Dossier: Estado de la integración regional autónoma latinoamericana y caribeña

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El ideario integracionista autónomo en nuestra región tiene larga data: desde Simón Bolívar y su idea de la Gran Patria Americana, hasta la Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe (CELAC), que se propuso la unión de todos los países americanos con la excepción de Estados Unidos y Canadá, pasando por José Martí con su idea fundadora de Nuestra América, o por los teóricos de la dependencia y sus críticos, que perfilaron una visión política y económica integradora, hasta los planteamientos estructuralistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1948), que propone una integración regional abierta y con equidad. No obstante, algunos imaginarios conservadores no autónomos son frecuentemente contrapuestos contra idearios revolucionarios, de liberación nacional o de propuestas socialistas o socialdemócratas, que cifran sus proyectos políticos de integración regional con una visión autónoma.

Aunque desde hace más de dos siglos debatimos una idea sobre unidad e integración entre naciones, pueblos y localidades de alcance supranacional regional, el contexto geopolítico global sigue estando atravesado por la disputa entre un panamericanismo, nutrido por corrientes liberales y conservadoras, que supone relaciones subordinadas por una potencia hegemónica sobre nuestra región, y un latino americanismo que se desgarra entre autonomía y subordinación a lo largo de su historia independiente, donde la comunidad política imaginada en el Estado nacional no integra ciudadanías con soberanías, dejando fuera a los actores “no modernos” como los pueblos originarios o afrodescendientes. Y donde las apuestas de integración regional se han centrado en la esfera pública estatal-gubernamental, en las políticas de mercado y en la cesión que raya en la renuncia, de soberanía política y económica en contraposición a una esfera pública-social, principalmente expresada en una gama heterogénea de movimientos sociales, cuyas demandas autonómicas regionalistas son crecientes.

En el plano de la economía política, se han impuesto los valores dominantes del mercado frente a los cuales, no obstante, se registran demandas sociales y tensiones entre actores que todavía se preguntan sobre el valor que significa incrementar los intercambios comerciales de cara a la desigualdad social, la injusticia o inclusive sobre el papel de la democracia, las reformas estructurales y los procesos de cambio y transformación global. Luego de la integración colonial autoritaria, el nacimiento de los Estados nacionales bajo la forma republicana no logró concretizar el sueño bolivariano del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826; si acaso algunos países fundaron un cierto espíritu de unidad que llevó a fundir varias naciones y pueblos en unidades político-administrativas de mayor tamaño.

Así, las independencias nacionales hicieron emerger la problemática relacionada con la soberanía nacional y la autonomía para el manejo de sus asuntos internos. Pero, las cambiantes relaciones entre centro y periferia del orden colonial atravesaron los proyectos nacionales nacientes. El Siglo XIX vivió intensas luchas entre liberales y conservadores en torno a la dirección moral e intelectual de las reformas, lo cual introdujo variables geopolíticas respecto de alianzas y cercanías con las potencias europeas e, iniciando con las Conferencias Americanas de 1880, hasta la guerra hispano-estadounidense de 1898, las alianzas con el poder internacional que vino acumulando Estados Unidos cobran el primer plano en las relaciones interamericanas. La idea misma de América Latina, como expresión de rivalidad entre el imperio Napoleónico y la América Sajona, nos dividió entre dos polos que nos fragmentan desde entonces: el panamericanismo y el latinoamericanismo de corte mercantil. Esa ola de matriz panamericanista, ha creado corrientes adversas en el plano de la integración regional autónoma, particularmente la surgida con aspiraciones comunitarias.

En la historia social latinoamericana y caribeña no han sido homogéneas ni monolíticas las propuestas de autonomía. Las independencias nacionales del siglo XIX fueron fruto de discontinuidades y divisiones regionales locales que dieron pie a la trama político-administrativa de los nuevos Estados Nacionales, sin que cristalizara la integración supranacional imaginada en esa época. Tampoco las revoluciones liberales ni los conservadurismos en resistencia lograron trascender las fronteras nacionales en términos de la integración regional. Sin embargo, ese siglo de independencias fue rico en imaginarios emergentes de una integración regional autónoma deseada que se propuso desde entonces como una alternativa a la ciega y rebelde integración pragmática que imponían las potencias extranjeras y el creciente poder del mercado. Aquí es donde cobra su importancia la Nuestra América de José Martí, quien propone un imaginario geopolítico crítico de la integración regional, donde se problematiza la herencia colonial eurocéntrica del racismo y la modernidad ajena y enajenante, y que avizoró el papel hegemónico de Estados Unidos como naciente potencia mundial. Como el colofón a la decadencia de las potencias coloniales.

La recomposición del espacio postcolonial con la caída del imperio español fue prolija en cuanto a comunidades políticas supranacionales imaginadas: la idea misma de América Latina, en oposición a la América sajona, surgió en los intersticios de las rivalidades entre las potencias coloniales. Algunos políticos osados reivindicaron un espíritu criollo que pretendía integrar a los indios y a los ladinos; la Amerindia se pensó desde un arriba que llamó a los “inferiores” en la escala social a integrarse con sus “superiores” de manera subordinada. Asimismo, los liberales imaginaron una región afín al Siglo de las Luces y al proyecto de la modernidad eurocéntrica, mientras que los conservadores se apegaron a esa herencia proveniente de Europa central sin cuestionar principio alguno; aunque todos se disputaban las alianzas con potencias que tenían cierto grado de centralidad: Hispanoamérica, Iberoamérica, Panamérica, Angloamérica, Lusoamérica… Unos pensaron en las repúblicas como matriz de la integración regional mientras otros soñaron con reinstaurar monarquías más o menos dependientes de Europa. Lo que sin embargo unió todas esas aspiraciones fue un imaginario excéntrico, es decir el proponerse como la periferia de un centro que está en otro lado.

Si bien la unidad lingüística y religiosa sembró las bases de la integración imaginada, la comunidad social que les correspondía a esas visiones regionales difería en cuanto a su inspiración política “laica y moderna”. Pueblo y nación convergieron en la comunidad política imaginada por excelencia dentro de la modernidad republicana del siglo XIX: el Estado nacional. Pero el ímpetu fundador de las independencias y de las reformas liberales se enfrentó a contradicciones del viejo orden no resueltas. Repúblicas sin republicanos, naciones sin ciudadanos, pueblos sin referentes políticos representativos, expresaban tensiones constantes entre continuidades que se negaban a desaparecer y rupturas que no alcanzaban a hacer nacer el mundo nuevo. Aunque lengua y religión tenían una dimensión supranacional que creaban la ilusión de la unidad y de la integración, la coexistencia de actores nuevos y antiguos se tejió a partir de las instituciones creadas bajo el interés de los poderes prevalecientes o los poderes fácticos. Innumerables luchas de los pueblos indios, sublevaciones y resistencias contra la acumulación capitalista por desposesión y despojos violentos, testimonian que la integración regional supranacional fue un asunto ajeno respecto de las clases dominadas.

Tampoco sirvieron las referencias de matriz cultural para crear un sentido histórico de unidad e integración regional. Al menos en lo que a creación de instituciones políticas se refiere. Conforme en el siglo XX se van configurando los regímenes económicos, políticos y sociales, en nuestra región va creciendo la disputa sobre la hegemonía interna y externa: ¿quién dirige, con quién se alía? Supone una cierta capacidad de proyecto de dirección moral e intelectual por parte de las clases dirigentes, cuyos fundamentos residen en el plano cultural, el de la aceptación, el respaldo, la confianza y todo aquello que liga la legitimidad con la legalidad y la gubernamentalidad. Así, la ruptura y la fragilidad de los pactos sociales que originaron las repúblicas, hacen irrumpir un siglo XX colmado de conflictos centrados en la integración nacional donde convergen, paradójicamente, las ideologías de la modernidad cuyos propósitos universalistas son supranacionales y los impulsos de nacionalismos ideados sobre la unidad de una cultura o de una identidad común, pero basados en espacios locales que la comparten.

Los esfuerzos por la integración nacional opacan las esperanzas que ofrece la construcción regional supranacional. Así lo marcaron las revoluciones sociales del naciente siglo XX que fueron de inspiración nacional, aunque su derrotero hubiese estado influido por factores geopolíticos supranacionales. En todo caso, el carácter agrario de revoluciones y sublevaciones que entonces se registraron, visibilizaron al mundo de actores que seguían siendo excluidos de los ideales republicanos y de la integración regional: los pueblos originarios, afrodescendientes y las clases populares pauperizadas. Bajo el ominoso peso de la desigualdad social, surgen sistemas políticos encuadrados por partidos políticos de las más diversas inspiraciones ideológicas supranacionales que, sin embargo, volcarán sus esfuerzos en la construcción nacional sin que la profesionalidad de las políticas exteriores pudiera, de algún modo, sincronizar los factores externos con el de la unidad nacional y menos aún con el de la integración regional.

Ni las dos guerras mundiales ni el periodo de entreguerras significaron mayor potencialidad para la integración regional. Si bien en algunos países de nuestra región este periodo significó un mayor margen de autonomía -dependiendo de sus alianzas con las potencias triunfadoras en cada Gran Guerra-, ésta fue usufructuada en el plano gubernamental y en el del tejido social dominante. Aunque durante este periodo se inicia un crecimiento demográfico en la región que se asienta en ciudades e, incluso, se inician ciertos procesos de industrialización en aquellos países más poblados, ello no alteró la esencia del modelo agroexportador ni la dependencia del mercado mundial. Tampoco significó avances en contra de la injusticia y la desigualdad social dado que la exclusión, el racismo y la discriminación siguieron imperando, aunque los contrapesos en luchas indígenas y campesinas, algunas luchas urbano-populares, marcarán la historia social de cada país y definirán una gama heteróclita de regímenes políticos y sociales.

A partir de ello surgirá el llamado modelo de industrialización por substitución de importaciones (Modelo ISI), el cual sustentará las bases para lo que actualmente reconocemos como El proceso de integración regional latinoamericano y caribeño, donde el protagonismo gubernamental y de grupos empresariales llevará la mano durante el periodo de la posguerra, la guerra fría y la postguerra fría hasta nuestros días. Desde entonces se reafirma una política de Estado sujeta a los imperativos del mercado, que enfatiza una política comercial cifrada en la apertura al mercado mundial, de manera cada vez más incondicional, y cuyo carácter excluyente de lo social se acompaña de resultados depredadores en lo ambiental.

Aunque las iniciativas político-diplomáticas integradoras han marcado la pauta de unidad, el predominio del comercio y la vinculación económica protagonizan desde la posguerra la institucionalización de idearios integracionistas heterogéneos respecto al sentido y los medios existentes para integrarse. Incluso antes de que naciera la Comunidad del Acero y el Carbón (1951), que diera pie a la integración de la Comunidad Económica Europea (1957), en nuestra región ya se intentaban formatos de vinculación comercial con pretensiones integradoras. La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue suscrita en el año de 1947 en Bogotá, Colombia. En ese año, se crea también el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Ambas propuestas de corte panamericanista, no respondieron a la búsqueda de autonomía en nuestra región, sino que la contrariaron.

Será hasta los años 60 que aparece la idea de una integración comercial latinoamericana. El primer intento regional fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, que duró 20 años hasta que fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en 1980, cuyo Tratado de Montevideo plantea cinco principios básicos: el pluralismo, la convergencia, la flexibilidad, los tratamientos diferenciales y la multiplicidad, que contrastan con las políticas unitarias del programa de liberación del comercio que proponía la ALALC en 1960, además, la ALADI da continuidad a los principios básicos previos de multilateralidad y reciprocidad. A pesar de la centralidad del mercado, la ALADI fue un espacio de debate entre la naciente ortodoxia neoliberal que ya apuntaba a la liberalización y privatización económicas, y ciertos reclamos de autonomía interestatal o intergubernamental que fueron propiciados por un pensamiento económico no eurocéntrico como el de la CEPAL, que fue influido por una teoría crítica que recogió, aunque parcialmente, las voces de partidos y movimientos sociales contestatarios frente al desarrollismo y luego frente al auge del neoliberalismo, cuya doctrina comunitaria permeó al conjunto de instituciones integradoras latinoamericanistas, de alcance subregional como:

• El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA, 1991) que tiene sus antecedentes en la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de 1962.

  La Comunidad del Caribe (CARICOM) fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas, sustituyó a la Asociación Caribeña de Librecambio que había sido creada en 1965.

  El 26 de mayo de 1969, mediante el Acuerdo de Cartagena, se crea la Comunidad Andina de Naciones.

A esa primera oleada de integración regional y subregional, correspondieron otras instancias como el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 26 Estados de América Latina y el Caribe. Creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio Constitutivo de Panamá. En una segunda oleada surgen otros mecanismos de integración subregional, en los que siguen predominando principios del mercado por encima de cuestiones extraeconómicas, aunque también emergen consideraciones sobre la política social y de cooperación internacional al desarrollo que son dignas de consideración desde la perspectiva autonómica:

• Desde sus inicios el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 1991, Asunción de Paraguay) ha promovido como pilares fundamentales de la integración los principios de Democracia y de Desarrollo Económico, impulsando una integración con “rostro humano”. En línea con estos principios, se han sumado diferentes acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural, social, entre tantos otros a destacar, los que redundan en la incorporación de las dimensiones Ciudadana, Social y de Integración Productiva, entre otras, incluyendo el uso de la lengua guaraní además del español y el portugués en sus reuniones. Clave de lectura del MERCOSUR, este esquema ofrece la incorporación de una Carta Social, en la que la participación sindical y de organizaciones de la sociedad civil deliberan sobre sus márgenes de autonomía.

  El 8 de diciembre de 2004, en la Reunión de Presidentes de América del Sur, que se realizó en Cuzco, Perú, se creó la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), que posteriormente daría paso a la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, cuyo Tratado Constitutivo entró en vigencia en marzo de 2011. Esta experiencia integradora ha sido la más ambiciosa y amplia en la historia reciente de la región. Su campo de acción abarca 21 objetivos que apuntan hacia una visión multidimensional de la integración que supera los temas comerciales, ya que se persiguen cuestiones que van del diálogo político al fortalecimiento de la identidad, el rescate y preservación de la memoria de los pueblos y muchos aspectos más que plantean políticas exteriores coordinadas en torno de la seguridad nacional y regional y las relaciones internacionales de la subregión 1.

  Con el auge neoconservador posterior a 2015, los golpes parlamentarios en Honduras y en Brasil, las elecciones en Argentina, Paraguay y Ecuador, además de las elecciones en Brasil, se generó un clima político sumamente agresivo contra el MERCOSUR y la UNASUR, que ha debilitado a esas instituciones hasta su casi desaparición en los hechos. Lo cual ha reducido los márgenes de la autonomía de la integración regional. El MERCOSUR ha recibido una bocanada de aire, luego de la firma del Acuerdo con la Unión Europea, el 28 de junio de 2019, tras más de 20 años de negociaciones. Aunque la UNASUR sigue declinando en las prioridades gubernamentales, sin que el respaldo de organizaciones sociales llene el hueco dejado por el desgano de gobiernos y del Parlamento de la UNASUR, Parlasur, instancias abandonadas por la voluntad gubernamental sobre todo de Brasil y de Argentina. Esta segunda oleada integradora vio surgir, paralelamente, otros esquemas que intentaron adaptar la centralidad del libre comercio al desarrollo institucional neoliberal:

  La Asociación de Estados del Caribe (AEC), creada en 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, proponía tomar el antecedente del G-3 (México, Colombia y Venezuela), fundado ese mismo año aunque luego se disolvió una vez que sale de él la Venezuela Chavista en 2006, es un proyecto geopolítico en cuyo liderazgo compiten Colombia y México por su influencia en el Gran Caribe que, a diferencia de la CARICOM que está centrada en el Caribe anglófono, con 15 países y unos 13 millones de habitantes, regionaliza a todos los países que baña el Caribe, tanto insular como continental. Mientras que la primera enfatiza la integración de un mercado único, la AEC, con 25 miembros, más 3 miembros asociados, con una población de unos 237 millones de personas, busca una cooperación internacional que la abre al comercio, el transporte, el turismo sustentable y la acción pública frente a los desastres naturales. La compleja heterogeneidad del Gran Caribe incluye a Cuba y su liderazgo en esa región, donde también se cruza la ancestral influencia del Reino Unido, Estados Unidos y las potencias coloniales con sus posesiones en el área caribeña.

Podría definirse una tercera ola de integración regional caracterizada por la reivindicación de la autonomía y la configuración de esquemas integradores que superan la mera vinculación comercial y que se proponen impulsar alternativas a las tendencias dominantes. Estados, gobiernos y grupos sociales organizados interrogan límites y potencialidades para alcanzar una deseada integración regional:

• En 2004 se crea la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Esta Alianza se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países. Mediante la cooperación se crean fondos compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades intrínsecas de los países miembros, y la aplicación del TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos). Se da prioridad a la relación entre los propios países en pie de igualdad y en el bien común, basándose en el diálogo subregional y abriendo campos de alianzas estratégicas, articuladas fundamentalmente por la renta petrolera venezolana, se fomenta el consenso y el acuerdo entre las naciones latinoamericanas. Sin embargo, el auge neoconservador, particularmente virulento en el ataque a Venezuela, ha debilitado su proyecto inicial. Primero el parlamento hondureño en 2010 y luego el gobierno ecuatoriano en 2018, rechazaron pertenecer al ALBA-TCP. Por lo que actualmente participan 10 países en su tratado, todos del Gran Caribe.

  A partir de 2010, en México, se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un mecanismo intergubernamental de ámbito regional heredero del Grupo de Río, el foro de concertación política y diplomática más extenso en la historia reciente de nuestra región, y la Cumbre de América Latina y del Caribe (CALC) que promovía la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Su primera Cumbre en Venezuela, en 2011, afirmó la perspectiva autonómica regional, pues por primera vez se reunían la totalidad de países latinoamericanos y caribeños del continente americano, sin la tutela de potencia alguna. Hasta el 2015 sus logros fueron espectaculares pues la CELAC fue reconocida como interlocutora válida: la reunión CELAC-Unión Europea, se crea en 2014, y en 2017 inician las cumbres entre la CELAC y China. Asimismo, la CELAC ha sostenido acercamientos con otros países como Corea del Norte, la India, Japón, Rusia y Turquía. Entre 2017 y 2019, la CELAC sufre una suerte de parálisis debido al posicionamiento neoconservador de varios países que la conforman frente a las crisis políticas de Venezuela y de Nicaragua, a través del llamado Grupo de Lima y de un proyecto de integración subregional que se denomina PROSUR, que intenta desmontar al MERCOSUR y a la UNASUR, así como debilitar la proyección geopolítica del ALBA-TCP y dar el tiro de gracia al bloque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), que tuvo sus mejores años durante el gobierno de Lula da Silva. Es incierta la perspectiva de la CELAC, mientras la correlación de fuerzas a favor del neoconservadurismo prevalezca en la América Latina continental y mientras el Caribe insular esté sujeto a una doble contradicción entre el autoritarismo en la escala nacional y la hegemonía estadounidense en el Gran Caribe. Con la excepción de Cuba cuya originalidad aún reclama un tratamiento especial.

Las olas integracionistas por las que ha transitado la región latinoamericana reflejan un escenario geopolítico estratégico en el cual se forman instituciones y organismos con la razón de la deconstrucción de América Latina. Ante estos, podemos encontrar una concertación político-diplomática de la región latinoamericana vista desde la Organización de los Estados Americanos fundada en 1880, el Grupo de Río, la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre la Integración y Desarrollo (CALC), el Sistema Económico de América Latina (SELA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Cumbre de los Pueblos y la Alianza Social Continental, entre otros organismos anteriormente mencionados.

Puede señalarse como un objetivo de estas tres olas integracionistas la búsqueda del declive de la hegemonía de E.U.A y el robustecimiento de la autonomía de la región latinoamericana, frente a las potencias mundiales desde todos los ámbitos locales, nacionales, internacionales y supranacionales; mediante la multidimensionalidad de actores que confluyen en la región. Considerando también el escenario actual latinoamericano respecto a su dinámica geoestratégica y de seguridad que la lucha por la maximización de su autonomía y soberanía, así como la emancipación política de la región latinoamericana de la potencia de Estados Unidos, no solo con base en sus acuerdos de mercado, bloqueos económicos o su lucha por seguir colonizando el poder de la región, sino también, en búsqueda de la desocupación de las bases militares que se encuentran en varios puntos de América Latina. Sin embargo y paradójicamente, la región se sumerge en un nuevo escenario de remilitarización en varios países, aunque el caso de México con la Guardia Nacional merecería un debate aparte.

Este y otros temas relevantes para comprender el estado de la integración regional autónoma latinoamericana y caribeña respecto a sus cruces con el neoliberalismo y neoconservadurismo son abordados en el presente dossier.

En primera instancia se presenta el artículo de Sergio Guerra Vilaboy, titulado “Recuento histórico de los intentos de unión latinoamericana”, que, a través del enfoque de historiador, nos conduce por los procesos integradores que ha vivido América Latina, comenzando en 1790 con las primeras aspiraciones independentistas, seguido de la conocida carta de Jamaica, la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), que pasó a considerarse MERCOSUR, la Asociación de Estados del Caribe, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Mercado Común Caribeño (CARICOM) y el G-3 (México, Venezuela y Colombia). El autor señala lo que significaron estos procesos y lo que significan hoy para el escenario actual de la integración latinoamericana, que en palabras del autor “siguen siendo hoy, como ayer, todavía una hermosa quimera”.

El segundo artículo de este Dossier: “La integración económica latinoamericana y caribeña en el cambio de siglo y hasta la actualidad: Entre el regionalismo abierto y el regionalismo alternativo” de Jaime Estay, revisa el desenvolvimiento del regionalismo latinoamericano en sus contenidos económicos para los años noventa del siglo pasado y lo que va del presente siglo, destacando la heterogeneidad de situaciones y de momentos por los que se ha atravesado, como resultado de la presencia de dos proyectos integradores que se han disputado la definición de los rumbos y contenidos de dicho regionalismo: por una parte, el proyecto derivado de la imposición del neoliberalismo y de la apertura generalizada de las economías que se inició en el marco de la crisis de los años 80; por otra parte el proyecto de regionalismo derivado del avance que hasta hace pocos años tuvieron los gobiernos llamados “progresistas” y como parte del cual se impulsó una estrategia alternativa de inserción internacional y de vinculación entre los países de la región.

“La autonomía como eje articulador de las políticas exteriores latinoamericanas a inicios del siglo XXI” de Carlos Oliva Campos, es el tercer artículo que se presenta en la obra. Su autor analiza la característica que ha regido los gobiernos izquierdistas y progresistas de Latinoamérica en la primera parte del siglo XXI, la lucha por su autonomía, defensa de soberanía y disminución de las desigualdades. El texto se muestra en tres secciones, en la primera se aborda la perspectiva conceptual de la autonomía en relación con las políticas exteriores de América Latina. En la segunda, la autonomía se aborda desde lo doméstico, considerando los gobiernos de izquierda y el progresismo. Y la tercera sección aborda la coyuntura actual, teniendo como punto de encuentro de estas tres secciones, el objetivo por la maximización de la autonomía y la soberanía nacional, concluyendo su artículo con un llamado a no pasar por alto la importancia del escenario político regional que consolide y redimensione las autonomías de la región.

Heriberto Cairo, Breno Bringel y Jerónimo Ríos nos presentan el trabajo “Geopolítica externa del regionalismo latinoamericano: nuevas configuraciones en el orden mundial contemporáneo” donde son abordados los significantes que hoy en día conllevan el panregionalismo, el interregionalismo, las alianzas contrahegemónicas y el trasnacionalismo en relación con América Latina. Se señalan las debilidades, las contradicciones y las posibilidades que ofrece el continente en el actual panorama multipolar que emerge tras la Guerra Fría. Los autores se adentran en el contraste existente entre el regionalismo y el regionalismo posliberal, y en su “resiliente” relación con el Atlántico y el Pacífico. De manera muy acertada nos llevan al análisis de Latinoamérica con actores como China o la Unión Europea, finalizando su trabajo con un panorama de los movimientos sociales, destacando su fuerza en el sistema mundial actual, dados sus potenciales miradas instituyentes de un tejido social otro de cara al poder local y al poder supranacional y global.

El artículo titulado “Ecología política: la necesidad de una nueva teoría del poder en América Latina, basada en el poder político de la naturaleza”, de Mario Edgar López, hace un llamado a dejar atrás la tradición de que en América Latina la ecología política únicamente ha centrado sus avances y productos en tres aspectos: advertencia, denuncia y crítica. Mario Edgar señala que es necesario dejar este escenario para poder generar una teoría del poder con base en el poder político de la naturaleza, que para el autor es el nuevo reto y necesidad de la ecología política, no solo fructífero para el ambiente sino para todas las relaciones socio ambientales que confluyen en el mundo, ya que, señala, el sistema capitalista ha sido el gran responsable de la destrucción del ambiente. Retomar la idea de generar una teoría del poder desde la perspectiva de la ecología, llevará, indica el autor, a un nuevo pacto social con la naturaleza y reemplazará el poder político mundial moderno capitalista.

Por su parte, Ignacio Medina presenta “Culture and identity for latinamerican integration”, un trabajo que resalta la importancia de la cultura y del capital social como uno de los factores principales a considerar para los proyectos de integración en América Latina. El autor no deja de lado la complejidad del concepto cultura, por lo cual la primera parte del texto está enfocado en un recorrido por la discusión teórica que ronda sobre el significado y definición de este concepto haciendo énfasis en tres teorías, la primera enfocada en su significado griego, la segunda desde la percepción del latín, y la tercera desde la visión antropológica. La segunda parte del texto se orienta al análisis de la posible emergencia de una cultura e identidad latinoamericanas en los procesos de integración, pues si cultura e identidad se fortalecen la respuesta será positiva.

Oscar Jorge Romero Jr. en su artículo “Telecomunicaciones y dependencia en América Latina: Retos para la integración autónoma” hace un recorrido por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde donde se adentra en el juego geopolítico de la lucha de poderes y dominaciones entre Estados Unidos y América Latina, esto a través del análisis de los procesos de integración de la región, donde el autor puede observar que estos han sido escenario de negociaciones de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones que a la vez abonan a la consolidación de los derechos de ciudadanía en Latinoamérica.

Celia Magaña nos ofrece un análisis sobre el punto en el que se encuentran las demandas de los gobiernos progresistas de América Latina. Su trabajo: “Un balance de las agendas sociales latinoamericanas, las mujeres y los gobiernos progresistas”, se cuestiona hasta dónde las políticas sociales de los gobiernos progresistas significaron una ruptura con las políticas sociales de los gobiernos predecesores, teniendo en consideración el origen crítico a las políticas neoliberales que sin embargo, menciona, queda banalizado al dirigir esfuerzos al hecho de ampliar las políticas sociales a través de su universalización, pero sin cambiar el núcleo duro de las mismas, teniendo como resultado a América Latina como la región con el mayor grado de desigualdad en el mundo, concentrándose de manera histórica en algunos grupos demográficos, de los cuales, el estudio se enfoca en el grupo demográfico de las mujeres.

El Dossier cierra con el trabajo: “El turismo: retos, costos e integración en el siglo XXI” de Stella Arnaiz Burne, Alfredo A. César Dáchary y Fernanda César Arnaiz, donde los autores señalan que, a pesar de los grandes retos a los que se enfrenta hoy el turismo de América Latina, la región es un modelo de desarrollo exitoso en el mundo. También nos muestran cuáles son esos retos a los que se enfrenta el turismo, tales como su masificación y su afluencia como destinos de turistas europeos. En este trabajo se problematiza la “turismofobia” que se produce ante el desplazamiento y despojo de la población local, así como la articulación del turismo con el cambio climático global. Señalan que el turismo se ha ido incrementando de manera acelerada en América Latina; sin embargo, muchos de los destinos latinoamericanos y caribeños no se ven beneficiados debido a los altos índices de crimen organizado, la inseguridad derivada de la violencia, el narcotráfico y los impactos del clima. Frente a este escenario, destacan en su parte final la fragilidad y contradicciones de los megaproyectos turísticos, pues el Caribe y México, llevan adelante uno de los mayores proyectos de cooperación e integración con la creación de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe (ZTSC).