para su funcionamiento, debiendo posponer sus actividades hasta el 2009. La seguridad y defensa nacional ha sido un tema controvertido para los estados sudamericanos, por lo cual se cree que el CSD representa el primer paso para avanzar en la elaboración de mecanismos de “consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa”, diferente en sus bases fundacionales a la Organización de los Estados Americanos. Los propósitos que impulsaron el Consejo fueron: construir medidas de confianza mutua entre los Estados; coordinar las tareas para participar de manera conjunta en operaciones de paz; aunar esfuerzos para desarrollar una industria de defensa; trabajar juntos para enfrentar los desastres naturales; promover iniciativas de cooperación en el campo de defensa reconociendo las realidades nacionales (Ministerio de Defensa Nacional de Chile, 2009).

Por último, pero no por eso menos importante, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), fue creado en la III Reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la UNASUR, el 28 de enero de 2009 en Quito, como “instancia de discusión política y estratégica para planificar e implementar la integración de la infraestructura de América del Sur” (www.iirsa.org). Se compone además por una cartera de proyectos de transporte, energía y comunicaciones que intenta avanzar hacia una mayor conectividad regional tomando para ello los avances realizados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Este proceso integracionista ha sido interpretado por algunos de sus miembros como un punto de inflexión, una ruptura y una oportunidad que permitió modificar el perfil de relacionamiento intra y extra-regional (Comini y Frenkel, 2016). Que convirtió a la región sudamericana en una entidad estratégica y con identidad propia, en la cual convergieron preocupaciones, miradas y formas de resolver problemáticas comunes e instaló la “repolitización de la integración” (Dabène, 2009 citado en Comini y Frenkel, 2016: 186). Por lo tanto, no puede solo leerse “como un instrumento diseñado a imagen y semejanza de los intereses de Brasil o como un eslabón más del eje bolivariano antiimperialista” (Comini y Frenkel, 2016: 189), se trató de una iniciativa que tuvo una dinámica coordinada de funcionamiento en sus primeros años, pero que a la luz de los cambios políticos ocurridos en el escenario regional y global mostró una desaceleración que se mantiene hasta nuestros días.

Una de las críticas que se le realizó a la UNASUR es que sus objetivos fueron “amplios, variados e indeterminados” (Cimadamore, 2010: 24) y no existió precisión respecto de cómo y cuándo se implementarían. Sumado a “las dificultades que ha tenido el bloque sudamericano para traducir la retórica gubernamental en políticas públicas regionales concretas con impacto local y regional” (Comini y Frenkel, 2016: 195), supeditando la integración regional a la “voluntad política” de los gobiernos.

En Sudamérica, la coyuntura política actual caracterizada por la renovación del arco político parece estar más acorde con un regionalismo que vuelve a poner el foco en lo comercial, que se considera más abierto y flexible y que ordenaría el poder en función de los polos extra-regionales (Malamud, 2016 en Comini y Frenkel, 2016). La integración regional parece estar traccionada por proyectos como los TLC, la AP y el TTP, quedando prácticamente relegada la UNASUR.

Estos nueve años deben servirnos para aprender, tal como plantea Serbin, “no basta con un liderazgo sostenido ni con la mera voluntad política, frecuentemente débil y poco convincente, cuando no contradictoria, de los Estados miembros. Se requiere también una estructura institucional sólida y eficiente” (2009: 156).

Si bien esto aplica para la UNASUR, puede hacerse extensivo al resto de los bloques. Habrá que repensar el regionalismo sudamericano en función de cómo, con quién/es y para qué integrarse (Comini y Frenkel, 2016).

La otra vía del regionalismo sudamericano: los Tratados de Libre Comercio y la Alianza del Pacífico

Los dos casos anteriormente trabajados dieron cuenta de la existencia de un regionalismo, “alternativo” y “contrahegemónico”, que abogó por lograr la emancipación económica, la autonomía política y el posicionamiento estratégico de la región en el escenario internacional, otorgándole a las relaciones intra-regionales y a la cooperación sur-sur un papel destacado.

Paralelamente, se desarrolló un regionalismo de carácter económico, internacionalista y comercial (Tussie y Trucco, 2010), impulsado por Estados Unidos que implicó la firma de Tratados de Libre Comercio.

Inspirados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -aunque con particularidades entre los países participantes del acuerdo bilateral-, entre el 2003 y el 2006, Estados Unidos suscribió tres Tratados de Libre Comercio (TLCs), el primero con Chile, el segundo con Perú y el tercero con Colombia. Hecho que fue posible por la presencia de gobiernos que no se encontraban completamente alineados con las ideas progresistas -predominantes en ese momento- sino que en ellos prevaleció una matriz de pensamiento cercana a las ideas librecambistas y al regionalismo abierto. El tipo de vinculación comercial bilateral no fue excluyente, permitiéndole a los Estados celebrar acuerdos con otros países o participar de los proyectos de integración como la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En Sudamérica la integración regional y los tratados de libre comercio han sido concebidos como procesos diferentes, tanto en su conformación como en los objetivos y la lógica que regula su funcionamiento. Los TLCs se definieron tradicionalmente como acuerdos comerciales entre países o regiones, aplicando para ello la desgravación arancelaria progresiva o inmediata, así como la eliminación de las barreras al comercio entre los países firmantes. El fin ha sido permitir la libre circulación para determinados bienes, servicios y capitales (Perales y Morón, 2010).

Los acuerdos suscriptos en el marco de los TLCs con Estados Unidos, han generado tensiones y debates en el seno de la sociedad. Están quienes consideraron que produciría efectos favorables asociados a un mayor dinamismo en el intercambio comercial, que se traduciría en un aumento del flujo de inversiones y posibilitaría el crecimiento económico y desarrollo social de los países participantes (Tratados Constitutivos). En cambio, quienes se resistieron a este tipo de acuerdos aludieron que profundizaría las divergencias en la estructura productiva de los Estados y solo potenciaría la inserción en los mercados mundiales como exportadores de commodities e importadores de bienes industriales.

Por otra parte, restringió la discusión “a temas no comerciales como las capacidades de regulación estatal, medidas de migración, propiedad intelectual”, entre otros (Gudynas, 2005: 4) y fue funcional a la estrategia desplegada por los capitales privados, respecto a la apropiación de los territorios con dotación de recursos naturales. Tal como plantearon Acosta y Falconí (2005: 30), los TLCs no ofrecieron “condiciones para integrar el hemisferio a partir de la equidad, la solidaridad y la sustentabilidad. No abre puertas para un desarrollo equilibrado y equitativo, menos aún democrático”, sino más bien representó un horizonte en el cual se repitieron los mecanismos de subordinación y dependencia al capitalismo transnacional, excluyendo a las mayorías y reivindicando los intereses de una minoría poderosa.

En sintonía con los TLCs, el 28 de abril de 2011 los gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú firmaron la Declaración de Lima, dando inicio formal a la denominada Alianza del Pacifico (AP). La AP representó una iniciativa de “integración abierta” a la liberalización comercial y económica, cuyos objetivos fueron: a) avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; b) impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los Estados partes; c) convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial con vista a lograr una mejor proyección mundial (www.alianzapacifico.net, 2011)

De acuerdo con Falconí, la Alianza del Pacífico “tiene una perspectiva más librecambista y define su proceso respondiendo al ritmo que le impone la dinámica del capital internacional y el comercio” (2015: 209). En este sentido, la agenda política estuvo centrada en temas vinculados a las inversiones en los sectores de minería, recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufacturas; la propiedad intelectual; las compras gubernamentales y las normas laborales y ambientales (Leví y Reggiardo, 2016). No previó incorporar la dimensión social al proyecto, ni tampoco políticas comunes en relación a la vinculación externa de cada uno de los países y mucho menos, generar cesiones de soberanía nacional a instituciones intergubernamentales (Leví y Reggiardo, 2016).

La política comercial de la Alianza estuvo orientada a profundizar la articulación con el espacio económico de la región Asia-Pacífico, estrategia que le ha permitido acceder al mercado chino, altamente consumidor de materias primas y alimentos. Esta forma de vincularse comercialmente ha generado cierta incertidumbre por los vaivenes del mercado asiático que actualmente atraviesa una recesión económica y ha disminuido su capacidad de compra. A lo cual se suma el escaso comercio intra-regional que existe entre los miembros de la AP que no alcanza el 4% de las exportaciones.

En perspectiva, la AP como estrategia de inserción internacional representó la continuidad de los patrones individuales vigentes en los países participantes, enfocados en establecer “negociaciones simultáneas con actores de los niveles global, hemisférico y regional” y “no requiere, necesariamente, de la coordinación de estrategias de inserción con los países vecinos” (Comoni y Frenkel, 2016: 189). Esta forma de “integración” no hace más que refundar los esquemas de regionalismo abierto, orientados a vincularse con el mundo globalizado (Serbin, 2014 en Comoni y Frenkel, 2016), sustentado en las políticas de apertura externa y liberalización comercial, que erosionan “la idea de América del Sur como un todo diferenciado” (Comoni y Frenkel, 2016: 196).

Los gobiernos progresistas de Russeff, Fernández, Mujica, Morales, Maduro y Correa han sido reticentes a este tipo de regionalismo. Sin embargo, el cambio político que empezó hacia el 2015 y se mantiene hasta la actualidad, significó la asunción de gobiernos liberales en el caso de Brasil y Argentina; el recambio presidencial en Ecuador y Uruguay; el referéndum constitucional de Bolivia; la crítica situación de Venezuela; la desaceleración del crecimiento económico y la necesidad de recibir inversiones, parecieran convertirse en el escenario propicio para “flexibilizar los esquemas regionales” (Comoni y Frenkel, 2016: 198). Postura que se ha hecho manifiesta en Argentina y su interés de ingresar al Acuerdo Transpacífico, impulsar un “MERCOSUR sin ataduras” y pedir ser Estado observador en la AP (Comoni y Frenkel, 2016). Por su parte, Uruguay con la llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia ha hecho explicita su intención de convertirse en miembro de la AP, firmar un TLC con Chile e impulsar la adhesión al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA). En cuanto a Brasil, Michel Temer ha expresado la necesidad de acercarse a la AP y “redefinir el MERCOSUR en términos más flexibles” (Comoni y Frenkel, 2016: 199). Acontecimientos que parecen marcar el destino “pendulante” del regionalismo sudamericano y un nuevo horizonte en la forma de vincularse intra y extra-regionalmente.

Reflexiones finales

Durante 10 años (2003-2012), la región sudamericana (al igual que el resto de Latinoamérica) mostro un crecimiento económico sostenido por encima del 4% anual (López, 2016). El crecimiento estuvo asociado al alza de los precios de los productos básicos en el mercado mundial y la mayor demanda de los países emergentes, especialmente China e India (López, 2016). Sin embargo, contribuyó a generar mayor dependencia y vulnerabilidad de las economías ante los vaivenes de los precios en el mercado internacional y a profundizar la matriz extractiva-primario-exportadora.

Desde fines del 2012, las economías sudamericanas experimentaron un leve descenso en el volumen y el precio de las exportaciones de los commodities a nivel mundial y la retracción de la inversión extranjera directa hacia la región. Hechos que impactaron negativamente al interior de los Estados e influyeron en las políticas sociales redistributivas que se venían aplicando.

A la coyuntura económica internacional desfavorable, se sumaron los errores “propios” de los gobiernos “progresistas”. Si bien hay autores que resaltaron los avances políticos y económicos logrados en los últimos 12 años en el subcontinente (Borón y Klachko, 2016; Brito y Lewit, 2015; Serrano, 2015), hay otros que prefirieron remarcar los errores que tuvo el progresismo sudamericano que lo llevaron a perder comicios electorales, como fue el caso de Argentina, el golpe parlamentario en Brasil o la inestable situación política-institucional que atraviesa Venezuela (Bonnet, 2016; Svampa y Modonesi, 2016).

En relación a los avances, podemos sintetizar que el progresismo sudamericano ha tenido importantes logros en lo que se refiere a la reivindicación del papel del Estado en la elaboración y aplicación de políticas públicas; conquistas en el plano de los derechos humanos y civiles; políticas redistributivas; disminución de los niveles de pobreza; mayor inclusión social; orientación de las inversiones estatales hacia sectores estratégicos y fomento al proceso de integración regional latinoamericana (Borón y Klachko, 2016). Sin embargo, los desaciertos estuvieron relacionados con: el crecimiento económico basado principalmente en la exportación de materias primas y alimentos; profundización del extractivismo; mayor participación de las empresas transnacionales en la industria, el agro-negocio y la minería; concentración del poder político; intolerancia a las disidencias; alejamiento de los movimientos sociales y agrupaciones sindicales que sirvieron de plataforma para ascender al poder; el hiperpresidencialismo; la no realización de cambios significativos en la matriz de relacionamiento internacional y en el modelo de acumulación vigente; a lo que se sumaron hechos de corrupción, desmanejo de las cuentas públicas (Modonesi y Svampa, 2016) y la desaparición física de dos de los tres principales líderes políticos. Todo esto provocó al interior del progresismo una crisis de representatividad (política), el debilitamiento de sus gobiernos y la continuidad del proyecto político regional. Convirtiéndose la coyuntura en el espacio propicio para la organización de la oposición y los grupos de poder económicos funcionales al capital privado, que ansiaban lograr la “restauración conservadora” y la doctrina liberal. Este último presagio se materializo en la Argentina a partir de la derrota del Kirchnerismo y el triunfo del PRO y en Brasil mediante la destitución de Dilma Rousseff (Borón y Klachko, 2016), poniendo en suspenso el regionalismo sudamericano.

Haciendo un balance sobre el recorrido que tuvieron los gobiernos sudamericanos desde el 2000 al 2015 en el proceso de integración regional, cabe decir que a pesar de las diferencias ideológicas existentes entre los mandatarios presidenciales, la competencia por el liderazgo político, las aspiraciones individuales de instaurar una nueva hegemonía regional (Sanahuja, 2012b) y el destino “pendulante” de los regionalismos, se produjeron mejoras significativas en la generación de espacios de encuentros -cumbres y reuniones- que estimularon el diálogo, la discusión y el acuerdo para el establecimiento de mecanismos de concertación política, el fortalecimiento de la soberanía nacional y el reposicionamiento de la región en el sistema internacional.

Tal vez hoy no seamos conscientes de los avances que se lograron y solo veamos las falencias que ha tenido este proceso, pero no cabe duda de que aquella idea de integración que intentaba superar la dimensión económica-comercial, que era pensada como una alternativa a los paradigmas dominantes, que incluía a los sectores invisibilizados por la modernidad hegemónica (Mignolo, 2009) y la dinámica impuesta por el proceso de globalización desigual y excluyente pareciera no importar. En su lugar, reaparecieron los vestigios del neoliberalismo y de los grupos más liberales, así como la idea de que es necesario “abrirse al mundo” para lograr mayor crecimiento económico y desarrollo. Truncando la integración a la firma de los Tratados de Libre Comercio y a la dimensión económica sobre el resto.

En Argentina y Brasil la “nueva derecha” pareciera avanzar a paso firme con proyectos de reformas en el sistema previsional y en el sistema fiscal; con reformas laborales que apuntan a flexibilizar las condiciones de vida de los/as trabajadores/as; con mayor injerencia del Banco Mundial en la revisión del gasto público y la recomendación de aplicar programas como el “Ajuste justo” y la eliminación de la universidad gratuita en Brasil; la inflación descontrolada para el caso de Argentina; la criminalización de la protesta, estigmatización y persecución de los pueblos indígenas, dirigentes sindicales y referentes de los movimientos sociales para el caso de Argentina. En fin una serie de medidas que no hacen más que generar malestar en la sociedad y agrandar la brecha de clases.

Ante este panorama nos preguntamos ¿Cuáles serán los planes para el regionalismo sudamericano bajo la “nueva derecha”? y en concreto solo existe la intencionalidad del gobierno argentino de firmar vía MERCOSUR un TLC con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, con el objetivo de incrementar el intercambio comercial, el multilateralismo y la apertura a los flujos de capital. Propuesta que seguramente encontrará aliados en Temer y Cartes dada la imperiosa necesidad que tienen estos países de “insertarse nuevamente en el mundo”. Por otra parte, la inestabilidad política-institucional de Venezuela y la divergencia entre proyectos políticos diametralmente opuestos al interior del MERCOSUR, han traccionado para que se efectivice la suspensión permanente a Venezuela como parte del bloque regional y aumente la tensión entre los gobiernos. A lo que se suma, que por un período de 6 meses, bajo la Presidencia Pro Tempore de Nicolás Maduro (hasta el 17 de abril de 2017) y luego de Mauricio Macri (en la presidencia desde el 18 de abril de 2017) la UNASUR no tuvo Secretario General, un hecho que no tiene precedentes y que sin dudas da cuenta del momento crítico que el regionalismo sudamericano atraviesa.

La coyuntura regional actual puede sugerirnos posibles escenarios, por un lado, esperar el “fin del ciclo” de los gobiernos liberales de Brasil y Argentina, la estabilidad de Venezuela y el desenvolvimiento de los presidentes recientemente electos de Uruguay y Ecuador, o ser capaces de pensar que esta época de incertidumbre puede ser el camino para pulir las dificultades, corregir los errores, reorganizarse y apuntar a la creación de una nueva alternativa al paradigma dominante, desde la región y para la región.

Tal vez sería importante que este proceso de reorganización política e integración regional, estuviera acompañado por aquellos que están sintonizados con las dinámicas de la Tierra (pensamiento de la Tierra) y la vertiente que surge de las luchas y pensamientos “desde abajo” (pensamiento autonómico) (Escobar, 2016), que creen que todavía pueden existir “maneras otras” de integrarse, en la cual lo económico es una dimensión más en relación al resto.

Para finalizar, nos surgen varios interrogantes: ¿Qué influencia tendrán los cambios ocurridos en el sistema internacional asociados a la asunción de Donald Trump y el Brexit en el regionalismo sudamericano? ¿Cómo impactaran los nuevos gobiernos en el regionalismo sudamericano? ¿Qué sucederá con la situación política-institucional de Venezuela?, en definitiva ¿cómo hacer para superar el destino “pendulante” del regionalismo sudamericano?. Estos y otros interrogantes dejan el camino abierto a futuras investigaciones.

Referencias

Acosta, A. y Falconí, F. (Ed.) (2005). TLC más que un tratado de libre comercio. Quito: FLACSO, ILDIS, FES.

Benzi, D. (2016). El exitoso ocaso del alba. Réquiem para el último vals tercermundista. En Nueva Sociedad 261, 77-91. Recuperado en http://nuso.org/media/articles/downloads/4.TC_Benzi_261.pdf

Bernal, R. y Massera, G. (2005). América Latina en el mundo. El pensamiento latinoamericano y la teoría de las relaciones internacionales. Buenos Aires: Nuevo Hacer/ Grupo Editor Latinoamericano.

Borón, A. (2014). El socialismo del siglo XXI: breves notas sobre algunas experiencias recientes, y otras no tan recientes, de América Latina. En Coraggio, J.L y Louis, J. (2014) Reinventar la izquierda en el siglo XXI: hacia un dialogo norte-sur. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento. 223-237.

Borón, A. y Klachko, P. (2016). Sobre el “post-progresismo” en América Latina: aportes para un debate. En Rebelión. Recuperado en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217125.

Briceño, J. (2014). Del regionalismo abierto al regionalismo poshegemónico en América Latina. En Soto, W. (Ed.) Política Internacional e Integración Regional Comparada en América Latina. Recuperado en http://www.academia.edu/8043464/Del_regionalismo_abierto_al_regionalismo_poshegem%C3%B3nico_en_Am%C3%A9rica_Latina.

Brito, G. y Lewit, A. (Coord.) (2015). Cambio de época. Voces de América Latina. Recuperado en www.celag.org/project/cambio-de-epoca-voces-de-america-latina/

Castiglioni, L. (2013). La nueva arquitectura financiera regional. Recuperado en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131016010313/castiglioni_la_nueva_arquitectura_financiera_regional.pdf

Cimadamore, A. (2010). Realidad y viabilidad de la integración sudamericana. En Voces en el Fenix (4), 1-5. Recuperado en www.vocesenelfenix.com

Comini, N. y Frenkel, A. (2016). Unasur. De proyecto refundacional al fantasma del Sudamexit. En Serbin, A.; Martínez, L., Ramanzini Júnior, H. y Serbin Point, A. (Coordinadores) Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Caribe N° 13 2016 (pp. 181-207). Buenos Aires, Argentina Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Recuperado en http://www.cries.org/wp-content/uploads/2017/04/013-comini-frenkel.pdf

Consejo Ministerial del Área Social ALBA-TCP (2011). Acta de la III Reunión del Consejo Ministerial del Área Social ALBA-TCP. Recuperado en http://alba-tcp.org/contenido/acta-de-la-iii-reunión-del-consejo-ministerial-del-área-social-del-alba-tcp-19-de-marzo-de

Da Motta Veiga, P. y Ríos, S. (2007). O regionalismo pós-liberal na América do Sul: origens, iniciativas e dilemas. CEPAL. Serie Comercio Internacional 82. Recuperado en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf

Dieter, H. (2015). El retorno de la geopolítica. La política comercial en la era del TTIP y el TPP. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Recuperado en http://nuso.org/documento/el-retorno-de-la-geopolitica/

Escobar, A. (2016). Desde abajo, por la izquierda y con la Tierra. Disponible en http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2016/01/desde-abajo-por-la-izquierda-y-con-la-tierra.html

Falconí, F. (2015). Desde nuestra región es posible plantear un mundo diferente. En Brito, G. y Lewit, A. (Coord.). Cambio de época. Voces de América Latina. Recuperado en www.celag.org/project/cambio-de-epoca-voces-de-america-latina/

Falomir, N. (2013). La identidad de Unasur: ¿regionalismo post-neoliberal o post-hegemónico?”. En Revista Ciencias Sociales, 140. Recuperado en https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/12316

García Delgado, D. (2001). El modelo neoliberal en Argentina y la integración. ¿ALCA o MERCOSUR?. Nueva Sociedad, 19. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Recuperado en www.ambiental.net/.../GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2

Guydnas, E (2013). Izquierda y progresismo: la gran divergencia. Agencia Latinoamericana de Información –ALAI. Recuperado en https://www.alainet.org/es/active/70074

Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires: CLACSO.

Lazo Cividanes, J. (2007). Luchas hegemónicas y cambio político: el avance de la izquierda suramericana en la perspectiva comparada. Colombia Internacional 66. Bogotá. 96-119.

Leví, M. y Reggiardo, G. (2016). La Alianza del Pacífico en el regionalismo sudamericano actual. Revista Mexicana de Política Exterior, 106. Recuperado en https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n106/levireggiardo.pdf

López, Francisco (2016). América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha. Recuperado en <www.biblioteca.clacso.edu.ar>

La Tercera (2014). A 10 años de su creación, el Alba pierde influencia en América Latina. Recuperado en: http://www.latercera.com/noticia/a-10-anos-de-su-creacion-el-alba-pierde-influencia-en-america-latina/

Mejía, L. (2012). Geopolítica de la integración subregional. El rol de Brasil. Argentina: La Huella.

Mignolo, W. (2009). La idea de América Latina (la derecha, la izquierda y la opción decolonial). Recuperado en biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/CyE/CyE2/09idea.pdf

Ministerio de Defensa Nacional de Chile (2009). El Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR. Crónica de su gestación. Santiago de Chile: Grupo de Trabajo del Consejo de Defensa Suramericano.

Natanson, J. (2016). Integración a la Macri. Le Monde Diplomatique. Año XVII, N° 204. Recuperado en www.eldiplo.org

Orjuela, L. J. (2007). La compleja y ambigua repolitización de América Latina. Colombia Internacional 66. 16–35.

Comercio Exterior

Perales, J.R. y Morón, E. (Editores) (2010). La economía política del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Recuperado en www.wilsoncenter.org/lap

Racovschik, M. A. (2010). El Banco del Sur como impulsor de la integración financiera sudamericana. Recuperado en http://observatoriounasur.wordpress.com/2010/09/21/el-banco-del-sur-comoimpulsor-de-la-integracion-financiera-sudamericana/

Rossa, C. (2011). Heterogeneidad político-ideológica en América del Sur: tendencias y perspectivas de su incidencia en la configuración de la agenda regional de integración, 1998-2008. I Congreso Internacional de la Red de Integración Latinoamericana. Santa Fé: Univ. Nac. del Litoral.

Sader, E. (2015). El fin del ciclo (que no hubo). Agencia Latinoamericana de Información –ALAI. Recuperado en https://www.alainet.org/es/articulo/172389

Sanahuja, J. A (2009). Del “regionalismo abierto” al “regionalismo post-liberal”. Crisis y cambio en la integración regional en América Latina. En Martínez A., et. al. (Coord) Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2008-2009. Recuperado en www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02450.pdf

Sanahuja, J. A. (2012). Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: El caso de UNASUR. En Serbin, A., et. al. (Coord.) El regionalismo “post–liberal” América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Recuperado en http://www.cries.org/wp-content/uploads/2013/03/anuario2012.pdf

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (2015). La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Caracas

Serbin, A. (2009). América del Sur en un mundo bipolar: ¿es la Unasur la alternativa?. Nueva Sociedad 219, 145-156. Disponible en

Serbin, A. (2012). Déficit democrático y participación ciudadana en el marco del regionalismo post-liberal” en Serbin, A. et. al. (Coord.) El regionalismo “post–liberal” América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Recuperado en http://www.cries.org/wp-content/uploads/2013/03/anuario2012.pdf

Serbin, A. et al. (2012). Introducción. En Serbin, A., et. al. (Coord.) El regionalismo “post–liberal” América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Recuperado en http://www.cries.org/wp-content/uploads/2013/03/anuario2012.pdf

Serrano, A. (2015). América Latina en disputa. Venezuela: Editorial El perro y la rana

Svampa, M. (2013). «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad 244. 30-46. Recuperado en

Svampa, M. y Modonesi, M. (2016). Posprogresismo y horizontes emancipatorios en América Latina. En: La izquierda diario.

Tussie, D. y Trucco, P. (Ed.) (2010). Nación y región en América del Sur. Los actores nacionales y la económica política de la integración regional. Buenos Aires: Editorial Teseo.

www.alba-tcp.org (2006). Tratado de Comercio de los Pueblos. Recuperado en: http://alba-tcp.org/content/principios-fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp

(2014). Informe de Gestión. Recuperado en: http://alba-tcp.org/public/documents/decimo/Espanol/INFORME_de_gestion.pdf

(2017a). Proyectos Grannacionales. Recuperado en: http://alba-tcp.org/contenido/conceptualizacion-de-los-grannacional

www.alianzapacifico.net (2011). Declaración de Lima. Recuperado en: https://alianzapacifico.net/download/3-1-declaracion-de-lima/

www20.iadb.org (2009). Tratado Constitutivo del Banco del Sur. Recuperado en http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2013/12429.pdf

www.iirsa.org (2009). Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). Recuperado en http://iirsa.org/

www.unasursg.org (2008). Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Recuperado en https://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf

Notas

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