Introducción

En el presente artículo buscamos describir a los Estados oligárquicos con los que iniciaron el siglo XX Bolivia y Venezuela, así como explicar la manera en que se articularon las transformaciones estructurales que permitieron dejar esa forma estatal atrás y sus consecuencias a largo plazo, haciendo referencia especialmente en los cambios en la clase terrateniente, como principal componente de las coaliciones dominantes que sostuvieron al régimen. Por lo tanto se ahonda en los cambios que llevaron a la desaparición o transformación de dicha clase, mediante el estudio de la Reforma Agraria de 1953 en Bolivia y en los cambios producto de los hidrocarburos en Venezuela a partir de la década de los veinte.

Para ello se retoma el argumento de Barrington Moore (2002) respecto a la importancia de los campesinos y los terratenientes en la conformación de las democracias, los fascismos o el comunismo, si bien, dicho argumento no lo hemos trasladado hasta sus últimas consecuencias, el tipo de régimen resultante, toda vez que el recorrido no es de largo plazo sino que se centra en la primera mitad del siglo XX.

Moore (2002: 9, 18) busca explicar “los diferentes papeles políticos desempeñados por las clases superiores terratenientes y el campesinado en las sociedades agrarias”, debido a que: “la forma en que las clases altas rurales y los campesinos reaccionaron al reto de la agricultura comercial fueron factores decisivos para que se dieran determinados resultados políticos”. Lo que nos gustaría subrayar es la importancia que tienen las transformaciones estructurales que afectaron a los terratenientes en la desaparición del Estado oligárquico en Bolivia y en la transformación gradual pero inexorable de dicho Estado en Venezuela, en cuanto a base social del mismo, así como los resultados que tiene a largo plazo en la manera en que ocurre, pues sus consecuencias se reflejaron incluso en este siglo. Ello desde el marco de la sociología histórica, mediante un estudio comparativo con una perspectiva estructuralista. A su vez hacemos un alegato en favor de una visión de mediano y largo plazo para explicar fenómenos que parecen netamente contemporáneos.

Metodología

A finales de los años cincuenta del siglo pasado C. Wright Mills (2012) realizó un balance de las directrices generales en la ciencia social y enunció tres grandes tendencias históricas hasta ese momento: en primer lugar hacia una teoría de la historia, a su vez histórica y sistemática, dentro de la cual ubicó a los padres de la sociología, advirtiendo a su vez las posibles deformaciones que pueden conllevar visiones proféticas, generalmente obscuras, del futuro; una segunda tendencia estaba encaminada “hacia una teoría sistemática de la naturaleza del hombre y de la sociedad”, con una visión más bien estática y abstracta, que a su vez abandona la historia; la última tendencia era “hacia el estudio empírico de los hechos y los problemas sociales contemporáneos” cuya base principal se encontraba en Estados Unidos y venia de toda una tradición ligada a ese país. Mills hizo una fuerte crítica a la ciencia social de su tiempo, donde ubicó las dos últimas tendencias, toda vez que observó un abandono de la historia, lo que contradecía el espíritu de la ciencia social que “trata de problemas de biografía, de historia y de sus intersecciones dentro de las estructuras sociales”, por lo cual un “estudio social bien meditado requiere una concepción de alcance histórico y un uso pleno de materiales históricos” (Mills, 2012: 42-43). El diagnóstico fue acertado.

Norbert Elias (2012: 41) unos años después habló del dominio de una “reacción aguda contra aquellas teorías sociológicas que se ocupaban de procesos sociales a largo plazo”, trasladándose el centro de interés sociológico a la “investigación de datos sociales a los que se imagina como en situación normal de reposo y equilibrio continuo”. Haciendo hincapié en la necesidad de un “tipo de paradigma teórico que no se abstraiga del flujo temporal y reduzca, en la reflexión, a segmentos estáticos lo que cada uno observa en continuo movimiento” (Elias, 1998: 104). Por lo que propuso hacer una diferenciación respecto a las teorías del desarrollo: entre teorías históricas, que presentan los cambios de forma desestructurada, y teorías sociológicas del cambio social de larga duración. Lo que presenta una división entre la visión estática y la visión dinámica del cambio. Advirtiéndonos de tendencias teóricas que pretenden reducir “los procesos de cambio estructurado y direccionado de larga duración, a los cuales puede aplicarse el concepto de desarrollo (…) a un estado inmóvil como su condición permanente”.

Como una reacción contra esas tendencias comenzó a institucionalizarse en los años sesenta otra manera de hacer ciencia social, la sociología histórica, que tomó curso definitivo la década siguiente y que pugnó por una reposición de la temporalidad y la historia al interior de la sociología, recuperando principalmente el pensamiento de Marx y Weber (Ansaldi y Giordano, 2012a: 39), buscando explicar los procesos de cambio social a largo plazo desde una perspectiva que no ignorara la dimensión histórica. Representantes distinguidos de esta corriente son Theda Skocpol, máxime pontífice del movimiento según la denomina Ramón Ramos (1993: 2), Charles Tilly, quien se resiste a usar el membrete de sociología histórica, o Michael Mann. Barrington Moore Jr., Perry Anderson, Immanuel Wallerstein y Reinhard Bendix, son ubicados por Ramos (1993) como representantes, aun cuando no se adscriban explícitamente, nosotros añadiríamos a Norbert Elias. En Latinoamérica la obra de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (2012a; 2012b) hace uso de esta tendencia o hibridación de disciplinas (Dogan y Pahre, 1993 citado en Giordano, 2011), la cual apuesta por la combinación entre teoría social e histori(ografí)a. Hay que tomar en cuenta que esta corriente ha existido a lo largo de todo el desarrollo de las ciencias sociales (Burke, 2007), con especial énfasis en su nacimiento, pero es hasta esas décadas que empieza a tomar fuerza suficiente y ya no se ve reducida a las fronteras de las disciplinas, sino que hay un espacio cada vez mayor para su práctica.

Precisamente utilizar los fundamentos de la sociología histórica es lo que se propone en este artículo, auxiliándonos del análisis histórico comparativo, no solo por el alegato de recuperar la dimensión histórica como dimensión indispensable para explicar los procesos presentes, sino porque “las comparaciones son necesarias para comprender cuáles pueden ser las condiciones esenciales de los que estemos tratando de comprender” (Mills, 2012: 160). Para lo cual se propone un recorrido de mediano plazo en cuanto a la transformación o desaparición del Estado oligárquico, seleccionándose dos casos que la década antepasada fueron señalados por ser los más radicales del proceso que se denominó el giro a la izquierda de América Latina (Paramio, 2006; Petras y Veltmeyer, 2009; Regalado, 2012; Rodríguez y Barrett, 2005; Sader, 2009).

Mientras que Susan Eckstein (2001), alude a la perspectiva histórico-estructural, en la cual descansa su estudio de los movimientos sociales, para describir estas formas de acción colectiva en América Latina. De acuerdo con ella “la estructura social tiene importancia porque la distribución desigual de poder, de la riqueza y del prestígio produce intereses dispares en la gente que está situada de manera diferente en la jerarquía de grupo” (Eckstein, 2001: 17), demostrando que “la ideología, los valores, las tradiciones y rituales son importantes”, es decir, combina en su estudio una configuración histórica con un perspectiva estructural. Theda Skocpol (1984: 37-43) en su estudio de las revoluciones hace igualmente hincapié en la perspectiva estructural, en contraposición al voluntarismo al que otras corrientes teóricas aluden, recalcando el surgimiento, no la hechura, de ciertos acontecimientos, subrayando las pautas de relaciones entre grupos y sociedades.

Hay que tener cuidado con los determinismos apriorísticos que algunos han señalado en las obras basadas en una perspectiva estructuralista, donde se menciona que dejan fuera la acción de individuo, en realidad no es así, lo que trata de hacer la perspectiva estructuralista es tomar en cuenta factores que inciden en las decisiones y en los cursos de acción de los actores influenciados por estructuras económicas, políticas, sociales y culturales.

Por lo que partimos desde los fundamentos de la sociología histórica en cuanto a la necesidad de realizar recorridos de largo plazo a fin de explicar fenómenos que parecieran coyunturales, así como la perspectiva comparada y estructural de los fenómenos sociales.

Los Estados oligárquicos en Bolivia y Venezuela, trayectorias y coaliciones dominantes

Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (2012a: 465-466) nos proporcionan una valiosa conceptualización sobre las oligarquías como formas de dominación política, de acuerdo con ellos la oligarquía se caracteriza por:

La concentración del poder en una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política. En las sociedades con dominación oligárquica, la base social era angosta, con predominio de la coerción. En caso de existencia de consenso, fuera del núcleo dominante, éste era pasivo. La exclusión se justificaba por la supuesta o efectiva radicalidad o peligrosidad de los excluidos. Puesto que no se trataba de una clase social, sino de una forma de dominación, la oligarquía pudo ser elegida por clases, pero más frecuentemente lo fue por fracciones de clase y grupos sociales diversos, por ejemplo, terratenientes no capitalistas, terratenientes capitalistas, burgueses.

Por lo que “en América Latina, la oligarquía constituyó la forma predominante de ejercicio de la dominación entre alrededor de 1880 (y desde medio siglo antes en Chile) y 1930”, etapa en la cual la democracia fue una ficción (Ansaldi y Giordano, 2012a: 468), pues los grupos dominantes tenían como objetivo construir el orden, y con ese propósito se esforzaron el conservar la legitimidad democrática fundacional, pero a la vez la razón política evitaba el desborde de la multitud (Rouquié, 2011: 47).

La forma estatal^[1]por lo tanto adquirió la forma de los mecanismos de dominación, fue un Estado excluyente, en el que la población políticamente relevante era minúscula, con una gran capacidad de poder despótico al interior y en donde la gran mayoría se encontraban excluidos política y económicamente, aunque hay que subrayar que su poder infraestructural era relativamente débil.^[2] Tanto Bolivia como Venezuela reflejaron esta situación a inicios del siglo XX.

En Bolivia se habló de los barones del estaño, y con anterioridad de los patriarcas de la plata, como grupos con gran influencia en cuanto a los destinos de la nación. El proceso en el que se desplazó el poder económico y político del sur del país, el circuito de la plata, al norte, el circuito del estaño, fue complejo y llevó varios lustros. Por lo que “el desplazamiento definitivo de la minería de la plata y el surgimiento de la minería del estaño configuraron una nueva estructura de intereses económicos y políticos” (Rivera, 1985: 357). Con el tratado de 1904 en el que se cedía definitivamente el litoral a Chile “se colocó la última pieza en la estructura del poder minero. Nació la segunda república anclada sobre el Pacífico, apoyándose en la minería y sobre los despojos de las masas campesinas” (Almaraz, citado por Rivera, 1985: 357). Vinculando de forma más directa al país con la economía mundial, expandiendo sus exportaciones, durante un breve periodo incluyeron también un auge de la goma, que aumentaron 4.5 veces su valor entre 1895 y 1913, y que entre 1921 y 1929 crecieron 11.8 por ciento (PNUD, 1999; Rivera, 1985), pero a la vez se desarticuló el mercado interno, volviendo la economía sumamente vulnerable a los vaivenes externos, “la era del estaño es también la era de las crisis” (Rivera, 1985: 359). El crecimiento de la deuda externa en ese sentido fue impresionante, de iniciar el siglo sin ningún tipo de deuda (Cockcroft, 2001) pasó en 1920 a 2.2 millones de dólares y a 61,5 millones nueve años después, toda vez que Bolivia fue considerado un país “solvente”, ingresando con éxito a los circuitos financieros internacionales (Palenque, citado por PNUD, 1999: 13).

Sin embargo, y a pesar de la ascendencia que adquirirían los grandes propietarios de minas de estaño, los cuales protegieron sus intereses pero no ocuparon puestos políticos (Klein, 1993), la verdadera base social del Estado oligárquico boliviano se encontraba en los terratenientes del altiplano, quienes habían ido arrebatando tierras a las comunidades y consolidando su poderío desde el siglo XVIII. La famosa rosca, presente en las ciudades, una naciente clase media, si bien respaldaría la dominación oligárquica, y generaría cuadros de importancia decisiva en su caída, no era la responsable directa de los mecanismos más importantes de dominación, en una sociedad eminentemente agraria estos correspondían a las relaciones en el campo entre terratenientes y campesinos. En cuanto al ejército hay cierta ambivalencia al respecto, no podemos olvidar los gobiernos del socialismo militar que trataron de transformar a la sociedad boliviana, aliados con actores como los campesinos o los mineros, pero también a sectores conservadores de las fuerzas armadas que forzaron el denominado “sexenio” y que reprimieron los intentos de transformación (Albó, 2009; Dunkerley, 2003; Espinoza, 2010;Mejía s/f; Paz, 2003; Pearse, 1984; Pérez, 2014; Pinto, 2005; PNUD, 2007; Rivera, 1985, 2010). De ahí los cambios en las coaliciones dominantes durante ese periodo, como puede observarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Coaliciones dominantes en Bolivia 1899-1952.

Cuadro 1
Coaliciones dominantes en Bolivia 18991952

basado en Pinto (2005)

Años	Forma de régimen	Coalición en el gobierno	Principal forma estatal
1899-1936	Modelo oligárquico de democracia restringida	Oligarquías mineras y agrícolas agrupadas en el Partido Liberal y en el Partido Conservador y sus fracciones.	Oligárquica
1936-1939	Regímenes militares nacionalistas revolucionarios	Alianza popular militar.	Nacionalista
1939-1943	Regímenes militares conservadores	Alianza de los militares y la oligarquía.	Oligárquica
1943-1946	Regímenes militares nacionalistas	Alianza popular militar.	Nacionalista
1946-1952	Regímenes militares del “Sexenio”	Alianza de los militares y la oligarquía.	Oligárquica

A partir de 1936, como consecuencia de la derrota boliviana en la guerra del Chaco que se libró de 1932 a 1935 contra Paraguay, se pueden apreciar las construcciones de las coaliciones dominantes en Bolivia como una fuerte tensión entre dos polos opuestos, de un lado las alianzas, civiles o militares, que sostienen la dominación oligárquica, pugnando por preservar el statu quo y del otro lado los sectores populares aliados con sectores progresistas del ejército tratando de transform ar a la sociedad (Klein, 1993,2015; Pinto, 2005)

En Venezuela el siglo XX inició con el periodo de la “dominación andina”, un grupo de militares tachirenses se apoderaron del poder y a partir de ahí construyeron y fortalecieron el Estado oligárquico (Coronil 2002; Rey, 1991). Primero con Cipriano Castro a la cabeza de 1899 a 1908 y luego con Juan Vicente Gómez hasta 1935.

Castro trató de mantener una política hasta cierto punto nacionalista, que llevó incluso el bloqueo de los puertos venezolanos por buques alemanes, italianos y británicos en 1902 con pretensiones de cobrar una inflada deuda exterior, y rupturas en las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en dos ocasiones, la última de ellas en junio de 1908 (Cockcroft, 2001: 442-443; Ellner, 2014). Ese mismo año Castro viajó a Europa a tratarse de una grave enfermedad, ausencia que fue aprovechada para armar una conspiración en su contra que concluyó con el ascenso de Gómez al poder, apoyado por intereses imperialistas europeos y norteamericanos y por las clases dominantes locales. De esa manera se normalizaron las relaciones con las potencias imperiales, el primer acto del nuevo gobierno fue pedir la protección militar de los Estados Unidos para sostener al nuevo gobierno, y reconocer las exigencias hechas a Castro, así como la promesa de abrir las puertas al capital extranjero de manera indiscriminada (Maza, 1984). Políticas obsequiosas con el capital internacional, incluso calificadas por muchos de entreguistas (Bethell, 2002: 302; Cockcroft, 2001: 442-443), siguieron vigentes durante el resto del periodo gomecista, y se materializaron por ejemplo en la legislación petrolera de 1921 y 1922, que favorecía enormemente a las compañías extranjeras, a pesar de los intentos de ciertos actores por acotarlas (Betancourt, 1978: 12).

Con una expansión de la agricultura destinada a la exportación, en un inicio mediante la recuperación de la producción cacaotera y en seguida con la expansión de la producción del café, con exportaciones a Estados Unidos y Europa, se favoreció la formación de grandes latifundios, particularmente en la región centro costera. Por lo que los mecanismos de dominación durante la primera parte del periodo fueron similares akornine los bolivianos, los terratenientes eran el sostén del régimen, la exclusión política y económica se encontraba presente y también había una base económica exportadora, esta vez centrada en el café, y no en recursos mineros como en Bolivia, muy relacionada con las casas comerciales extranjeras presentes en el territorio (Carvallo y Ríos, 1985; Domínguez, 1985; Maza, 1984; Rey, 1991).

Pero lo que en verdad transformó la estructura socioeconómica venezolana y volvió irrelevantes los mecanismos de dominación del Estado oligárquico fue el descubrimiento de los ricos yacimientos de hidrocarburos, en particular de petróleo. Los cuales cambiaron por completo a Venezuela.

Mientras que en Bolivia la transformación del Estado oligárquico requirió una crisis externa, la Guerra del Chaco, y un proceso de descomposición que llevó cerca de veinte años, en el cual los diferentes actores sociales libraron cruentos enfrentamientos culminando con la desaparición de la clase terrateniente del altiplano, mediante una Revolución seguida de una Reforma Agraria, en Venezuela la transformación del Estado oligárquico fue gradual y se inició con el descubrimiento del petróleo y su evolución comercial.

Hay una interesante discusión respecto al cambio en Venezuela, muchos analistas no dudan en remarcar la importancia de la firma del pacto de Punto Fijo en 1958 como fuente de la modernidad política venezolana, consolidación de la democracia y del sistema de partidos, en dado caso retroceden al denominado trienio adeco, entre 1945 y 1948 cuando mediante un golpe de estado una facción de militares de mediana graduación en conjunto con miembros del partido Acción Democrática pertenecientes a la naciente clase media tomaron el poder de las manos de los herederos de Gómez, experiencia interrumpida por una dictadura militar que duró diez años (Bracamonte, 2015; Canelón y González, 1998; Kornblith, 1994, 1998; Moreno, 1996; Rey, 1991). Sin embargo, nosotros consideramos que lo que en verdad dio al traste con el Estado oligárquico y sus formas de dominación fue el descubrimiento del petróleo y la transformación que reflejó en la sociedad con la conformación de la “nación petrolera” (Coronil, 2002: 2).

La coalición dominante del Estado oligárquico venezolano, en particular durante el periodo de Gómez, tuvo das etapas, relacionadas con la transformación estructural económica y social producto del petróleo. En un primer momento el régimen se apoyó en los sectores exportadores, representados por la burguesía comercial, y en la clase terrateniente, en un segundo momento, en la década de los años veinte con el auge exportador petrolero, el sostén de Gómez siguió siendo la burguesía comercial, pero se agregó la burguesía bancaria y los monopolios extranjeros del petróleo, los cuales fueron cortejados enormemente por el dictador, que volvió dependiente al Estado de las compañías petroleras. Mientras tanto la clase terrateniente fue perdiendo importancia en la coalición dominante. El ejército por su parte se vio fortalecido y profesionalizado durante, por lo que la lealtad al régimen no se puso en duda, sobre todo cuando el dictador colocó a sus aliados en las posiciones de mayor importancia.

Cuadro 2. Principales regímenes, coaliciones y formas estatales de Venezuela 1899-2013.

Cuadro 2
Principales regímenes coaliciones y formas estatales de Venezuela 18992013

elaboración propia, adaptado de Pinto (2005)

Años	Forma de régimen	Coalición en el gobierno	Principal forma estatal
1899-1935	Modelo oligárquico dictatorial	Terratenientes y burguesía comercial y bancaria, monopolios extranjeros del petróleo, agrupadas alrededor de la dictadura de Castro, 1899-1908, y de Guzmán, 1908-1935.	Oligárquica
1936-1945	Modelo oligárquico de democracia restringida con cierta apertura política	Burguesía comercial y bancaria, y capital monopolista petrolero. Intentos de acercamiento a la pequeña burguesía, el proletariado y los campesinos.	Semi- Oligárquica

A la muerte de Gómez sus sucesores se apoyaron en la burguesía comercial y bancaria y también en el capital monopolista petrolero, con intentos de acercamiento a la naciente clase media, el proletariado y los campesinos en una forma estatal en que podemos catalogar de semioligárquica. No dudaron de la lealtad del ejército, pero no tomaron en cuanta el descontento, tanto de los mandos medios de unas fuerzas armadas cada vez más profesionalizadas ante la monopolización de las posiciones superiores por una camarilla ligada a Gómez, como de las nacientes clases medias que eran excluidas del poder político.

Bolivia: la reforma agraria del Estado Nacionalista, transformaciones de clase y de regiones

La derrota en la Guerra del Chaco transformó la forma estatal en Bolivia, iniciando un periodo de descomposición que se reflejó en los regímenes militares del nacionalismo revolucionario y sobre todo la Revolución Nacionalista de 1952 y la posterior reforma agraria de 1953, que barrieron las bases del Estado oligárquico, la Revolución destruyó su ejército en tres días y la reforma agraria sepultó sus bases sociales en el occidente del país desarticulando a la clase terrateniente y sus formas de dominación (Dunkerley, 2003; Klein, 1993, 2015; Paz, 2003; Pérez, 2014; Pinto, 2005; PNUD, 2007; Rivera, 2010; Zavaleta, 1979).

Bolivia era un país eminentemente rural al momento de estallar la Revolución. En 1950 había una población de 2,704,165 habitantes, de los cuales el 73.8 por ciento vivía en áreas rurales (INE, 2015a). La concentración de la propiedad en inmensas haciendas era bastante evidente (Dunkerley, 2003), como puede observarse en el cuadro tres. El 1.66 por ciento de los propietarios, es decir 1412 terratenientes, eran dueños del 65.3 por ciento de las tierras y, si lo desglosamos con más detalle, el 0.72 por ciento eran dueños del 49.58 por ciento de la superficie con propiedades de más de diez mil hectáreas.

Cuadro 3
Tenencia de la tierra (1950)

Censo Nacional Agropecuario, 1950 (citado en Dunkerley, 2003: 43)

Tamaño de la propiedad (hectáreas)	No. De propiedades	Total con dueño (hectáreas)	Total explotado (hectáreas)	Explotación según porcentaje
Menos de 5	51,198	73,877	40,028	54,2
5 a 50	19,503	278,459	86,378	31.0
50 a 200	5,014	478,291	76,090	15,9
200 a 1,000	4,033	1,805,408	134,790	7,4
1000 a 5,000	4,000	8,724,776	167,006	1,9
5000 a 10,000	797	5,146,344	55,365	1,0
Más de 10,000	615	16,233,954	85,850	0,5
Total	85,160	32,741,096	645,506

Por lo que la Reforma Agraria de acuerdo con Carter (citado en Malloy y Thorn, citado en Dunkerley, 2003: 104) se propuso seis objetivos básicos, materializados en el Decreto Ley No. 3466 firmado el 2 de agosto de 1953:

1 Proporcionar parcelas adecuadas de tierra a campesinos que poseían pocas o ninguna, siempre que las trabajaran, expropiando para tal efecto latifundios (“propiedades excesivamente grandes”). 2 Reponer a las comunidades las tierras usurpadas y cooperar en su modernización, con el pleno respeto de sus tradiciones colectivistas. 3. Asegurar la absoluta abolición del pongueaje. 4. Incrementar la productividad, la inversión y la ayuda técnica. 5. Proteger los recursos naturales. 6. Promover la migración del altiplano al oriente.

Como mencionamos con anterioridad uno de los mayores logros de dicha reforma fue la destrucción de la clase terrateniente tradicional boliviana del occidente del país, pero también la legitimación de la organización sindical de las comunidades campesinas^[3]. No hay que olvidar que todavía en 1930 la sociedad boliviana seguía siendo en muchos aspectos parecida a la sociedad de 1825, pues la mayoría de la nación todavía pertenecía al sistema agrario latifundista de la Colonia (Klein, 1993: 12, 185). La reforma propició por lo tanto la implementación del minifundio en la región occidental del país y, paradójicamente, la creación de grandes propiedades en el oriente, particularmente Santa Cruz (Barragán, 2009a,2009b; PNUD, 2007).

A decir de Danilo Paz (2003: 12) el capitalismo ya dominaba la estructura agraria boliviana antes de la reforma, basado en la hacienda como unidad de producción, mientras que después de la reforma son la parcela campesina y la empresa agrícola las unidades dominantes, sin embargo, nos recuerda Dunkerley (2003: 43) que:

En términos precisos y locales, la forma de tenencia y el cultivo de la tierra fueron diversos y complejos, combinándose varios sistemas de enfiteusis (derecho perpetuo sobre tierra de propiedad de un tercero o arriendo hereditario), usufructo (derecho a la posesión temporal y uso de tierra de propiedad de un tercero), cultivo comunal y el sistema europeo tradicional de feudo franco. Sin embargo, la correlación de poder y propiedad en el campo era muy clara y al mismo tiempo profundamente desigual, pues estaba basada en el sistema de latifundio (hacienda grande) establecido durante la colonia y expandido durante los siglos XIX y XX, en detrimento de las tierras comunales que sobrevivieron a la época anterior a la conquista.

También es importante recalcar la abolición del pongueaje, mitanaje en el caso de las mujeres, que matiza la afirmación de Paz sobre el predominio de relaciones capitalistas antes de la reforma, ambos eran servicios gratuitos y obligatorios prestados por parte de los campesinos al hacendado, generalmente por dos semanas al año, formalmente se abolió en 1945 durante la gestión de Villarroel, pero su supresión real se dio como consecuencia de la Revolución Nacionalista (Dunkerley, 2003).

La reforma agraria se desarrolló rápidamente, en particular en el valle de Cochabamba y en algunas regiones del altiplano, las zonas más afectadas por el latifundio y con una gran concentración demográfica (Arce, 2002).

El análisis realizado por Eduardo Arce (2002) sobre los primeros veinte años de la reforma proporciona un interesante vistazo al proceso, en el cuadro tres podemos observar la concentración de la tierra que primaba antes de la reforma agraria, una década después se pueden sentir los efectos de la reforma: hubo una disminución del latifundio en un veinte por ciento y a su vez un incremento de la pequeña propiedad (minifundio). En el área de cultivo tradicional compuesta por La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija se vio una marcada presencia de la pequeña propiedad, con un promedio de 5.6 hectáreas cultivables por propietario, con una importancia enorme en La Paz y Cochabamba donde se encuentra el mayor número de unidades con las menores extensiones de tierras. Mientras que los departamentos orientales la tendencia es contraria, es decir a la concentración de la propiedad en grandes extensiones de tierra, contraviniendo el espíritu mismo de la reforma. Santa Cruz, Beni y Pando promedian 82.5 hectáreas por unidad de producción con un pequeño número de propietarios. Tendencia que es llevada al extremo en Beni donde el promedio de propiedad es de 101.30 hectáreas (CENACO/SNRA citado en Arce: 2002: 165).

Dicha tendencia puede observarse en los censos agrarios posteriores, incluso de manera más marcada. A mediados de los setenta el impulso inicial que recibió la reforma había sido apagado, por su parte “las dictaduras militares se destacaron por la distribución gratuita y arbitraria de la tierra, especialmente en el oriente, para pagar apoyos y lealtades políticas” (Urioste, 2003: 58), que se observa en la concentración de tierras y en la transferencia de recursos del Estado.

El censo agrario de 1984 (INE, 2015c) no fue precisamente representativo del proceso debido a problemas en su realización, pero puede darnos una idea de la manera en que se distribuía la propiedad rural en esa década, mientras que el último censo agrario, llevado a cabo en el año 2013, muestra un escenario similar de fragmentación en una región y de concentración en la otra, así como la ampliación de la frontera agrícola sobre todo en las regiones orientales.

Cuadro 4.
Bolivia: número de unidades de producción agropecuaria (UPA) y superficie cultivada, según censos agropecuarios, 1950, 1984³⁰ y 2013.

Instituto Nacional de Estadística (2015b)(1) Superficie cultivada en la campaña de verano 2012-2013.(2) En el Censo Agropecuario 1984, los datos del departamento de La Paz solo incluyen las provincias Franz Tamayo y Abel Iturralde.

Departamento	1950		1984		2013
	Número de UPA	Superficie cultivada (En hectáreas)	Número de UPA	Superficie cultivada (En hectáreas)	Número de UPA	Superficie cultivada (1) (En hectáreas)
BOLIVIA	86.377	654.258,1	314.600	859.726,7	871.927	2.760.238,6
Chuquisaca	7.634	82.438,6	52.193	144.135,0	73.388	131.579,6
La Paz (2)	7.352	188.127,5	3.209	7.341,9	245.455	292.698,8
Cochabamba	31.996	125.702,7	79.574	116.147,7	181.536	200.512,8
Oruro	1.239	22.826,3	22.187	51.801,3	62.692	111.130,4
Potosí	15.683	137.683,1	80.429	133.247,0	123.991	159.952,4
Tarija	9.864	25.866,9	21.655	68.616,8	41.539	123.994,4
Santa Cruz	9.485	58.242,4	42.434	297.251,7	115.027	1.677.251,8
Beni	2.686	10.558,6	9.202	31.223,0	20.762	49.859,3
Pando	438	2.811,9	3.717	9.962,5	7.537	13.259,1

Por lo tanto una comparación entre los censos agrarios de 1950 y 2013, a pesar de la distancia de más de sesenta años, respecto a la tenencia de la tierra es más adecuada, pues muestra las grandes trasformaciones acaecidas en Bolivia despertadas por la Reforma Agraria. En primer lugar la enorme fragmentación de la propiedad rural toda vez que aumentó de 51,189 propietarios en 1950 a 507,243 en el año 2013, a su vez hay una disminución de las grandes propiedades en casi el cincuenta por ciento entre ambos censos, sin embargo, esa disminución puede ser engañosa si no se analiza por departamento.

En una comparación a gran escala se puede ver como en 1950 un porcentaje muy pequeño de propietarios era dueño del 65.30 por ciento del total de la tierra, mientras que en 2013 el porcentaje de esos mismos grandes propietarios, en cuanto a extensión de la unidad productiva, era del 23.14 por ciento del total, en cuanto al minifundio en 1950 el 60.12 por ciento de los propietarios eran dueños de unidades de menos de cinco hectáreas con apenas el 2.23 por ciento del total de tierras, en 2013 había 507,243 propietarios de ese tipo con un 2.13 por ciento del total de la tierra (Censo Nacional Agropecuario 1950, citado en Dunkerley, 2003: 43).

A su vez una comparación entre el occidente y el oriente del país puede resultar valiosa si se observa la distribución de propiedades en Bolivia en el último Censo Agropecuario del 2013. Santa Cruz y Beni concentran el mayor número de propiedades mayores de 5,000 hectáreas, con 385 y 318 respectivamente, de un total de 792 al año 2013, es decir Santa Cruz el 48.61 por ciento y Beni el 40.15 por ciento respecto al 11.24 por ciento del resto de departamentos, incluso el departamento de Cochabamba no tiene ninguna propiedad con estas características, lo cual refuerza el argumento de la consolidación de los grandes propietarios en las regiones orientales (INE, 2015b).

Si hacemos el análisis a la inversa, esta vez por regiones tomando el área occidental como los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí y los contrastamos con los de la llamada Media Luna, Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando encontramos que la primer región concentra el 86.12 por ciento de las propiedades con menos de 5 hectáreas, mientras que solo tiene el 6.94 por ciento de las propiedades con más de 5,000 hectáreas, es decir hay una concentración de pequeños y grandes propietarios por región.

Las Unidades de Producción en cuanto a la superficie cultivada igual demuestran la diferencia. En 1950 los tres departamentos más importantes respecto a superficie cultivada eran La Paz con un 28.75 por ciento del total, Potosí con 21.04 por ciento y Cochabamba con 19.21 por ciento, mientras que Santa Cruz apenas abarcaba el 8.9 por ciento. En el Censo de 1984 ya hay una diferencia importante, pero debido a los problemas de su aplicación es difícil decir que tan real es la información, sobre todo en La Paz que en el Censo anterior era el principal productor. En ese año el departamento oriental ya mostraba un repunte importante al tener el 34.58 por ciento del total cultivado. Pero el Censo de 2013 muestra claramente esta transformación, Santa Cruz cultivó el 60.76 por ciento de la superficie total, mientras que La Paz tendría un 10.60 por ciento, Cochabamba 7.26 por ciento y Potosí el 5.79 por ciento del total, siendo nuevamente los tres departamentos que siguieron en importancia (INE, 2015b). El aumento es espectacular, más si se toma en cuenta que los grandes propietarios se concentran en esa área.

Pero la Reforma Agraria no fue el único resultado de la Revolución de 1952, la universalización del voto, la nacionalización de las minas y la reforma educativa fueron los otros grandes pilares. Reformas que crearon en su momento grandes expectativas, que no se corresponderían con el paso del tiempo (Zavaleta, 1979).

La más importante de ellas, junto con la Reforma Agraria, por las posibilidades de cambio inmediato en la estructura de dominación oligárquica, fue la nacionalización de la minería, que llevó a la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y que jugaría un importante papel en la etapa venidera en cuanto a la acumulación de recursos (PNUD, 2007: 157), pero sufriría “un proceso de burocratización e ineficiencia” y se volvería la caja chica del gobierno (Dunkerley, 2003: 92-94), además del pago de generosas indemnizaciones a los dueños de las minas (Zavaleta, 1979). A pesar de que acabó con la gran minería, los procesos económicos posteriores fomentarían una capa comercial de intermediarios denominada “minería mediana” (Toranzo, 1993: 294). Si bien, la nacionalización fue indispensable en cuanto a la obtención de recursos para el Estado, la destrucción de los terratenientes vino de la fragmentación de la propiedad rural en el occidente boliviano, no de la nacionalización de las minas.

En síntesis se puede decir que la Reforma Agraria de 1953 transformó estructuralmente las bases de la sociedad boliviana. En una sociedad eminentemente rural eliminó a la clase de los grandes terratenientes, bases sociales de la dominación del Estado oligárquico, sobre todo en La Paz y Cochabamba, y en general en los departamentos del altiplano y del valle, y sus métodos de control, lo que propició la fragmentación de la propiedad y la presencia del minifundio en el occidente del país y la concentración de las grandes propiedades en oriente, que serían fundamentales para los enfrentamientos de la década antepasada entre La Paz y la Media Luna.

Los terratenientes en Venezuela, transformaciones de clase

Menciona Fernando Coronil (2002: 85) respecto al olvido que ha hecho la historiografía venezolana del periodo de gobierno de Juan Vicente Gómez:

La abrupta transformación de Venezuela de nación agrícola endeudada en rica exportadora de petróleo tuvo lugar durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, quien proporcionó a las compañías petroleras lo que se consideró de modo bastante unánime como un clima excepcionalmente ventajoso para sus inversiones, que a su vez crearon las condiciones políticas y económicas a favor de consolidar el gobierno dictatorial, convirtiendo a Gómez, por añadidura, en uno de los hombres más ricos de América. Durante este periodo formativo, el régimen y la industria petrolera foránea radicada en el país se condicionaron mutuamente. Juntos definieron el paisaje social en el que los venezolanos comenzaron a reconocer la elusiva presencia del mineral y a conformar su identidad política como ciudadanos de una nación petrolera.

Como resultado del auge petrolero el modelo agroexportador, sostén del Estado oligárquico, cayo a la par de sus principales beneficiarios, la clase terrateniente.

Durante el siglo XIX el Estado venezolano se sostuvo en los hacendados y ganaderos, mientras que comerciantes y prestamistas dominaban el capital comercial y financiero, las ciudades eran pequeñas y gran parte de la población vivía en el campo, no existiendo industrias de consideración (Maza, 1984). Esa situación siguió siendo similar en los inicios del siglo veinte. Si bien, ya antes del auge petrolero existía, de acuerdo con Armando Córdova (1973: 184), una contradicción bastante evidente entre “los terratenientes y la burguesía comercial exportadora”, al respecto mencionaba el Ministerio de Fomento (1869, citado en Córdova, 1973: 184):

Nadie ignora que los venezolanos por punto general carecen de capitales circundantes. La agricultura, por ejemplo, en frutos mayores depende enteramente del comercio extranjero; de él recibe con elevado interés los fondos que ha menester para la limpieza de las haciendas, recolección de las cosechas y sustento diario de las familias. Por consiguiente, el agricultor se encuentra sometido a la ley del prestador, no solo en cuanto a la utilidad o precio del dinero, sino aún respecto al valor mismo de los frutos. Si al cambiarse éstos en país extraño, se obtiene alguna ganancia, de seguro que ella no cede en provecho del productor. Apenas habrá algún propietario en actitud de sacudir la tutela, mandando él mismo a otra parte las producciones de su finca. Una cosa parecida tiene efecto en las demás producciones. Y he ahí otra de las causas del malestar de tantos cultivadores

Lo que muestra tanto la debilidad de la clase terrateniente como la dependencia que tenían de la burguesía comercial exportadora, la relación se sostiene pues era la única forma de simbiosis que permitía un proceso de acumulación. Al final la rentabilidad del café y de los productos de exportación era baja, lo cual aunado a la elevación de la productividad de varios países competidores desde finales del siglo XIX, el influjo de la Primera Guerra Mundial, con la bajada de precios y de las exportaciones agrícolas y la suspensión de préstamos de varias casas comerciales alemanas, la creciente escasez de mano de obra, y la falta de reinversión, pintaba un negro panorama en su existencia. A pesar de todo ello hubo un repunte a finales de la guerra, que es la situación en que se encuentra cuando se inician las exportaciones petroleras (Carvallo y Ríos, 1985; Córdova, 1973).

Es precisamente el auge exportador tanto petrolero como tradicional el que posibilitó la creación de un banco estatal de financiamiento agrícola, el Banco Agrícola y Pecuario. Pero la crisis económica de los años treinta acabó con cualquier esperanza de recuperación de las exportaciones agrícolas:

…] a la baja de los precios que vino a ser “ruinosa para todos” viene todavía a agregarse el golpe de gracia en 1934 por la vía de la desvalorización del dólar que pierde el 50 por ciento de su valor en relación al bolívar, lo que representó en la práctica una baja del mismo orden de las ya envilecidas exportaciones del café y del cacao que se ofrecían para dicho año (Córdova, 1973: 187).

Ante lo cual la clase terrateniente no se repondría, entrando en un lento declive en que fue perdiendo su poder político, tal vez acelerado por los préstamos concedidos que muchas veces favorecían la migración a las ciudades a fin de insertarse en otras áreas económicas más lucrativas. “Las exportaciones agrícolas se reducen con gran celeridad no sólo en forma absoluta sino también en forma relativa, pues pasan de casi 221.8 millones (98 por ciento) en 1920 a sólo 56.8 millones (7.6 por ciento) en 1936” (Soto, 1979: 68). Por lo que la crisis relegó a las exportaciones tradicionales a un segundo plano, lo que desarticuló las relaciones en el campo, a la par que el auge petrolero transformaba el panorama venezolano (Caballero, 1985; Maza, 1984; Melcher, 1995; Mieres, 1982; Tinker, 2003).

La migración a las ciudades y a las áreas petroleras a raíz del auge de hidrocarburos, a pesar de la oposición de la clase terrateniente, fue también muy importante, mientras que en 1920 la población urbana representaba apenas el 15 por ciento del total nacional en 1936 ascendió casi al 40 por ciento. A decir de Manuel Caballero (1985: 33): “la producción petrolera no sólo mató la producción campesina, cuyas estructuras sociales la hacían tan parsimoniosa, sino que, peor aún, la llevó al despoblamiento”.

Tampoco esto quiere decir que haya habido una disminución absoluta de la producción agrícola, sino que hay una transformación de las formas de dominación inherentes al Estado oligárquico y al modelo agroexportador.^[4] Como bien ilustra Córdova (1973: 183) al mencionar que dos tendencias transforman las relaciones de producción existentes en el campo:

Una, el desarrollo de ciertos núcleos de capitalismo agrícola que van a producir para el mercado interno en zonas cercanas a los campos petroleros y a las áreas urbanas en crecimiento. La otra, la perdida de importancia relativa de las categorías de campesino, arrendatarios y aparceros (renta en dinero y reta en especie), en favor del número de jornaleros.

Por lo que hubo una restructuración de la producción esta vez dirigida al interior y una disminución de la fijación a la tierra lo que debilitó las relaciones de servidumbre (Banco Central de Venezuela, 1971; Córdova, 1973). Y finalmente tampoco desaparecieron totalmente las formas de dominación oligárquica del campo, al no modificarse la estructura agraria en los esencial, pero sí desapareció el poder político de los terratenientes como sostén del Estado y por lo tanto su influencia (Maza, 1984).

En cuanto a la reforma agraria, el 5 de marzo de 1960, dentro ya del sistema del Pacto de Punto Fijo, se promulgó la Ley de la Reforma Agraria, que serviría para “la contención de la violencia social y política así como su contribución por esta vía a la consolidación del régimen democrático” (Gutiérrez y Fontana, 2003), aunque en términos de trasformación de la tenencia de la tierra no significó una conversión radical. En 1961 las explotaciones menores a diez hectáreas representaban 67.7 por ciento del total de unidades de producción, pero ocupaban 2.9 por ciento de la superficie solamente, mientras que las explotaciones de más de 1,000 hectáreas, si bien solo representaban 1.3 por ciento del total de las unidades, ocupaban 71.7 por ciento de la superficie. En 1984-1985 las superficies menores de 10 hectáreas representaban 60.2 por ciento del número de explotaciones, ocupando ahora 3 por ciento de la superficie, mientras que las propiedades de más de 1,000 hectáreas representan 1.7 por ciento del total de las unidades y siguen ocupando la mayoría de la superficie con 51.7 por ciento (Gutiérrez y Fontana, 2003: 497), por lo que, a diferencia de Bolivia, en términos de desarticulación de la clase terrateniente la reforma agraria fue irrelevante, pues llegó en el momento en que se buscaba formar una agroindustria y en que los terratenientes habían dejado de tener un papel importante en la coalición dominante estatal desde hace varias décadas.

El papel del petróleo en Venezuela, la desaparición del Estado oligárquico y la transformación de la sociedad venezolana

Pero estos cambios, la creciente debilidad de los terratenientes en el campo, aunada a su pérdida de poder político y la progresiva irrelevancia del campesinado como clase social, tienen un punto de origen que orbita alrededor del papel de Venezuela como productor de hidrocarburos. Respecto a la importancia que tiene el petróleo en Venezuela 1926 es un año significativo, tanto a nivel simbólico como material, pues los hidrocarburos superaron por primera vez las exportaciones tradicionales, la principal de ellas el cacao, y a partir de ese año se vuelven indispensables en la historia de Venezuela, como motor de desarrollo y como centro de las disputas respecto a la forma del Estado, pero también respecto a los beneficiados por él.

Cuadro 5.
Evolución del comercio exterior venezolano en la tercera década del siglo XX (En millones de bolívares)

Anuario estadístico 1955-1956 (citado en Aruj, 2003)

Año	Exportaciones de café, cacao, ganado, etc.	Exportaciones de petróleo y derivados
1921	122	12
1922	122	16
1923	128	29
1924	148	66
1925	193	137
1926	149	247
1927	163	281
1928	143	267
1929	185	549
1930	125	634

La abundancia petrolera permitió a Gómez realizar acciones espectaculares, como pagar la deuda externa venezolana en plena crisis mundial en la década de los treinta. La fuente de los ingresos estatales también cambió, nos dice Coronil (2002: 92) que:

[…] si antes estaba en los recursos provenientes de derechos sobre las importaciones y la imposición tributaria a los productos agrícolas cultivados por productores privados, paso a estar en las rentas producidas por la venta de recursos naturales pertenecientes a la nación.

Pero no es la única metamorfosis que trajo la bonanza petrolera. Hubo toda una serie de trasformaciones alrededor de las que orbitó en la estructura de clases, “la importación de bienes y servicios aumentó substancialmente con el impulso petrolero” (Maza, 1984: 482). Con lo que la burguesía comercial se fortaleció y amplió, remplazando, como ya mencionamos, al negocio agropecuario. También se fortalecieron los banqueros, coincidiendo en muchas ocasiones los intereses comerciales y financieros, orientando sus actividades hacia el comercio urbano y el mercado inmobiliario, afrontando igualmente el ascenso de nuevos intereses comerciales y manufactureros creados por la apertura petrolera (Coronil, 2002: 102).

A la par surgió un proletariado industrial, pequeño y concentrado alrededor de la naciente industria petrolera, pero también en la construcción -que iniciaría un periodo de auge-, y los servicios, a la vez que floreció también una pequeña burguesía en las ciudades (Maza, 1984), finalmente se fortaleció una ascendiente clase media compuesta por una elite urbana de profesionales y comerciantes (Coronil, 2002: 96) que pronto exigió un papel protagónico en la dirección del Estado (Ellner, 2014). Por lo tanto la política se hizo en las ciudades, aunque más bien habría que subrayar en La Ciudad, toda vez que Caracas se consolidó como el eje del Estado venezolano en lo que respecta al poder político.

Pues el espacio también se vio influenciado, la migración creciente del campo a la ciudad que habíamos mencionado, y la concentración geográfica en la capital, la zona centro costera y las franjas petroleras, dieron cuenta de ello, es decir: “la industria del petróleo reconfiguró el territorio nacional” (Coronil, 2002: 125). Las regiones centrales se vieron fortalecidas, al respecto nos dicen Josefina Ríos y Gastón Carvallo (1990: 94) que:

…se mantiene e incrementa la importancia de los principales centros urbanos (…) los ejes Valencia-Puerto Cabello y Caracas-La Guaira. Caracas, en su condición de asiento del gobierno central, tiende asimismo a concentrar las actividades económicas de mayor dinamismo o sus centros de decisión, a la vez que actúa como polo de atracción de una creciente población migrante.

Por lo tanto, hubo una “enorme concentración geográfica de la población así como de la actividad económica en torno a la capital y en general a la franja urbana costera aledaña a la zona de producción y exportación del petróleo” (Mieres, 1982).

Mientras tanto el Estado centralizó la renta petrolera a partir de la década de los treinta. En 1922 eliminó las concesiones a intermediarios privados nacionales, lo que confirió al gobierno el principal papel en la canalización de esos ingresos.

Baptista y Mommer (1988: 19) mencionan que, en sentido estricto, la distribución de la renta petrolera, en lo que llaman el capitalismo rentístico, inició en febrero de 1934 con el movimiento cambiario del dólar y la no devaluación del bolívar. La paridad oro de la moneda nacional frente al bolívar pasó de Bs. 5.18 a Bs. 3.06, lo que produjo un aumento del ingreso petrolero. La sobrevaloración de la moneda se constituyó en un eficiente mecanismo para apropiarse de las ganancias extraordinarias de la renta petrolera hasta la nacionalización de la industria en 1976. Pero también debilitó al sector agroindustrial tradicional, como ya habíamos mencionado, y favoreció a los sectores modernos concentrados en las ciudades, con un dólar más barato. Facilitando las importaciones y haciendo muy difíciles las exportaciones.

Desde la década de los treinta, los ingresos, directos e indirectos, de la renta petrolera constituyen más de la mitad del presupuesto nacional (Melcher, 1995).

La transformación se aceleró a partir de la década de los cuarenta y cristalizó definitivamente en los años sesenta, con el incremento momentáneo de los precios del petróleo, por lo que los patrones que se establecen en esas décadas se acentúan los años posteriores.

A nivel estructural fue el petróleo el que marcó la transformación social de Venezuela y su influencia sigue presente hasta la fecha. El gobierno central por su parte favoreció la consolidación de Caracas como centro del Estado. Las regiones dependen de la distribución del ingreso estatal más importante mediante el denominado situado constitucional. El principal problema al respecto es que “la industria petrolera independiza las finanzas públicas del nivel y ritmo de las fuerzas económicas internas” y las “subordina crecientemente a las fuerzas externas asociadas al negocio petrolero” (Kornblith y Maingon, 1985: 49), por lo que podríamos ciertamente sintetizar la importancia de este recurso natural de la siguiente manera: “en Venezuela no hay buenos o malos gobiernos, hay buenos o malos precios del petróleo”. Ya sea oro negro o excremento del diablo lo cierto es que alteró substancialmente a la sociedad y al Estado venezolano.

Hoy, a casi un siglo del inicio de esas transformaciones, podemos asegurar que, al igual que en los años noventa cuando lo afirmaba Elizabeth Garnica (1991), el petróleo: “aún continúa siendo el principal renglón de exportación con que cuenta el país, el sector más influyente en la actividad productiva nacional, la principal fuente de divisas y parte sustancial de los ingresos fiscales”.

Algunas breves consideraciones sobre el papel del campesinado y otros actores antioligárquicos en Bolivia y Venezuela

En el caso del campesinado ocurrió un proceso divergente. En Bolivia la matriz socioeconómica se concentraba en la comunidad que, si bien fue protegida todavía a mediados del siglo XIX cuando uno de los ingresos primordiales del Estado era la tributación de las comunidades, empezó a ser desmantelada una vez se recuperaron otras fuentes de ingresos (Rivera, 1985, 2010). Sin embargo, este desmantelamiento fue parcial solamente, pues la tradición organizativa y sus propias redes de confianza siguieron presentes, y a partir del siglo XX se reestructuraron alrededor de los sindicatos.

A diferencia de Bolivia la matriz socioeconómica en Venezuela no se encontraba en la comunidad indígena, “la hacienda de Venezuela no encontró una disponibilidad de fuerza de trabajo en la base indígena como en el caso del altiplano”, sino en las plantaciones esclavistas y posteriormente las haciendas con carácter latifundista (Carvallo y Ríos, 1985: 209, 228; Domínguez, 1985). Con lo que la cohesión social, las redes de confianza y las posibilidades del campesinado de conformarse como un centro de poder autónomo fueron diferentes, la atracción que ejercieron las ciudades, por las posibilidad de mejora en la calidad de vida, se vieron reflejadas en la rápida inversión de la población que pasó de ser mayoritariamente rural a urbana muy pronto -mientras que en 1920 el 85 por ciento de la población estaba catalogada como rural, en 1960 ese porcentaje había pasado al 32.5 por ciento-, y en la creciente irrelevancia del campesinado, sometido a mecanismos de explotación que no tuvieron muchos cambios, el mejor ejemplo de ello es la siempre inacabada reforma agraria, presente en las buenas intenciones de varios gobiernos desde el trienio adeco (Domínguez, 1985; Gutiérrez y Fontana, 2003; Powell, 1970; Stredel, 1973). Con lo que sus posibilidades de volverse un actor relevante a nivel nacional, como sus pares bolivianos, fueron casi nulas y como consecuencia no han sido un sector influyente en el devenir venezolano.

En Bolivia la última gran rebelión campesina-indígena fue en 1899, con el alzamiento del mallku aymara Pablo Zarate Wilka, también hubo una serie de rebeliones menores durante las primeras décadas del siglo XX en ocasiones amplias en otras muy localizadas, pero que terminaron fracasando (Klein, 1993; Rivera, 2010). Al mismo tiempo el auge del estaño y la trasformación económica aumentaron los números de la clase obrera boliviana, en particular los mineros. Por lo que fueron los obreros los grandes protagonistas de la Revolución de 1952 y posteriormente, ya agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB), formaron el famoso cogobierno con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que terminaría con el golpe de estado protagonizado por el General René Barrientos en 1964, llevándose a cabo a partir de ese momento una represión sistemática contra los sindicatos obreros y mineros (Dunkerley, 2003; Klein, 2015; Zavaleta, 1979).

Una vez que triunfó la Revolución los campesinos pasaron a “convertirse en botín para las facciones del MNR” (Rivera, 2010: 143). Con posterioridad fueron utilizados nuevamente, ya sea por algunas figuras carismáticas con peso en ese sector o como un medio de control estatal, piénsese en el General Barrientos o el Pacto Militar-Campesino, sin dejar de lado intentos de auto organización y de generación ideológica propios cuyo resultado más importante fue el katarismo, que a la larga permitieron la reivindicación de sus intereses conforme iban reafirmando su identidad, ya no solo campesina sino indígena, hasta desembocar en las grandes movilizaciones que llevaron al poder a un dirigente indígena y campesino en el año 2005 (Albó, 2009; Chávez y Costas, 2010; Dunkerley, 2003; Garcia, 2010; Rivera, 2010;Soto, 1994).

Mientras que en el periodo oligárquico en Venezuela la capacidad de los principales actores de propiciar una transformación social era escasa: “una clase media en expansión, pero dependiente del Estado, un proletariado combativo, pero pequeño y aislado; y un campesinado que menguaba y que carecía de organización política, parecían ser fuerzas débiles para impulsar la democratización venezolana” (Coronil, 2002: 148). Es por ello que solamente la rebelión de una parte del ejército, producto de la tensión entre un grupo de jóvenes oficiales graduados de la Academia Militar y los altos mandos andinos, modificó la situación, aliándose los primeros a Acción Democrática partido liderado por Rómulo Betancourt, dando lugar a un golpe de estado y al denominado “trienio adeco”, que duró entre 1945 y 1948, y que concluyó cuando esos mismos oficiales decidieron que los cambios eran demasiados radicales, tomaron el poder e implantaron una dictadura militar que duraría hasta 1958 (Jácome, 1999; López, 1986), cuando se negoció el Pacto de Punto Fijo y se estableció el sistema populista de conciliación de elites (Rey, 1991).

Conclusiones

En primer lugar hay que subrayar la importancia de los recorridos de mediano y largo plazo para explicar los fenómenos sociopolíticos, para lo cual el marco proporcionado por la sociología histórica proporciona valiosas herramientas de comprensión y explicación. Podemos detectar ciertas similitudes, pero también marcadas diferencias, en la trayectoria de los Estados oligárquicos en Bolivia y Venezuela y su desaparición. Si bien, ambos países iniciaron el siglo XX consolidando esa forma estatal, su transformación fue en direcciones diferentes.

En términos generales consideramos que la coalición dominante del Estado oligárquico, si bien le daba cierto margen de actuación a la élite estatal, por ejemplo el huir hacia adelante mediante la Guerra del Chaco en Bolivia o bien la posibilidad de profesionalizar el ejército y la hacienda pública en Venezuela, igual la condiciona a la protección de los intereses de esa misma coalición. Por lo tanto reproducen las formas de dominación y explotación de las oligarquías mineras y agrarias y de las burguesías comerciales.

Las transformaciones estructurales de ambos Estados inciden profundamente en el cambio de la forma estatal, en particular devastando o socavando paulatinamente, según sea el caso, el principal sostén de la coalición dominante. En el caso de Bolivia hay una desaparición de los terratenientes en el occidente del país a partir de la Reforma Agraria de 1953, lo cual a la par implicó un fortalecimiento del campesinado organizado alrededor de sus sindicatos, y su preservación como actor, aunque otra de sus consecuencias, paradójicamente, fue la creación de una potente agroindustria afincada en Santa Cruz; mientras que en Venezuela la extinción de los terratenientes como poder político, y soporte de la forma estatal, fue gradual, como resultado de las enorme incidencia del petróleo en todos sus ámbitos, a su vez el campesinado venezolano no tiene las características del boliviano no solo derivado de su matriz socioeconómica sino también de la pronta urbanización y creciente irrelevancia del mundo rural, todo ello producto del auge petrolero.

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Notas