En lo que respecta al estudio de la competitividad en contextos territoriales, se encontró un grupo de autores que plantea definiciones de competitividad desligadas del análisis empresarial. Por un lado, Fernando Fajnzylber (1988) expone que la competitividad es la capacidad que tiene un país para participar en los mercados internacionales, manteniendo y expandiendo sus relaciones, así como elevando simultáneamente el nivel de vida de su población. Roberto Camagni (2002), por su parte, expresa que la «competitividad de los territorios emerge como un tema central, para asegurar la estabilidad del empleo, los beneficios de la integración externa, el crecimiento continuo del bienestar y la riqueza local» (p. 2395).

Desde el ámbito económico, Sarmiento et al., (2015) afirman que la competitividad es un proceso de generación y difusión de competencias, el cual depende no solo de factores microeconómicos, sino también de las capacidades que ofrece el territorio para facilitar las actividades económicas. Asimismo, Horta et al., (2015) aseguran que la competitividad no es solo una meta para alcanzar, sino un proceso continuo de acciones conjuntas que generan propiedades diferenciables, y que dan por resultado unas ventajas visibles a largo plazo (Ubfal, 2004). La competitividad tanto de una empresa como de un país, inclusive de una región en específico, es fundamental para conocer qué tan lejos ha llegado y qué tanto puede crecer explotando sus virtudes y subsanando los deterioros para mantenerse y permanecer en competencia por mucho tiempo (Martínez et al., 2018).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acuña el concepto de competitividad estructural, el cual involucra gestiones exitosas de empresas con la fortaleza y eficiencia de la estructura productiva nacional, las tendencias a largo plazo en la tasa y la forma de la inversión, la infraestructura técnica, y otros factores corporativos. Pero también se encuentran otras definiciones que conservan el mismo carácter estructural, por ejemplo, para el International Institute of Management (IMD), la competitividad es la destreza de una nación para mantener un ambiente adecuado que permita el crecimiento de sus empresas y el aumento del poder adquisitivo de sus habitantes (Niño et al., 2018). Asimismo, el Foro Económico Mundial (WEF) la define como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía que, a la vez, establece el nivel de prosperidad que un país puede alcanzar (Schwab, 2016) .

Para Muñoz, Lopez & Sarmiento (2022), la competitividad territorial se refiere a la habilidad de los territorios para fortalecer sus actividades económicas mediante una estrecha relación con su población residente y la mejora de sus condiciones de vida. En concordancia, Sarmiento et al., (2023) argumentan que la competitividad territorial aporta un análisis especial de las condiciones territoriales al involucrar los ámbitos económico, social y ambiental; lo que conlleva al estudio de la vocación de los territorios y la condición de sus empresas por medio del relacionamiento de conceptos como la institucionalidad, los recursos naturales y el entorno social, para lograr la correcta articulación de los actores territoriales en el aprovechamiento de los recursos del territorio de manera que contribuyan a una adecuada distribución de ingresos, el aumento de las capacidades territoriales y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

A su turno, Esser et al., (1996) explican el enfoque sistémico de la competitividad. Se trata de un proceso de construcción colectiva compuesto por cuatro niveles: el nivel meta, que tiene que ver con la capacidad de organización y regulación del Estado; el nivel macro, en el que el Estado armoniza los distintos instrumentos de política económica para promover la competitividad de un país; el nivel meso, que corresponde al desarrollo de políticas para lograr eficiencia en los sectores priorizados, articulado con procesos de innovación que estén encaminados a potenciar el desarrollo regional o local; y, por último, el nivel micro, el cual pretende que las empresas logren altos índices de eficiencia, reduzcan costos de producción y cuenten con mayor capacidad de adaptación y respuesta ante los cambios del mercado.

El desarrollo de estrategias para promover la competitividad territorial exige desasociarse de la noción de competitividad empresarial, toda vez que la competitividad territorial necesita descentralizar las decisiones y recursos para atender los requerimientos de cada ente territorial con base en sus respectivas condiciones; para esto, empíricamente se han desarrollado políticas públicas donde se generan procesos asociativos entre sectores productivos de pequeña escala para hacerlos más competitivos (Ruano-Ibarra et al., 2019).

Ahora bien, la competitividad regional -donde regional hace referencia a la división geográfica de un país- se define como la administración de recursos y capacidades para incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de la población de la región (Benzaquen et al., 2010). En The Global Competitiveness of Regions, Huggins et al., (2014) la definen como la capacidad de una región particular de atraer y mantener las firmas, de este modo, las regiones compiten en términos de proveer la mejor plataforma para operar con altos niveles de productividad. En consecuencia, el análisis de la competitividad regional está determinado por factores de diversa índole, tal como los elementos demográficos, históricos, culturales, económicos, climáticos y otros (Niño et al., 2018).

Komasi et al., (2022) consideran que la competitividad es multidimensional, por tal razón es de gran importancia que, en el análisis de esta a escalas urbanas y/o locales, se considere no solo la esfera económica, sino también la ambiental, la sociocultural, la política, la de seguridad, entre otras; entendiendo en ello que el éxito competitivo de una localidad conduce a que también sea competitiva la región y el país a los que esta pertenece, pues los futuros locales propician futuros regionales y nacionales.

Una idea particular surge cuando se estudia la competitividad en relación con la ruralidad y la urbanidad: existe la concepción de que urbanidad y competitividad tienen crecimientos paralelos, mientras que, cuando se relaciona con ruralidad, se considera que son contrarios. Ante dicha situación, Balestrieri (2014) argumenta que:

Un aumento del nivel de ruralidad no siempre se corresponde con un mayor grado de malestar, aunque esta tendencia sigue representando la condición normal. De hecho, no siempre existe una proporción directa entre el nivel de ruralidad y el nivel de competitividad y bienestar, lo que sugiere que pueden existir condiciones de desarrollo que no conduzcan a una visión urbana en la que todo lo rural está necesariamente destinado a tener un papel secundario, marginal. (p. 194)

Lo anterior conlleva la necesidad de ampliar los análisis de los contextos rurales, tanto regionales como locales, procurando que no sean solo un concepto de lo bueno y lo malo, sino que se desarrollen estudios en extenso sobre las condiciones que presentan los territorios rurales; de manera que se constituyan insumos para la instauración de políticas diferenciales de desarrollo rural que, bajo mecanismos de gobernanza, logren abordar adecuadamente la heterogeneidad de los contextos rurales con miras al aumento de la competitividad y el desarrollo local.

Tabla 1
Resumen sinóptico de la evolución del concepto de competitividad

Fuente: Creación de los autores

Una vez analizados los distintos conceptos de competitividad territorial y regional, se hace evidente la influencia que tienen los aspectos políticos, sociales y culturales dentro del entorno económico en que dicha competitividad se desenvuelve, lo que refleja un relacionamiento entre estos conceptos con el desarrollo endógeno y local.

Para autores como Michael Storper (1997) y Karl Aiginger (2006) existe una relación de la competitividad con las teorías de crecimiento y desarrollo local, proveniente de la capacidad que tienen los territorios para mantener el sector empresarial en crecimiento mientras mejoran las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes. Por su parte, S. Beugelsdijk y R. Maseland (2010), basados en los aportes de Joseph A. Schumpeter (1939), expresan que el desarrollo y crecimiento de una región está sustentado por aspectos clave de la competitividad, tales como la innovación, el conocimiento y el emprendimiento. Ya según Denis Maillat (1998) y G. Garofoli (2002), el desarrollo regional se alcanza mediante procesos ascendentes a partir del logro de la competitividad, y por medio de la mejora de los procesos de producción local (Ramírez y De Aguas, 2019).

En esa dirección, la competitividad es considerada como una fase del desarrollo. Ahora, el desarrollo endógeno se define como la integración de los procesos internos de desarrollo local y regional, donde se involucra un método para el crecimiento y la acumulación de capital en regiones con cultura y sistemas propios, decisiones de inversión con base en ello y, por consiguiente, actividades económicas competitivas. Debido a esto, el estudio de la competitividad cumple un rol imprescindible, entendiendo que la política de desarrollo endógeno constituye la respuesta de los actores ante los desafíos de la globalización (Vázquez, 2007).

Berumen (2006) y Suñol (2006) argumentan la necesidad de hacer más análisis microeconómicos para entender qué factores resultan determinantes para la competitividad. Dicha visión microeconómica convierte la competitividad en un punto clave para el estudio del desarrollo local, dado que este último no solo se centra en el crecimiento de las empresas, sino en qué tan competitiva puede ser una industria, un sector, una localidad, una región, incluso en factores como redes de transporte, empleo, investigación y desarrollo (I+D), sistema educativo, entre otros (Rubalcaba, 2007) .

Desde la mirada de la socióloga Consuelo del Canto (2000), cualquiera que sea el origen institucional, las políticas de desarrollo comienzan a reconocer y explotar la diversidad territorial como factor estratégico; esto implica que cada territorio debe identificar la vía de su propio desarrollo, y que este puede variar según los casos. En tal sentido, se requiere de la identificación de criterios pertinentes que expliquen las diferencias en tanto a la competitividad de unos territorios respecto de otros y, especialmente, que entiendan las capacidades endógenas para alcanzar un mejor estadio de desarrollo.

Lo anterior confluye en el concepto de competitividad territorial que, a partir de M. Gómez (2011), se define como la capacidad de un territorio para generar adecuados niveles de desarrollo económico que mejoren la calidad de vida de los habitantes de los diferentes municipios o comunidades que lo integran. Esto sin perder de vista que la competitividad territorial es considerada como una categoría del desarrollo territorial, ya que el logro de esta contribuye a la consolidación de sectores más productivos en el largo plazo; lo que la convierte en un medio para alcanzar mejores niveles de vida y mayor bienestar social a través de la creación de empleos y erradicación de la pobreza (Báez, 2015).

De acuerdo con Roberta Capello (2015), el espacio como generador de ventajas de ubicación -entiéndase reducción de costos de producción y transición, y uso más eficiente de recursos- le permite a las empresas alcanzar mayores niveles de producción y ganancias. Sin embargo, el impacto de la competitividad en las actividades económicas no solo incluye el aumento de la eficiencia estática del proceso productivo -es decir, el aumento de los ingresos de la empresa, como la disminución de costes de esta-, sino que también se refleja en la capacidad innovadora y creativa de la empresa. Las regiones con una alta concentración de actividades económicas disfrutan tanto del intercambio de información, la presencia de actividades de investigación y desarrollo, como de servicios avanzados y disponibilidad de trabajadores calificados.

Según E. Morales (2014), la relevancia del estudio de la competitividad territorial radica en que hay territorios que pueden considerarse como una nación dentro otra debido a su desempeño en el Producto Interno Bruto. Ante dicha situación, el análisis de la competitividad intradepartamental permite conocer las condiciones específicas del territorio, lo que facilita la creación de estrategias para hacerla sostenible económica y ambientalmente, mientras se aumenta el bienestar social del departamento. Por ende, los enfoques endógenos del desarrollo local y regional se basan en las particularidades económicas, sociales e institucionales del espacio geográfico, lo que dilucida la importancia del análisis de la competitividad a escalas territoriales (Tödtling, 2010), con especial énfasis en territorios que presentan grandes disparidades subregionales e indicadores económicos precarios frente a una alta fragilidad institucional.

Entonces, la competitividad está relacionada con el desarrollo económico local, adicionando las dinámicas de crecimiento económico que asocian la productividad con la innovación y liderazgo de los sectores productivos (Alarcón y González, 2018). Identificar los factores y necesidades territoriales frente al desarrollo debe ser el principal objetivo de los responsables de políticas públicas de los contextos locales y regionales, debido a que cualquier transformación que ocurra en un ente territorial afecta -positiva o negativamente- en las condiciones de competitividad y desarrollo, siendo mayor el efecto si existen estrategias de asociatividad entre regiones y/o administraciones locales.

En este sentido, es clave entender los determinantes de la competitividad regional. Estos son denominados pilares de la competitividad y se relacionan con los distintos insumos -inputs-, procesos -outputs- y logros -outcomes- de los entes territoriales, entre los que Ramírez y De Aguas (2017) destacan: la «fortaleza económica», relacionada con la productividad, el tamaño y el funcionamiento de los mercados; la «infraestructura y logística», que se refieren a la conectividad física y digital con otros mercados y la movilidad de los factores; el «bienestar social y capital humano», relacionados con las condiciones de vida y el desarrollo humano; la «ciencia, tecnología e innovación» con la generación y el aprovechamiento del conocimiento; y la «institucionalidad y gestión pública» con la transparencia, justicia y el imperio de la ley.

Por su lado, T. Mancha et al., (2016) consideran que los factores esenciales para la medición de la competitividad regional deben ubicarse a partir de tres entornos: el entorno productivo, que involucra cultura empresarial, especialización sectorial, internacionalización, innovación, clima industrial favorable, disponibilidad de capital y factores institucionales; el entorno de capital humano, que se refiere a la disponibilidad de mano de obra, fuerza de trabajo con alta cualificación, cualificación de empresarios y gerentes, y el nivel posteducativo; y, por último, el entorno de capital público, que abarca lo relacionado con la imagen atractiva e infraestructuras de conocimiento, tecnológicas, y de transporte y comunicaciones.

Ambas consideraciones metodológicas para la medición de la competitividad son muy similares e involucran el carácter multidimensional de la competitividad a escala territorial y regional, dando cuenta de la gran influencia que esta tiene para el mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo de sus territorios.

Hoy es muy difícil referirse a la competitividad sin hacer alusión a las ventajas comparativas, esto debido a que, al medir la competitividad, se está analizando cómo se encuentra una empresa, región o país frente al resto de empresas, regiones o países. Para ello, es necesario diseñar una estrategia que impulse la competitividad, desde el enfoque o dimensión en que esta será abordada. Gómez (2016) considera que la competitividad a escala territorial está impulsada por los procesos de aprendizaje organizacional consignados en el modelo estratégico de las organizaciones, en este sentido, se refiere a seis elementos que valora como potenciales para el logro de la competitividad municipal: ambiente, experiencia, tecnologías de información y comunicación, información, conocimiento e innovación (p. 27).

Elda Monterroso (2016) menciona algunas claves para lograr una estrategia competitiva dinámica, entre las cuales destaca: tener objetivos claros, comunicación ágil, visión a largo plazo, actualización tecnológica, anticipación, adaptación, evolución, sistemas de información a medida, creación de valor, procesos de mejora continua, procesos de innovación, integración de procesos, capital relacional, cultura emprendedora, asociación con proveedores, procesos de manufactura flexibles, administración por competencias, procesos de aprendizaje organizacional, procesos de coordinación y control eficientes e integrados, capacitación continua, y financiamiento acorde a las potencialidades del negocio (pp. 23-24).

Así, pues, partiendo de que el gasto en I+D es crucial para la competitividad regional, de acuerdo con García-Álvarez-Coque et al., (2019), las universidades, independientemente de su nivel, cumplen un rol primordial en el desarrollo de la innovación y la generación de conocimiento con miras al aumento de la competitividad; importa en ello el resultado del trabajo mancomunado con los sistemas de investigación privados y el capital humano calificado de las empresas para planificar estratégicamente los sistemas de generación de conocimiento en su territorio. Siguiendo en esa línea, es crucial que los países avancen en el establecimiento de sistemas de información estadística que vinculen todos los niveles territoriales, con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones y poder focalizar las acciones y recursos, más allá que en las regiones centrales, en las necesidades puntuales de cada territorio.

Rodríguez-Pose y Di Cataldo (2015) encuentran una relación entre el rol de los gobiernos subnacionales, las instituciones y la innovación. Aducen que, en el manejo de niveles de corrupción y capacidad para la formulación de políticas, la calidad del gobierno tiene una sólida influencia sobre la facultad innovadora de los contextos regionales; igualmente, existe relación entre las instituciones y el aumento de la productividad regional (Rodríguez-Pose y Ganau, 2022), lo que permite argumentar que el aumento de la productividad y la dinámica innovadora a nivel regional depende de las condiciones institucionales específicas de la región. Dicho esto, los gobiernos deben fortalecer su institucionalidad para que las anteriores sean guías en el desarrollo de estrategias para el aumento de la competitividad local y regional (Huggins y Thompson, 2013), la gestión eficiente de sus recursos y la productividad laboral.

Para Alarcón y González (2018), estrategias como los clústeres, los distritos industriales y las aglomeraciones de empresas pueden ser positivas para la diversificación de las actividades productivas; así como en la consecución de mejores condiciones para el desarrollo y la competitividad regional, toda vez que permitan la creación de entornos innovadores donde se aproveche la proximidad organizativa, la generación y difusión del conocimiento como factor clave de competitividad territorial, y orientando de manera eficiente los recursos para potencializar los sectores y actividades con mayor potencial de crecimiento y conformación de empleo (Grondeau, 2018).

Del mismo modo, se destaca la importancia de la coordinación entre actores públicos, privados y académicos en la producción de investigaciones e innovaciones que, apoyada por el Estado, sirva para generar ventajas competitivas que fortalezcan los tejidos productivos propios de cada territorio; permitiendo, además, contemplar mayor bienestar social a partir de procesos de planificación que integren el progreso económico y productivo con las necesidades que cada ente territorial tenga en materia de desarrollo local.

Recordemos que la competitividad regional es reflejo de la capacidad que tiene la economía de las regiones para aumentar la productividad, el crecimiento y las ventajas de localización de las empresas (Donawa y Morales 2018) y, de esta manera, garantizar condiciones de vida óptimas para sus habitantes. Partiendo de esa base, las estrategias gerenciales de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) cobran gran importancia (Saracho, 2005), dado que estas constituyen un alto porcentaje del tejido empresarial, sobre todo en economías en desarrollo; por tanto, resulta clave la implementación de estrategias para aumentar la productividad y el uso eficiente de los recursos naturales y humanos de los territorios, apuntando a que dichas estrategias competitivas vayan acorde a los requerimientos y desafíos del entorno y logren establecer ventajas comparativas ante otras economías.

Sergio González Catalán (2021) considera que debe existir un entorno favorable para la competitividad regional, pues la usencia de este reduce la capacidad de las empresas y territorios para ser competitivos. Ante esto, la innovación y el conocimiento son indispensables para la competitividad regional. Según E. Malecki (2017), la crisis se debe a que la creatividad y la innovación se dan solo en lugares específicos que resultan atractivos para la instalación de redes globales de innovación; en esa vía, Benčina et al., (2021) resaltan la trascendencia que tiene la calidad de la gobernanza en los territorios, entendiéndola como ese entramado de relaciones verticales y horizontales que mejoran las dinámicas competitivas locales. Es, pues, imperativo tener en cuenta que las capacidades competitivas tienen una innata relación con el entorno en que se desarrollan, siendo la innovación un pilar y, por tanto, la renovación constante de los procesos y recursos de producción.

Referente a lo anterior, autores como Norman Loayza (2007) y Pagés et al., (2009) aseguran que la informalidad impide que las economías sean competitivas, convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento económico, gracias a que no agrega mucho valor a los mercados y sienta las bases para una competencia desleal con los negocios formales. Ante dicha situación, Juan Arroyo Laguna (2020) argumenta que, aunque pueda comprobarse la relación negativa entre la competitividad y la informalidad, esta última genera unas condiciones que permiten el crecimiento económico, puesto que dichos negocios informales se convierten en insumos o servicios más baratos para las grandes producciones formales, constituyéndose en un tipo de ventaja comparativa muy poco analizada.