Resumen: La construcción de la memoria en América Latina. Las memorias en pugna en el Perú pos conflicto armado interno Entre 1980 y 2000 Perú vivió los años más violentos de su historia reciente. Veinte años de enfrentamiento entre los grupos de izquierda PCP-Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado tuvieron como saldo aproximado setenta mil personas asesinadas y desaparecidas, y una sociedad entera afectada directa o indirectamente. Finalizado el conflicto armado interno surgieron distintas memorias respecto a lo ocurrido. Por un lado, desde el Estado se conformó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación la cual reunió testimonios y construyó un relato explicando las causas e implicancias del conflicto. Las Fuerzas Armadas, comprometidas con violaciones a los derechos humanos, elaboraron una historia propia, distanciándose en varios aspectos del Informe Final de la Comisión. Mientras que los derrotados, ex militantes del PCP-SL y el MRTA, quedaron excluidos de cualquier iniciativa oficial sobre la memoria, y permanecen recluido en cárceles, exentos de toda participación política. En este trabajo buscamos analizar cuáles son los usos y abusos de la memoria colectiva, siguiendo en esto a Paul Ricoeur, que nos permitan comprender los alcances y límites de las políticas de verdad y reconciliación en el Perú posconflicto.
Palabras clave:memoriamemoria,PerúPerú,Sendero LuminosoSendero Luminoso,verdadverdad,reconciliaciónreconciliación.
Abstract:
In the last twenty years of the Twentieth century, peruvians lived the most violent period of their recent history. Twenty years of fights between the peruvian State and the revolutionary left groups PCP-Shining Path and MRTA left more than seventy thousand people dead or disappeared, and the whole society was affected directly or indirectly. After the internal armed conflict different memories emerged. On the one hand, the Commission of Truth and Reconciliation was formed from the peruvian State. The Commission compiled testimonies and constructed an explanation of the causes and implications of what happened. On the other hand, the Armed Forces, linked to human rights violations, elaborated their own story, distancing themselves from the Commission´s story in several aspects. The ex PCP-SL and MRTA´s militants are excluded from any official initiative on memory and they are imprisoned and exempt from any political participation. The objective of this work is to analyze which are the uses and abuses of the collective memory, following Paul Ricoeur, that allow us to understand the scope and limits of truth and reconciliation´s politics in the posconflict peruvian society.
Keywords: memories, Peru, Shining Path, truth, reconciliation.
Artículos
La construcción de la memoria en América Latina. Las memorias en pugna en el Perú pos conflicto armado interno
The construction of historical memory in Latin America. The battles of memories in Peru after the internal armed conflict
Universidad de Buenos Aires
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Recepción: 06 Enero 2018
Aprobación: 05 Junio 2018
América Latina (y el mundo) se batió entre dictaduras, regímenes autoritarios y genocidios durante la segunda mitad del siglo XX. Estos hechos traumáticos para las sociedades que se encontraban (o se encuentran aún) en transiciones democráticas, exigieron revisiones de los mismos para que no sucedan Nunca Más.
En este contexto los gobiernos de transición desarrollaron distintas estrategias, algunas de olvido y otras de visibilización y denuncia sobre los sucesos ocurridos. El caso argentino fue paradigmático en esto con su ejemplo, con la elaboración del informe del Nunca Más (1984) y por el fuerte reclamo de los organismos de derechos humanos exigiendo Juicio y Castigo a los culpables. A partir de estas experiencias traumáticas, las Ciencias Sociales en América Latina volcaron su atención a la Historia Reciente y a los estudios de las memorias que se disputan los significados de esas experiencias en el presente.
El Perú no fue una excepción en este proceso aunque los hechos se fueron desarrollando con posterioridad al de la mayoría de los países latinoamericanos. En los ochenta, cuando en Argentina se producía el retorno a la democracia, comenzó en el Perú el período denominado como Conflicto Armado Interno[1], nombre con el que se conoció al enfrentamiento entre el Estado peruano y los grupos armados revolucionarios Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru[2] (MRTA). Este conflicto duró más de veinte años y hacia fines de la década de los noventa comenzó a mermar, quedando aún hoy algunos grupos armados en la selva que permanecen en confrontación, aunque con distintas características que no analizaremos en este trabajo.
El gobierno de transición de Valentín Paniagua ordenó en el año 2001 la conformación de una “Comisión de la Verdad” (luego se añadió “y de la Reconciliación”. En adelante CVyR), que realizó una profunda revisión de los sucesos ocurridos en el Perú, sus causas, consecuencias y sus víctimas. Según este organismo, se estima que el saldo aproximado de muertos y desaparecidos asciende a casi 70.000 personas, y aún quedan gran cantidad de fosas comunes no identificadas.
El presente estudio busca analizar qué memorias en pugna resultaron de estos hechos de violencia política ocurridos en el Perú, tras el conflicto armado interno que conmocionó al país entre los años 1980 y 2000. En primer lugar, se realizará una breve síntesis de los años del conflicto armado interno y de la importancia de la CVyR. En segundo lugar, analizaremos las memorias y los olvidos que resignifican, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, los sucesos ocurridos partiendo de una relectura en el presente. Para ello realizaremos un análisis de la CVyR y de las “memorias en pugna” dentro y fuera de ella a partir de algunas propuestas y conceptos tomados de Paul Ricoeur en su libro La memoria, la historia, el olvido (2013).
Consideramos que el Estado peruano impuso un discurso respecto al conflicto armado que permanece vigente. A través de la CVyR, se instaló en su momento un discurso estatal que responsabilizaba a los grupos revolucionarios armados, y principalmente al PCP-SL por las violaciones a derechos humanos y asesinatos; criminalizándolo y reduciéndolo a un grupo de “terroristas”. Sendero habría sido el principal responsable e iniciador del conflicto, y si bien también se atribuía parte de la responsabilidad a las Fuerza Armadas, éstas quedaban en un segundo grado de responsabilidad, lo cual condujo a no cuestionar a la institución en sí, ya que fueron consideradas las “garantes del orden”.
Hoy en día la coyuntura política está cambiando respecto de la última década en toda América Latina. En la región es posible observar un fortalecimiento de los gobiernos neoliberales de derecha[3]. El Perú no está ajeno a esta tendencia. Actualmente, el Estado cuestiona la labor de la CVyR y busca imponer una mirada de carácter “noventosa” sobre el conflicto, dándole voz a las posturas de muchos funcionarios fujimoristas, que impulsan un discurso de impunidad a la gestión de Fujimori[4] y condecoran la labor de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto nuestra hipótesis sostiene que el Estado construye una “memoria manipulada” (en términos de Ricouer), a través de la cual logra fortalecerse como garante del orden y la seguridad. Esta estrategia permite ocultar y reducir las implicancias de las causas sociohistóricas que condujeron a la violencia en el Perú e impide llegar a una “reconciliación” con los sectores de izquierda que optaron por tomar las armas para conseguir un cambio revolucionario.
El conflicto armado en el Perú se desencadenó en el año 1980 tras la decisión de Sendero Luminoso de iniciar la “guerra popular” para derrocar al Estado peruano. Ese año, Perú se reincorporaba a la vía democrática, tras la dictadura militar del general reformista Velasco Alvarado (1968-1975) y su sucesor neoliberal, el general Morales Bermúdez (1975-1980). Siguiendo a Ansaldi y Giordano (2012), este enfrentamiento estuvo enmarcado en la “segunda oleada revolucionaria” en América Latina. El periodo del conflicto (1980-2000) incluyó la mayor crisis económica e hiperinflacionaria del siglo XX en el Perú[5], lo cual generó gran inestabilidad política y económica con la implementación de políticas neoliberales que incluían despidos y privatizaciones a grandes escalas. En el plano ideológico este periodo tiene como característica la lucha contra el terrorismo en toda América Latina. La misma, enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional durante la Guerra Fría, se correspondía a la influencia y dependencia respecto del principal socio económico del Perú, Estados Unidos.
El PCP-Sendero Luminoso era un partido de ideología leninista-maoísta, que tenía como principal líder a Abimael Guzmán Reynoso[6], profesor de filosofía que sentó las bases ideológicas de este movimiento a través del “pensamiento Gonzalo”, considerado por él mismo y sus seguidores “la cuarta espada del marxismo”. El verticalismo y sectarismo de este partido no les permitió ver en las otras izquierdas potenciales aliados, generándose un aislamiento casi absoluto para el PCP-SL.
El área geográfica donde se concentró el accionar de PCP-SL en sus comienzos fue la sierra, principalmente en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica. Como señala Peter Klaren, esto no es casual si tenemos en cuenta las siguientes cifras: “en Ayacucho, el analfabetismo ascendía al 68,5%; el índice de mortalidad infantil era del 12,8%, el más alto del mundo, y la expectativa de vida promedio apenas llegaba a los 51 años, una de las más bajas” (Klaren, 2007: 34). Es decir, en las zonas más olvidadas por el Estado y golpeadas por la pobreza, el PCP-SL veía un potencial para el triunfo de su revolución.
Dos años después de la primera acción de Sendero, el gobierno de Fernando Belaúnde optó por la militarización del conflicto y dejó la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las instituciones militares nombrando a las áreas de la sierra afectadas como “zonas de emergencia”. Como señala Steve Stern, “la guerra también había dado a los militares una plataforma para que llevasen a cabo una “guerra sucia”, de estilo argentino (…)” (Stern, 1999: 18). Así, siguiendo las instrucciones, las fuerzas del orden aplicaron una estrategia de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer a Sendero Luminoso. Fue con la militarización del conflicto que éste empezó a registrar números alarmantes: “los 151 muertos de 1982 se convirtieron en 2.282; los heridos pasaron de 177 a 371, mientras que se despuntaba un nuevo rubro de las estadísticas de la violencia con 245 desaparecidos” (Rénique, 2003: 60).
Cuando las acciones de Sendero Luminoso llegaron a Lima, el impacto que produjeron fue mayor, reforzando el temor de que Sendero vencería definitivamente. Además de la costa y la sierra, la violencia también afectó las zonas selváticas, generando esto violaciones a las comunidades indígenas amazónicas como los ashaninkas (ver Informe Final CVyR, 2003). Un factor que sin dudas complejiza el análisis del conflicto responde a la enorme diversidad geográfica y poblacional que presenta el Perú.
1992 fue un año clave para el Perú no sólo porque en los primeros meses Sendero Luminoso parecía imponerse, sino también por el tristemente célebre ataque a la democracia que llevó a cabo el presidente Alberto Fujimori en el mes de abril, realizando un “autogolpe”, al disolver el Parlamento e intervenir el Poder Judicial. Se instauraba así un régimen autoritario y dictatorial que buscaba acallar cualquier oposición.
Buscando una justificación a la corrupción y violencia fujimorista se instaló un fuerte discurso desde el Estado y los medios de comunicación de lucha contra el terrorismo. El fujimorismo introdujo una durísima legislación antiterrorista: penas como la cadena perpetua, tribunales militares presididos por “jueces sin rostro”, el delito de traición a la patria, entre otras, contribuyeron a la eliminación de la “subversión”, denominación utilizada comúnmente para referirse a los grupos armados, pero que en estos años se extendió a cualquier oposición al régimen de Fujimori[7]. En ese contexto, el 12 de septiembre de 1992 el Grupo Especial de Inteligencia que formaba parte de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, logró capturar a la máxima cabeza del PCP-SL, Abimael Guzmán Reynoso. Días después el «Presidente Gonzalo» fue juzgado y condenado a cadena perpetua por un tribunal militar.
Con la caída de Guzmán, el PCP-SL comenzaba su retroceso. Las rondas y comités de autodefensa campesina también eran un gran obstáculo para los senderistas en la sierra: fueron creciendo en número y pasaron a ser aliados del Estado. En su origen, fueron rebeliones contra algunos “excesos” senderistas pero con el tiempo, se convirtieron en un poder campesino aliado a las autoridades, armados por el Estado y que alteraron la correlación de fuerzas en forma definitiva (Renique, 2003).
Tras una década de fujimorato, éste llegó a su fin en el año 2000. Masivas movilizaciones sociales como la Marcha de los Cuatro Suyus, y escándalos que dejaron a la vista la gran corrupción del gobierno, condujeron a la huida del país del presidente en noviembre de 2000, y a la formación de un gobierno transicional encabezado por el presidente del Congreso de la República Valentín Paniagua.
Es en esta coyuntura específica de “súbito colapso del fujimorismo” (Milton, 2014: 226), en que debemos situar la conformación de la Comisión de la Verdad, ordenada por el presidente Paniagua en julio de 2001, con el objetivo de esclarecer los sucesos ocurridos entre 1980 y 2000. Un mes después, el presidente Alejandro Toledo ratificó su existencia y cambió el nombre por el de Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVyR). El presidente de la CVyR fue Salomón Lerner Febres, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El trabajo de la CVyR finalizó en julio de 2003.
La Comisión se creó con la finalidad de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos” (Decreto supremo 065-2001-PCM, artículo 1°). También debía trabajar en pos de “la reconciliación nacional, al imperio de la justicia y al fortalecimiento del régimen democrático constitucional”, según lo señalado en dicho decreto.
La CVyR reunió los testimonios de diecisiete mil personas y documentó la existencia de más de dos mil fosas comunes con asesinados, muchos aún sin identificar. Además concluyó que el 75% de las víctimas eran campesinos quechuahablantes o miembros de otras comunidades nativas que no hablaban español. También propuso un Plan Integral de Reparación para las víctimas y sus familiares y realizó recomendaciones para que no se repitan experiencias parecidas en el futuro (IDEHPUCP, 2008[8]). La Comisión entregó en agosto de 2003 el Informe Final, donde se recopila todo el trabajo realizado durante dos años. Entre las principales conclusiones a las que llegó la CVyR podemos resaltar las siguientes:
- Sendero Luminoso fue el causante y principal responsable del conflicto armado interno y de sus consecuencias.
- En cuanto al número de víctimas, la CVyR concluyó que la cifra estimativa de víctimas fatales es de 69.280 personas.
- El perfil sociodemográfico de las víctimas indica que fueron los departamentos más pobres del interior del país los que más sufrieron la violencia. En Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se concentró el 85% de las víctimas. En este contexto, el 75% de las víctimas era quechuahablante o hablaban otra lengua nativa; y el 68% de las víctimas tenía un nivel educativo inferior a la educación secundaria o bien era analfabeta (CVyR, 2003 T.VIII, Conclusión).
El trabajo de la CVyR fue el principal hito tras el conflicto armado interno en cuanto a la construcción de la memoria sin embargo fue muy criticado desde distintos sectores. Por un lado, las Fuerzas Armadas fueron renuentes a aceptar las violaciones de los derechos humanos realizadas por su institución. De hecho, el Ejército peruano ha publicado su propia versión sobre el conflicto en un libro denominado En Honor de la Verdad, contraponiendo su relato al de la CVyR. Así mismo, el fujimorismo no vio con buenos ojos una comisión que dejaba al desnudo la corrupción y autoritarismo de los noventa. Por otro lado, el PCP y el MRTA denunciaron un discurso único en la CVyR, la cual estaba conformada por representantes del Estado (los vencedores) pero en la que no había ninguna representación de los grupos revolucionarios (los vencidos). Con críticas desde distintos frentes y con apoyo de los organismos de Derechos Humanos, la CVyR puso sobre el tapete el debate sobre las interpretaciones respecto al pasado reciente peruano.
La conformación de la CVYR, la definición de sus atribuciones e integrantes, abrió una batalla campal respecto a la construcción de la memoria sobre lo sucedido. Los miembros del PCP-SL querían tener representación para contar su parte de lo vivido. Pero desde la CVyR se entendió que eran terroristas y no habría reconciliación posible con ellos. Es imposible pensar en un relato único, o una sola memoria, ya que hubo distintas vivencias e interpretaciones sobre lo sucedido. Para las víctimas de los grupos subversivos no hay dudas respecto a quiénes fueron los culpables. Pero eso mismo podría pensarse de los familiares de asesinados y desaparecidos por fuerzas del Estado. El debate sigue abierto.
El gobierno de transición peruano consideró prioridad la formación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para reconstruir los sucesos ocurridos en el Perú entre 1980 y 2000, realizar un conteo de las víctimas y los daños, y otorgar a la sociedad orientaciones y líneas de acción para que no se repita un suceso similar. Este tipo de mecanismo utiliza el Estado para construir una visión de los hechos que se pretende quede impregnada en la memoria colectiva. Para analizar la misma, seguiremos la propuesta de Paul Ricoeur en su libro La memoria, la historia, el olvido (2013).
Ricoeur reconoce distintos niveles en los usos y abusos de la memoria: la memoria impedida, la memoria obligada y la memoria manipulada. La “memoria impedida” está relacionada con los traumas históricos y colectivos que acontecieron en la sociedad. Son las viejas heridas que es necesario revisar para que se produzca una verdadera “reconciliación” con el pasado.
La “memoria manipulada” está relacionada con abusos de la memoria y del olvido por quienes detentan circunstancialmente el poder. Para entender sus implicancias hay que relacionar la memoria con la identidad. La fragilidad de la memoria se relaciona con la fragilidad de la identidad. A identidades colectivas frágiles, corresponden memorias manipuladas.
Entre las causas de la fragilidad de la identidad, el autor señala la confrontación con “el otro” sentida como una amenaza. “Es un hecho que el otro, por ser otro, viene a percibirse como un peligro para la propia identidad, la del nosotros como la del yo.” (2013: 111). Además aquí entra en juego un factor que para Ricoeur es fundamental en la relación entre identidad y memoria colectiva: el fenómeno de la ideología. La ideología interactúa con la memoria y su construcción, dando como resultado lo que denomina “memoria manipulada”. Se modelan los relatos y las historias que atraviesan la configuración de la identidad y la memoria. La ideología aparece como aparato para la justificación del poder y de esta manera tiene lugar la construcción de relatos que buscan la legitimidad de los gobernantes por parte de los gobernados.
En la manipulación de la memoria, Ricoeur señala que puede haber una imposición: “la memoria impuesta está equipada por una historia “autorizada”, la historia oficial, historia aprendida y celebrada públicamente” (p. 116). Por otro lado está la “memoria obligada”, que conjuga el deber de memoria con el deber de justicia. Sin embargo, en el abuso de ésta encontramos la relación con la memoria impuesta y manipulada, ya que en esta “memoria obligada” el abuso se produce respecto a la idea de justicia. Según los relatos unos serán víctimas y otros victimarios. La justicia aparece también como un deber moral de reparación a las víctimas y aquí puede entrar en juego la ideología.
La memoria no es algo dado, sino un terreno en construcción donde distintas memorias pugnan por prevalecer sobre otras. Por ello, las instituciones estatales elaboran sus respectivas políticas de la memoria, las cuales contienen una intencionalidad y, siguiendo a Ricoeur, están impregnadas de ideología.
Como señala Elizabeth Jelin (2002), durante las dictaduras latinoamericanas (en Chile, Argentina, Uruguay, el stronismo en Paraguay; y podemos ampliarlo también al régimen autoritario fujimorista) el espacio público estaba monopolizado por un relato político dominante, donde los “buenos” y los “malos” aparecían claramente identificados (p. 41). Es en las transiciones a la democracia cuando se dan las condiciones para una apertura de debates y voces, los cuales van reconstruyendo distintas miradas, vivencias, experiencias sobre lo ocurrido: “esta apertura implica un escenario de luchas por el sentido del pasado, con una pluralidad de actores y agentes, con demandas y reivindicaciones múltiples” (p. 42). En el caso peruano, esta transición y apertura al debate aparece representada claramente con la conformación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2001). A partir de allí, comienza a librarse una puja para imponer en la opinión pública distintas memorias respecto al conflicto armado interno.
En el análisis del caso peruano podemos reconocer al menos tres sectores que pugnan por imponer su memoria como la única válida. Desde el Estado se han realizado políticas de memoria pero también de olvido. Por un lado, tras la caída del régimen autoritario de Fujimori, la primera medida de importancia fue la creación de la CVyR. Sin embargo, que la CVYR haya sido resultado de una política oficial, no significa que todas las autoridades estatales se hagan eco de este relato, pero sí que a través de luchas por la memoria, hay sectores que intentan hacer de esta construcción de lo sucedido un relato hegemónico. Desde esta mirada, las guerrillas han sido las principales responsables de la violencia y quienes ocasionaron los mayores daños, afirmando que estos grupos son los violentos y terroristas. Pero esta mirada no desconoce que algunos integrantes de las Fuerzas Armadas también cometieron violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas consideran que la CVyR es tendenciosa, ya que equipara su violencia con la de los terroristas. El argumento central es que las fuerzas del orden se enfrentaron en pos de la seguridad de la Nación y combatieron a terroristas que querían destruir el país.
Finalmente, están las memorias de los que perdieron. Ex senderistas y militantes del MRTA reclaman por un relato que los incluya y no los demonice. Denuncian las violaciones por parte de los agentes del poder, las desapariciones, torturas y asesinatos perpetrados por las Fuerzas Armadas, policiales y parapoliciales; y colocan como principal responsable de la violencia al Estado peruano y sus instituciones.
De este análisis se desprende que por más que ciertas memorias pretendan ser hegemónicas, existen otras memorias en pugna que cuestionan el “relato oficial”. A partir de lo expuesto, consideramos que los tres principales relatos que aparecen enfrentados en su interpretación de lo sucedido conforman lo que podríamos denominar “Triángulo de la Memoria” (ver imagen 1). En el vértice superior se ubica la memoria construida a partir del relato de la CVyR, la cual tiene gran aceptación en algunos sectores pero también es muy cuestionada por derecha e izquierda. La “memoria impuesta” a través de este relato se plantea como objetiva, basada en un riguroso trabajo científico y legitimada por el poder estatal, lo cual la convierte en un relato “incuestionable” y “verdadero”.
En el vértice inferior derecho de nuestro “triángulo de la memoria” se ubica la visión de las Fuerzas Armadas. Si bien esta construcción de la memoria coincide en algunos puntos con el relato de la CVyR (una categoría común en las dos visiones es la de “terrorista” para denominar al MRTA y PCP-SL), en el punto en que la CVyR denuncia a miembros de las Fuerza Armadas, se distancian. Las Fuerzas Armadas no consideran que lo ocurrido fuese un “conflicto armado interno” sino más bien una “guerra antiterrorista”, en la cual tenían la obligación de defender a la patria de un enemigo interno. Afín a estos relatos se encuentran los sectores fujimoristas que colocan por encima de cualquier violación y abuso del poder, la lucha contra el terrorismo.
En el vértice inferior izquierdo se encuentran las memorias de los grupos armados MRTA y PCP-SL, quienes denuncian haber quedado afuera de la CVyR y ser excluidos de cualquier política de memoria por “terroristas”. Esta denominación, lejos de ser una simple etiqueta, implica una política de eliminación de estos sectores, que quedaron recluidos en cárceles e impedidos de cualquier tipo de participación política. Renique (2003), al indagar en las cárceles sobre las memorias del conflicto que tienen estos grupos, llama la atención sobre la violación a los derechos humanos que sufrieron por parte de las Fuerzas Armadas y que no son tenidas en cuenta dentro de la “reconciliación” y las reparaciones establecidas por la CVyR. En estas “memorias impedidas”, ocultadas, silenciadas aparece la contracara del relato de la CVyR. Las diferencias con el relato de la CVyR en este caso son ideológicas y políticas.
Imagen 1. “Triángulo de la Memoria”: en el vértice superior la CVyR, en el vértice inferior derecho las FFAA, y en el vértice inferior izquierdo los grupos subversivos: PCP-SL y MRTA.
Entre estos vértices del “triángulo de la memoria” y uniendo a los mismos están los “lados” conformados por infinitos puntos donde aparecen otras memorias, más o menos relacionadas con alguna de las tres memorias expuestas. Estas cientos de miles de memorias pertenecen a los individuos que vivieron el conflicto o aquellos que lo conocen a partir de relatos de terceros. Podemos incluir aquí a los protagonistas activos, militantes, militares, familiares de detenidos desaparecidos, periodistas, autoridades, etcétera. O quizás profesionales, maestros, investigadores, campesinos, estudiantes que conocen y aprenden sobre lo ocurrido a través de quienes se encargan de la difusión del pasado reciente. Son las memorias de cada ciudadano que hacen luego a la memoria colectiva. Es por eso que la memoria no es una y verdadera, es múltiple, cambiante y no siempre conduce al consenso. Es en la construcción de una memoria colectiva sobre lo sucedido que las tres grandes memorias aquí expuestas pujan por modelar las memorias de los ciudadanos y convertirse en el “relato oficial” y verdadero sobre lo ocurrido.
Como señala Pilar Calveiro (2010), la memoria social se construye a partir de las luchas políticas y las memorias que pugnan por validar unos relatos y condenar otros. Es por eso que la autora enfatiza en la pluralidad de las memorias que responden a múltiples interpretaciones del pasado y sobre todo múltiples formas de significar ese pasado en el presente. Sobre el rol del Estado en esta lucha por la memoria, Calveiro observa que no es posible demandar una “intervención independiente del Estado”, ya que el Estado, lejos de ser “neutral”, es parte sustantiva y actuante en las relaciones sociales de poder.
A partir de lo aquí expuesto podemos señalar que la lucha por las memorias es una lucha política donde, como señala Calveiro, lo que está en juego es el uso político que se hace en el presente sobre los sucesos del pasado, es la resignificación del conflicto a partir de lecturas políticas del mismo. No podemos sustraer a la memoria de su dimensión política ni de su subjetividad.
A modo de reflexión entablaremos un diálogo entre las formas que pueden manifestarse en la memoria colectiva conceptualizadas por Ricoeur (2013) y de las cuales nos apropiamos en este trabajo a fin de analizar y reflexionar sobre los tres grandes grupos de memorias que intentamos “triangular”. Con este esfuerzo de tensionar categorías de Ricoeur con nuestros dinámicos objetos de estudio (las memoria peruanas, con énfasis en el plural) buscamos poder analizar cada posición desde una mirada más amplia de “construcción de las memorias” y a su vez intentar identificar cuáles son los factores que impiden una “reconciliación” real en la sociedad peruana tras el conflicto armado interno. Debemos aclarar que no pretendemos sintetizar todas las memorias sobre el conflicto, ni realizar un análisis exhaustivo de las aquí seleccionadas, más bien buscamos seguir ampliando el debate. Los tres grupos de memorias elegidas en este trabajo responden a criterios temáticos y al acceso a las fuentes para su análisis.
En primer lugar, ubicamos la memoria construida a partir del Informe Final de la CVyR. Partimos del presupuesto de que el Informe Final representaría una “memoria impuesta”. Al producirse la transición democrática, el presidente Valentín Paniagua ordenó la conformación de una Comisión para esclarecer los sucesos ocurridos durante el conflicto armado interno. Es decir que lo expuesto por la Comisión en el Informe Final se convirtió en un relato oficial “para que todos los peruanos sepan lo que sucedió y no se repita”. El Estado no es un todo homogéneo, por supuesto hay sectores del poder que también cuestionaron esta visión, pero si consideramos que tanto el Informe Final como los medios para darlo a conocer fueron resultado de políticas oficiales, podríamos afirmar que el mismo, como construcción estatal de la memoria, tiene las características de una “memoria impuesta”. Es así que entendemos la memoria impuesta como historia oficial.
Así, el Informe Final se convirtió en el relato fundacional de un nuevo Estado que emergía de la crisis de los años posteriores para hacer justicia. Y es en la exigencia de Verdad y Justicia que consideramos que la memoria construida a partir de la CVyR aparece también como una “memoria obligada”. Esto se debe al imperativo que tenía el Perú por esclarecer los sucesos y hacer justicia por las víctimas. Así, la memoria obligada es el deber de memoria pero aquí se considera también qué transmitir y cómo hacerlo. Y como señala Ricoeur, el deber de memoria es también deber de justicia, mediante el recuerdo, ya que hay una deuda hacia las víctimas que ya no están o que hay que reparar.
Sin embargo, el deber de memoria y justicia puede conducir a un abuso de memoria por accionar de la ideología y la manipulación. Y esto sucede al momento de pensar en la idea de justicia, ahí es donde justamente se conjuga la “memoria impuesta” y la “memoria obligada”. Las preguntas que nos surgen son: ¿qué justicia? ¿Para quiénes?
En esta memoria obligada hay una manipulación mucho más sutil que en la propiamente denominada “memoria manipulada” que aquí relacionamos con la de las FFAA. Las formas sutiles de manipulación de la memoria, en este caso, tienen que ver con “el sentido de una dirección de conciencia que se proclama a sí misma portavoz de las demandas de justicia de las víctimas”. Es la CVyR la que define quiénes son víctimas y quiénes victimarios. Volveremos sobre esta idea en breve.
Ricoeur nos recuerda que la memoria impuesta es la “historia oficial, aprendida y celebrada públicamente”. Por ello, la memoria obligada se vuelve memoria impuesta cuando, atravesada por la ideología, define qué se debe transmitir, qué se debe enseñar y qué hay que conmemorar.
El Informe Final es el trabajo más importante llevado a cabo hasta la fecha para comprender lo ocurrido entre 1980-2000. Sin embargo, la magnitud de su labor no impide que podamos observar aspectos necesarios de cuestionar, donde la memoria obligada se entrecruza con ideología conformando una memoria impuesta.
En primer lugar, resulta llamativa la afirmación contundente de que Sendero Luminoso es el principal responsable del inicio del conflicto armado interno y de sus consecuencias. El catalogar como “principal responsable” indica que el acusado es quien causó la mayor parte de los daños y debe pagar por ello. Las implicancias de esta afirmación no son menores teniendo en cuenta que, según el Informe Final, la principal responsabilidad por lo ocurrido no recae en el Estado. Si se coloca como principal responsable a los integrantes de la guerrilla maoísta, al menos debemos saber cuáles son los argumentos para ello y éstos son de corte cuantitativo: el PCP-SL es culpable del mayor porcentaje de hechos de violencia con 54% de presunta responsabilidad, mientras que el Estado queda en segundo lugar. La CVyR atribuye una presunta responsabilidad del 37% de las víctimas del conflicto a las FFAA y policiales.
Pero ¿es válido juzgar el mayor grado de responsabilidad de manera cuantitativa? Si, como afirma la CVyR, hay casi setenta mil peruanos y peruanas asesinados/as y desaparecidos/as… ¿hace la diferencia ser culpable de un 10% más o menos que las Fuerzas que representan al Estado? Esta es la primera cuestión que amerita mayor reflexión y revisión.
En segundo lugar, los datos que aparecen en el Informe Final hoy en día están desactualizados. El Informe es del año 2003, mientras que en el año 2015 la Defensoría del Pueblo publicó un estudio donde afirmaba que el número de desaparecidos durante el conflicto armado interno ascendió de 7 mil registrados por la CVyR a 15 mil personas desaparecidas identificadas hasta esa fecha, y tiende a crecer mientras avanzan los trabajos del Equipo Peruano de Antropología Forense. Pero hay algo más. El método de desaparición forzada de personas corresponde al modo de actuar de las fuerzas militares y policiales, no de las guerrillas. Es decir que, si la afirmación de la principal responsabilidad del conflicto tiene que ver con el número de víctimas atribuidas a un grupo u otro, el argumento de la CVyR debe ser cuestionado.
Ante esto cabría preguntarse: ¿tiene sentido seguir señalando al “más culpable”? ¿Podemos pensar en una “verdad” y “reconciliación” sin considerar la central responsabilidad que tiene el Estado?
Un punto a profundizar en próximos análisis es el debate en torno al concepto de “víctima”. En las políticas de reparaciones peruanas se reconoce como víctimas a todos aquellos que hayan sufrido una vulneración a los derechos humanos durante el conflicto, incluyendo a los integrantes de las fuerzas del orden afectados durante la lucha contra la subversión, pero excluyendo a los integrantes de grupos “subversivos”. ¿Por qué las FFAA pueden ser reconocidas como víctimas y los guerrilleros no? ¿Acaso no les violentó el Estado derechos fundamentales a muchos de ellos? ¿No se les sigue negando derechos elementales como la participación política? Desde esta “memoria impuesta” por la CVyR no hay lugar para preguntarse ni responderse estas cosas. Es en la “memoria impedida” de los vencidos donde podremos ver la otra parte de la historia que no se quiere transmitir en el discurso oficial.
Tanto la memoria impuesta como la memoria manipulada tienen que ver con una instrumentalización de la memoria por parte de quienes tienen el poder. Aquí es donde con mayor razón se producen los abusos de memoria y de olvido.
Los actos fundadores de los Estados modernos se basan en conmemoraciones de sucesos violentos y gloriosos que forjaron las identidades nacionales. Las memorias colectivas presentan celebraciones públicas donde victorias sobre el “enemigo” aparecen como hitos que cohesionan la sociedad. Aquí es donde encontramos el sentido de las instituciones estatales armadas, como el Ejército, la policía, que también tiene su origen en las violencias fundacionales.
En la “memoria manipulada”, que atribuimos a las fuerzas del orden, aparece nuevamente la ideología defendiendo los intereses de un sector dominante. También atraviesa las identidades, que se construyen de manera relacional frente al otro y que por ciertas conmemoraciones puede verse fortalecida y/o manipulada. “Los mismos acontecimientos que significan gloria para unos, para otros quiere decir humillación”, con esta afirmación Ricoeur nos recuerda que lo que cohesiona a las identidades colectivas es la distinción frente al otro distinto que además puede amenazar el “nosotros”. La demonización de los relatos, en este caso para identificar con claridad un “nosotros” y un “ellos”, es muy común, y más si hablamos de identidades nacionales. Es por eso que ciertas formas de abuso de la memoria se incorporan a la reivindicación de identidad –que es frágil y se construye en relación con el otro (Ricoeur, 2013).
El Ejército peruano publicó en el año 2010 un libro con su propia versión del conflicto, denominado En Honor de la Verdad. Escrito por la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú (CPHEP), cuenta los principales hitos de la guerra antisubversiva en pos de la derrota del PCP-SL y el MRTA. No dialoga con el informe de la CVyR, más bien busca contar otra verdad que aquella, según esta visión, no ha revelado a los peruanos. En la introducción se fundamenta que lo allí expuesto es la “verdad” por tratarse de una investigación profunda realizada por importantes profesionales. La motivación de esta obra es que los peruanos puedan construir una memoria con todas las voces, ya que las FFAA han tenido muy poca participación en el relato de la CVyR. También podría decirse que este libro constituye un intento de “limpiar” a las Fuerzas Armadas de cualquier denuncia sobre su accionar durante el conflicto armado interno, al punto de caer en ciertos momentos en una construcción cuasi hagiográfica de ciertos superiores del Ejército.
El Ejército denomina a los años que van desde 1980 hasta 2000 como “época de la guerra contraterrorista”, no como “conflicto armado interno”, que es la denominación de la CVyR y la más aceptada. A su vez, a los grupos armados se los menciona como OT-MRTA y OT-SL (“OT” son las iniciales de “organizaciones terroristas”). Consideran que el Perú atravesó por una etapa de guerra y utilizan un lenguaje belicoso, por ejemplo al señalar las zonas de enfrentamiento como “campos de batalla”. En el discurso militar se justifican las intervenciones militares a las universidades nacionales, reconociendo haber establecido bases militares en las casas de altos estudios donde había senderistas, “falsos estudiantes” que hacían de la universidad una base ideológica del terrorismo.
Cuando nos referimos a la “memoria manipulada” entendemos que por cuestiones de ideología se construyen falacias o errores intencionales que cambian el significado de lo ocurrido. Eso es lo que podemos observar al analizar los relatos sobre violaciones a los derechos humanos y las masacres a comunidades campesinas perpetradas por las fuerzas del orden. En el libro se hace mención de sólo dos masacres donde los militares tuvieron que dar explicaciones por su accionar al tratarse de asesinatos de campesinos en gran escala. En el primer caso, la masacre de Accomarca ocurrida en 1985 y que tuvo como saldo la ejecución de 70 campesinos por parte del Ejército, es presentada como un “lamentable exceso” en el cual solamente estuvieron involucrados dos soldados de bajo rango. Así, uno de los hechos más violentos del conflicto queda minimizado y reducido a una confusión de dos oficiales que nada tuvo que ver con el operar de la fuerza[9]. El segundo caso que se menciona es el de la masacre de Cayara, ocurrida en 1988, en la cual los militares fusilaron a los habitantes del pueblo del mismo nombre, muriendo hombres, mujeres y niños. En esta situación el Ejército desconoce cualquier responsabilidad sobre el tema y hasta el día de hoy no hay imputados por el hecho. No se hace mención a otros casos y mucho menos puede leerse una disculpa por parte del Ejército. En la negación está la manipulación de la verdad.
Además, la CPHEP omite cualquier participación en la desaparición de personas o violaciones a las mujeres lo cual, está probado, fue un comportamiento regular de las FFAA y la policía. Incluso señala: "Las violaciones de derechos humanos que lamentablemente sucedieron durante la guerra no fueron una práctica sistematizada, ni ordenada ni orquestada por los entes rectores del Ejército del Perú, sino que fueron hechos de absoluta participación y decisión individual" (CPHEP, 2010: 301). Es decir, se niega rotundamente cualquier sistematicidad en este accionar, evadiendo la responsabilidad como Fuerza y afirmando que si hubo abusos fueron perpetrados por decisiones individuales de personas particulares. Esta afirmación va en contra de las evidencias existentes. Está probado que militares y policías desaparecían personas y esta práctica se llevaba a cabo de modo regular[10]. También fue una práctica común a estas fuerzas el intentar eliminar toda evidencia: calcinar los cadáveres o arrojarlos en fosas comunes en sitios de difícil acceso, además de tomar las precauciones de dejarlos irreconocibles, por ejemplo descuartizándolos.
El Informe de Defensoría del Pueblo n°55 del año 2002 analiza las desapariciones forzadas registradas hasta esa fecha e indica que hay una correlación entre la declaración de zonas de emergencia y la militarización de Ayacucho con la gran cantidad de desaparecidos a partir de 1983. Además, por el modus operandi y las denuncias de familiares, este informe estima que
Las cifras muestran que las denuncias sindican mayoritariamente a los miembros de las fuerzas del orden como presuntos autores directos o inmediatos de las desapariciones de personas. De confirmarse ello, podría permitir inferir -dada la magnitud del fenómeno y la estructura jerárquica de las fuerzas del orden- que las acciones cometidas respondían a estrategias diseñadas por mandos de dirección, no eximiendo esto de la responsabilidad individual de los que directamente llevaron a cabo la privación de la libertad. Así pues, se podría afirmar que las desapariciones en el Perú habrían seguido un patrón de actuación similar a los que ocurrieron en otros países de nuestro continente. (Defensoría del Pueblo, 2002: 126)
Estas observaciones se corresponden a los testimonios de miembros de la organización de derechos humanos ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú), creada en Ayacucho en 1983. En un libro denominado ¿Hasta cuándo tu silencio?, publicado en el año 2015, ANFASEP recopila varios testimonios, entre ellos los de veinticuatro familiares que denuncian desapariciones forzadas, coincidiendo todos estos en que los responsables de las mismas fueron “sinchis” (policías) o militares. Del total de personas desaparecidas en el Perú, el 45% corresponde a casos ocurridos en Ayacucho. Si bien la CVyR registró 8558 personas desaparecidas, ANFASEP observa que el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público señaló en 2013 que existen hasta la fecha 15731 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno.
ANFASEP denuncia también la existencia de sitios de detención y “botaderos de cadáveres” donde se eliminaban los cuerpos. En el libro se enumeran algunos centros clandestinos de detención y tortura en Ayacucho, entre los que podemos mencionar el cuartel “Los Cabitos”, donde además de centros de detención existía un horno crematorio. Contiguo al cuartel, en el territorio denominado “La Hoyada”, se encontraron fosas individuales y colectivas con restos óseos que hasta el año 2011 daban una sumatoria de 110 personas identificadas, entre varones mujeres y niños e indicios de incineraciones de restos de personas desaparecidas.
De lo aquí expuesto se desprende la gravedad de la negación de los delitos cometidos por parte de las Fuerzas Armadas, a lo cual se suma que estas fuerzas eran las “garantes del orden” y las que debían proteger a los ciudadanos.
No podemos pasar por alto el hecho de que la CPHEP al describir los años del fujimorismo no realiza ninguna mención de la crisis institucional ni del autoritarismo del gobierno. La única apreciación sobre la presidencia de Fujimori es el reconocer que supo escuchar la demanda de la población respecto de una legislación más dura contra el terrorismo.
Desconocer que existió una sistematicidad en cuanto al actuar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el “terrorismo” es negar lo que la historia y los testimonios afirman. Las desapariciones forzadas fueron perpetradas por policías y militares que actuaban en la clandestinidad, ingresando a domicilios en horas de la madrugada llevándose a sospechosos de los cuales no se volvía a saber nada. A su vez la presencia de un horno en Los Cabitos demuestra que hubo una política de ocultamiento de los crímenes que se estaban cometiendo por parte de los militares. Si las FFAA no reconocen estos abusos y no se juzgan como delitos de lesa humanidad, se seguirá contando una historia manipulada que lejos está de lo que realmente pasó.
Consideramos como “memorias impedidas”, apropiándonos del término de Ricoeur (2013), a las memorias de los dos grupos armados revolucionarios que se enfrentaron al Estado durante el conflicto armado interno: el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
La “memoria impedida” puede calificarse también como memoria “herida” o incluso “enferma”. Por eso se habla también de una memoria traumática. Se trata de heridas simbólicas en la memoria colectiva que exigen curación.
Si bien estos dos grupos tuvieron miradas distintas respecto a los medios y al fin de la revolución que estaban desarrollando (diferencias ideológicas y prácticas que escinden a la izquierda), ambos tuvieron el mismo (mal)trato luego de la derrota. Ya sean ex militantes del PCP o del MRTA, desde el fin del conflicto tienen vedada toda participación política, incluso si ya han cumplido su condena, no se les permite la participación en partidos ni sindicatos, y sobre todos ellos pesa el título de “terrorista”.
Respecto al régimen carcelario, los acusados de terrorismo fueron recluidos en prisiones de máxima seguridad siendo las más conocidas Yanamayo o Challapalca (Renique, 2003). Además de acusaciones de terrorismo, recayó sobre ellos la acusación de “traición a la patria”. Renique señala la ironía de que este delito también recayó sobre guerrilleros del MRTA que eran extranjeros, muchos de ellos apelaron a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado de torturas y condiciones inhumanas de detención[11].
Yanamayo estaba ubicada en Puno, cerca del lago Titicaca, a cuatro mil metros de altura. La situación para los “terroristas” podía empeorar, porque existía la amenaza de traslado a un penal más temible que Yanamayo, que era el penal de Challapalca,
Situado a 4,600 metros sobre el nivel del mar, en un inhóspito paraje de la frontera entre Bolivia y Chile. Un verdadero «Gulag» -observó una organización de defensa de derechos humanos-que equivalía a la instauración de «una forma lenta y encubierta de aplicación de la pena de muerte». La «cárcel-tumba» por antonomasia” (Renique, 2003: 96-97)
Prácticamente todos los ex militantes y simpatizantes de los movimientos armados coinciden en que la lucha armada ya no es un medio válido para conseguir cambios revolucionarios. Es por eso que el PCP-SL como tal ya no existe, pero sí se han formado agrupaciones políticas que intentan ser reconocidos en la sociedad y obtener la legalidad para participar electoralmente. Desde los partidos tradicionales y medios de comunicación estas agrupaciones son acusadas de ser grupos de fachadas de Sendero Luminoso, difundiendo el temor de que, si se les permitiera la participación, volvería el “terrorismo”.
Con esto pretextos agrupaciones como MOVADEF (Movimiento de Amnistía y Defensa de Presos Políticos) o el más reciente FUDEPP (Frente de Unidad y Defensa del Pueblo) tienen prohibida la participación electoral y no pueden identificarse en las marchas. También es usual que cuando aparece un sindicato opositor al gobierno con un discurso más radical (como el caso del SUTEP), se acuse la presencia de infiltración terrorista. Esta situación merece un análisis mayor, pero remitiéndonos a los fines de este trabajo lo dejaremos aquí. Solo cabría preguntarse si en realidad no se está demonizando a una parte de la población, cerrándole los canales democráticos para el diálogo y la confrontación a los que todos los ciudadanos por el hecho de serlo tienen derecho.
En su libro La voluntad encarcelada, José Luis Renique (2003) transcribe un interesante “pronunciamiento de presos de Yanamayo”, quienes exponen al presidente de ese momento, Valentín Paniagua, argumentos que ellos consideran no pueden estar ausentes en la reconstrucción de un relato nacional sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno, tras conocerse que se constituiría la Comisión de la Verdad en el año 2001.
La denominada “visión Yanamayo” queda claramente delineada en una carta enviada el 25 de febrero de 2001 al presidente, y reproducida por Renique (2003). La misma tiene como autores a los “prisioneros políticos y prisioneros de guerra, procesados y sentenciados por los llamados delitos de 'terrorismo' y 'traición a la patria' recluidos en el Establecimiento Penal de Yanamayo”. Entre algunos puntos a destacar transcribiremos tres:
a. “El levantamiento senderista había sido una guerra de las masas en busca de su emancipación, por la opresión que «por siglos» habían sufrido. Un levantamiento contra un tipo de sociedad -semifeudal, semicolonial y de capitalismo burocrático-que constreñía el desarrollo y la democracia” (Renique, 2003:124-125).
b. “El PCP nunca había aplicado el genocidio, la tortura, el secuestro ni las desapariciones frente a un Estado peruano que «combatió la guerra popular desenvolviendo una línea y política genocida desde diciembre de1982»” (p. 125).
h. Con el proceso de «democratización de la sociedad peruana», debía procederse a «la solución política» de los «problemas derivados de la guerra», marchando hacia una «verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional» para «cerrar heridas», puesto que «la guerra ha terminado», debiendo culminar, por ende, «la venganza política del Estado peruano contra los prisioneros» y «respetarse lo que la Constitución establece sobre los ambientes que ocupan los presos» (pp. 125-126).
De lo aquí expuesto hay mucho para desarrollar: en primer lugar los presos se preocupan por recordar y justificar las razones que los llevaron a elegir la lucha armada. Ellos, buscando la emancipación de un país oprimido por siglos, intentaron cambiar el sistema. Diciéndolo de otra manera, si el Estado peruano hubiese hecho las cosas bien, no habría existido la necesidad de tomar las armas para hacer una revolución.
En el segundo punto que hemos seleccionado (ya que la carta contiene varios puntos más), aparece la cuestión que genera mayor controversia. Según esta versión, el PCP nunca cometió genocidio pero el Estado peruano desde que militarizó el conflicto en diciembre de 1982, sí. Aquí es utilizado un término -“genocidio”- que reviste de gran complejidad, y que en el caso de una acusación, resulta difícil de comprobar.
No sabemos si Sendero Luminoso cometió genocidio, lo cierto es que las condiciones materiales, la cantidad de integrantes y su preparación muestran una gran diferencia respecto a los recursos con que contaba el Estado. ¿Significa esto que Sendero Luminoso es “inocente”? Por supuesto que no. Sabemos, gracias al trabajo de la CVyR y a cientos de testimonios, que SL cometió grandes atropellos contra poblaciones acusadas de colaboración con el Estado, o simplemente por falta de “lealtad” total hacia los senderistas. Sabemos que muchas personas sufrieron la tortura y el asesinato por parte del PCP. Pero dejamos abierta la reflexión en este punto, por exceder a nuestro trabajo y por no contar con la suficiente información. Al menos, desde sus memorias, los ex senderistas aseguran no haber cometido genocidio. Sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el MRTA no sólo no cometió “genocidio” sino que además siempre mantuvo las estrategias de guerrillas guevaristas, realizando atentados aislados contra autoridades representativas del Estado o del capital transnacional, lo mismo que hiciera el PCP-SL en los años previos a la militarización del conflicto.
El último punto aquí expuesto de la carta de Yanamayo es un llamado a las autoridades políticas a una “verdadera reconciliación”. ¿A qué hace referencia este término en el lenguaje senderista? A la amnistía. Finalizada la guerra, y por ser “presos políticos”, los ex guerrilleros exigen la libertad. Aquí destacamos un punto fundamental: se autodefinen como presos políticos, no presos por terrorismo como les pesa en las acusaciones esgrimidas por el Estado peruano. Si son presos políticos tienen derecho a recurrir a la legislación nacional, pero al ser sentenciados por terrorismo hay un sinfín de derechos que les son anulados. Esta es parte de la lucha que hasta el día de hoy continúan quienes han sido acusados de esta manera.
Como señala Renique, tras conocerse que se establecería la Comisión, se desató una “batalla por la memoria”, teniendo el PCP como demanda principal la participación en la conformación de la comisión. Los “derrotados” querían contar su parte, reconocer que perdieron pero también que lo ocurrido durante los años de violencia en el Perú fue una “guerra popular” contra un sistema semifeudal y semicolonial. Otro punto clave en estas memorias es la responsabilidad que recae en el Estado, acusado de ser el genocida. Sin embargo como ya señalamos, la CVyR no los incluyó en la elaboración del Informe.
Si bien la memoria tiene que ver con el reconocimiento por parte de terceros, podemos señalar que existe una memoria impedida o una memoria herida dentro del mismo grupo de ex senderistas que reconstruyen los relatos aferrándose a una melancolía respecto a un objetivo de vida que ya no está. Al no poder hacer un duelo respecto a una lucha que perdieron, y al no haber una autocrítica –no pidieron nunca perdón por sus errores- se aferran a un relato que se repite con devoción y que les permite transmitir una gloriosa memoria de los derrotados. Ricouer (2013) afirma que sin un reconocimiento de las propias manifestaciones mórbidas, sin dejar de verse como un adversario digno de estima, no se puede reconocer el propio estado, y no puede haber “reconciliación”. Se trata de una memoria-repetición que se resiste a la crítica.
Finalmente, entre las “memorias impedidas” de los subversivos, debe señalarse el nivel elevado de torturas que sufrieron por parte de fuerzas del orden, lo cual fue desarrollado anteriormente. ¿Qué hacer con estas memorias? ¿Puede haber “reconciliación” si se desconocen estos hechos aberrantes? Finalizamos este apartado con una cita de Renique, tras su visita al penal de Yanamayo:
Con pequeñas variaciones, todos los testimonios siguen el mismo formato: un relato detallado de las violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas. Recuerdan, con obsesivo detalle, los insultos, las amenazas y otras ignominias, o denuncian muertes de familiares, amigos, vecinos, reclamando que se investigue. A los juicios sumarios -que a muchos les ha significado el encierro de por vida- se refieren con particular pasión. La disparidad entre las penas y su carácter sumarísimo resulta, de veras, chocante. Sin embargo, solamente los tres delegados (…) se reconocen militantes del PCP. Todos los restantes se presentan, más bien como víctimas de la política contrasubversiva: son, nada más ni nada menos, que representantes de las masas que se rebelaron -legítima y justificadamente- contra el Estado peruano. Hay otra memoria y otra verdad en esa fría aula de Yanamayo” [la negrita es nuestra]. (2003:132).
La memoria de la CVyR (ni qué decir de las FFAA), ignora estos relatos. De allí el impedimento de construir una memoria menos traumática (en el sentido de herida o enfermedad) y más real. Así, la memoria impedida se convierte en reinterpretaciones que unos cultivan con delectación melancólica y de los que otros rehúyen con mala conciencia. A unos les gusta perderse en ella, otros le temen, pero unos y otros padecen del mismo déficit de crítica (Ricoeur, 2013).
Durante la elaboración de este trabajo, en enero de 2018, pudimos entrevistar a un ex cuadro senderista, quien ya cumplió su condena. Ayacuchano, intelectual, nos manifestó que si bien no se arrepiente de la decisión de haber tomado las armas en su momento, reconoce que la construcción política en la actualidad pasa por otro lado. Brevemente, queremos señalar que cuidaremos la identidad de nuestro entrevistado, y profundizaremos sobre esto en un próximo trabajo. Pero no podemos omitir una mínima referencia: una constante que apareció a la largo de nuestro extenso encuentro fue el reclamo por el reconocimiento político en la actualidad. Si bien muchos ex senderistas ya han cumplido su condena (entre 20 y 25 años), el Estado los considera muertos políticos (palabras del entrevistado). No pueden participar en sindicatos, ni en partidos políticos, son considerados parias por familiares, vecinos, colegas. Recae sobre ellos una fuerte condena social y además, quienes ejercen la docencia -un número importante son profesores- perdieron o están por perder su trabajo, debido a una nueva normativa del Estado que prohíbe que cualquier persona que haya sido acusada de terrorismo se desempeñe en espacios educativos. No hace falta señalar que “terrorista” durante el fujimorato fue una etiqueta utilizada contra cualquier opositor.
El conflicto armado interno ha dejado grandes secuelas en la sociedad peruana. El dolor de las familias no se puede borrar con nada, el trauma en la sociedad tampoco. La CVyR elaboró el Informe Final proponiendo al gobierno reparaciones para las víctimas y orientaciones para que no se repita un suceso similar. Sin embargo gran parte del Perú sigue sumergido en la pobreza y la discriminación étnica continúa. El dolor se transformó en lucha para muchas mujeres que perdieron a sus seres queridos. Hoy ANFASEP es un ejemplo de resistencia. Santuarios de la Memoria se levantan en la profundidad de la sierra de Los Andes para ganarle al olvido.
La historia la escriben los que ganan. Hoy los terroristas están presos y los fujimoristas en el Congreso, mientras que las Fuerza Armadas son condecoradas como “defensoras de la democracia” y miles de familias aún no tienen justicia. La lucha política actual incluye una lucha por los significados de la memoria respecto al conflicto armado en el presente. En este sentido, hemos analizado las principales memorias que pugnan por ser hegemónicas en la memoria colectiva de los peruanos.
Por un lado, el discurso oficial de la CVyR, pese a todas las críticas, es el que tiene mayor difusión y grado de aceptación, principalmente en la academia, pero también en otros sectores. Está respaldado en una importante labor de dos años de recolección y análisis de testimonios. Sin embargo no podemos olvidar que detrás de una historia oficial se encuentra la ideología funcional a quienes tiene el poder. Esta mirada coloca el mayor grado de responsabilidad en el PCP-Sendero Luminoso, y los excluye de cualquier política de “reconciliación”.
En otro lugar se coloca la mirada del Ejército que directamente niega cualquier participación de las FFAA en las violaciones de DDHH. Esta negación, que no es otra cosa que la manipulación de la verdad, encuentra eco porque hay sectores del poder que se ven beneficiados con el silencio y la impunidad.
Finalmente la memoria de los derrotados resiste en las cárceles o fuera de ellas. Quienes hicieron la guerra al Estado también vivieron violaciones a la integridad de su persona y de sus compañeros. Han quedado excluidos de cualquier relato oficial y han visto anulados todos sus derechos políticos. Para el Estado son terroristas y traidores a la patria. En estas memorias impedidas aparecen las heridas y el trauma del torturado que no se asume como torturador. Se admite la existencia de excesos, pero no se pide perdón.
Como hemos sostenido a lo largo de este trabajo, las aquí expuestas no son las únicas memorias. Las memorias son múltiples, contradictorias, plurales. Es necesario reconocer esto para poder comprender lo que pasó y sus implicancias en el presente. Renique (2003) tras escuchar a los presos acusados de terrorismo se pregunta: ¿Pueden dos verdades distintas y hasta contrapuestas sustentar una reconciliación? A lo que también podríamos interrogarnos: ¿Puede una sociedad reconciliarse con su pasado si se demoniza al derrotado? ¿Puede haber verdad y justicia si hay casos que tras treinta años siguen impunes?
Frente a todo lo expuesto en este trabajo y siguiendo nuestra hipótesis consideramos que efectivamente el Estado construye una memoria manipulada, porque está atravesada por la ideología funcional al grupo dominante. En especial son las Fuerzas Armadas las que, pese a hechos escandalosos, han logrado mantenerse como las garantes del orden y la seguridad por haber vencido el terrorismo. Poniendo el foco en la lucha contrasubversiva se ha buscado reducir la responsabilidad del Estado por el inicio y desarrollo de la violencia en el Perú. No podemos dejar de lado el hecho de que Sendero Luminoso fue la mayor guerrilla latinoamericana, que sostuvo la lucha armada por veinte años y la única que realmente logró poner en jaque al Estado.
Ante esta situación solo nos queda pensar que una reconciliación de la sociedad con su pasado sólo podrá lograrse cuando la lucha por la memoria pueda desarrollarse con la libertad de argumentar y exponer las propias ideas de todos los ciudadanos. En una sociedad democrática deben garantizarse las vías para que todo aquel que piensa diferente pueda tener participación. Creemos que al excluir de la participación política democrática a los ex senderistas y ex emerretistas se están continuando con la violencia y en lugar de sanar se acentúan las heridas de la sociedad.
Imagen 1. “Triángulo de la Memoria”: en el vértice superior la CVyR, en el vértice inferior derecho las FFAA, y en el vértice inferior izquierdo los grupos subversivos: PCP-SL y MRTA.
