Resumen:
Desde una analítica de la racionalidad neoliberal y considerando la marcada narrativa progresista que presupone la explotación de recursos ambientales como forma de desarrollo para las regiones, abordamos la amalgama Estado-empresa en el marco de las economías neoliberales, en relación con el fenómeno de la minería. Con este propósito, presentamos los hallazgos de un estudio llevado a cabo en un municipio del departamento de Caldas-Colombia, basado metodológicamente en el interaccionismo simbólico y en el que participaron mineros de hecho y otros que trabajaban para la empresa minera. A partir de los relatos, concluimos que la minería a gran escala, aunque ha representado posibilidades laborales formales, no solo ha implicado impactos ambientales y dislocado formas de producción local. El encumbramiento neoliberal de la figura de la empresa y la articulación Estado-empresa configurada en su seno, han precarizado la labor minera y los modos de vida con arraigo en la tradicionalidad.
JEL classification:L70; L71; P12
Palabras clave: Minería, empresa, Estado, precarización.
Abstract: From an analysis of neoliberal rationality and considering the marked progressive narrative that presupposes the exploitation of environmental resources as a form of development for the regions, we approach the amalgam formed by State and enterprise in the framework of neoliberal economies, in relation to the phenomenon of mining. For this purpose, we present the findings of a study carried out in a municipality in the department of Caldas (Colombia), methodologically based on symbolic interactionism and involving “de hecho” miners and other types working for the mining company. From the accounts, we conclude that large-scale mining, although it has represented formal labor possibilities, has not only implied environmental impacts and dislocated forms of local production. The neoliberal rise of the figure of the company and the State-company articulation configured within it, have made mining work and ways of life rooted in tradition more precarious.
Keywords: Mining, enterprise, State, precarization.
Artículos de investigación
La amalgama Estado-empresa: eje de análisis de las transformaciones en la producción local y de la precarización de los modos de vida en un municipio minero
The state and enterprise amalgam: a main point of analysis of transformations in local production and the precarization of the lifestyle in a miner municipality
Mauricio Alexander Arango Tobón malexander.arango@udea.edu.co
Luz Adriana Muñoz-Duque luza.munoz@udea.edu.co
Mariana Jiménez Obando marij4602@gmail.com
Mauricio Hernando Bedoya Hernández mauricio.bedoya@udea.edu.co
Recepción: 08 Agosto 2022
Aprobación: 24 Octubre 2022
Publicación: 01 Abril 2023
En el modelo de producción actual ocupa un lugar privilegiado la explotación de recursos minero-energéticos. Tales prácticas son nombradas como extractivistas (Gudynas, 2012; 2014) y tienen un ineludible vínculo con la apertura económica producida en la región latinoamericana en los años 90. Al respecto, se ha señalado que, a finales del siglo XX, hubo una implementación generalizada de políticas neoliberales en Latinoamérica (Rojas-Lozano et al. 2018), lo cual dio lugar a que los distintos recursos naturales fueran concebidos como materias primas y a la llegada de megaproyectos hidroeléctricos, de explotación minera y de hidrocarburos. Si bien es cierto que el extractivismo tiene una larga historia en América Latina (Gudynas, 2009), en los últimos años este se ha presentado más bien como un neoextractivismo que, a pesar de mantener la concepción básica del extractivismo, tiene al menos dos características novedosas. La primera alude a que:
el Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico […]. El neoextractivismo va más allá de la propiedad de los recursos, sean estatales o no, ya que termina reproduciendo la estructura y las reglas de funcionamiento de los procesos productivos capitalistas. (Gudynas, 2012, p. 132-133)
Esta característica es central en nuestra reflexión, pues partimos de que un rol del Estado en las economías neoliberales consiste en promover la inversión de recursos extranjeros a través de políticas flexibilizadas que facilitan la llegada de empresas multinacionales al territorio. La segunda característica del neoextractivismo es su vinculación a relatos progresistas que generan, a largo plazo, un detrimento de formas de producción local o tradicional. Lo interesante de este punto, como señala Gudynas, es que tales iniciativas configuran parte del arsenal gubernamental de políticas de nueva izquierda con un marcado talante progresista. Bajo esta lógica emerge un presunto Estado compensatorio que pretende paliar las consecuencias de la explotación de recursos naturales, principalmente a través de compensaciones monetarias1. De esta manera, según el autor, “el extractivismo y el Estado compensatorio necesariamente implican que el progresismo acepta el capitalismo y que considera que sus impactos negativos pueden ser rectificados o amortiguados. La pretensión de una compensación posible se hace funcional a ese capitalismo” (2012, p. 142).
Teniendo en cuenta lo anterior, debemos reconocer los profundos vínculos históricos entre el capitalismo y la explotación de los recursos naturales (Moore, 2020). Desde el capitalismo emergente, entre el siglo XV y XVI (Wallerstein, 2011), la naturaleza ha sido un blanco de explotación privilegiado. La disponibilidad directa e inmediata de los recursos naturales, su acceso y la falta de regulaciones estatales dio como resultado una representación de la naturaleza como “recursos baratos” (Moore, 2020, p. 47,).
En la analítica de Moore esta situación ha tenido profundas implicaciones en términos de la historia del capitalismo, pues, según sugiere el autor, la condición de posibilidad de este es, en parte, su relación de expolio y explotación de los recursos naturales. Esta prolongada historia de explotación, según Harvey (2007), podría denominarse “acumulación por desposesión”, entendida como una tendencia del capitalismo a la acumulación bajo lógicas de expulsión, privatización, mercantilización, etc., que se han ido configurando, paradójicamente, como mecanismos legitimados que permiten a la máquina capitalista seguir su marcha.
La apropiación, usos y formas de control de los recursos naturales se constituyen en una “estrategia para la espacialización y posterior territorialización del modo de producción capitalista vía acumulación por despojo”2 (Magon, 2015, p. 3), posibilitadora de la ocupación de nuevos espacios por el capital, en función de la garantía de su sostenimiento en el tiempo:
el capital como relación social de producción implica una acción concreta sobre el espacio, una espacialidad de orden capitalista que reconstruye las formas de acción sobre el territorio, que influye y es influenciada por las relaciones sociales de producción, que es coconstitutiva: el espacio es espacio de producción y reproducción capitalista. (Beltrán, 2013, p. 154)
En este contexto de “progreso” económico basado en lógicas extractivistas y de territorialización capitalista, sectores privados (como multinacionales, grupos políticos, grupos ilícitos) se han beneficiado en detrimento de las poblaciones locales, quienes experimentan amenaza y vulneración de sus derechos. La “reproducción de la desposesión”, expresada hoy en estrategias de acumulación de capital como la mercantilización de los recursos naturales o la expulsión de comunidades originarias, implica despojo y formas de reorganización poblacional, y configuraciones y reconfiguraciones de los territorios (Ordoñez, 2012).
De esta manera, el neoextractivismo, al que hemos aludido anteriormente, recrea una serie de características centrales del capitalismo. La novedad, creemos, sería el lugar que en estas prácticas denodadamente capitalistas ocupan los Estados como promotores directos de la explotación de los recursos naturales bajo discursos desarrollistas (Escobar, 2014). Elemento que será fundamental para sustentar una de las tesis del presente artículo, a saber, que, en la racionalidad neoliberal, el Estado funciona como una empresa, lo que implica, en algunas ocasiones, una indistinción entre ambos que permite cuestionar la autonomía y la orientación de los planes de desarrollo y las políticas públicas.
En este escenario, hoy la minería es vista en países latinoamericanos como una palanca de desarrollo económico y hay apuestas por introducir formas de gran minería para promover el ingreso de capital trasnacional a las economías del “tercer mundo” (Infante, 2011; Gudynas, 2010a; 2010b). Así, hay una legitimación política de la actividad extractiva a gran escala, evidente en la flexibilidad jurídica de las naciones, los beneficios fiscales y la falta de consecuencias asociadas a las afectaciones socioambientales en los territorios (Gudynas, 2010a; Insuasty et al., 2013; Sandoval, 2012).
En Colombia, las dinámicas de la explotación de recursos naturales permiten identificar algunas de las lógicas de la región, además de otras variables locales como el desplazamiento (Hernández, 2018). Articulado también a un discurso extendido de progreso, en nuestro país la explotación de recursos naturales es blanco habitual de iniciativas estatales que han pretendido transformarla en uno de los ejes centrales de la economía; incluso, al sector minero-energético se le ha adjudicado la tarea de un jalonamiento económico, mientras capta Inversión Extranjera Directa (IED) (Parra & Cano, 2018, p. 19). En este contexto, la gran minería es pensada como una posibilidad de aprovechamiento de la riqueza en recursos minerales del país, lógica en la cual, el Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte a 2025 (Unidad de Planeación Minero Energética, 2017), señala la pretensión de potenciar el crecimiento de la economía a través de la práctica extractiva industrializada y “responsable” con el medio ambiente y con la sociedad.
Rojas-Lozano et al. afirman que “en el caso colombiano la política minera se enmarcó en discursos de productividad, eficiencia y tecnificación, los cuales, sin embargo, han sido matizados bajo el rótulo de responsabilidad social empresarial” (2018, p. 178). Así, entre la apertura económica y la llegada de empresas multinacionales, se ha producido un “desbordamiento del extractivismo” en Colombia (p. 175), esto es, un notable incremento en los megaproyectos ligados a la explotación minero-energética (Tibocha, 2019; Valencia-Hernández, Muñoz-Villarreal & Hainsfurth, 2017; Valencia-Peña & Silva-Chica, 2018). Según Sandoval et al. (2017), en el periodo 1990-2001 se otorgaron 1889 títulos mineros, y en el periodo 2002-2009 fueron entregados 7869 títulos. El incremento de las concesiones, que tiene su correlato en hectáreas entregadas, permite evidenciar el impacto de las políticas mineras en todo el territorio.
Este panorama de políticas gubernamentales que promueven la minería como palanca de desarrollo ha generado la abierta resistencia de algunas comunidades, que en algunos casos se han expresado a través de movilizaciones sociales y consultas populares (Correa, 2018; González-Gil, 2019). Estas últimas aluden a un mecanismo de participación ciudadana avalado por la Constitución, que, según algunos autores (Dietz, 2018; Hincapié; 2017; Jiménez, 2020), configura formas participativas democráticas promotoras de la autonomía de las comunidades respecto a su territorio. Pero, a pesar de la existencia de dicho mecanismo y la resistencia de algunas poblaciones a los proyectos mineros, la realidad muestra que este se ha convertido en un ámbito estratégico de la economía nacional, por lo que ha sido difícil ponerle límites.
De esta manera, el despliegue de las políticas mineras supone la puesta en marcha de un marco legal que reglamenta y otorga las pautas para la explotación de recursos naturales. El Estado, a través de la legislación y de entidades de control, pretende organizar un sector que históricamente ha tenido un alto nivel de tradicionalidad. De allí que la minería a gran escala disloque las formas de producción local y las formas de subsistencia vinculadas al sector. Así, además de las afectaciones para la salud humana y ambiental derivadas de la presión sobre los recursos naturales, la minería impacta lógicas culturales y territoriales de las poblaciones habitantes en sus zonas de influencia; igualmente, la incorporación de formas industrializadas de producción minera, puede implicar una disrupción de las formas de vida estructuradas alrededor de modos extractivos tradicionales o de hecho, los cuales se han constituido, históricamente, en el medio de sustento de miles de familias en el país (Cabrera & Fierro, 2013; Olivero, 2014; Goñi et al., 2014; Güiza, 2013).
Para algunos autores, la ampliación de la minería legal tiene como consecuencia que la práctica realizada de manera ancestral y de supervivencia se constituya, cada vez más, en menos rentable para quienes la llevan a cabo; incluso, esta puede tornarse ilegal, asunto que se suma al bajo rendimiento económico y ambiental que ha sido común a estas formas de minería en el país, y a que la incursión de la minería a gran escala ha implicado luchas por el control del negocio extractivo en los territorios (Arias et al., 2017; Centro de Investigación y Educación Popular, 2012; Gómez et al., 2020; Güiza, 2013). Ejemplos de ello aparecen en investigaciones previas, en las que se ha planteado que, en municipios de Colombia, en los que la minería se ha constituido en el principal recurso para la subsistencia y en determinante histórico-cultural de la comunidad, la injerencia de la gran industria minera ha transformado las dinámicas socioeconómicas en los territorios, las posibilidades de habitarlos, así como los usos y sentidos de los lugares y sus condiciones ambientales (Sandoval, 2012; Saade, 2013; Cabrera & Fierro, 2013).
Algunas de estas implicaciones se evidenciaron en el trabajo de campo realizado en el estudio que se presenta, a saber, que los efectos de la minería no solamente son ambientales, sino también sociales, culturales, económicos. De esta manera vemos que las políticas mineras tienen dos caras; por un lado, su vinculación con la racionalidad neoliberal y su discurso de la eficiencia, la productividad y el rendimiento y, por el otro, una marcada narrativa progresista que presupone la explotación de recursos medioambientales como forma de desarrollo para las regiones. Es en este contexto en el que pretendemos abordar la figura Estado-empresa en el marco de las economías neoliberales, en relación con el fenómeno concreto de la minería de hecho y a gran escala. Así, aludimos al papel fundamental que tiene el neoliberalismo en esta amalgama presente en Colombia.
El trabajo que se presenta hace parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal fue comprender las formas de subjetivación promovidas por los modos contemporáneos de precarización asociados al trabajo informal que viene siendo sometido a procesos de formalización laboral. En este marco, el artículo explora las relaciones que se tejen entre empresa-Estado-formas de producción local y los efectos de estas en los modos de vida de sujetos y comunidades.
La investigación fue realizada en un municipio del departamento de Caldas-Colombia, reconocido por ser uno de los más antiguos del país. Con una población de más de 8.000 habitantes, en una superficie de 4.100 hectáreas, la localidad se encuentra en el Alto Occidente del departamento. Se trata de un municipio minero, surgido en la primera mitad del siglo XVI, cuya extracción aurífera, que data de épocas precoloniales, tuvo una notable expansión con la conquista española, dada la demanda del mineral (Ramírez, 2012). Siguiendo a Ramírez (2012), el ordenamiento territorial de zonas mineras se erigió a partir de enclaves cercanos a las minas, los cuales transitaron hacia asentamientos permanentes.
El estudio tuvo un enfoque comprensivo, basado en el método del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982). Se llevaron a cabo diez entrevistas semiestructuradas con personas que cumplían los siguientes criterios de inclusión: mineros tradicionales y trabajadores de la minería pertenecientes a la empresa minera con asiento en la localidad, cuyo trabajo se constituía en la base de los ingresos familiares. Igualmente, se hicieron recorridos por el territorio, en función de ampliar la comprensión de las dinámicas propias de la minería de hecho y del fenómeno de estudio. Los participantes fueron seleccionados a partir de una estrategia de muestreo por bola de nieve, sobre la base de los principios de un muestreo teórico y, consecuentemente, de un criterio de saturación de las categorías en el análisis (Galeano, 2004; Strauss & Corbin, 2002). Esta selección fue realizada en función de los objetivos de la investigación.
Para la realización de las entrevistas se construyó un instrumento de recolección de información (guía inicial de entrevista) en el cual, para su abordaje durante las conversaciones, se incluyeron temas como: trayectorias en minería, informalidad del trabajo minero, llegada de la empresa minera al territorio, lugar de la empresa minera en la comunidad, beneficios-desventajas asociados a la presencia de la empresa en el territorio, transformaciones de la actividad minera a partir de la incursión de la empresa en el territorio.
Las conversaciones con los participantes se realizaron durante el segundo semestre del 2019 y el primero del 2020; fueron trascritas y analizadas siguiendo la lógica de codificación propuesta por la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002). Vale señalar que el proyecto fue avalado por el Comité de Ética en Investigación del Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Antioquia. Cabe señalar que los nombres de los participantes fueron cambiados por seudónimos.
Desde la perspectiva de los mineros entrevistados, la incursión de la gran empresa en el territorio tiene efectos positivos y negativos. Respecto a los primeros, algunos participantes afirmaron que la llegada de la empresa significó la posibilidad de obtener un trabajo en la minería, incluso para quienes no tenían experiencia laboral en el sector; lo que tuvo un impacto positivo en la empleabilidad formal en el municipio, con las garantías laborales que esto representa. A propósito, uno de los mineros afirmaba:
Varios muchachos de por acá, que no habíamos llegado a trabajar en minería, empezando por mí que doy gracias que me recibieron allá, porque me estaba demorando para mandar la hoja de vida… ya tenía como cincuenta años cuando me recibieron allá. (Antonio, comunicación personal)
La llegada de la gran empresa también es valorada en la medida en que ha permitido, a los mineros empleados, contar con un ingreso estable, aunque esto supone para ellos el renunciar a la virtual oportunidad de obtener mayores beneficios económicos, posibilidad siempre presente en la minería independiente o informal. De esta manera, la capacidad de tener un ingreso fijo ha sido una de las motivaciones para que algunos de los mineros reconozcan como valioso trabajar para la empresa. Al respecto, el mismo participante agregó que:
Pagaban era cada 15 días […]. Hasta que me salí, gracias a mi Dios, no faltó la quincenita. (Antonio, comunicación personal)
La adquisición de un empleo en la gran empresa posibilitó que algunos mineros tuvieran largas trayectorias laborales formalizadas y pudieran acceder a una pensión; situación casi impensable en la minería de hecho, dados sus altos niveles de informalidad. Asimismo, de acuerdo con algunos relatos, supuso para los mineros una mayor seguridad en el trabajo, pues la empresa poseía tecnologías para optimizarlo y medidas de cuidado y de reducción de riesgos para el desarrollo del oficio, lo cual implicó transformaciones de la actividad minera y, consecuentemente, nuevas formas de relación con esta, con la mina y con el oro. Sobre este punto uno de los mineros afirmaba:
Pero ya después llegó (la empresa) a trabajar la minería en la parte baja y fue una experiencia, o ha sido una experiencia bonita. No conocíamos de plantas de beneficio, no conocíamos de una tecnología más avanzada como la que tiene esta empresa, entonces ha sido importante pa la región, para nosotros como personas y, obviamente, porque ahí se ha beneficiado mucha gente. Ya, afortunadamente, tenemos compañeros que han sido pensionados de esta compañía. Ya lleva más de 25 años en la región, ha sido importante. (Guillermo, comunicación personal)
En este sentido, la presencia de la gran empresa, en un municipio con formas de producción local y tradicional ligadas a la minería, ha generado múltiples transformaciones. Desde estos puntos de vista, hemos pretendido mostrar los aspectos positivos de la llegada de la empresa y la minería formal a la localidad; sin embargo, los relatos permiten evidenciar que esta incursión también ha traído efectos negativos, con un impacto mayor que las ventajas relacionadas con la sensación de seguridad y estabilidad en términos de empleo y formalización, las cuales solo benefician a quienes han accedido al trabajo para la empresa. Lo cierto es que, a partir de los relatos, es notoria una crítica de los mineros que apunta a la articulación Estado-empresa, en tanto ha precarizado la labor minera y los modos de vida con arraigo en la tradicionalidad.
Como hemos señalado, la riqueza mineral de nuestros territorios ha sido el blanco de políticas promotoras del accionar de la gran empresa y del sector privado, lo que ha producido una larga serie de consecuencias ambientales y sociales. A pesar del discurso ampliamente extendido que da por sentada la vinculación entre empresa y desarrollo, consideramos pertinente examinar esta relación, con la intención de mostrar, a través de lo narrado por los participantes, que la empresa y las políticas mineras postuladas por el Estado son figuras cuestionadas e interpeladas. En este sentido, uno de los asuntos que con frecuencia apareció en los relatos de los participantes fue su alusión al papel del Estado respecto de la minería. Así, emerge la idea de una figura estatal que no tiene una forma unívoca de concebir la actividad extractiva, lo que supone grandes diferencias entre la minería tradicional y pequeña, y la actividad minera de gran escala.
Según la percepción de la mayoría de participantes, pareciera que el Estado privilegia el accionar de la empresa sobre el de ellos. Tal situación se evidencia desde los requisitos que impone como necesarios para la formalización minera, los cuales son vistos como de difícil cumplimiento para los pequeños mineros; desde la perspectiva de los entrevistados, resulta ambigua la postura del Estado alrededor de la práctica extractiva, pues promueve la actividad de gran escala, mientras los limita en su práctica. Un ejemplo de este asunto, de acuerdo con los relatos, tiene que ver con los requisitos legales implicados en los procesos de formalización, vistos por los participantes como mecanismos del Estado para impedir el ejercicio de la pequeña minería, en función de favorecer a la gran industria minera. Así lo manifestó uno de los participantes:
Lo que pasa es que el Estado tiene con nosotros una pelea, entonces nos atacan, pues Marmato lleva quinientos años de explotación minera artesanal y ya ahora el Estado dijo que somos ilegales, porque no cumplimos con algunos requisitos legales, pero eso realmente es más una forma de podernos sacar de las tierras y poderles entregar la tierra a las empresas extranjeras. (Juan, comunicación personal)
En esta vía, emergió la idea de un Estado que impone reglas de juego de posible cumplimiento para las grandes empresas, dada su capacidad en términos de recursos financieros y políticos, pero que son inaprehensibles para un pequeño minero. Se trata, consecuentemente, de un favorecimiento al competidor más fuerte, quien busca afianzar su lugar en la contienda por los recursos minerales. Así, los requisitos mismos terminan seleccionando a quienes tienen mayor poder para adherirse y mantenerse inscritos en una lógica de mercado, mientras otros (quienes no lo tienen) asisten a una sistemática presión para transformar su actividad o desistir de ella, así como a la marginación, suya y de su oficio.
[…]esa es una forma. A uno lo sacan, directamente lo dejan a uno por fuera, porque uno llega el momento en que se asfixia y no es capaz. Por ejemplo, yo soy uno de los que me quedé con un déficit y no he podido volver. Ahí está la mina, no he podido volver a trabajar y la única forma de recuperarla es invirtiendo más, no hay otra forma. (Mario, comunicación personal)
De acuerdo con los entrevistados, este artificio de privilegio del competidor más fuerte, además, está legitimado desde el punto de vista de la legislación colombiana, que favorece a los grandes capitales en detrimento del oficio minero tradicional y de los recursos territoriales de las comunidades; asunto que produce malestar a los participantes, al percibir que los intereses particulares y de mercado han cooptado a las instituciones gubernamentales, generando corrupción e injusticia:
La legislación colombiana está dada para los grandes monopolios, grandes empresas trasnacionales, porque ya las empresas nacionales son muy pocas. Entonces nosotros no vemos una legislación que diga ‘para el pequeño minero esto’, entonces eso es lo que nosotros hemos llamado como la puerta giratoria, porque desafortunadamente el que legisla en Colombia lo vemos después administrando empresas trasnacionales o ejecutando cargos públicos o en empresas privadas. (Guillermo, comunicación personal)
Lo que resulta problemático, entonces, es la manera como el Estado legitima el accionar de la empresa en los territorios mediante disposiciones normativas y legales que facilitan la explotación minera de gran escala. En esta medida, de acuerdo con los hallazgos del estudio, planteamos tres vías posibles a las que son impelidos los pequeños mineros ante la amalgamación Estado-empresa y el imperativo de formalización de la minería de hecho, cuando no logran, ellos mismos, conducirse a la manera idealizada de la figura de la empresa en la racionalidad neoliberal: la dependencia laboral, la conversión (cambio de actividad) o la ilegalidad.
De esta manera la empresa ocupa, en el municipio en el que se realizó la investigación, un ambiguo lugar, pues su llegada fue vista como motor de desarrollo para la región, percepción que está acompañada del discurso institucional que avala su legitimidad; sin embargo, un participante afirmaba:
La empresa lleva más de 25 años acá y hemos tenido unos beneficios mínimos, esta pavimentación, estos mil metros, la empresa ha hecho mil metros de pavimentación […]. En 25 años me parece que ha sido muy poco […] obviamente la empresa ha tenido otras prioridades de pronto, pero nosotros no hemos visto reflejado esto en educación, en salud, en vivienda para los trabajadores de pronto, que son los que también le están dando sus aportes. (Guillermo, comunicación personal)
La lectura que hacemos de tal relato nos permite señalar la problemática vinculación de la empresa con el territorio en el que realiza su labor extractiva. En este contexto, las personas esperan que la llegada de la gran empresa al municipio represente desarrollo comunitario, pero esta expectativa se ve frustrada porque su presencia no ha significado beneficios para la comunidad. Parece que no hay un rechazo de la empresa per se, sino que se juzga negativamente su presencia en tanto no contribuye al progreso de la población. Ante la pregunta a uno de los mineros sobre qué sentía respecto a la explotación de la gran empresa en el municipio, afirmó que no se podía hacer nada, que “cada quince días viene el avión [o] un helicóptero, [y] se lleva el oro ahí. Uno lo mira es pasar” (Hernando, comunicación personal).
Este fragmento es contundente respecto a la sensación de despojo asociada a las prácticas extractivistas de la empresa. La idea de llevarse el oro, expresada por el minero, resulta particularmente diciente al cruzarla con otras narrativas que señalan los escasos beneficios que deja la empresa en el territorio, cuya acción en la comunidad no es notoria en términos de transformaciones en sus zonas de influencia, ni corresponde con las promesas de desarrollo que su presencia suponía, a propósito de lo cual uno de los participantes agregó:
La verdad, la presencia de la empresa, en cierta parte, ha pasado desapercibida, por lo que les digo, porque no ha hecho un trabajo social fuerte con la misma comunidad, de crear empresa, de crear buenos hábitos dentro de la minería. Creo que esa parte pasa desapercibida, cosa que no debería ser. (Guillermo, comunicación personal)
En esta línea, sobre los beneficios que ha representado la incursión de la empresa minera en el territorio, el participante agregó: “Para mí no han sido los mejores, no se han aprovechado las regalías […] porque los aportes que ha dado la empresa en mi concepto han sido muy mínimos” (Guillermo, comunicación personal).
Como se ha señalado, esta amalgamación de intereses Estado-empresa deriva en implicaciones para los mineros, en términos de la posibilidad de continuidad de su oficio, que en muchos casos se constituye en la única fuente de sustento familiar, en la actividad en la que se han desenvuelto durante años y que saben llevar a cabo. No obstante, estas implicaciones se amplían también hacia las comunidades que, tradicionalmente, han desarrollado su vida en torno a las lógicas de una minería de hecho, realizada a pequeña escala.
Entre estas transformaciones comunitarias por efecto de la amalgamación de intereses Estado-empresa, a partir de los relatos, destacamos dos tipos que se tornan centrales: transformaciones comunitarias territoriales, producto de la apropiación del territorio por parte de la empresa y la consecuente reubicación parcial de la población, y transformaciones comunitarias ligadas a las formas de producción local, asociadas a su marginación.
Sobre la primera transformación comunitaria, en el caso del municipio de estudio, una de las más relevantes modificaciones en los modos de vida de los habitantes ha sido la reubicación de sus viviendas, derivada de disposiciones normativas en relación con la explotación minera, que ha implicado alteraciones en las relaciones de las personas con el territorio, por cambios en las delimitaciones espaciales y en la ubicación de algunos bienes y servicios de la localidad; hubo cambios en las viviendas, en los lazos comunitarios, vecinales y con el oficio minero tradicional, pilar de la economía local. A propósito, uno de los entrevistados señaló que: “Se llevaron mucha gente del campo ilusionada por una casa. Unas casas en que no cabían, bajitas, con un clima tan cálido…hacinados. Y sacaron la gente del campo, que no se justifica, para concentrarlos” (Gonzalo, comunicación personal).
Igualmente, llama la atención el desacuerdo de algunas personas respecto de esta reubicación, no solo por las implicaciones mencionadas, sino también porque ha supuesto un antagonismo entre quienes fueron reubicados y quienes no, lo que ha producido, siguiendo algunos relatos, fragmentaciones sociales en la comunidad, al percibir que, tras este proceso, existen dos municipios y, consecuentemente, dos tipos de poblaciones: los del “municipio antiguo” y los del “municipio nuevo”. Esto deriva en afectaciones no solo materiales, sino también simbólicas en relación con la apropiación del territorio, en el sentido de una alteración en la representación territorial, en términos espaciales y relacionales. Un participante refirió al respecto:
Eso es lo que están haciendo aquí y lo empezaron a hacer mal hecho, aquí están sustrayendo toda la gente que habitaba en este morro, la están ubicando allá. Yo con eso no estoy de acuerdo, y han hecho pensar que cuando uno no está de acuerdo, es porque no estamos de acuerdo con la región de abajo. Yo si estoy de acuerdo con la región de abajo, pero no estoy de acuerdo con eso. (Gonzalo, comunicación personal)
Con respecto a las transformaciones comunitarias ligadas a las formas de producción local, es necesario destacar que la labor minera se constituye en el principal renglón de la economía del municipio, aunque, en menor medida, este también tiene una vocación agrícola. También cabe señalar que la explotación minera de hecho tiene una larga historia en la localidad, por lo cual se habla de una minería tradicional que hoy coexiste con formas de minería industrializadas y con la presencia de la gran empresa minera, con una tendencia de marginalización de la primera por las segundas, lo que nos permite pensar en una hegemonía del ideal de empresa, poniendo en la periferia productiva al pequeño competidor. Uno de los mineros comentó que: “Lo que ha querido hacer esa empresa grande es comerse al pueblo y a nosotros (los mineros tradicionales) arrumarnos, hacernos a un lado... eso es lo que han querido” (Diego, comunicación personal).
Emergen, consecuentemente, tres alternativas ante esta marginalización de las formas de producción local: un camino hacia la dependencia, lo que implica abandonar el cuentapropismo para buscar un trabajo asalariado, en un contexto en el que la principal fuente de empleo es la empresa minera; un camino hacia la reconversión, que alude a la necesidad de cambiar de oficio, de buscar otras fuentes de trabajo, aún de cuenta propia, cuestión particularmente delicada en un municipio con una histórica vocación minera y en el que se ven limitadas otras opciones laborales; y, un camino hacia la ilegalidad, en tanto el incumplimiento de los requisitos de formalización y el deseo de mantenerse en la minería de hecho, implica una ilegalización del pequeño minero a partir de la normativa colombiana.
Lo que pretendemos mostrar es que la lógica productiva y de mercado que se impone como discurso legítimo en relación con el trabajo minero, no solo produce transformaciones en el ámbito laboral y de las dinámicas económicas tradicionales, sino una serie de efectos generalizados en la comunidad, que tienden a precarizar la vida de la población en múltiples dimensiones. En este sentido, las problemáticas en relación con la formalidad-informalidad en la minería solo son una muestra de una serie de efectos producidos por tales lógicas. Así lo evidencian las múltiples transformaciones vividas en el territorio.
Como se ha planteado, los hallazgos del estudio nos permiten señalar que la amalgama Estado-empresa, ya previamente visibilizada por algunos autores (Brown, 2016; 2018; Laval & Dardot, 2013), no solo implica un favorecimiento de la gran empresa minera y, con esto, un simultáneo desmedro de las lógicas de trabajo y producción locales, sino también, y fundamentalmente, una precarización de la vida de las comunidades; asunto que debe entenderse como anclado a las lógicas del neoliberalismo, comprendido como una racionalidad de gobierno que encumbra la figura de la empresa como el ideal que ha de marcar no solo los intercambios económicos, sino también las relaciones y los modos de vida (Bedoya, 2018; Arango et al., 2021). De hecho, el Estado mismo se empresariza, sometido a los cánones de la competencia (Laval & Dardot, 2013; Bedoya, 2021), principio esencial de los mercados (Brown, 2016).
En este sentido, en los relatos de los participantes se establece una clara relación de los principios normativos de la formalización minera y el accionar de la empresa en el municipio de estudio, evidencia de la centralidad de la empresa como figura privilegiada de los ideales de desarrollo en las economías neoliberales, cuya promesa de progreso llega a los territorios con el arribo de los grandes proyectos mineros.
Si bien la minería es un elemento estratégico de la economía nacional, resulta paradójica la percepción de quienes, en principio, deberían ser los beneficiados del desarrollo que supone la presencia de la empresa en la región. Esta situación nos lleva a cuestionar directamente cuál es el papel que ocupa el Estado en su relación con la empresa y como regulador de la relación empresa-comunidad. Lo que pretendemos señalar es que el accionar de las empresas es una matriz de comprensión básica de las economías neoliberales que en el caso de la minería supone el expolio de recursos de los territorios. Cabe entonces problematizar la idea moderna del desarrollo, pensado como hegemónicamente económico (Escobar, 2014).
Ahora bien, la relación Estado-empresa es parte de una racionalidad que desdibuja la diferencia tradicional entre ambos y que hace que el Estado asuma los valores de la empresa (flexibilidad, autonomía, capitalización, productividad, rendimiento, etc.) y los promueve como instancia de legitimación de toda forma de economía. Así, en la actualidad resulta difícil desenmarañar la relación Estado-empresa, pues el accionar y las finalidades de ambos son tan similares que resultan indisociables. En relación con este punto solamente pretendemos marcar que el funcionamiento de la empresa tiene una legitimación estatal, cuya manifestación más clara en el municipio minero que analizamos es la persecución de la minería de hecho con fines de formalizarla, lo cual se expresa en los relatos de los mineros sobre los requisitos percibidos como de difícil cumplimiento para optar por una legalización de su labor.
Las lógicas de formalización introducidas con la llegada de la empresa al territorio han supuesto una marginalidad de las formas de producción laboral que no se inscriben en ese discurso. Sentido en el cual la empresa, en el presente, se encumbra como la figura de producción por excelencia, en desmedro de otras formas de economía tradicionalmente construidas al interior de las comunidades. Desde este punto de vista, podríamos decir que la empresa es lo que hace inteligible la economía en la racionalidad neoliberal, debido a que otras formas productivas parecen escapar de este imperativo. Sin embargo, el neoliberalismo se asegura que quien está al margen sea susceptible de ser integrado al circuito productivo, a través, en este caso, de la adherencia a las premisas y requerimientos traídos por el discurso de la formalización.
La gran empresa busca afianzar su lugar en unidad con un Estado que se ocupa de regular por la vía de la formalización, empujando a los pequeños mineros a demostrar su capacidad de gestionarse como si fueran una empresa y de hacerse responsables de su propio sostenimiento. En esta lógica de sujeción a los cánones del neoliberalismo, los pequeños mineros son instados a entrar al mundo de la libre competencia, a asumir las dinámicas empresariales en función de convertirse en participantes legítimos en la lucha por la extracción de los recursos minerales de su territorio; no obstante, esta invitación dista mucho de sus posibilidades reales, ante lo cual planteamos tres caminos alternativos con base en los datos:
Un camino hacia la dependencia, generado a partir de un discurso seductor del Estado y la gran empresa con el objetivo de atraer al pequeño minero a la formalización; esto mediante un empleo que garantiza, aparentemente, estabilidad y mayor seguridad durante la jornada laboral, asunto que contrasta con la incertidumbre y los peligros inherentes a la minería de hecho. Así, dicha empleabilidad asalariada se convierte, para los pequeños mineros, en la posibilidad de realizar su oficio, aunque bajo los intereses y disposiciones de la empresa, la cual, con un poder legitimado por el Estado (Brown, 2020; 2018), se ha encargado de promover una modificación de las lógicas productivas tradicionales hacia las lógicas del mercado actual. De esta manera, este camino es acogido por mineros que se rehúsan a dejar de ejercer la minería como sustento para sí mismos y sus familias.
El camino hacia la reconversión, por su parte, supone una discontinuidad notoria en términos laborales, esto debido a que el municipio al que pertenecen los mineros tiene, como ya hemos mencionado, una larga tradición en la minería de hecho. De esta manera, las transformaciones comunitarias, ligadas a las formas de producción local, trastocan las relaciones de empleabilidad en el municipio, debido que los discursos de formalización hacen que muchos mineros de hecho deban buscar una actividad económica alternativa. En el camino hacia la dependencia veíamos cómo la misma empresa deviene fuente de empleo privilegiada. Sin embargo, en el camino hacia la reconversión, evidenciamos que muchos mineros deciden dejar la actividad minera, toda vez que no pueden realizarla como tradicionalmente lo hacían o porque no quieren afrontar las obligaciones que supone ser asalariado de la empresa. La reconversión abre una vía en la que los mineros deben buscar otras actividades laborales y productivas distintas a la minería, con el agravante de que dicha búsqueda resulta particularmente difícil en una economía local jalonada principalmente por esta.
En el municipio en el que se realizó la investigación las alternativas laborales son muy limitadas; solamente destaca la agricultura, debido a que la localidad forma parte de una región cafetera, pero los cultivos son minoritarios. Sin embargo, la agricultura siempre ha estada subordinada a la minería como principal eje económico de la población. En todo caso, es necesario señalar que allí la reconversión laboral aún no ha sido objeto de intervención estatal, debido a que se entiende que el municipio sigue siendo decididamente minero. En el país, los procesos fuertes de reconversión han sido llevados a cabo en lugares en los que se reduce completa o parcialmente la actividad minera y se buscan economías alternativas (Arias et al., 2021; Guerrero et al., 2015; Montero & Salazar, 2011).
Por último, un camino hacia la ilegalidad, en el sentido en que el incumplimiento de requisitos para la formalización, derivado en muchos casos de la dificultad para lograrla, margina a los pequeños mineros de la posibilidad de realizar su labor en el marco del ordenamiento normativo. En este contexto, la práctica extractiva tradicional de diversos grupos sociales podría llegar a tornarse en ilegal, considerando los planteamientos de la actual política minera colombiana (Ortiz et al., 2017). Para algunos mineros, tanto como para ciertos autores (Arias et al., 2017; Güiza, 2013), hoy la informalidad en minería se ha asimilado a ilegalidad, con los riesgos de criminalización de la actividad y de los pequeños mineros, que esto implica; particularmente, en aquellos casos en los que permanecen el deseo y la necesidad de mantenerse en el oficio, para muchos el único conocido y el que ha ofrecido el sustento familiar durante años.
La cuestión que hemos pretendido elucidar en la presente reflexión tiene que ver con la manera como la llegada de la empresa a los territorios, promovida por la institucionalidad, ha generado transformaciones comunitarias territoriales y ligadas a las formas de producción local, que han producido vías de precarización, las cuales alteran las relaciones locales tejidas en torno a la minería de hecho. Vemos que la precarización que esto produce no se circunscribe al ámbito del trabajo; al contrario, evidenciamos una precarización de los modos de vida en distintos ámbitos comunitarios. Esta cuestión nos lleva a posicionarnos con Lorey respecto al hecho de que la racionalidad neoliberal gobierna precarizando la vida de los sujetos (2016). Así, según la autora, existe una “una precarización que se convierte en un instrumento político-económico normalizado” (p. 51).
Es decir, las dinámicas introducidas por la racionalidad neoliberal producen per se precarización. Dicho de otra manera: no se gobierna para proteger de manera equitativa a toda la población, sino para producir precarización. Esta inversión encuentra su anclaje, precisamente, en el hecho de que los procesos de individualización, propios de la racionalidad neoliberal, hallan en el sujeto precarizado una posibilidad de proyecto empresarial. Consecuentemente, donde nosotros vemos la precarización y el empobrecimiento de distintos ámbitos de la vida, el neoliberalismo ve la posibilidad de autogestión y de emprendimiento. La idea de empresa constituye, entonces, la matriz de una sociedad precarizada en la que la autogestión y responsabilización se constituyen como discursos privilegiados (Butler, 2010; Lazzarato, 2016).
De esta manera, la idea de empresa supone un imperativo de productividad que modifica radicalmente los modos de producción local y las formas de vida articuladas a estos. En el fondo, identificamos, a partir de los relatos, una percepción de que la llegada de la empresa minera al municipio ha trastocado aspectos que no tienen que ver solamente con el empleo, el trabajo o la producción. Así, consideramos que un elemento central de las analíticas que aborden las lógicas discursivas de la racionalidad neoliberal debe apuntar a desentrañar no solamente los efectos económicos y productivos que genera, sino también las transformaciones socioculturales.
Para esta conclusión nos suscribimos a la idea de que el neoliberalismo no es una simple ideología económica (Laval & Dardot, 2013), sino un discurso que produce ciertos tipos de subjetividad y modela unas formas de vida que encarnan los valores que propone dicho discurso, los ponen en juego y los reproducen cada día. En todo caso, es necesario señalar que en el municipio abordado en el presente trabajo se han presentado algunas resistencias de la comunidad, como la taxativa negación ante la posibilidad de proyectos mineros que hagan explotación a cielo abierto, a las lógicas discursivas y productivas que propone la empresa. Sin embargo, las transformaciones a nivel laboral, social, cultural y comunitario nos permiten evidenciar unas formas de precarización que habitan silenciosamente como envés de los discursos progresistas que ensalzan los proyectos mineros como posibilidad de desarrollo para las regiones.
