Secularización de la educación sexual: contienda histórica entre laicidad y conservadurismo

Secularizing sexuality education: a historic contention between laicism and conservatism

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El presente artículo deriva de las reflexiones de dos investigaciones realizadas entre los años de 2013 y 2018. La primera se avocó a analizar, desde el punto de vista histórico, la oposición conservadora a los libros de texto que desde 1960 se reparten de forma gratuita en México y que llegan cada año a la totalidad de los estudiantes que asisten a las escuelas primarias, tanto públicas como privadas. La segunda analizó, bajo un enfoque lingüístico, el discurso pedagógico sobre sexualidad de docentes de nivel secundaria con el fin de comprender la manera cómo estos discursos reproducen la ideología sexual dominante y las razones por las que éste suele ser el caso. (Camacho Sandoval, 2016; Rangel Bernal, 2017)

Si bien la temática, método y objetivos de ambas investigaciones son distintos, el diálogo derivado de una revisión crítica de los resultados y planteamientos presentados por ambas partes nos llevó a identificar un punto de convergencia del cual surgió este texto, en particular, la discusión sobre el carácter inacabado del proceso de secularización de la educación sexual en México, proceso que, a pesar de haber iniciado hace casi 50 años con la inclusión por primera vez de contenidos referentes a la sexualidad humana en los planes de estudio de primaria y secundaria, aún no se puede dar por concluido.

Derivada de esta discusión, se planteó la necesidad de ponderar el papel que han tenido los grupos políticos que históricamente se han opuesto a que dicha educación sea impartida bajo un enfoque laico en los planteles de nivel básico, en tanto que, como actores sociales, han intervenido de manera decisiva para frenar las medidas laicistas del gobierno mexicano orientadas a secularizar la educación sexual. Estos grupos conservadores, que en el espectro político se ubican a la derecha, están vinculados en su mayoría a la Iglesia católica, la cual representa a la religión mayoritaria en este país y mantiene una fuerte influencia cultural en el tratamiento de temas relativos a la sexualidad¹. Directa o indirectamente tutorados por la jerarquía eclesiástica, estos grupos han llevado a cabo numerosas acciones por más de ocho décadas para impedir que dicha educación sea impartida conforme al principio jurídico de laicidad que rige a la educación en este país, al tiempo que han pretendido que esta educación, de ser impartida, se apegue a los contenidos y al enfoque que ellos proponen.²

A fin de dar cuenta del impacto que estas acciones han tenido en el proceso de secularización de la educación en México, este artículo tiene por objetivo presentar, de manera abreviada, un recuento histórico de los principales momentos de oposición que se han dado a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, mencionando a los actores participantes, las razones por las que se han producido los conflictos y las consecuencias e implicaciones que emergieron de ellos, todo ello en el marco del contexto nacional y enfocando la mirada en el estado de Aguascalientes, el cual mantiene una cultura con fuertes rasgos conservadores y católicos y, por ello, se toma como representativo.³

Las reflexiones aquí vertidas pretenden un segundo objetivo que es dimensionar el impacto de esta problemática no sólo desde el punto de vista histórico sino también considerando su resonancia actual pues, en las últimas décadas, la sexualidad ha entrado a la agenda pública de la mano de actores políticos no reconocidos anteriormente como son los grupos activistas que trabajan por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos principalmente de mujeres y de minorías sexuales. Como resultado de la creciente participación y presión política de estos actores, se han promovido cambios en la legislación tales como la despenalización del aborto en la Ciudad de México (2009) y las reformas para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional (2015), lo cual ha motivado el resurgimiento de los grupos conservadores quienes adquieren nuevamente una notoria presencia pública⁴.

Un propósito adicional es enfatizar la necesidad de fortalecer el carácter laico de la educación a fin de evitar la imposición de preceptos morales en su impartición, entre ellos los de carácter religioso, dado que estos dificultan que se imparta la educación sexual científica y laica que la población requiere para garantizar la adquisición de las competencias que permitan ejercer, libremente y de manera informada, sus derechos sexuales y reproductivos.

La educación en México ha experimentado un largo proceso de secularización el cual se fundamenta, desde de 1917, en el principio jurídico de laicidad⁵. Dicho proceso ha consistido principalmente en la exclusión de todo contenido religioso (palabras, símbolos, etcétera) tanto del discurso educativo como del currículum escolar, lo que ha redundado en una clara diferenciación de esferas de lo público y lo privado, mediante la cual las instituciones educativas a cargo del Estado actualmente se erigen como autónomas y, por tanto, ajenas a cualquier institución u organización vinculada con alguna confesión religiosa.

Adelina Arredondo López y Roberto González Villarreal (2014) identifican los primeros indicios de secularización en este país en la última parte del periodo colonial dado que las reformas borbónicas permitieron que se modificara la concepción imperante de educación (o instrucción, como se le llamaba entonces), la cual tenía un fuerte componente religioso. Ello se logró mediante la introducción de planteamientos de corte liberal que abogaban por una modernización de la sociedad a fin de garantizar el crecimiento económico. Dichas reformas permitieron dejar de lado materias de orientación religiosa (como el estudio de la historia sagrada) que ocupaban un espacio considerable, tanto en el currículo como en lo que respecta al uso del tiempo escolar, y en su lugar se incluyeron contenidos de naturaleza técnica e industrial que estaban orientados a brindar una formación para el trabajo a niños y jóvenes, formación que, se esperaba, coadyuvara a aumentar la producción económica en el virreinato.

Contando con estos antecedentes, los pasos más importantes en el avance de la secularización de la educación en México se dieron un siglo más tarde, a partir de la promulgación de la Constitución de 1857, ya que, a diferencia de las anteriores constituciones, ésta no consideraba al catolicismo ni a otra religión como oficial. Más tarde, las Leyes de reforma (1859-1873) establecieron el régimen de separación del Estado y la Iglesia, y sentaron las bases para la conformación del Estado laico⁶.

En cuanto a la legislación en materia educativa que impulsó la secularización, destaca la ley de 1861, suscrita por el presidente Benito Juárez y el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ignacio Ramírez, en la cual se omitían los contenidos religiosos que se habían estipulado como obligatorios en la Constitución de 1824. Si bien esta ley tuvo un efecto limitado al ser aplicada solamente en el Distrito Federal y en los territorios, además de que fue derogada un año después, sirvió como base para la expedición de leyes y decretos similares en diversos estados del país, donde de igual forma se excluía la enseñanza de contenidos religiosos. Tal fue el caso del Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Puebla y Tlaxcala. (Arredondo López y González Villareal, 2017)

Ya en el siglo XX, la redacción de la Constitución de 1917 ratificó el mandato de excluir de la instrucción pública formal “toda enseñanza o propaganda de cualquier credo religioso” (Alvear, 1963, p. 282), y se eliminaron las atribuciones y el poder que tenían las iglesias en materia educativa. Con estas disposiciones, el gobierno estuvo obligado a garantizar que la educación que se impartiera a la población mexicana -en lo respectivo a la generación de políticas, la definición de contenidos curriculares, la redacción y publicación de libros de texto, etcétera- se apegara al principio de laicidad. Así, con el Artículo 3º constitucional y el régimen de laicidad educativa, se erigió la autonomía de las instituciones educativas a cargo del Estado respecto de las instituciones y autoridades religiosas en general y, de manera particular, de la Iglesia católica, la cual, hasta ese momento había tenido, si no un monopolio educativo⁷, sí una fuerte influencia sobre todo de carácter ideológico al haberse mantenido por diversas vías la enseñanza obligatoria de la doctrina católica en las escuelas tanto públicas como privadas.

En el caso específico de la educación sexual, ya se pueden encontrar elementos secularizantes desde los primeros planteamientos que se hicieron sobre esta materia al iniciar el siglo XX, pues los supuestos en los que se basaban procedían de los discursos seculares sobre sexualidad (en particular sobre la sexualidad infantil), que circulaban en la época. Estos fueron resultado de una discusión que se fundamentaba en los aportes de disciplinas científicas de reciente formación, tales como la Biología, la Medicina y la Psicología. Dichos supuestos dieron paso a la construcción de un discurso secular sobre la sexualidad que se alejaba de lo religioso, pues el sustento de su legitimidad se encontraba en fuentes distintas a las de este último. Frente a la fe religiosa, la educación propuesta por el Estado buscaba sus bases en la razón y en el conocimiento científico.

Al mismo tiempo, se introdujo una representación secular de la infancia, que fue resultado de una transformación simbólica e ideológica, con base en la cual se concebía a los niños como futuros ciudadanos y, por tanto, como depositarios del futuro de las naciones. La difusión de esta representación provocó un interés sin precedentes por la educación y el cuidado infantil en lo que Alberto del Castillo Troncoso (2000) describe como un “doble proceso simultáneo: un reforzamiento de la individualidad, con un enriquecimiento de un mundo interior cada vez más complejo, y un incremento de los procesos de control social” (p. 204). Control que se ejercería primordialmente a través de las instancias educativas y del sector salud en el ámbito público, y de la familia y la Iglesia en el ámbito privado.

Cabe señalar que estos supuestos seculares que décadas más tarde formarían la base de las políticas en materia de educación sexual en México, aunque ya no estaban vinculados directamente a creencias de tipo religioso, permanecieron anclados a formas tradicionales de concebir a la sexualidad pues, como lo explican Vainerman, di Virgilio y Chami (2008):

a partir de fines del siglo XIX, el proceso de secularización despojó de legitimidad religiosa a la moral sexual, aunque mantuvo, cuando no reforzó, sus presupuestos básicos que establecían el doble patrón de género, la norma heterosexual y la reproducción dentro del matrimonio monogámico e indisoluble. Con la secularización emergieron nuevos patrones de conducta y voces críticas de las convenciones sociales acerca de la sexualidad y la cuestión de género. (p. 19)

Ahora bien, a inicios de la década de 1970, tanto la inclusión de la educación sexual en el currículo escolar, como la secularización de esta última, obedecieron a la implementación de políticas orientadas a responder a problemas sociales y de salud pública relacionados con el acelerado crecimiento poblacional que fue impulsado por “elevados índices de fecundidad, aunados a decrecientes estándares de mortalidad” (Hernández Laos, 2004, p. 16) y que se venía gestando desde la década de 1940. De esta manera, las políticas en materia demográfica, cuyo propósito era influir en la dinámica poblacional y contribuir a la solución de problemas sociales derivados del aumento en la tasa de nacimientos (México, Congreso de la Unión, 1973, p. 149), se convirtieron en uno de los ejes de la reforma educativa de 1975 y fueron el principal motor que impulsó la inclusión de un modelo de educación sexual en las escuelas primarias y secundarias del país⁸.

Dicho modelo tenía propósitos primordialmente informativos. Los contenidos respectivos a la sexualidad se ubicaron curricularmente en el programa de Ciencias Naturales y comprendían una revisión de “las características fisiológicas del desarrollo infantil y puberal” (García Alcaraz, 2014, p. 6), así como de los procesos reproductivos de la fecundación y la gestación, con énfasis en cuestiones de índole fisiológica y anatómica. De igual forma, a decir de María Guadalupe García Alcaraz (2014), dichos contenidos incluían estereotipos de género que aludían a “la función productora” y proveedora del padre de familia y a “la función reproductora y doméstica de la madre”. (p. 7)

En las décadas de 1980 y 1990, la educación sexual volvió a ser un tema central en los debates de las políticas públicas en materia de salud y educación dado que la emergencia de la epidemia del sida “politizó el debate sobre la educación sexual y se multiplicaron las controversias” (Vainerman, di Virgilio y Chami 2008, p. 25). Lo que ocurrió fue que, por una parte, se enfatizó el papel de la educación en materia de sexualidad, especialmente en lo respectivo a la prevención de enfermedades por contacto genital, como una manera de combatir la epidemia; y por la otra, se reactivó la alerta entre los grupos conservadores en torno al abordaje de la sexualidad adolescente, con lo cual se reforzaron las posturas opuestas a las estatales y como contraparte, se presentaron modelos y programas orientados a promover y privilegiar la abstinencia y el ejercicio de la sexualidad en un entorno conyugal y monógamo como las principales formas de limitar los contagios. A la par, comenzaron a integrarse algunos planteamientos derivados de los estudios feministas y de género a las discusiones sobre el abordaje de la sexualidad en la escuela, así como el enfoque de los derechos humanos centrado en los derechos de la niñez y de la población adolescente.

En lo que respecta a las primeras décadas del siglo XXI, mediante una serie de reformas que buscaban articular los contenidos y enfoques pedagógicos de los tres niveles de la educación básica, además de las cuestiones relacionadas con la reproducción humana, la anticoncepción, prevención de embarazos, las medidas de higiene y de prevención de enfermedades vinculadas con la salud sexual y reproductiva, se incluyeron a los programas de primaria y secundaria los temas de las cuatro potencialidades de la sexualidad (el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproductividad), los derechos sexuales, la equidad de género y los estereotipos que la obstaculizan, la violencia de género y del abuso sexual y su relación con el consumo de drogas; así como la abstinencia y el retraso de la edad de inicio de la actividad sexual como conductas sexuales responsables.

En cuanto a los indicios de secularización que encontramos en este periodo destacan: i) la creación e impartición, a nivel nacional, de programas de educación sexual por parte de instancias estatales y, por tanto, laicas, ii) la exclusión de todo contenido religioso de dichos programas, así como de su enseñanza⁹, iii) su fundamentación en aportaciones de diversas disciplinas científicas, iv) la inclusión de enfoques seculares desde los cuales analizar y comprender la sexualidad¹⁰, y v) la referencia a una ética sexual secular.

Para cerrar este apartado, es importante hacer notar que el proceso de secularización al que se ha hecho referencia, en tanto que lo entendemos como un proceso en construcción, no se puede dar por concluido. De igual modo, su avance no ha tenido una progresión lineal, sino que más bien se han registrado periodos en los que la implementación de medidas laicistas y secularizadoras, como las que se han mencionado en las páginas anteriores, le han dado un impulso notable; mientras que en otros momentos, dicho avance se ha visto frenado, ya sea por la intervención de grupos activistas vinculados a la Iglesia católica, por alianzas políticas entre el clero y representantes del Estado o por medidas de gobiernos conservadores que se oponen a las disposiciones laicistas de gobiernos anteriores. Por ello, podemos describir este proceso, no obstante las dificultades que enfrenta, como uno de avance con dirección hacia la secularización.¹¹

El principio de laicidad ha sido aplicado conforme a lo establecido en la normatividad en todos los niveles y modalidades educativas a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI¹², lo cual ha significado un avance importante en el proceso de secularización de la educación en México. Sin embargo, en el caso específico de la educación sexual, las cosas han sido distintas dando por resultado que dicho proceso haya sido más lento y difícil, dado que en México, la sexualidad continúa siendo regulada en gran medida por la religión, de manera que las concepciones, valores y discursos de la Iglesia católica¹³ siguen permeando el entendimiento de la sexualidad en asuntos relacionados con la familia, la pareja, el matrimonio, la reproducción, el género y, entre otros, el erotismo. (Díaz Camarena, 2017)

Aunado a lo anterior, la conformación del marco legal que sustenta la laicidad en México, así como las acciones concretas que de éste han derivado, han dado pie a numerosos episodios históricos en que una facción conservadora, en coordinación con la jerarquía católica, ha intervenido públicamente haciendo uso de su poder de convocatoria para tratar de contrarrestar los efectos de dicho marco. Para ello se han usado formas tanto pacíficas como violentas. Entre las primeras destacan prácticas como la simulación del acatamiento de las leyes y la negociación con representantes de partidos políticos y de los gobiernos en turno (Negrete, 1988). Con respecto a las segundas, su mayor expresión se dio en conflictos armados, como la llamada Cristiada o Guerra Cristera (1926-1929 y 1932-1934) a consecuencia de la cual murieron aproximadamente 250 mil personas. (Meyer, 1973 y 1974)

La presencia de grupos vinculados a la Iglesia católica ha sido muy notoria en el ámbito de la educación sexual, no así en otras áreas curriculares como pueden ser las matemáticas o la lengua. Esto se debe a que, para dichos grupos¹⁴, la enseñanza de temas de sexualidad bajo una perspectiva laica es opuesta a la moral católica que, según sus expresiones, atenta contra el orden sociosexual establecido (Díaz Camarena, 2017). Esta convicción se sustenta, además, en el supuesto de que la educación sexual es responsabilidad exclusiva de la familia y que la educación impartida por el Estado tiene, en todo caso, una función complementaria o subsidiaria.¹⁵

En los periodos de conflicto se ha observado un mayor grado de beligerancia en estados del centro-occidente de México, como Aguascalientes, un estado donde ha existido una influencia cultural y social de la Iglesia católica de notable arraigo, lo cual ha dificultado e, inclusive, ha llegado a impedir la implementación de programas laicos de educación sexual en escuelas de nivel básico en diferentes periodos históricos.

Para comprender mejor cómo se han producido estos momentos de tensión entre la secularización y la oposición conservadora, a continuación, se detalla la forma en la que, a través de políticas educativas del Estado mexicano, se han dado pasos hacia la secularización de la educación sexual y las maneras en que los grupos de oposición mencionados se han manifestado en contra de dichas políticas a lo largo del siglo XX y principios del XXI.

En 1910, representando al gobierno de Porfirio Díaz, varias personas asistieron al Congreso Internacional de Higienistas en la ciudad de París, donde se discutió la necesidad de impartir educación sexual a niños y niñas. A su regreso, dichos representantes quisieron aplicar lo aprendido a través de la creación de programas de educación sexual que abordaran aspectos de higiene y cuidado de la salud. Sin embargo, las autoridades educativas decidieron no tratar el tema argumentando que los mexicanos aún no estaban preparados para ello, dado el atraso educativo de la población y la hegemonía cultural de la religión católica. De igual manera, hubo quienes argumentaron que los padres de familia eran los responsables de la impartición de esta educación, aunque reconocían que muchos de ellos no tenían la menor idea sobre el particular. (Castillo Troncoso, 2000)

El tema de la educación sexual volvió a aparecer una vez concluido el movimiento revolucionario (1910-1920), toda vez que se presentó un nuevo proyecto educativo del Estado mexicano. Sus antecedentes fueron el fortalecimiento de la educación científica y laica estipulada en el Artículo tercero de la Constitución de 1917¹⁶ y la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921. Este proyecto educativo formaba parte de un movimiento secular internacional relacionado en alguna medida con el socialismo y retomaba la lucha política contra los llamados aparatos hegemónicos aún dominantes, entre ellos, la Iglesia católica (Weiss, 1982). En 1932, el titular de esta Secretaría de gobierno, Narciso Bassols, incorporó por primera vez la educación sexual a la nueva agenda educativa con la propuesta de un programa educativo que sería implementado en primarias de la Ciudad de México. Con dicha propuesta se daban los primeros pasos hacia la secularización de la educación sexual en este país ya que:

(...) la Comisión Técnica desarrolló una serie de argumentos que inscribían a la infancia dentro de un mundo secularizado, representado por la escuela, la cual tenía la obligación de satisfacer y responder a los derechos de los niños a obtener información sobre sexualidad, vinculada ésta, de acuerdo con los parámetros de la época, a cuestiones que tenían que ver con el origen de la vida y con aspectos de carácter reproductivo, con un marcado tinte biológico (del Castillo Troncoso, 2000, p. 210).

A pesar de haber disposición por parte del gobierno federal, este programa no llegó a ser implementado debido al rechazo por parte de grupos católicos que lo boicotearon mediante diversas acciones como la formación de asociaciones de padres de familia, la organización de debates públicos, la redacción de cartas a autoridades, la publicación de desplegados en la prensa en los que manifestaban su oposición, la realización de mítines y plebiscitos, además de huelgas y el cierre temporal de algunas escuelas (Castillo Troncoso, 2000, Arteaga, 2002).¹⁷

Lejos de desaparecer y atender los reclamos de los grupos opositores, a finales del año 1934, el congreso legislativo reformó el Artículo tercero constitucional, dándole el carácter de socialista. Con la nueva legislación, temas que habían sido causa de debate por las connotaciones morales que tenían, tales como la coeducación¹⁸ y la educación sexual, volvieron a relucir y, con ellos, también la oposición en varias partes del país. Hubo resistencia no sólo a la enseñanza de la sexualidad sino a toda la política educativa gubernamental que, en aquel entonces y derivada de la postura radical de los gobiernos encabezados por exmilitares revolucionarios, tenía un carácter anticlerical que causó resquemor a la jerarquía eclesiástica y a las organizaciones católicas. (Quintanilla y Vaughan, 1994)

La participación de la Iglesia y demás grupos conservadores que expresaron su oposición, tanto de forma pacífica como violenta, fue significativa en Aguascalientes y estados aledaños. Ejemplo de ello, fue la rebelión armada de los cristeros, las milicias de laicos¹⁹ y algunos sacerdotes católicos que, frente a las leyes antirreligiosas expedidas durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), se levantaron en armas para “defender su fe”. Motivados por este sentimiento religioso, por el avance de la ideología socialista radical durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y por las violentas medidas antirreligiosas que llevaron a cabo algunos gobernadores como Tomás Garrido Canabal a través de organizaciones extremistas como los llamados Camisas rojas, los cristeros volvieron alzarse a principios de los años treinta, tomando como blanco de sus ataques a maestros y maestras de zonas rurales a quienes veían como promotores del socialismo y, por ende, como enemigos de la religión (Raby, 1974)²⁰.

Ante este panorama, los docentes se vieron en la disyuntiva de renunciar a la docencia o aceptarla y adaptar los contenidos educativos a las circunstancias del momento. En el salón de clases, el dilema era omitir temas relacionados con la sexualidad o bien tratarlos como podían dado que no se incluían en los programas oficiales y, en su mayoría, los docentes carecían de la formación necesaria para impartirlos. Lo cierto, es que las y los profesores vivieron serias dificultades para impartir contenidos educativos que no siempre tenían aceptación entre los padres de familia y la jerarquía eclesiástica (Camacho, 1991).

El conflicto desapareció de momento dado que las relaciones entre el Estado y la Iglesia se estabilizaron durante los años cuarenta y cincuenta, pero volvió a surgir con la aparición de los libros de texto gratuitos en el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), cuando se repartieron los libros a todos los niños mexicanos que cursaban el nivel de primaria. Con la homogenización de contenidos, se pretendió fortalecer la unidad nacional y avanzar en la modernización de la sociedad mexicana. En esta ocasión, la inconformidad provino de diferentes sectores quienes vieron afectados sus intereses: desde las empresas editoriales que perdían en el negocio de la edición y venta de libros, hasta la jerarquía de la Iglesia católica que veía en esta política educativa una nueva embestida del Estado mexicano. (Loaeza, 1999)

Al final, los grupos de oposición perdieron la batalla y los libros llegaron para quedarse, convirtiéndose en poderosos instrumentos de un Estado que pretendía sacar del atraso cultural y económico a los mexicanos por medio de la educación, al mismo tiempo que buscaba fortalecer lealtades a favor del grupo en el gobierno, que perseguía perpetuarse en el poder con un partido político único y autoritario. (Latapí, 1992)

La educación sexual no apareció como foco de discordia sino hasta una década después, cuando el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) instrumentó una nueva reforma educativa y cambió los planes y programas de estudio para incluir la enseñanza de contenidos relacionados con la sexualidad humana a fin de apoyar la políticas recientemente implementadas en materia demográfica, las cuales se orientaban a reducir la tasa de natalidad ante el crecimiento desmedido que había experimentado la población y con la finalidad de abatir las problemáticas sociales derivadas de dicho crecimiento. (Solana, 1982; Latapí, 1980)

En este periodo, los libros de texto de Ciencias Naturales fueron rechazados por grupos conservadores y la jerarquía eclesiástica pues contenían lecciones de educación sexual ilustradas con dibujos de niños desnudos, así como explicaciones sobre la gestación humana, lo cual consideraban inaceptable. De este modo, los grupos que habían protestado en la década de los años treinta volvieron a organizarse y a expresar por diferentes medios su oposición. Por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) acusó a la SEP de pretender implantar un sistema ateo, totalitario y antimexicano, y esgrimió el argumento de que la educación sexual debía darse en el seno de la familia y de manera personalizada (Castillo, 1997); es decir, sin la intervención del Estado a través del sistema educativo.

En Aguascalientes, la jerarquía eclesiástica no quiso perder ciertos privilegios que había recuperado “después de la tempestad”, es decir, del periodo de los conflictos armados, en lo que se entendía como los tiempos del nuevo modus vivendi²¹ (Padilla, 1998). Ante esta situación la UNPF y la Federación de Escuelas Particulares de Aguascalientes encabezaron la batalla insistiendo en que la educación sexual debía ser enseñada por los padres de familia y que los maestros no eran capaces de impartirla, dada su falta de formación o por las deficiencias de ésta. De igual modo, se argumentó que en los docentes no recaía el derecho de impartir esta educación, sino que éste era exclusivo de los padres y madres familia. Las manifestaciones de oposición se extendieron a acciones concretas y simples, tales como engrapar las hojas de los libros de Ciencias Naturales o arrancar las páginas correspondientes a la lección novena del libro de sexto de primaria, con la finalidad de que el alumnado no tuviera acceso a dichos contenidos ni se abordaran en las clases. Frente a esta embestida conservadora, los maestros que decidieron cumplir con el programa se enfrentaron al problema de qué contenidos impartir y cómo enseñar los temas de sexualidad a sus alumnos, dado que no se brindó formación específica sobre estos temas de forma masiva al profesorado.

Para 1995, los acuerdos a los que se llegaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing motivaron al Consejo Pontificio para la Familia a emitir, desde el Vaticano, el documento “La verdad y el significado de la sexualidad humana. Guía para la educación en la familia”, mediante el cual se establecían las normas y pautas sobre la educación sexual que habrían de recibir los católicos alrededor del mundo. En este documento, “se reitera, punto por punto, las concepciones tradicionales de la jerarquía y se descalifica la educación sexual de niños y jóvenes en un contexto que no sea familiar” (Mejía Piñeros, p. 36). Asimismo, retoma el argumento del “derecho natural” de los padres y madres para educar a sus vástagos de acuerdo con su fe religiosa, colocando a la escuela en una posición subsidiaria.

Adicionalmente, las reformas constitucionales y a la Ley Reglamentaria sobre Asociaciones Religiosas y Culto Público realizadas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), permitieron a las iglesias, en particular a la Iglesia católica, recuperar espacios en el sector educativo y en los medios de comunicación. Mediante esta recuperación de espacios que también incidió en la esfera política, promovieron el modelo de educación sexual propuesto por el Vaticano, en contraposición al modelo secular del Estado mexicano. Durante este periodo, a esta promoción se le aunó el activismo contra la apertura a los derechos sexuales y reproductivos mediante el trabajo de organizaciones internacionales como Pro-vida y el Movimiento de la Nueva Familia “Focolare” (Mejía Piñeros, p. 42). Las posturas de dichas organizaciones incidieron en la agenda legislativa en México a través de la acción política de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

Iniciando el siglo XXI, a mediados del año 2006, apareció el rumor de que los nuevos libros de texto para preescolar, primaria y secundaria contenían información relacionada con “ideología de género” y la sexualidad, lo que preocupó a distintos grupos conservadores en varias entidades del país. Hubo muchos rumores, pero lo que fue cierto es que, al implementarse la obligatoriedad de la educación secundaria, el gobierno federal financió la publicación de libros de texto para distribuirlos gratuitamente a los estudiantes de este nivel educativo²². Los contenidos de dichos libros pasaron por escrutinio de los conservadores quienes encontraron en los de Ciencias I, Biología, temas y maneras de abordar la sexualidad que provocaron su abierto rechazo. El principal argumento en contra del reparto de estos libros y de su uso como material complementario en las clases es que en dicho que en dicho texto se desligaban arbitrariamente el amor, la reproducción y la sexualidad.

Una de las autoras que participó en la elaboración de uno de los libros rechazado tanto por padres de familia, miembros del clero e inclusive algunos docentes, Ana Rosa Barahona Echeverría23, señaló que, para presentar su propuesta de libro, ella se basó en el programa de la SEP, el cual decía claramente que uno de los bloques tenía que enfocarse en las cuatro potencialidades de la sexualidad: la reproducción, la afectividad, el erotismo y el género. A partir de estas ideas, según Barahona Echeverría, el libro ya no sólo habló de sexualidad, ni decía que el sexo fuera exclusivamente para reproducirse, sino también para demostrar afecto a alguien. Es decir, el texto mencionaba al amor, pero desde una perspectiva secular que se alejaba de la concepción del amor conyugal y de la (hetero) sexualidad reproductiva entendidos como una unidad indivisible y como expresiones de la divinidad, tal como algunos jerarcas católicos pretendían que se hablara del tema. (Camacho Sandoval, 2016)

Esta perspectiva secular fue criticada por los conservadores argumentando que quitarle el componente moral y espiritual (entiéndase religioso) a la educación provocaba una banalización del sexo y de la sexualidad lo que, según sus dichos, impactaría de forma negativa a la sociedad. (Camacho Sandoval, 2016)

Otro tópico que causó polémica fue el de las enfermedades de transmisión sexual. De manera particular, fue rechazada la parte que se refería al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Abordar esta enfermedad implicó colocar información sobre el sexo seguro y el uso del condón,²⁴ así como abordar prácticas sexuales diferentes que se alejan del modelo heterosexual tradicional, como son el sexo oral y anal. También fueron cuestionados los temas del placer en la sexualidad y el respeto a la diversidad sexual, lo cual impidió que se incluyeran temas como la orientación sexual y las formas de discriminación hacia las minorías sexuales. Finalmente, se hicieron algunas modificaciones para evitar la oposición, pero la temática en lo general se mantuvo. (Ana Rosa Barahona Echeverría, entrevista SCS, 9 de octubre de 2015)

Nueve años después, en 2015, se expresó nuevamente un movimiento de oposición, pero ya no sólo a la educación sexual, sino a otros asuntos relevantes, como los derechos de niñas, niños y jóvenes y la “perspectiva de género”. Llamó la atención que en varias ciudades se reagruparan organizaciones conservadoras para protestar por la medida. Los grupos de Aguascalientes salieron a la calle a protestar y a manifestarse a favor de “la vida y la familia normal” (Acero, 6 de julio de 2015). En Monterrey, meses después, diputados locales y federales del Partido Acción Nacional y la Unión Neolonesa de Padres de Familia “acordaron arrancar las páginas de los libros de texto gratuitos que contengan información sexual, sobre el cuerpo humano y métodos anticonceptivos” (Muñiz, 6 de agosto de 2016). Una de las organizaciones más importantes fue el Frente Nacional por la Familia (FNF), que antes ya había rechazado públicamente la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio igualitario y que se había opuesto a la “ideología de género”. ²⁵

En Aguascalientes, el presidente del FNF fue claro en señalar que estaban listos para enfrentar cualquier expresión que estuviera en contra de los valores familiares, Según él, ya iba medio siglo que organismos internacionales y nacionales estaban introduciendo paulatinamente la ideología de género, pero que ahora “ya saltó por todos lados”. Para él y la organización, en educación había “muchas cosas muy negativas”, por lo que estaban “en contra de todo lo que se oponga a la familia y a la vida”. (Entrevista a Carlos García Villanueva, NHM y MTHH, 15 de marzo de 2017)

La fuerza de este movimiento conservador fue tal que llegó al mundo de la política y su presencia, por ejemplo, estuvo en las campañas electorales, favoreciendo al PAN. En Aguascalientes, en 2016, por ejemplo, su influencia y la de la Iglesia católica, en una campaña homofóbica y alarmista, hicieron que perdiera la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y partidos aliados (Reyes, 2017) y que ganara el candidato del PAN, Martín Orozco Sandoval, el cual era conocido como un católico tradicionalista que reivindicaba los “valores de la familia” y se oponía a la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.²⁶ Un ejemplo adicional de la labor que estos grupos han llevado a cabo para impulsar su agenda en materia política es que, en 2018, el Frente Nacional por la Familia elaboró en algunos estados un documento “a favor de la familia” para que los candidatos a diversos puestos gubernamentales lo firmaran en señal de apoyo a sus convicciones, entre ellas su postura sobre la educación sexual y la “ideología de género”.

Ante este panorama histórico de enfrentamientos y disputas entre quienes propugnan por una educación sexual laica y quienes se oponen a su impartición en las escuelas mexicanas de nivel básico, cabe preguntarse ¿cuál ha sido el impacto histórico de las acciones concretas llevadas a cabo por estos grupos de oposición? En este apartado planteamos que dicho impacto ha sido considerable y en varios niveles.

En primer lugar, tenemos que el rechazo a la propuesta de educación sexual impulsada por el titular de la SEP, Narciso Bassols, en 1932, tuvo por consecuencia que los alumnos y alumnas que asistieron a la escuela en las cuatro décadas siguientes carecieran de una educación sexual relevante para su vida, además de que se generó un rezago histórico en la enseñanza de esta materia. De igual forma, durante los periodos de enfrentamientos armados (1926-1929 y 1932-1934) encabezados por grupos vinculados al catolicismo, se vivió un ambiente que impidió la impartición regular de la educación básica. A ello se le sumó la falta de parámetros claros que orientaran la enseñanza de contenidos relacionados con la sexualidad.

Décadas más tarde esta situación se repitió (aunque sus matices definidos por el nuevo contexto global) una vez la educación sexual ya formaba parte de los planes y programas educativos oficiales. En este caso, hubo incapacidad de los gobiernos en turno y particularmente de las autoridades educativas para implementar programas de intervención y de formación profesional docente que atendieran las deficiencias en esta materia.

Retomando un caso más reciente, la reedición, reimpresión y redistribución de los libros de texto de la materia de Biología, tuvo un impacto de tipo económico para el Estado. De igual modo impactó a la población estudiantil que no recibió en tiempo y forma estos materiales para complementar su educación.

En suma, hay un impacto negativo en las expresiones de los grupos de oposición porque han detenido un proceso sólido de secularización y debilitado en alguna medida la laicidad de la educación en México. En particular, este proceso se ha visto afectado por las pretensiones de estos grupos de controlar y decidir qué se dice sobre sexualidad en las escuelas de nivel básico y qué no, lo cual socava el carácter laico de la educación en el país. Es importante señalarlo ya que históricamente la laicidad de la educación ha respondido a las pretensiones hegemónicas y políticas de una iglesia que rehúsa considerarse a sí misma como una organización privada y acotada en cuanto a sus funciones, y con base en las cuales pretende imponer su moral sexual a la ciudadanía en general, sean estos creyentes o no.

En este sentido, las posturas morales religiosas en educación sexual contravienen no solo el principio de laicidad que rige a la educación, sino también lo establecido en el Artículo 24 constitucional que establece la libertad de creencias y pensamiento y que a la letra dice: “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado”. (México, Poder ejecutivo, 2018)

Históricamente, el campo de la educación sexual ha representado un espacio de contienda ideológica entre grupos que se disputan la hegemonía en el plano educativo, así como el derecho a decidir qué se enseña sobre la sexualidad humana en las escuelas y cómo. Brindar una educación sexual integral a la población es una tarea prioritaria que legalmente está a cargo del Estado.²⁷ Para que esta educación pueda cumplir con los objetivos que se ha planteado, el gobierno mexicano, en concordancia con lo establecido en acuerdos internacionales,²⁸ está obligado a ofrecer una educación laica y científica. A fin de garantizar este último punto, es fundamental identificar y comprender los fenómenos de índole política, social y cultural que dificultan que dicha educación sea una realidad.

En este artículo aportamos elementos para buscar comprender estos fenómenos a partir de la sistematización de los principales momentos en los que grupos conservadores vinculados a la Iglesia católica se han manifestado en contra la impartición de la educación sexual, argumentando dos puntos principalmente: i) que al Estado no le corresponde impartir esta educación sino que ésta es derecho exclusivo de los padres y madres de familia quedando la escuela en la posición de subsidiariedad, y ii) que los docentes no cuentan con la formación necesaria, por lo que no son los más aptos para impartirla. De igual modo, se han expresado en contra de la integración de temas específicos como son las explicaciones sobre la reproducción humana, la anticoncepción, el autoerotismo y la diversidad sexual.

El discurso de oposición se ha mantenido desde los años sesenta del siglo XIX inicios del siglo XXI, pero a finales de éste se incorporaron otros temas (el erotismo y la perspectiva de género) y nuevos enfoques desde los cuales abordar la sexualidad. De igual manera, aparecieron nuevos grupos de poder y las estrategias de lucha cambiaron: los grupos se organizaron en frentes, fueron apoyados por la Iglesia, empresarios poderosos y organizaciones religiosas de alcance internacional y cercanas al Vaticano, como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, quienes han desplazado en cierta medida a los grupos católicos tradicionales, como la Unión Nacional de Padres de Familia. También se establecieron redes con agrupaciones internacionales, se aprovechó la tecnología moderna, principalmente de las redes sociales, y se incidió en la vida electoral.

El resurgimiento de estos grupos plantea nuevos retos en el avance de la secularización de la educación sexual en México y para el mantenimiento de su carácter laico. El reto sigue siendo atender desde una perspectiva laica los problemas sociales y de salud pública como la fecundidad, la pandemia del SIDA y el embarazo en adolescentes, así como la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de aquellos grupos que históricamente han estado en una situación de vulnerabilidad ya sea por su género, su orientación sexual y/o por su minoría de edad.

Con base en los puntos anteriormente expuestos, se pone en el debate académico, social y político el papel del Estado mexicano en tanto que Estado laico y la obligación de sus representantes de limitar la intervención de grupos que van en contra o en detrimento de los objetivos de la educación sexual laica. Todo ello en el marco jurídico del principio de laicidad, así como del régimen de separación del Estado y las iglesias que está vigente desde 1859.