En torno a la negación de la subjetividad jurídica animal han existido varios argumentos que han propendido por desconocer a los animales como sujetos de derechos. Descartes (1637, citado por Cárdenas y Fajardo, 2007) afirmó que a los animales no se les pueden reconocer derechos básicamente por tres razones: la primera obedece a que desde una concepción cristiana Dios ha dotado de alma solamente a los humanos con el fin de reconocerlos y que, por tanto, como los animales no tienen alma son simplemente maquinas más complejas creadas por Dios; la segunda razón deviene al considerar que la conciencia es un estado exclusivo del ser humano y que por tanto los animales no la poseen, lo cual para Descartes se hace indispensable para poder detentar derechos; la tercera razón se da en virtud de que los animales, como máquinas de mayor complejidad, no experimentan ni placer ni dolor.

Lo anterior evidencia que desde el siglo xvii se ha suscitado el debate en torno a si los animales son o no titulares de derechos, sin embargo, se dilucida que en esta época de la historia la concepción sobre los animales se ha visto fuertemente influenciada por doctrinas religiosas, como lo fueron los diferentes postulados planteados al interior de la Biblia y el Corán en donde se les dio a los animales un papel secundario. Además, el contexto ético del momento facultó al ser humano sobre los animales en virtud de considerar que por cuestiones innatas todos los recursos y objetos, incluidos los animales, estaban subordinados a las órdenes del hombre, razón por la cual se le negaba el reconocimiento como titulares de derechos (Cárdenas y Fajardo, 2007).

Ahora bien, existen posturas más recientes que abogan por el no reconocimiento de derechos para los animales. Los principales expositores de estas posturas son el profesor Richard Epstein (2002) y el filósofo y escritor Carl Cohen (2000).

Epstein (2002), en su libro Animals as Objects, or Subjects, of Rights, se pregunta si los animales deben ser tratados como objetos de la propiedad humana, o como portadores de derechos independientes; para abordar esta pregunta, parte de la hipótesis de que los animales a lo largo de la historia se han encontrado bajo el dominio de los hombres y que, por tanto, desde siempre han sido considerados como objetos, pero no como meros objetos, sino como objetos de especial estatus. Por tanto, los animales que han contribuido al desarrollo humano han sido retribuidos con especial protección por parte del propietario, de modo tal que al final se plantea que si bien los animales son objetos estos también son merecedores de ser catalogados como receptores de protección.

Epstein reconoce que, si bien el derecho nunca ha dejado de lado la regulación entre hombres y animales, esta prerrogativa que ha sido proclamada en favor de ellos solo les reconoce la mera posición de receptores de protección, mas no de sujetos de derecho, en la medida en que no son capaces de contraer y ejercer deberes y derechos.

Así, pues, concluye que los animales no pueden ser sujetos de derecho en la medida en que no reconocen ni diferencian el bien del mal, por tanto, es imposible reclamarles a estos la capacidad de ser agentes morales, lo cual genera que no quepan dentro de la estructura del derecho.

Por otra parte, Carl Cohen (2000) plantea en su libro The Animals Rights, a partir de un punto de vista científico, que los animales no pueden constituirse como sujetos de derecho en la medida en que un derecho es un reclamo válido o potencial, realizado por un agente moral, bajo el mandato de principios que gobiernan tanto al que reclama como al que recibe el reclamo. Cada derecho genuino tiene un poseedor, un destinatario y un contenido.

De tal forma que para este autor el hecho de que los animales no se puedan considerar como agentes morales y además no puedan hacer reclamaciones a través de un medio efectivo de comunicación, como lo es el lenguaje, implica necesariamente que no pueden detentar derechos. Sin embargo, Cohen (2000) reconoce que los animales no pueden ser tratados como meros objetos y que por tanto los humanos tienen determinadas obligaciones de cuidado y protección para con estos, de modo tal que no pueden justificarse hechos que les causen dolor y agonía sin justa causa.

Como consecuencia, establece Cohen (2000) que en caso de reconocerles derechos a los animales ello implicaría que estos podrían hacer reclamaciones de respeto a su vida, integridad y demás, lo cual, desde una visión científica, estancaría el desarrollo de la ciencia, pues no estaría permitido usar con un fin experimental a los animales.

En conclusión, las posturas que abogan por no reconocer a los animales como sujetos de derechos argumentan que estos no caben dentro de la estructura del derecho como titulares de derechos en virtud de que estos son incapaces de comunicarse mediante actos lingüísticos y por tanto no tienen la capacidad para expresarse y poder reclamar o justiciar los derechos que podrían reconocérseles.

También se niega su reconocimiento jurídico en razón de su falta de conciencia, lo cual permite establecer que los animales no poseen la capacidad para distinguir el bien del mal y por tanto no se les puede hacer reclamaciones en torno a los deberes que correlativamente deben surgir en el caso hipotético de reconocérseles derechos, motivo por el cual los que defienden el no reconocimiento de los animales como sujetos de derechos plantean que a lo sumo estos pueden ser protegidos por el derecho, lo cual no necesariamente implica que se les reconozcan ciertos derechos, sino que solamente en virtud de su relevancia para el hombre se les otorga un esfera de protección.

En torno al reconocimiento de la subjetividad jurídica animal han existido varios argumentos que han propendido por reconocer a los animales como sujetos de derechos. Conforme avanza el tiempo los ordenamientos jurídicos a nivel mundial han ido transformando paulatinamente su derecho y lo han ido expandiendo con el fin de reconocer que los sujetos de derecho no son únicamente las personas humanas, lo anterior a causa de que en la actualidad se ha visto necesario extender la categoría de sujetos de derechos a otros seres o entidades que en virtud de su relevancia han obligado a la transformación y desarrollo del derecho.

Ahora bien, para el caso animal existen multiplicidad de posturas que abogan por su reconocimiento, sin embargo, estas posturas no abogan por un mismo tipo de reconocimiento, motivo por el cual en este acápite se pueden observar desde posturas que abogan por reconocer a los animales como sujetos de derechos, con subjetividad jurídica animal propia de ellos, hasta posturas que buscan su reconocimiento como sujetos de derechos de relevancia jurídica.

Uno de los principales autores que propende por el reconocimiento de los animales como sujetos de interés es Peter Singer, el cual ha expresado en su libro Animal Liberation (1999) que los animales son sujetos de reconocimiento de relevancia jurídica en la medida en que actúan de forma tal que son capaces de tomar y/o elegir la decisión más beneficiosa para sí mismos, es decir, que su actuar se encuentra inmerso dentro de una teoría utilitarista. Para este autor, la fuente de derechos de los animales está dada por el hecho de que los mismos animales tienen una capacidad de auto-conciencia y de autorreconocimiento que les permite reconocerles una subjetividad jurídica, pero no como sujetos de derechos, sino como sujetos de interés, dando lugar a que el derecho proteja a los animales del maltrato innecesario y arbitrario que les es causado por mano humana.

Por lo anterior, Singer (1999) establece que como tal los animales no pueden ser considerados como sujetos de derechos entendiéndolos como personas, sino que estos pueden tener un reconocimiento desde el derecho que les permita ser considerados como sujetos de derecho con relevancia jurídica animal. Por consiguiente, evidencia que existe una confusión entre las categorías de persona y personalidad jurídica, de modo tal que propone eliminar estos conceptos para ir erradicando la diferenciación que existe entre hombres y animales al interior del derecho. Por lo anterior, Singer (1999) define la persona como todo ser autoconsciente capaz de definirse a sí mismo como diferente y existente en el tiempo y en el espacio, motivo por el cual establece que al igual que los hombres los animales también tienen estas capacidades y que por ese hecho las relaciones entre el hombre y los animales deben regirse por el principio de igualdad y de utilidad, concluyendo así que no existe beneficio lo suficientemente importante como para justificar las actitudes de abuso frente a un animal.

Por otro lado, el filósofo Tom Regan (2003), en su libro The Case for the Animals Rights, sustenta que los animales son sujetos de derechos por el simple suceso de que los animales al ser seres vivientes la vida misma les otorga determinados derechos, de modo tal que el autor sostiene que es la vida misma la fuente de derechos de los animales, por tanto el derecho debe proceder a proteger la vida de los animales como seres vivos que tienen facultades cognoscitivas, conductuales, emocionales, propias de lo que hoy por hoy se entiende como sujeto de derechos.

Según Reagan (2003), la primera cuestión que debe tratar el derecho para reconocer a los animales como sujetos de derechos es la transformación de sus estructuras y no el ordenamiento de estas, dado que si verdaderamente se quiere otorgar derechos a los animales es necesario que se revalúe toda la concepción sobre la que se ha edificado el derecho, de modo tal que este extienda su visión hacia los animales.

Otro autor que aboga por el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos es Richard Ryder (2000), quien plantea en su libro Animal Revolution: Changing Attitudes towards Speciesism que, al igual que los hombres, los animales también sienten dolor y que históricamente el dolor ha sido fuente de derechos, en la medida en que tanto los esclavos como las mujeres iniciaron rebeliones en contra del sistema hegemónico con el fin de dar finalización al intenso dolor que causaba el hecho de estar subordinado ante un sujeto que sí era reconocido por el derecho como una persona capaz de detentar y cumplir con derechos y obligaciones.

Así pues, para Ryder (2000) existe una tercera fuente de reconocimiento de derechos para los animales la cual no necesariamente proviene desde una concepción utilitarista o cognoscitiva, puesto que para él el reconocimiento de los animales por el derecho parte a razón de que estos también son seres sintientes con capacidad de sentir dolor y que por este motivo el derecho debe inmiscuirse en las relaciones animal racional-animal no racional, de modo tal que se limite el actuar del hombre sobre los animales. Es así como se afirma que para Ryder (2010) la fuente del derecho animal es la capacidad de estos de sentir dolor.

Por otro lado, Steven Wise (2000) parte de la pregunta "¿tienen las cosas o seres o ideas valor porque nosotros las valoramos o porque tienen un valor inherente?" para reconocer a los animales como sujetos de derechos; en torno a esta pregunta el jurista estadounidense plantea la hipótesis según la cual al interior del derecho natural todos tenemos una valoración intrínseca e inherente y por tanto el derecho está en la obligación de abogar por la protección de derechos básicos a todos los seres con valor de forma tal que ese modelo argumentativo debe extenderse a todos los animales, sin importar si dicho valor ha sido otorgado o es inherente al ser.

Plantea Wise (2001), en su libro Rattling the Cage: Toward Legal Rights for Animals, que si bien los animales son sujetos de derechos, a estos debe reconocérseles una órbita menor de derechos, pues, a pesar de las grandes similitudes que existen entre una y otra especie (humanos y animales), es evidente que hay grandes diferencias entre ambas y que reconocerles a los animales los mismos derechos que los hombres puede resultar contraproducente. Concluye Wise, entonces, que solo mediante la deconstrucción de la barrera legal que existe entre los hombres y los animales es que puede hablarse de un avance hacia el reconocimiento de los derechos de los animales que, si bien no son totalmente los mismos que los de las personas, sí resultan teniendo puntos en común, tales como los que consagran las libertades negativas enfocados en la integridad física y la libertad corporal.

Por último, los autores colombianos Cárdenas y Fajardo (2007), en su libro El derecho de los animales, plantean que solo ciertos animales que guardan determinada similitud con los hombres son sujetos de reconocimiento de una subjetividad jurídica, puesto que se les reconoce solo a determinados animales la capacidad de tener conciencia y de expresar de manera no lingüística sus necesidades, deseos y satisfacciones. Para estos autores, la fuente del reconocimiento de los animales como sujetos de derechos está determinada por la capacidad de ciertos animales de tener un sistema cognitivo mayor al del resto, de forma tal que se les reconozca como sujetos de derechos y que para que estos puedan hacerse efectivos solo sea necesario la intervención de un agente oficioso que obre a nombre de ellos.

De las posturas existentes que abogan por el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos existen multiplicidad de planteamientos que abogan dicho reconocimiento en virtud de que estos poseen características similares a los seres humanos, lo cual puede hacer efectivo el reconocimiento de los animales al interior del derecho como titulares de estos. Así pues, estas posturas reconocen que concurren multiplicidad de fuentes de derecho para el reconocimiento de los animales, tales fuentes son la vida, el dolor, la capacidad de tomar la decisión más beneficiosa y la capacidad cognoscitiva de la mayoría de ellos para que a partir de estas se intente el reconocimiento de una subjetividad jurídica animal.

Como conclusión de todo lo dicho anteriormente es necesario resaltar que si bien todos los autores antes expuestos coinciden en el hecho de que a los animales se les debe reconocer una órbita de protección por parte del derecho el cual les permita su amparo y desarrollo, la cuestión principal que gira en torno a si estos se pueden o no constituir como sujetos de derechos sigue siendo una cuestión inconclusa y por tanto aún no es posible determinar con certeza si los animales pueden o no constituirse como titulares de derechos.

Según la Sentencia C-449 de 2015 de la Corte Constitucional, la visión antropocentrista es aquella que define todos los lineamientos jurídicos a partir de considerar al hombre como centro de las discusiones, lo cual permite deducir que esta visión del derecho es aquella que tiene por centro de las discusiones al hombre y que a partir de este epicentro se derivan todas las decisiones tanto legislativas como jurisprudenciales en razón de entendimientos utilitaristas o eficientistas en favor del hombre. En consecuencia, esta visión del derecho solo reconoce la importancia y el deber de protección de la naturaleza en tanto esta resulte útil o importante para el desarrollo del hombre.

En las sentencias C-1192/15, C-115/06 y C-367/06, la Corte Constitucional colombiana se vio obligada a resolver las demandas de inconstitucionalidad que se instauraron en contra de la Ley 916 de 2004, mejor conocida como Reglamento Nacional Taurino, resolviendo los siguientes problemas jurídicos: 1) los espectáculos taurinos podían considerarse como expresiones artísticas del ser humano; 2) la regulación en torno al tema taurino resulta contraria al artículo 12° de la Constitución Política; y, 3) si la calificación de la actividad taurina como una actividad de alto interés nacional contradice el artículo 1° de la Constitución Política.

En esta oportunidad, la Corte Constitucional declaró exequibles las normas demandadas a partir de los siguientes argumentos: 1) el legislador puede regular la realización del espectáculo taurino y de las actividades que se cumplen en torno a este, cuyo ámbito de ampliación está claramente delimitado y sin que ello implique una imposición para las personas que no quieran participar o asistir a dicho espectáculo; 2) la actividad taurina está protegida constitucionalmente por el artículo 51, el cual permite entenderla como una actividad de recreación, que busca proteger a los in-tervinientes en la actividad y al público asistente a este espectáculo; 3) la actividad taurina, a ojos de la Corte, es una expresión culturalmente arraigada a lo largo de la historia de los países iberoamericanos, entre ellos Colombia; por último, 4) la actividad taurina no se puede catalogar como una actividad de violencia y maltrato puesto que, según la Corte, los actos violentos adquieren esa condición cuando acarrean la vulneración de derechos fundamentales o de principios y valores constitucionales relativos a la protección de la dignidad humana, presupuestos que no están presentes para el caso de la tauromaquia.

Los anteriores argumentos permiten evidenciar que todas las providencias anteriormente expuestas basaron sus decisiones en torno a los derechos del hombre, lo cual permite afirmar que en este primer escenario la Corte fundamentó sus fallos sobre argumentos antropocentristas que revistieron como constitucionales los artículos demandados bajo visiones antropocéntricas las cuales reafirmaban la superioridad del hombre sobre los animales sin que se tuviesen en cuenta mayores argumentos que permitieran una mediación en la discusión sobre el tema de protección animal y reconocimiento de derechos. Por consiguiente, es evidente que un primer escenario constitucional y legal del ordenamiento jurídico colombiano legitimó el uso indiscriminado de animales en actividades culturales y además solo decidió este conflicto en torno a postulados antropocéntricos.

En la Sentencia C-449 de 2015 de la Corte Constitucional se establece que la visión biocentrista es aquella que reconoce la protección de la naturaleza a partir de criterios éticos, económicos y jurídicos, razón por la cual se protege a la naturaleza entendiendo que dentro de ella se encuentra el hombre y que por ello tanto la naturaleza como el hombre merecen protección.

En el plano ético, esta concepción le otorga tanto al hombre como a la naturaleza un valor intrínseco; en el plano económico, establece que el sistema productivo no puede extraer recursos ni producir deshechos ilimitadamente, puesto que el hombre debe reconocer la importancia de la naturaleza y emprender acciones que pretendan su protección y conservación; y en el plano jurídico, se sugiere que el Estado mediante el derecho debe proteger tanto al hombre como a la naturaleza del peligro que representan la explotación y el agotamiento de los recursos naturales, para lo cual se hace necesario elaborar nuevas normas, principios y valores que primen la protección de valores y derechos colectivos frente a los individuales.

En la Sentencia C-666/10, el debate que se suscitó surgió a partir de la demanda al artículo 7° de la Ley 84 de 1989, el cual establece las excepciones para la aplicación de las contravenciones por maltrato animal. El demandante arguyó que este artículo permitía el desconocimiento del principio de diversidad étnica y cultural, entendiendo que tal excepción desconoce las manifestaciones culturales de aquellos quienes consideran a los animales como sujetos dignos de protección por parte del ordenamiento jurídico. Además, que permitió el desconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad en conjunto con la desprotección de la diversidad e integridad del ambiente y permitió el trato cruel y degradante a los animales.

Por lo anterior, la Corte decidió "que la excepción allí planteada permite [...] la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades", motivo por el cual estableció cinco requisitos bajo los cuales se debe entender la procedencia de dichas actividades culturales: 1) el desarrollo de dichas actividades siempre debe realizarse observando protección especial contra el sufrimiento y el dolor animal; 2) las actividades únicamente podrán realizarse en aquellos municipios o distritos en los que estas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida; 3) solo podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos que estén autorizados; 4) solamente aquellas actividades culturales que se encuentran consagradas en al artículo 7° de la Ley 84 son las que quedan excepcionadas; y 5) en ningún caso las autoridades municipales podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades.

La anterior decisión permite evidenciar que la Corte legitimó el criterio de diferenciación que permitió desproteger a los animales que se veían involucrados en espectáculos humanos en virtud de que, a juicio de la corporación, las excepciones que existían respecto a la protección prevista para los animales no surgió del capricho o la discrecionalidad del ente legislador, sino que tal excepción se estableció a partir de criterios razonables que permitiesen establecer dicha protección animal sin contrariar principios y valores constitucionales, como lo son en este caso los derechos culturales de determinadas poblaciones que ejercen su derecho a partir del empleo de animales.

En virtud de todo lo anterior, se puede afirmar que el fallo que emitió la Corte Constitucional tuvo varias implicaciones: en primer lugar, legitimó el criterio discriminador que permitió exceptuar a determinados animales de la protección que otorgaba la Ley 84 de 1989; en segundo lugar, estableció implícitamente que determinados animales no podían ser sujetos de protección a causa de que, desde una concepción antropocentrista, estos no resultaban lo suficientemente relevantes para ser protegidos y de paso ser reconocidos por el derecho en la misma forma que el resto de animales que sí gozaban de dicha protección; y, en tercer lugar, estableció de manera tácita que en el ordenamiento jurídico colombiano sobresale un criterio antropocentrista que tiene como centro al ser humano y por tanto la mayoría de las decisiones que se toman se ven desde lógicas utilitaristas y eficientistas que benefician a los hombres.

No obstante, esta sentencia, al tener apartes antropocentristas en torno al tema taurino, también incluyó en su parte resolutiva apartes biocentristas en donde estableció ciertas limitaciones al ejercicio de las actividades taurinas. Así pues, si bien excluyó del ámbito de protección a los animales sometidos a finalidades humanas, también instauró que el ejercicio de dichas prácticas humanas no podía realizarse con total libertad por parte de los hombres, además implícitamente reconoció que los animales que no están sometidos a finalidades humanas están protegidos mediante el Derecho.

Más adelante, en Sentencia C-041/17³, la Corte Constitucional consideró que las excepciones consagradas en la Ley 1774 de 2016 desprotegen a los animales de forma irrazonable y desproporcionada, en tanto que no tuvieron en cuenta los requisitos que se establecieron en la Sentencia C-666/10. En consecuencia, la Corte declara la inconstitucionalidad del artículo que se sustenta en el hecho de que la Ley 1774 del 2016 al versar sobre temas penales debe estar sujeta a la estricta legalidad y tipicidad de los delitos que se establecen, por tanto, para el caso concreto el artículo que remitió a la disposición consagrada en el art. 7° de la Ley 84 de 1989 vulneró los principios penales de estricta legalidad y tipicidad, hecho que torna de inmediato en inconstitucional el aparte normativo demandado.

Es necesario resaltar que si bien esta sentencia declaró la inexequibilidad del aparte demandado con base en una visión antropocentrista, entendiendo que esta disposición violaba los principios penales, también instituyó pequeños avances en torno al reconocimiento de nuevos seres o entidades, estableciendo que:

la cultura se revalúa permanentemente para adecuarse a la evolución de la humanidad, la garantía de los derechos y el cumplimiento de los deberes, máxime cuando se busca desterrar rastros de una sociedad que ha marginalizado y excluido a ciertos individuos y colectivos. (Corte Constitucional, C-041,2017)

Lo anterior permite sostener que, si bien aún el ordenamiento jurídico colombiano se basa en una visión antropocentrista, poco a poco se han dado avances hacia una visión más amplia como lo es la visión biocentrista o ecocentrista, lo cual permite visualizar la posibilidad de que en un futuro se vea a los animales o a la naturaleza como sujetos de derecho.

Una última providencia de visión biocéntrica es la Sentencia C-467 de 2016, en la cual la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de las expresiones referidas a los animales, ya que se entienden ya que se entienden referidas a estos como simples cosas, lo cual en virtud de la Ley 1774 de 2016 resulta inconstitucional puesto que a los animales se les reconoce como seres sintientes. No obstante, se resuelve que los animales tienen una doble concepción la cual se complementa y no se contrapone, por tanto, es posible hablar de los animales como bienes (cosas) y a la vez como seres sintientes.

Para la Corte, es claro que la condición de bienes (cosas) de los animales se reconoce para efectos de ejercer sobre ellos reglas de propiedad, posesión y tenencia, con implicaciones en términos de ocupación, protección, transferencia y responsabilidad por su conducta frente a terceros. Por este motivo, si bien es cierto que el artículo 1° de la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes los cuales no son cosas, lo hace con la idea de resaltar que estos se hacen merecedores de especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, sin que esto excluya que de ellos pueda predicarse la aplicación del régimen general de bienes.

Las anteriores providencias permiten evidenciar que si bien los fallos anteriormente expuestos basaron sus argumentos en torno al hombre, tales discusiones que se suscitaron ya no solo tenían al hombre como el único punto de referencia, pues estas providencias se caracterizaron por incluir en el debate argumentos en torno al hombre, los animales y el medio ambiente, lo cual permite afirmar que en estas sentencias se reconoce el valor intrínseco tanto del hombre como de los animales, y esto conlleva que se den las características del enfoque biocentrista. Por lo anterior, es necesario resaltar que poco a poco se van transformando las estructuras sociales y culturales y se avanza en el reconocimiento de los animales y el medio ambiente desde el derecho; en consecuencia, esta segunda visión surge como respuesta a la perspectiva antropocéntrica en donde el derecho deja de concebir todas las estructuras de manera egoísta y arbitraria, enfocándose únicamente en el hombre.

En la Sentencia C-449 de 2015 de la Corte Constitucional se establece que la visión ecocéntrica es aquella que reconoce a la naturaleza ya no únicamente como el ambiente y el entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto de derechos propios, que deben ser protegidos y garantizados, razón por la cual se busca su protección. Por consiguiente, es necesario según este enfoque concebir la naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos en atención a principios ancestrales de diversidad étnica y cultural los cuales reconozcan que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre.

Así pues, la Sentencia C-449 de 2015, a través de la resolución del problema jurídico que se suscitó, estableció desarrollos jurisprudenciales en lo correspondiente a la Constitución Ecológica y Principios Rectores del Derecho Ambiental.

En lo correspondiente al acápite de Constitución Ecológica, el principal avance se da en torno al reconocimiento de la importancia de la naturaleza y su entorno mismo bajo tres visiones diferentes (antropocêntrica, biocéntrica y ecocéntrica). A causa de lo anterior, la Corte reconoce el paradigma con el cual se entiende a la naturaleza y sus componentes han venido transformándose, pasando de una visión meramente antropocéntrica a una ecocéntrica. Además, se determinó que existe un vínculo de interdependencia entre el ser humano y el ambiente, lo cual permite el avance hacia la protección y reconocimiento de una subjetividad jurídica de la naturaleza y su entorno, incluyendo a los animales.

Ahora bien, en el acápite de Principios Rectores del Derecho Ambiental, la Corte aprovechó la oportunidad para establecer los principios que guían las actuaciones de los hombres para con la naturaleza. Allí es claro que el planteamiento de la Corte establece que, en vista del cambio de paradigma, se ha logrado el redimensionamiento de los principios ambientales en pro de una aplicación más rigurosa y fuerte, la cual busque garantizar la protección del ambiente y su entorno, con miras a ir progresando en el reconocimiento de la naturaleza más allá del escenario humano.

Por todo lo dicho anteriormente, la importancia de esta sentencia está dada principalmente por el reconocimiento de la Naturaleza y su entorno como sujeto de derechos, lo cual permite que para el presente artículo se evidencie el cambio de paradigma sobre el cual versa el derecho y de esta forma se entienda que los animales como componentes de la naturaleza también hacen parte de dicho reconocimiento. En consecuencia, en virtud de las características especiales que poseen los animales es posible que en un futuro se les reconozca a estos una subjetividad jurídica animal.

Expuesta la jurisprudencia que gira en torno al tema animal, es necesario mencionar que aunque la mayoría de la jurisprudencia ha permitido el avance en materia de reconocimiento de la relevancia jurídica de los animales y la naturaleza, tal desarrollo se ha dado desde una visión principalmente antropocéntrica, lo cual a fin de cuentas no resulta eficiente para permitir el reconocimiento de la existencia de una subjetividad jurídica animal y solamente ha legitimado los criterios de discriminación que se han empleado en contra de aquellos animales que históricamente se han visto sometidos en prácticas culturales del hombre.

Habiéndose caracterizado cada uno de los ordenamientos jurídicos y determinando la funcionalidad de estos para ser susceptibles de un juicio de comparación, se hace necesario proceder a determinar de qué manera estos afectan el tema de derechos de los animales y si a partir de esta afectación y compresión varía el tratamiento de los animales.

Para empezar, debemos decir que del primer juicio de contraste adelantado se puede desprender, sumariamente, que los dos sistemas jurídicos consagran una visión proteccionista sobre el tema ambiental, para el caso de Colombia consagrado en los artículos 79, 88, 95 #8 y 268, entre otros; mientras que para el caso de Bolivia tal protección se consagra en los artículos 9, 30, 189 #1, 255 #7, 302 #5, 311 II #2, 349, entre otros. De tal manera que se encuentra que la protección dada por el sistema boliviano resulta más específica y rigurosa que la dada por el sistema colombiano, pero se halla de manera sucinta que el tratamiento del tema animal no se ve afectado de manera exorbitante por la clase de sistemas jurídicos que manejan los países en cuestión, lográndose de esta forma que sea posible adelantar un juicio de derecho comparado entre los dos sistemas jurídicos sobre el tema en cuestión.

Es necesario resaltar que el tratamiento legal que otorgan los ordenamientos jurídicos al tema del derecho animal, en contraposición a afectar el tema de estudio, permite su viabilidad en tanto los dos sistemas encuentran relevante este tema y buscan desarrollarlo al interior de su legislación y comprensión; razón por la cual, si de alguna manera se ve afectado el tratamiento del derecho de los animales por el sistema jurídico, dicha afectación resulta positiva.

Ahora bien, para hablar de equivalencia funcional, en primer lugar, debe establecerse que los aspectos a comparar necesariamente deben cumplir unos requisitos mínimos para ser contrastados, tal como lo dice Jhon Reitz al sostener que debemos preguntarnos de antemano "¿Qué va a ser comparado con qué?" (1998). Lo anterior se realiza para determinar si es posible comparar naranjas (leyes) con manzanas (decretos) teniendo en cuenta la finalidad que se persigue con la realización del método comparado. Para este caso, encontramos que debido a que los dos sistemas jurídicos comparten el mismo núcleo esencial -la corriente napoleónica- y que tienen por tanto múltiples similitudes, es totalmente viable que las legislaciones a comparar guarden equivalencia funcional y que contribuyan a los fines que persigue este estudio, tanto a nivel constitucional como nivel legal.

Tabla 2
Equivalencia funcional de las Constituciones colombiana y boliviana

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta la contrastación que se realizó con la anterior tabla comparativa se encuentra que en las similitudes hallamos que en ambos sistemas jurídicos el ordenamiento prescribe que es obligación de los ciudadanos la protección del ambiente, además coloca en cabeza del Estado el deber de mantener un ambiente sano, así como establece que la acción popular servirá como acción constitucional para la exigibilidad y protección del derecho al medio ambiente sano.

Entre tanto, también se halla que la principal diferencia que existe entre estos dos sistemas jurídicos es que el sistema jurídico boliviano cuenta con una jurisdicción especializada en temas ambientales, lo que en consecuencia genera que Bolivia posea un sistema constitucional mucho más garantista hacia la protección y cuidado del medio ambiente en donde se plantea que la protección al medio ambiente también incluye a los animales, por el contrario el sistema colombiano no cuenta con una jurisdicción especializada en temas ambientales ni mucho menos hace referencia expresa hacia la protección de los animales.

Teniendo en cuenta la equivalencia funcional, lo que ahora se pretende comparar son las respectivas leyes de cada país que están encaminadas hacia la protección animal.

Tabla 3
Cuadro derecho comparado: ley de protección animal colombiana y boliviana

Fuente: elaboración propia.

De las legislaciones anteriormente citadas, se puede observar que el tratamiento legal que otorgan las leyes al tema animal parece no variar mucho, sin embargo, si articulamos todo el sistema jurídico del país boliviano y lo contrastamos con el sistema jurídico colombiano, nos encontramos con que el primero tiene un desarrollo legal mucho más profundo centrado en la prevención del maltrato animal, mientras que la legislación colombiana centra su esfuerzo en el castigo de las conductas que atenten contra la integridad animal, otorgando una protección que no es ideal, pues se ha edificado desde la óptica humana sin tener en cuenta que el contexto en el cual se desarrolló esta ley fue en un ambiente de populismo punitivo.

De la doctrina legal colombiana, el libro del Derecho de los animales de Ricardo Fajardo y Alexandra Cárdenas entiende que la jurisprudencia colombiana poco o nada ha tratado el tema de los animales y que cada vez que el sistema jurídico colombiano se ocupa de la regulación de la materia animal lo abarca desde una óptica meramente humana, en donde a juicio de los actores impera el antropocentrismo, perspectiva que no contribuye a realizar una transformación sobre la concepción de los animales al interior del sistema jurídico del país colombiano. Así pues, para estos autores es claro que, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, más específicamente el poder judicial, en sus providencias ha entendido a los animales y al medio ambiente como bienes a disposición del hombre en donde este ha de cuidarlos en la medida que estos le presten un beneficio, de lo contrario para el sistema jurídico colombiano no tendrían relevancia dentro del derecho.

Por otro lado, la doctrina boliviana y ecuatoriana establece que en Bolivia la legislación ya reconoce la relevancia jurídica que tiene tanto el ambiente como los animales, lo anterior en tanto se afirma que desde la Constitución de Bolivia ya se empieza a reconocer un nivel superior de protección al tema de derechos de la Naturaleza en tanto que esta constitución extiende el ámbito de protección del derecho hacia la biodiversidad y los recursos naturales permitiendo reconocer a la Pacha Mama como sujeto de derechos. Por todo lo anterior, la doctrina legal estableció que las prácticas encaminadas hacia la protección de los animales han sido satisfactorias en la medida que ya se ha logrado establecer un alto tribunal para la solución de conflictos que se presenten en este ámbito de protección medio ambiental y por tanto permite ver de manera clara el reconocimiento de algunos derechos no solo para el medio ambiente, sino también para los animales.

A partir de todos los pasos realizados anteriormente, se hace necesario manifestar que los sistemas jurídicos de Colombia y de Bolivia tienen un núcleo esencial sustancial-mente similar en donde se vislumbra que al interior de estos existe cierta similitud en cuanto al sistema legal que manejan y la jerarquía normativa que utilizan. Por lo anterior, se evidencia que a causa de estas similitudes se determinó que los sistemas jurídicos en cuestión son susceptibles de ser comparados y analizados, pues guardan cierta correspondencia que permite entenderlos en un sentido similar y que hace que su contrastación se lleve de manera adecuada y específica lo cual otorga una mayor facilidad a la hora de analizar las similitudes y diferencias que se encuentran en la totalidad de estos sistemas jurídicos.

Ahora bien, a la hora de referirnos sobre cómo el tema del derecho de los animales se ve afectado por el sistema jurídico de cada país, se hace necesario resaltar que para esta ocasión el tratamiento que han otorgado ambos sistemas al tema de los derechos animales ha sido beneficioso en la medida que han abordado la materia ambiental de manera proteccionista en donde de manera expresa o tácita se han consagrado reconocimientos de los derechos animales, en esta ocasión más claramente en el caso de Bolivia.

Teniendo en cuenta que los sistemas jurídicos son funcionalmente equivalentes, que son similares, y por tanto potencialmente contrastables en cuanto al tema de los derechos de los animales, se procede a sintetizar el resultado del análisis de este trabajo:

1. 1. Es necesario decir que, en torno al tema de derecho de los animales, el sistema jurídico de Bolivia lleva una amplia ventaja sobre el sistema de Colombia en cuanto al reconocimiento constitucional de los derechos animales, en tanto que en los postulados constitucionales Bolivia ha tenido una visión más pluralista y ecocentrista, pues a nivel constitucional ha dado relevancia jurídica a lo que ellos denominan la "Pacha Mama", mientras que en Colombia hemos tratado el tema de la "Pacha Mama" como un recurso más destinado a prestarnos una serie de beneficios a nosotros los humanos y por tanto denotando la visión antropocentrista sobre la cual versa el sistema jurídico colombiano.
2. 2. Por otro lado, y también sosteniendo con base en los postulados constitucionales, se puede afirmar que Bolivia ha incorporado a su sistema jurídico una serie de normativas que han impulsado y permitido el reconocimiento de nuevas subjetividades jurídicas como lo es la de los animales, pues desde los artículos constitucionales se han establecido desde obligaciones hasta instituciones que propenden por el avance y la conservación de los componentes medioambientales como lo es la flora y fauna, de tal manera que con el simple hecho de haberse creado el Tribunal Agroambiental se ha dado un avance significativo en lo que versa sobre la concepción de derechos del medio ambiente incluyéndose ahí los animales. La presente conclusión se erige como una de las principales diferencias entre el sistema jurídico colombiano y boliviano, pues el primero no ha desarrollado una jurisdicción especializada en temas medioambientales que permite ver que posiblemente dentro del ordenamiento colombiano exista una laguna (anomia) que es necesaria rellenar a partir de experiencias de derecho comparado.
3. 3. El último aspecto con respecto a los temas constitucionales es que, si bien solamente en la constitución de Bolivia se le brinda un papel protagónico al medio ambiente, esto no hace que los mecanismos de judicialización y protección del medio ambiente sean diferentes, razón por la cual para los dos sistemas existe la acción popular para la guarda y preservación de todo lo correspondiente a derechos ambientales que se vean afectados de manera colectiva.
4. 4. Ahora bien, con respecto al tema a nivel legal, es necesario decir que la principal diferencia entre los dos sistemas jurídicos radica en que mientras Bolivia entiende a los animales como sujetos de ciertos derechos, Colombia entiende a los animales aún como cosas muebles, solo que con la excepción de que con la ley de protección animal estos ya no son simples cosas muebles, sino cosas muebles "sin-tientes". Por lo anterior se permite afirmar que, aunque las leyes de protección de ambos países sean muy similares en tanto a sus usos y finalidades estas están condenadas a la visión que se les ha dado a los animales a nivel global del sistema jurídico. En consecuencia, se observa de manera clara que mientras Bolivia ha prestado mayor interés a los temas ambientales y ha permitido el reconocimiento de nuevas subjetividades jurídicas dentro de su ordenamiento, Colombia ha quedado relegada en el tema de reconocimiento de los animales, pues les sigue otorgando una relevancia jurídica meramente instrumental y concebida desde los ojos del antropocentrismo.

Como conclusión de todo lo dicho anteriormente, podemos afirmar que el sistema jurídico de Bolivia resulta mucho más innovador en materia de reconocimiento y garantías de temas medio ambientales en tanto que esta ha diseñado su ordenamiento jurídico con base en postulados ecocentristas que han dejado de lado posturas que establecían una barrera legal entre humanos y animales. Por lo tanto, se podría plantear como solución al problema de la discriminación existente hacia los animales utilizados en prácticas culturales en Colombia, que se deje de tomar en cuenta el modelo antropocentrista sobre el cual se ha edificado el sistema jurídico colombiano y que ha legitimado que existan clasificaciones arbitrarias en lo correspondiente al criterio determinador que establece qué animales son o no susceptibles de ser protegidos mediante la legislación colombiana y que a cambio de este se adopte un criterio ecocentrista que permita abrir el derecho colombiano hacia el reconocimiento de nuevas subjetividades jurídicas que vayan más allá del sujeto de derechos que se concibe en Colombia como la mera persona humana, con capacidad de expresar la voluntad de manera inteligible y voluntaria.