Introducción

La conducta violenta es relevante para la población juvenil y adolescente a nivel mundial (aproximadamente 200 000 homicidios anuales por jóvenes, que representan el 43 % de los homicidios mundiales anuales) (Jaitman, 2017). Los jóvenes y adolescentes son el grupo etario con el mayor índice de conducta violenta interpersonal o victimarios a nivel mundial; en Colombia, este fenómeno es similar (Jaitman, 2017). En el lustro 2007-2011, el número de víctimas adultas duplicó las víctimas de niños(as) y adolescentes. Durante 2005-2015, se capturaron 3721 adolescentes por homicidio y 8862 por violencia intrafamiliar; además, las víctimas por violencia intrafamiliar se duplicaron (SIJIN, Policía Nacional). En la violencia intrafamiliar hacia adultos mayores se observó una tasa promedio para el cuatrienio 2008-2011 de 33,3 + 3,5, por 100 000 habitantes. También, las lesiones personales tuvieron un comportamiento creciente (115,245, en 2007; 158 798, en 2013; 123 298, en 2016), así como la violencia intrafamiliar (2008-2011, tasa de 160,4 + 6,3; 2012-2016, tasa de 126,0 + 10,3), observada principalmente en las parejas (Forensis, 2015).

América Latina y el Caribe (ALC) ha sido reconocida en las últimas décadas como la región más violenta en el mundo, con una tasa de homicidios cuatro veces mayor a la media mundial (24 por cada 100 000 habitantes en 2015). Entre 2015 y 2016, la tasa de homicidios más alta en la región fue la de El Salvador (103,3 por 100 000 habitantes), y en Sudamérica, Venezuela (62 por 100 000 habitantes). Colombia, con una tasa de 27,9 por 100 000 habitantes, ocupó el décimo lugar (Jaitman, 2017; Haagman et al., 2016; Aldana y Navarrete, 2015; Sierra et al., 2016; Chaparro-Narváez et al., 2017).

En cuanto a los costos totales del crimen, las estimaciones revelan que a los países de ALC el crimen cuesta en promedio entre un 2,41 % y un 3,55 % de su PIB. Colombia ocupa la séptima posición entre los 17 países estudiados por el BID en costos del crimen (Jaitman, 2017). En Sudamérica ocupa la cuarta posición, con un 3,12 % del PIB. El país con más alto porcentaje en Latinoamérica fue Honduras (6,51 %), y en Sudamérica, Brasil (3,78 %). Entre 2015 y 2016, la tasa de homicidios más alta en América Latina fue la de El Salvador (103,3 por 100 000 habitantes), y de Venezuela, en Sudamérica (62 por 100 000 habitantes) (Jaitman, 2017). El 1 % del PIB centroamericano corresponde a los costos sociales del crimen. El cono Sur es la subregión con los costos sociales más bajos, alrededor del 0,4 % del PIB (Jaitman, 2017).

Los costos de la delincuencia en América Latina representan seis veces lo que se gasta en programas sociales; más altos que el costo mundial del terrorismo (menos del 1 % del PIB mundial) o que el costo del cambio climático (alrededor del 1 % del PIB mundial) (Jaitman, 2017). Se puede ver claramente que las conductas violentas en ALC son costosas, además de tener un impacto en la economía. La violencia ha sido el principal problema de salud pública en Colombia (Hernández et al., 2018; Instituto Nacional de Salud y Observatorio Nacional de Salud, 2017), con un negativo impacto socioeconómico para el país, sin que se haya estudiado ni se conozca la tendencia de la prevalencia de las diferentes formas de conductas violentas en adolescentes (CVA) ni la tendencia de los costos directos para el Estado (CDE) ni la eficiencia de este para su adecuado control.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo exploratorio caracterizando las diferentes formas de conductas violentas en Colombia; posteriormente, se estimaron los costos económicos directos (CED) en los que incurrió el Estado colombiano por efectos de estas conductas, y también el impacto sobre el producto interno bruto (IPIB) durante el quinquenio 2012-2016. Inicialmente, el análisis fue realizado para toda la población, y después para los adolescentes específicamente. También, se evaluó la eficiencia institucional estatal en la represión del delito y el efecto de la resocialización con los costos derivados representados en los territorios, y se evaluó el comportamiento anual durante el quinquenio. Se utilizó el método contable con el fin de cuantificar los costos estatales con la información disponible; de esta manera, se planeó identificar y estimar los diferentes tipos de costos directos. Finalmente, se transformaron los costos anuales en pesos corrientes a pesos constantes del 2016, y se realizó la sumatoria anual para totalizar el costo directo quinquenal asumido por cada institución. Los costos analizados fueron aquellos del sector defensa, justicia y salud para la atención de víctimas a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Debido a las dificultades de medición, en la investigación solamente se tuvieron en cuenta los costos de la violencia interpersonal letal u homicidio y de la agresión interpersonal no fatal, que involucra una lesión corporal o daño a la salud, las cuales son registradas anualmente por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de sus informes anuales Forensis (Londoño y Guerrero, 1999). La información fue analizada de las bases de datos institucionales y complementada con la información pública disponible. La información del sector salud se obtuvo del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), del Ministerio de Salud y Protección Social.

En este contexto, para la caracterización, cuantificación y análisis de los costos se solicitó la información correspondiente a las entidades públicas que responden al problema de violencia interpersonal, y que se presentan a continuación, excluyendo a la Unidad de Reparación Integral de las Víctimas, por información incompleta o consolidada que no permite discriminar la conducta agresiva interpersonal.

• Sector justicia (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y Consejo Superior de la Judicatura). Se solicitaron los costos de la rama ejecutiva, de administración y de funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, así como el número de reclusos por tipo de delito, los datos sobre número de autopsias y las valoraciones médicolegales derivadas de la conducta violenta interpersonal.

• Sector defensa. La información suministrada por la Policía Nacional fue la base de los datos institucionales sobre la cual se evaluó el número de capturas por los delitos de conducta violenta interpersonal y los costos para la institución derivados de estas. La metodología que se usó fue el límite inferior recomendado por Jaitman (2017). Se utilizó como indicador el porcentaje de personas capturadas por la Policía como resultado de los delitos que se quisieron analizar, con respecto al total de personas detenidas, esto considerando todos los delitos en un determinado periodo de tiempo, de acuerdo con los objetivos de la investigación.

• Sector salud (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia). Para efectos de este estudio solo se tuvo en cuenta la inversión del Gobierno nacional y departamental para la financiación de la atención en salud incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del SGSSS en relación con las variables estudiadas de conducta violenta interpersonal.

De la información oficialmente enviada por las instituciones estatales y de aquella oficialmente publicada, solo se tuvo en cuenta para los propósitos de la presente investigación la que permitía desagregarse para poder realizar el análisis requerido. Una vez analizada la información de costos en un segundo paso, se georreferenció y se hizo un análisis espacial de los costos por conducta violenta interpersonal en los adolescentes por departamentos, utilizando el software ArcGIS 10.5.

Resultados

En Colombia, desde 2005 hasta 2016, los homicidios han venido disminuyendo de manera progresiva (tasa 29,4 + 1,8 x105 habitantes (2007-2011) a una tasa 25,5 + 1,6 x105 habitantes (2012-2016); es decir, hubo una reducción del 13,3 %). Respecto a los adolescentes, se observó un aumento en el comportamiento en la tasa de homicidios: 1,76 + 0,10 x105 habitantes (2007-2011), versus 2,0 + 0,12 x105 (2012-2016); es decir, un aumento del 12 %; de los cuales el 96,7 % de homicidas fueron del sexo masculino.

La mayoría de los adultos privados de la libertad fueron encarcelados por homicidio, violencia interpersonal y familiar, lo que implicó un incremento significativo de los costos para su mantenimiento intramural por el Inpec, durante el lustro estudiado (2012-2016) (figura 2). Al comparar la tipología de conductas violentas cometidas por jóvenes que fueron atendidos por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se observó que fue similar a la de los adultos; sin embargo, los costos para el sistema del ICBF no tuvieron cambios significativos (figura 2).

Figura 1
Adolescentes capturados de acuerdo con la tipología de conducta violenta por departamentos en Colombia 2012-2016
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SIJIN (Policía Nacional)

Figura 2
Tipología de conductas violentas y sus costos para adultos (Inpec) como para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (ICBF)
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del INPEC, el Consejo Nacional de la Judicatura y el ICBF.

La mayor proporción de adolescentes atendidos por SGSSS se debió a maltrato intrafamiliar (28,3 %), posteriormente se encontraron las siguientes agresiones: físicas (24,6 %), con armas de fuego o con sustancias nocivas (16 %), con objetos y otros medios (7,5 %) y con objeto cortante (5,9 %) (Ministerio de Salud y Protección Social). El 39,3 % de las lesiones tuvo intenciones de supremo daño¹.

Los costos en salud producto de lesiones producidas por victimarios adolescentes con atención a víctimas en consulta externa, urgencias, hospitalización, cirugía y rehabilitación tuvieron un alto impacto en el Valle del Cauca. No obstante, solo se pudo analizar la información de 2014 a 2016, porque en ese año inició la captura de información por el SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social (figura 3).

Figura 3
Costo en salud relacionado con demitos cometidos por adolescentes, por departamento
Fuente: Elaboración propia con base en la información del (SISPRO) autorizado para su uso para esta investigación

Los costos directos para el Estado colombiano por conductas violentas en adolescentes en los sectores defensa y en el sector justicia presentaron una tendencia ascendente en todos los sectores analizados (a pesos constantes a 2016) (figura 4).

Figura 4
Costo total para los sectores defensa y justicia por conductas violentas: adolescentes y adultos.
Fuente. Elaboración propia a partir de la información pública y suministrada por la Policía Nacional (SIJIN), el ICBF, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Respuesta del Estado frente a la conducta violenta por parte de los adolescentes

A partir de la información suministrada por el Ministerio del Consejo Nacional de la Judicatura, la Policía Nacional, el Instituto Penitenciario y Carcelario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el Ministerio de Salud y la Protección Social, instituciones del Estado colombiano que tienen como misión el control del delito o sufren el impacto de este en su misión institucional, se evidenció que el 52,3 % de los homicidas adultos fueron capturados (Policía Nacional). El 86,7 % de los adultos capturados permanecen en reclusión carcelaria con condenas mayores a 5 años, observando que la efectividad en la condena penal del homicidio es inferior al 52,3 % (SIJIN, Policía Nacional) INPEC, Fiscalía General de la Nación). Para las lesiones personales, la Policía logró capturar al 42,7 % de los victimarios; sin embargo, terminó en reclusión solo el 1,6 % de los adolescentes capturados (Policía Nacional y Consejo Nacional de la Judicatura). En relación con las lesiones por agresión intrafamiliar, la Policía logró capturar al 25,4 % de los agresores en flagrancia o por orden judicial, con reclusión del 2,9 % de los victimarios adolescentes. La principal conducta violenta en adolescentes fue el homicidio, seguido del hurto y del porte ilegal de armas. Las capturas por homicidios disminuyeron, pero aumentaron aquellas por violencia intrafamiliar en el periodo estudiado (Policía Nacional).

Costos directos para el Estado colombiano derivados de la agresión interpersonal ocurrida en el territorio nacional

Los resultados de la información obtenida de las instituciones del Estado muestran que los costos directos de prevención del delito y de captura de los victimarios a través de estrategias de la Policía son los más altos con el 75,81 % de los costos totales reportados, le siguen -en orden de magnitud- los costos penitenciarios y carcelarios del sector justicia, que representan el 24,04 % de los costos totales reportados por la SIJIN, la Policía Nacional y el INPEC. Los costos de atención de asuntos penales de adolescentes reportados por el Consejo Superior de la Judicatura para el mismo periodo son el 2,23 % de los costos totales invertidos por estas instituciones. La tendencia de los CDE por conducta violenta adolescente durante el lustro estudiado es ascendente (Fiscalía General de la Nación, Consejo Nacional de la Judicatura, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, ICBF, Instituto Nacional de Medicina Legal y Policía Nacional).

La atención de agresiones con armas de fuego, a pesar de representar el 16,8 % de los casos, generan por su gravedad el 70,3 % de los costos de atención en salud. Los otros medios de agresión importantes por su daño son las producidas por sustancias nocivas, con el 9,3 % del costo, y las físicas, con el 8,1 % (Instituto nacional de Medicina Legal; Ministerio de Salud y Protección). El síndrome de maltrato interpersonal representó el 5,1 % del costo de la atención en salud. Las agresiones por otros medios representaron el 1,1 % del costo total de atención en salud (Ministerio de Salud y Protección Social). Los mayores costos para el SGSSS fueron para Valle del Cauca. El análisis del impacto sobre el PIB, específicamente por conducta violenta en adolescentes, en general mostró un incremento significativo durante el lustro estudiado: de 0,193 % (2012) a 0,227 % (2016); en los adultos el comportamiento fue variable (variaciones interanuales (CDE): rango +10,81 % y -2,24)).

Respecto a la violencia de género y los delitos sexuales, se sabe que hay una tasa de subregistro alta, generalmente por temor a denunciar los victimarios por sus represalias, dado que, con mucha frecuencia, son conocidos y cercanos a la víctima (Instituto Nacional de Medicina Legal). La base de datos suministrada por Profamilia permitió identificar una mayor prevalencia de violencia de género (física, psicológica o sexual) en el Valle del Cauca; además, la edad con la que más se cometieron violaciones sexuales fue a los ocho años, en los niños, y a los 14 años, en las niñas (figura 5), con una diferencia de seis años en la media de la primera violación sexual en niños y niñas, lo que muestra una gran diferencia por género en este delito.

Figura 5
Primera violencia sexual por género y por entidad territorial (2015)
Fuente: Elaboración propia con los datos de la Encuesta de Demografía y Salud (ENDS 2015) y Profamilia.

Los costos directos para el Estado colombiano por las diferentes conductas violentas en los adolescentes por entidad territorial fueron observados, en su mayor nivel, en el Valle del Cauca y Bogotá, Distrito Capital (figura 6).

Figura 6
Costo total de atención por conductas violentas a adolescentes, por departamento (2012-2016)
Fuente: Elaboración propia

Discusión

El homicidio es el grado más alto de conducta violenta en el ser humano. En Colombia fue la conducta violenta más frecuente en los adolescentes durante el lustro estudiado. Los homicidios por grupos etarios nos permitieron observar que las víctimas menores de 18 años (infantes, niños y adolescentes) subieron un punto porcentual con respecto al lustro anterior (2008-2011). Además, se evidenció un leve descenso en el número de homicidios en jóvenes (18 a 26 años) y adultos (27 a 59 años). Las instituciones del Estado colombiano que tienen como misión el control del delito en adolescentes tuvo una menor efectividad en la captura de adolescentes homicidas, y una mayor efectividad en las capturas por violencia intrafamiliar, lo que se debe a múltiples razones que escapan, en muchas oportunidades, al sistema de investigación judicial.

Las conductas violentas no fatales, personales e intrafamiliares, tuvieron una reducción del 27 % (conductas violentas entre parejas), las conductas violentas contra menores de edad un 30,5 %, y por conductas violentas contra adultos mayores un 11,3 %. Estas reducciones podrían estar asociadas a los programas de prevención integral de las conductas violentas implementados en muchas partes del país, o a mayor presencia policial para el ciudadano. Los costos de atención en salud por concepto de agresión violenta tuvieron un comportamiento variable dada su asociación con el número de casos y el tipo de lesión atendida (figura 3).

Respecto a la estimación de costos públicos de la conducta violenta en Colombia y otros países de América Latina, al comparar los resultados de este estudio con los de otros similares (Jaitman, 2017; Olavarría y Gambi, 2015; Acevedo, 2008; Londoño y Guerrero, 1999; Rubio, 1999; Castro y Salazar, 1998) se observó que la distribución y peso de cada costo por sector institucional es muy similar. Por ejemplo, los costos de la Policía Nacional representan más del 50 % en aquellos estudios que incluyeron este sector (Jaitman, 2017; Acevedo, 2008; Castro y Salazar, 1998). Del mismo modo, en los estudios que incluyeron el rubro del sector penitenciario y carcelario, estos representaron mucho más que los del sector salud, tendencia que fue similar a los resultados observados en el presente estudio.

El costo directo reportado por las instituciones del Estado cuya misión es el control de la conducta violenta adolescente en el país, tuvo un incremento en términos reales: de 0,193 % (2012) a 0.227 % (2016), es decir, un aumento del 17,6 %; en contraste, para la población no adolescente el comportamiento fue variable: +12,37 % (2013), -11,13 % (2014), +18,92 % (2015) y -43,21 % (2016), lo que indica que el esfuerzo y compromiso por controlar este tipo de conductas violentas por las instituciones del Estado ha sido creciente. Sin embargo, al compararlo con otras experiencias en América Latina, el esfuerzo ha sido menor. Las posibles razones -por validar en próximos estudios- pueden ser que la situación de conflicto armado que ha vivido Colombia por décadas ha dirigido los presupuestos de defensa en favor del Ejército Nacional, en detrimento de otras instituciones de la Policía y de justicia, para lo cual se necesitaría tener información que permita desagregarse para los respectivos análisis, por lo que, por el momento, es solo una hipótesis por confirmar.

En el estudio de Jaitman (2017) -realizado en varios países de América Latina incluyendo Colombia- los gastos directos estatales relacionados con el crimen de los países incluidos en el estudio en administración de justicia, prestación de servicios policiales y administración de prisiones fueron en promedio un 1,45 % del PIB, del cual aproximadamente el 1,08 % pertenece solamente a los gastos policiales. Esta proporción se aproxima al peso del sector, que incluye los gastos policiales sobre el total de costos públicos de la conducta violenta, que se calculan en la presente investigación para Colombia (74,12 % vs. 74,48 %). En el presente estudio, y otras investigaciones realizadas alrededor de esta temática, se señalan expresamente limitaciones por falta de información de calidad disponible y con la desagregación requerida para la estimación de los costos asumidos por parte de otras instituciones del Estado (Rubio, 1999; Day y Bowlus, 2005; Olavarría, 2015).

En cuanto a represión del delito en adolescentes, aunque son positivos los resultados observados, señalan una limitación en la intervención policial en el proceso de identificación de victimarios, pues en adultos las capturas representaron el 52 % de los homicidios, aun considerando que pudo haber homicidas de varios homicidios. La aplicación de la justicia en términos de condenas por agresión interpersonal no fatal es aún menos efectiva respecto de las capturas (1,6 % de los capturados por lesiones personales y 2,9 % de los capturados por agresión intrafamiliar para el quinquenio). Aunque pudiera argumentarse que no todas las lesiones fueran graves o denunciadas, un porcentaje tan bajo revela como mínimo una falta de confianza en el sistema judicial. También, se considera que se podría lograr mucho en atención preventiva del delito en lugar de operar en la represión de este. Por estas razones, se ha sugerido la necesidad de realizar intervenciones multidimensionales en edades tempranas, con miras a reducir la conducta violenta en esta población. Además, se considera una inversión más productiva y rentable a futuro por la cantidad de años de vida que tienen por delante, a diferencia de la población adulta.

En los estudios en los que se utiliza el método contable, las bases de datos, muchas veces, contienen estimaciones y aproximaciones, en las cuales no siempre se cuenta con información completa y precisa, como ha sido evidenciado en muchos casos. Esta es una de las razones por la que se evaluaron solamente el sector defensa, judicial y salud, en los que se podía desagregar la información para poder cumplir con los objetivos del estudio.

La mayor parte de capturas en adolescentes fue por homicidio, dada su alta prevalencia; sin embargo, la tendencia durante el lustro fue hacía la reducción (figura 1), siendo despreciable para las otras causas. Las condenas por la justicia fueron muy escasas.

La mayor prevalencia de conductas violentas en adolescentes (figura 1) y los mayores CDE (figura 6) fueron observados en el Valle del Cauca. Su capital, Santiago de Cali, en la década de los 80, llegó a ser la segunda ciudad más violenta del mundo, y aún hoy continúa siendo una de las diez primeras ciudades capitales con mayor violencia en el mundo. Un aspecto importante para enfocar los esfuerzos preventivos es observar (figura 1) que cinco zonas de Colombia -Valle del Cauca, Antioquia, el Distrito Capital, Santander y Nariño- concentran la mayoría de delitos por homicidio en adolescentes, por lo que un enfoque territorial podría representar un costo-efecto beneficioso en la reducción de indicadores nacionales por este delito, y seguramente se reducirían los otros delitos de menor impacto que se estudiaron en la presente investigación.

Las consecuencias para la salud a largo plazo, como desórdenes mentales, abuso de substancias psicoactivas, intentos suicidas y conductas sexuales de riesgo cada vez están más documentadas (Norman et al. 2012). Además, varios estudios han reportado que la exposición continua y prolongada a situaciones de violencia comunitaria en el grupo de adolescentes genera consecuencias psicológicas como síntomas relacionados con el trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, quejas somáticas, alta incidencia de conductas agresivas, desafiantes, abuso de sustancias, problemas externalizantes, entre otras, las cuales causarían mayores círculos viciosos de procesos de violencia en las que estos grupos poblacionales se pudieran ver involucrados (Copeland-Linder y Lambert, 2010; Mels, 2016).

De acuerdo con los resultados del presente estudio, la prevalencia de las CVA, los CDE y el impacto sobre el PIB tuvieron un comportamiento ascendente únicamente en adolescentes, por lo cual se identifica la necesidad de contar con estudios futuros que puedan explicar las diferencias entre las entidades territoriales, que permitan implementar modelos preventivos integrales efectivos para esta población vulnerable. Esta es una necesidad social y de política pública. Finalmente, el hecho de que las muertes sucedan en edades tempranas, en la etapa de adolescencia, implica una gran pérdida de años de vida saludables (AVISA) por muerte prematura, lo que ha ubicado a la violencia interpersonal, en el primer lugar tanto por AVISA como años de vida perdidos por discapacidad (Vos et al., 2020).

Agradecimientos

A las instituciones del Estado colombiano, que de manera eficiente colaboraron con la información necesaria para el desarrollo de esta investigación: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Policía Nacional de Colombia, Inpec, Consejo Nacional de la Judicatura, ICBF, Profamilia, Instituto Nacional de Medicina Legal, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Decanatura de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, Universidad Externado de Colombia y la Universidad Sorbona Nouvelle Paris II. A los monitores de investigación en geografía, Wilton Carmona; en trabajo social, Natalia Muñoz; en fisioterapia, Héctor Sebastián Calderón; en Administración de Empresas, María Alejandra Rosero y María Camila Bolaños; a la estudiante de la Facultad de Salud (Escuela de Rehabilitación), Daniela Idrobo; y a la estadística Jennifer Murillo Alvarado (Escuela de Medicina de la Universidad del Valle) por su apoyo, ya que con su talento humano y logístico fue posible la realización de esta investigación

Referencias

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Notas